El 20 de octubre escribí en esta columna que según reportes de inteligencia y seguridad nacional, en el gobierno se advertía el riesgo de posibles atentados en contra de miembros del equipo compacto del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa, quien también había recibido amenazas de muerte motivadas, supuestamente, por las extradiciones exprés de narcotraficantes hacia cárceles de Estados Unidos. Igual sucedió en Colombia cuando el gobierno de ese país sudamericano decidió poner en manos de la justicia estadounidense a los jefes de los cárteles de la droga que eran capturados, lo que desató una feroz cacería del crimen organizado en contra de políticos, funcionarios públicos, legisladores, dueños de medios de comunicación y periodistas.
En México, días antes del martes negro al ocurrir la trágica muerte de 14 personas y heridas de gravedad a muchas más, según cifras oficiales, cuando un jet de la Secretaría de Gobernación se vino a tierra en la zona residencial de Las Lomas, a una velocidad superior a los 500 kilómetros por hora, fuentes de la Secretaría de Gobernación habían explicado que de acuerdo con reportes de inteligencia, el titular de esa dependencia, Juan Camilo Mouriño Terrazo, había sufrido un atentado en la ciudad de Oaxaca y por ello el Estado Mayor Presidencial había incrementado su seguridad, de la cual habían sido excluidos agentes de la misma Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, pues ambas entidades públicas están infiltradas por el narcotráfico en todos sus niveles.
En esa columna del 20 de octubre escribí: “la paranoia y miedo que viven en el gabinete va más allá y los informes de inteligencia aseguran que ‘grupos subversivos’, y señalan específicamente al Ejército Popular Revolucionario (EPR), tienen planes de atentar contra la vida del secretario Mouriño, supuestamente ‘para impedir que sea el candidato panista a la Presidencia de la República en las elecciones de 2012. Como si la población ignorara que el joven Mouriño prácticamente es un cadáver político, después de que se hicieran públicos los contratos que firmó como empresario y burócrata con la paraestatal Petróleos Mexicanos, en un claro y abierto conflicto de intereses”.
Se añadía en esa misma columna: “Aún más, con la ‘inteligencia’ que desarrollan los órganos de seguridad nacional del Estado: ‘El EPR ha establecido vínculo con bandas del narcotráfico, a las que apoya para el trasiego de drogas por los territorios en donde tiene presencia, que son los más pobres del país’. Desde luego que estas fantasías informativas pretenden, primero, meter miedo a los jóvenes burócratas que dirigen hoy el país, y después justificar el incremento del presupuesto a los órganos de seguridad pública, a pesar de su ineficacia para combatir a las bandas delincuenciales y a la evidente corrupción en que han caído las secretarías de Estado, los organismos descentralizados y las empresas paraestatales; además de permitir la operación del crimen organizada”.
Las pesquisas de la tragedia
Durante el duelo, en los días posteriores a la muerte de los ocho servidores públicos, el presidente de la República no tuvo empacho ni medida en destacar las virtudes que él veía en su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, su entrañable amigo y fiel colaborador para que Felipe Calderón pudiera llegar a la Presidencia de la República. En la ceremonia luctuosa, Calderón lo llamó hombre franco y honesto, y acusó a sus críticos, sin pruebas, de calumniadores. También prometió que esclarecería los trágicos hechos. El presidente jamás mencionó que fuera un accidente, como siempre lo ha sostenido el secretario–vocero Luis Téllez, pues en su dolor Calderón deja entrever que pudo ser un atentado.
Pero como presidente de todos los mexicanos, Calderón olvidó lo más importante para un servidor público, atender antes que a nadie a los civiles para los cuales trabaja, pues de ellos recibe su salario. Más aún, porque en la caída del avión murieron varias personas que, sin ser burócratas, fueron víctimas de la caída de una aeronave oficial cuando en ese martes negro transitaban en la zona cero donde se vino a tierra el aparato. Para esas víctimas anónimas y sus familias, no hubo palabras de aliento ni de reconocimiento por parte del jefe del Ejecutivo, quien mezquinamente sólo se ocupó de una sola persona, su amigo Juan Camilo Mouriño. Ni siquiera los otros servidores públicos, uno de ellos como lo fue Santiago Vasconcelos, quien tenía mayor mérito que Juan Camilo por haber sido un puntal en la lucha contra los cárteles de la droga, recibieron el reconocimiento que merecían de parte de su presidente. Es muy claro que primero están los intereses personales del jefe del Ejecutivo por encima de los de la nación.
En esas circunstancias y de acuerdo con fuentes panistas y de la Secretaría de Gobernación, en las investigaciones para esclarecer la tragedia donde murieron 14 mexicanos y muchos más resultaron gravemente heridos, se indaga porqué el Estado Mayor Presidencial estuvo ausente en el aeropuerto de San Luis Potosí, al igual que en el avión donde viajaba el secretario de Gobernación, pues comentan que eso permitió que personas extrañas, o por lo menos desconocidas, estuvieran presentes momentos antes de que Mouriño y Santiago Vasconcelos abordaran el Learjet 45 que los condujo a la ciudad de México. Sobre todo porque desde hacía varios meses había supuestas amenazas de muerte en contra del secretario y su seguridad se había incrementado.
Entre miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PAN se comenta, sin pruebas de por medio, que la caída del avión no fue accidental, que se trató de un atentado y que fue un plan bien orquestado desde la cúpula del crimen organizado para hacerle entender al presidente que pueden acabar con quien sea, que nadie es intocable y que nunca podrán acabar con el narcotráfico.
Otra duda razonable entre los distinguidos panistas es que hubo cambio de piloto. Aseguran que es allí en donde debe profundizarse la indagatoria, pues según todas las cuestiones técnicas analizadas hasta hora, como es el perfecto estado y mantenimiento de la aeronave y las buenas condiciones climáticas, les hace creer que se pudo tratar de una especie de kamikaze que estrelló el avión y a cambio su familia pudiera recibir una cuantiosa fortuna.
Otro dato que circula en las esferas de Gobernación es que la presencia en el avión de José Luis Santiago Vasconcelos, un policía que durante muchos años trabajó y compartió información con la agencia antidrogas estadounidense DEA y sus reportes antes que entregarlos al procurador general de la República los enviaba a la Secretaría de la Defensa Nacional, fue meramente circunstancial, ya que él no estaba en la lista original para acompañar a San Luis Potosí al secretario de Gobernación y en su lugar asistiría el procurador Eduardo Medina Mora, pero de última hora éste canceló y se decidió que fuera el exsubprocurador contra la delincuencia organizada, sobre quien pesaban varias amenazas de muerte, según él mismo había informado, de parte de los cárteles de la droga que combatió. Además, en el gobierno no hallaban como deshacerse del experimentado policía, el cual no era bien visto entre el joven equipo calderonista.
Otro dato es las acciones militares en torno al accidente: la Dirección General de Aeronáutica Civil fue ocupada apenas el viernes por efectivos del Ejército, igual como sucedió con el aeropuerto de San Luis Potosí, a fin de que tener control de los espacios y medios que tuvieron contacto con la aeronave caída, mientras que el controlador aéreo que guió el Learjet 45 en su ruta de aterrizaje en el aeropuerto del Distrito Federal, se encuentra incomunicado, pues desde ahora se presume que podría ser uno de los responsables de la tragedia aérea, aunque esto más parece un chivo expiatorio que una acción de complicidad concertada.
Lo único cierto hasta ahora es que oficialmente el gobierno federal ha querido ser prudente para emitir juicios, aunque el doctor–vocero Téllez quiera convencernos en cada conferencia de prensa que se trató de un accidente, y se ha llamado a expertos para determinar las causas de la tragedia; sin embargo, por más explicaciones que se den sobre los motivos de la caída del Learjet 45, siempre estará la duda en la población porque el gobierno federal nos ha acostumbrado a que nunca proporciona información, nunca dice la verdad, siempre crea fiscalías especiales para complicar las cosas o crea comisiones legislativas para exculpar a funcionarios corruptos.
La mala fortuna de Mouriño
A pesar de ser un joven funcionario que alcanzó la fama muy pronto y se convirtió a la corta edad de 37 años en secretario de Gobernación, a Juan Camilo Mouriño le acompañó, desde que se incorporó al gobierno federal invitado por Felipe Calderón, la mala fortuna.
Primero, cuando ya ocupaba una alta responsabilidad de coordinación del gabinete en la Presidencia de la República, le vino el problema de su doble nacionalidad y el supuesto impedimento legal para ocupar responsabilidades públicas que prohíben las leyes mexicanas a extranjeros; después vino su debacle al salir de Los Pinos y trasladarse a la Secretaría de Gobernación para ser su titular, cuando la prensa descubrió que como servidor público vinculado al sector energético había firmado contratos como representante de su empresa privada Ivancar, para proporcionar diversos servicios a la paraestatal Petróleos Mexicanos, lo que lo metía por lo menos en un serio conflicto ético, que lo hacía ver como un abuso de poder para aprovecharse de su responsabilidad pública y obtener contratos petroleros para la empresa familiar. Después vinieron las indagatorias y las exoneraciones de la Secretaría de la Complicidad Pública y de una comisión  a modo del Congreso, aunque para buena parte de la opinión pública no había duda en el veredicto: se trataba de un hecho de corrupción y de tráfico de influencias.
Otro caso que pegó seco a la imagen de por sí deteriorada del entonces secretario de Gobernación, fue el expediente en poder de la Procuraduría General de la República, elaborada coordinadamente con las autoridades españolas, y que apuntaba al padre de Juan Camilo al relacionarlo en supuestas operaciones de lavado de dinero. Aquí de inmediato, como siempre lo hace con sus miembros, el gobierno federal salió a defenderlo sin astucia y lo primero que se les ocurrió fue negar el expediente, ya enviado a la reserva en la Procuraduría, al peticionario de dichos documentos vía la ley de acceso a la información. Ante la determinación de la Comisión del instituto para que se entregara el expediente, a la PGR que dirige Eduardo Medina Mora se le ocurrió buscar el amparo de la justicia federal, sin medir las consecuencias que ello traería para el secretario y su familia.
Todos estos acontecimientos mantenían ocupado y preocupado al joven Mouriño, en lugar de atender eficazmente su responsabilidad como titular de Gobernación, por lo cual, según se informó en la prensa durante las últimas semanas, se había tomado la decisión de relevarlo del cargo y la fecha prevista era para enero próximo.
Después de la grave tragedia en donde perdieron la vida 14 personas, la discusión ahora es esclarecer los hechos y nombrar al sustituto en la Secretaría de Gobernación, para lo cual ya se apuntan varios políticos, algunos panistas, expriístas y uno que otro amigo personal de Felipe Calderón.
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