En México, al menos en el sector del dinero, muy pocos dudan de cómo se mide la inflación en la economía. En el sector social, sin embargo, son muchos los analistas que observan divergencias entre la realidad que viven millones de mexicanos y las optimistas cifras que liberan el gobierno federal y los llamados organismos con autonomía técnica como el Banco de México.
Pero en el sector gubernamental no sólo viven estas dos realidades, sino que en fechas recientes las han transformado en materia de controversia política. Resulta que la medición de la inflación se está convirtiendo en un factor de enfrentamiento entre directivos del Banco de México y el INEGI, ambos organismos autónomos y, supuestamente, sin intereses políticos que ahora develan posiciones encontradas en la medición de los precios que sirve de argumento para adoptar programas económicos con directrices de Estado.
El Banco de México, además, tiene que ocuparse en estos días de otros frentes problemáticos: como el tipo de cambio, sus posiciones en bonos del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers (algo poco difundido) y, por supuesto, la creciente demanda de dólares que aún se espera por los vencimientos de compañías que apostaron por instrumentos derivados atados al dólar, al petróleo y a otras materias primas como el gas natural.
La falta de empleo y el encarecimiento del costo de la vida además siguen presentes. Ahora, la inflación anual se ubica en 5.78 por ciento, después de que en octubre llegó a 0.68 por ciento. Los mayores incrementos se registraron, por supuesto, en el rubro de alimentos, el sector que afecta con mayor impacto a millones de mexicanos pobres y en donde la política pura tiene grandes intereses ante los próximos comicios electorales de 2009.
El fenómeno del “tortillazo” hace un año generó una gran animadversión contra el gobierno de Felipe Calderón, incluso se dijo que ese episodio y sus repercusiones en el bolsillo de la población tendría severas consecuencias en las elecciones intermedias de 2009. Ahora el escenario se complica aún más para Calderón y su equipo económico. No sólo, como ya advirtió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la inflación provocada por el alza en el maíz y otros alimentos detonaría hasta en un 33 por ciento la pobreza extrema en el país, sobre todo la que se conoce como pobreza alimentaria, la devaluación del tipo de cambio se renovó como la nueva amenaza inflacionaria. La subasta de dólares que anunció y concretó la Comisión de Cambios que preside la Secretaría de Hacienda y en la que participan el Banco de México y la Secretaría de Economía, no fue suficiente para detener el embate contra el “Súper Peso”.
Cemex, Comercial Mexicana, Alfa y Posadas, entre otros corporativos, salieron a comprar todos los dólares que les fue posible mientras el costo de la vida simplemente aumentó para los mexicanos de a pie. Pero el argumento de las autoridades para justificar esa venta de divisas fue que detener una macro devaluación de la moneda ayudaría a conservar los miles de empleos que generan esas empresas que, por cierto, al menos en el caso de Cemex y Alfa, desde hace muchos años tomaron la decisión de concentrar sus estrategias de crecimiento en el extranjero y generar inversiones y empleos muy lejos de nuestras fronteras.
Como sea, la amenaza inflacionaria, el impuesto más caro para los pobres –según argumento de los economistas neoliberales– está más presente que nunca y muchos querrán cuidar su rostro público.
Las elecciones para renovar la Cámara de Diputados ya están a la vuelta de la esquina y como se vio en la aprobación del Presupuesto de Egresos 2009, los políticos están decididos a olvidarse de los problemas. Aprobaron uno de los gastos más altos, más de 3.4 billones de pesos, a pesar de que el precio del petróleo registra cotizaciones entre 40 y 45 dólares, contra los 70 dólares que se colocaron como precio objetivo para el paquete económico del próximo año. Pero con las coberturas petroleras contratadas por Agustín Carstens y la aplicación del Fondo de Estabilización Petrolera, México mantendrá los ingresos por exportaciones de crudo en poco más de 14 mil millones de dólares. Con estos números, nos dirán que no pasa nada, que la crisis no ha llegado y que, simplemente, ni la inflación ni el desempleo son un problema. Al menos no hasta que pase el periodo electoral. La resaca vendrá después.
Por eso, como se documenta en la edición de noviembre de la revista Fortuna (www.revistafortuna.com.mx), la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), que encabeza Guillermo Ortiz, buscará por todos los medios legales, institucionales y mediáticos que la metodología para medir la inflación permanezca sin cambios, aunque sea responsabilidad de otro organismo. Ortiz, simplemente, no desea más variables negativas en el mapa de riesgos que controla desde el búnker del Banco de México.
Pero Eduardo Sojo, presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, tiene otras preocupaciones políticas. Ante ello, este funcionario ya sumó a la nómina del organismo más de 400 nuevos colaboradores, con el propósito de fortalecer a sus cuadros panistas y tomar el control de la generación de las principales estadísticas en el país, entre las que se encuentran, por supuesto, la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el Índice Nacional de Precios al Productor. La información sobre estas nuevas contrataciones puede ser consultada ahora por cualquier trabajador del INEGI, a través del sistema Intranet del organismo, según nos explicaron empleados del instituto.
A pesar de que la tarea de medir la inflación ya no será competencia del Banco de México en menos de tres años, luego de que el Congreso de la Unión autorizó la autonomía del INEGI y la conformación de su Junta de Gobierno para encomendarle esta tarea a Guillermo Ortiz y Manuel Ramos Francia, éste responsable de Investigaciones Económicas en el Banco de México, manifestaron a funcionarios del INEGI su deseo de que no se modifique el sistema de cálculo de la inflación. Sin embargo, el INEGI les comunicó, a su vez, el interés de ampliar desde ahora dicha medición y difundir otros indicadores sobre precios, tanto en sectores urbanos como rurales, cobertura en medios agrarios que actualmente no se realiza.
El Banco de México teme, sin embargo, que la difusión de un mayor flujo de información sobre una variable tan sensible para el control de las tasas de interés genere incertidumbre en los mercados financieros y en la economía y que, sus decisiones en materia de réditos, pareciera que no corresponden con la realidad del país.
Será a partir de 2011, un año antes de las elecciones presidenciales del próximo periodo, cuando concluya la etapa de transición para que el Banco Central deje por completo en manos del INEGI la medición y liberación de información sobre la inflación, lo que podría convertirse en una herramienta política en manos del gobierno panista, el cual ante el fracaso de sus gobiernos necesita de todos los instrumentos sociales, económicos y políticos para volver a ganar a una elección.
De hecho, algunos analistas como Jonathan Heath, del banco inglés HSBC, a quien se le considera un acérrimo crítico del Banco de México y de algunas decisiones de su gobernador Guillermo Ortiz, ha sugerido que se revise la disposición de la nueva ley del INEGI en materia de medición de inflación. Además, el cambio de mandos también agudiza el enfrentamiento.
El próximo año, Felipe Calderón tendrá que enviar su propuesta de relevo para ocupar el puesto de gobernador del Banco de México que dejará Guillermo Ortiz. Los nombres de Agustín Carstens y algunos de los subgobernadores podrían ocupar ese cargo que la Cámara de Senadores podría vetar o apoyar. El enfrentamiento por la inflación terminaría si Calderón logra colar en el Banco de México a alguien cercano a su círculo de amigos que le garantice al PAN buenas cifras políticas. Pero esto, sin duda, sería lo peor que podría sucederle al país y a la economía, pues la autonomía del Banco de México tendría que ser garantizada por los otros participantes en su Junta de Gobierno.
Así, la lucha por la inflación no será sencilla. En la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, la legislación orgánica del INEGI que lo dota de autonomía, establece que si bien será en 2011 cuando se entregue por completo la estafeta de la medición de la inflación, la participación de ese instituto será creciente en las actividades del Banco de México relacionadas con este objetivo. Esta posibilidad de injerencia es la que ha desatado el enfrentamiento entre ambos organismos.
El argumento técnico que ofrecieron el gobernador del Banco Central y el director general de Investigación Económica de Banxico a funcionarios del INEGI, fue que tal y como se levantan y dan a conocer los resultados de la muestra, resulta útil y eficaz para la aplicación de la política monetaria nacional, la cual determina la oferta de papel moneda, a través de las subastas de Certificados de la Tesorería (Cestes) y el nivel de las tasas de interés.
Lo más relevante, sin embargo, es que el Banco de México emite papel para financiar al gobierno federal y ello, en si mismo, fue considerado por los legisladores como un claro conflicto de interés. El Banco de México podría manejar las tasas a su favor para reducir los costos financieros del gobierno federal o, en el peor de los casos, ignorar que la población sí está sujeta a presiones de precios en su consumo básico, pero informar que mantiene bajo control los precios, una buena noticia para el gobierno de Felipe Calderón. Además, frente a la crisis devaluatoria aumentarían los incentivos para manejar políticamente la inflación.
Pero el Banco de México, frente a las pretensiones del INEGI, recordará que ya recibió la certificación de ISO–9001, que garantiza que su elaboración y actualización responda a procesos de alta calidad.
En el reportaje de portada que presenta la revista Fortuna, también se contará cómo Banco de México buscará defender frente a las nuevas estructuras para medir la inflación que propone Sojo, al ejército de encuestadores en todo el país, más de 700, que dirige Javier Salas Martín del Campo, el director de Medición de Precios de Banco de México. La gente de Salas levanta encuestas en 46 ciudades de al menos 315 productos genéricos y más de 180 mil precios.
Una empresa externa, contratada bajo el esquema de outsourcing, mantiene contratados a los encuestadores del Banco de México, con prestaciones y paquetes sociales similares a los del Instituto, lo que en opinión del INEGI resulta muy costoso. El Banco de México, hasta ahora, no ha dado a conocer los detalles de la operación tras bambalinas en le medición de la inflación aunque si releva las fórmulas matemáticas y los logros para la certificación de ISO 9000.
Entre el Banco y el INEGI, pedía Salas, debía haber una comunicación profesional para que el INEGI recibiera el índice en las mejores condiciones bajo el estándar que ya fijó el instituto central. Esa transición, sin embargo, comienza de manera accidentada. El Banco de México, de acuerdo con las fuentes del INEGI, tampoco considera que el levantamiento de esas encuestas deba utilizarse, como pretendía el INEGI, para generar otros productos, lo que permitiría maximizar la inversión que se realiza y que ahora sólo beneficia a las decisiones de política monetaria del Banco Central.
No obstante, los funcionarios de alto nivel del Banco de México consideran que ese instituto no tiene porque buscar objetivos de ese tipo porque simplemente no recibe recursos del Presupuesto Público sino que se ha convertido en un organismo totalmente autónomo que obtiene recursos del manejo y rendimientos de las reservas internacionales.
Funcionarios del INEGI argumentaron, sin embargo, que se trata de recursos públicos, dado que las reservas son propiedad de la Nación y sus rendimientos también.
INEGI y Banco de México exhiben en esta lucha sus pecados. Pero el Banco Central ya prepara la embestida. Ante las críticas de opacidad que ha recibido el INEGI, no sólo por el manejo de los recursos sino por la nula información que ofrece sobre las resoluciones de su Junta de Gobierno, Guillermo Ortiz asegura que en el Banco de México el ejercicio de la transparencia no se ha limitado a cumplir con el requisito normativo sino que la ha utilizado activamente como un instrumento para cimentar el consenso social en torno a la estabilidad, en torno a la misión de reducir la inflación y, por supuesto, para dar mayor efectividad a la política monetaria, su única preocupación.
