Hace tres semanas informamos que según la Secretaría de Hacienda que dirige el “chicago boy” Agustin Carstens, durante el sexenio perdido de Vicente Fox el entonces secretario Francisco Gil Díaz otorgó nueve perdones fiscales a empresarios, políticos y artistas. De esa lista ahora sabemos que algunos de los beneficiados fueron los empresarios David Peñaloza, Xavier Autrey y Alonso Ancira; el comediante Adal Ramones y el exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes, Manuel Rodríguez Arregui, hijo de quien fuera secretaria de Paco Gil.

Pero así eran las cosas en el gobierno de Vicente Fox, quien no sólo no tenía control sobre su esposa Marta Sahagún, sino que los miembros de su gabinete no le hacía caso y todos hacían lo que querían. Tal vez el más rebelde de los secretarios de Estado durante el foxismo fue Francisco Gil Díaz, a quien hay que reconocer que no sólo no obedecía las instrucciones presidenciales, sino que se daba el lujo de torcer la ley y perdonar a sus amigos y abrir expedientes e investigaciones a los mismos hijastros de Fox, por si las dudas.

Con el cambio de gobierno, cuando Felipe se asume presidente, algunos creyeron que esos abusos de poder, tráfico de influencias y corruptelas cambiarían, pero las cosas siguen igual o peor que con Fox, que ya es decir mucho. En sólo dos años de gobierno el secretario Agustín Carstens ya utilizó tres veces la figura del “perdón fiscal”: una para el empresario Alfredo Miguel Afif y su hermano Javier, quienes estaban prófugos por tres órdenes de aprehensión en su contra por el mismo número de créditos. Otro caso es el de una accionista del Grupo Tebo, quien después de estar presa por cinco años, la Procuraduría Fiscal se desistió de la acusación y fue puesta en libertad hace apenas unas semanas, no sin antes decirle usted perdone.

La información proporcionada por varias fuentes involucradas en lo procesos, fue confirmada por el mismo hijo de Alfredo Miguel, de nombre José, quien en una reunión en aquel restaurante quijotesco de Las Lomas de Chapultepec explicó la persecución de Paco Gil contra su padre y aceptó que tuvo conversaciones con el abogado fiscalista Pedro Solís Cámara para atender el problema familiar. Lo anterior no tendría problema si Solís Cámara “sólo hizo una recomendación” como experto en materia fiscal ante la Secretaría de Hacienda, pero resulta que este abogado además de saber mucho sobre cuestiones hacendarias es también cuñado de Agustín Carstens, lo que tuerce sus gestiones y convierte el caso en un asunto de tráfico de influencias que alcanza al mismo titular de Hacienda. Para conocer su versión, durante dos semanas se buscó telefónicamente al joven abogado, pero prefirió guardar silencio.

Al interior de esta secretaría también se comenta que se han dado instrucciones al más alto nivel para que en las diversas áreas se atienda diligentemente cualquier gestión o asunto que solicite el despacho del citado abogado, por lo que será interesante estar atentos y seguir las pistas de otros asuntos que ese bufete ante el fisco, pues todo hace creer que nadie desaprovecha la ocasión cuando un pariente asume el poder.

En estas investigaciones estábamos cuando hace unos días el diario Reforma dio seguimiento a la información del perdón fiscal y publicó que la Secretaría de Hacienda había concedido dicho beneficio a los empresarios Alfredo y Javier Miguel Afif, en cuatro casos de defraudación por un monto de 140 millones de pesos. Aunque el reportero Abel Barajas afirma en su nota que son cuatro casos de defraudación, según el hijo del empresario acusado sólo eran tres los créditos fiscales que se ventilaban en igual número de juzgados, mismos que fueron liquidados con anterioridad, por lo que al desistirse la Procuraduría Fiscal, a los jueces no les quedó más remedio que suspender las órdenes de aprehensión y seguramente los hermanos Miguel Afif ya están en el pais.

Para alejar las críticas de la Secretaría de Hacienda por el perdón fiscal otorgado, el diario Reforma ubica a los hermanos Miguel en el año 2000 como financieros de la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa. En la nota en cuestión se explica que las acusaciones fiscales en contra de los hermanos Miguel ascendían a 20 millones 991 mil 589 pesos, pero con multas y recargos los empresarios terminaron pagando 140 millones al fisco antes de poder ser liberados, lo que confirmaría que sí habían cometido el delito de evasión fiscal y que Gil Díaz cumplió con su función.

Pierde México soberanía alimentaria

Como si fueran pocos los problemas que hay en el país y que padece la población, hay que agregar los resultados de una revisión que hizo a la Secretaría de Agricultura la Auditoria Superior de la Federación y que expone el riesgo que hay sobre la soberanía alimentaria. Aunque muchos dirán que la crisis del campo viene de muchos años atrás por falta de subsidios gubernamentales y que eso ha traído graves problemas de abasto de alimentos y precios altos, el órgano fiscalizador del Congreso descubrió que cerca del 75 por ciento de las tierras cultivables en México están en proceso de desertificación y su rehabilitación tardará unos 530 años.

Además, sostiene la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno ha fracasado en la tecnificación del campo y ahora debe importar el 42 por ciento de los alimentos que se consumen. Al finalizar el sexenio, la dependencia alimentaria se incrementaría a 60 por ciento.

Estos datos duros corresponden a una investigación que la reportera Erika Ramírez publicó en Contralínea y en donde sostiene que antes de que termine la administración de Felipe Calderón, México habrá perdido en definitiva su soberanía alimentaria.

Es decir, habrá que esperar peores tiempos a los que ahora vivimos. Si  se contabilizan actualmente 80 millones de personas con problemas de alimentación y Felipe Calderón se aferra a sus políticas económicas mediante las cuales no sólo no ha logrado dar algún aliento a las familias pobres, sino que ha alentado esta devastación alimentaria provocada por seguir las directrices de los órganos financieros internacionales, pues este país está condenado de por vida a la miseria extrema. De seguir por los mismos caminos de la globalización y el neoliberalismo, en donde ahora exigen la privatización petrolera, los mexicanos deberán aguantar aún más el hambre y la carestía o decidir tomar el mando para ordenar un nuevo rumbo.

Actualmente, añade la reportera, México importa el 42.5 por ciento del total de los alimentos que se consumen. Con la apertura a las importaciones de productos del sector agropecuario –anunciada por el Ejecutivo Federal–, se calcula que esa dependencia ascenderá al 60 por ciento antes de concluir el sexenio. Además, la recuperación de tierras fértiles tardará más de 500 años.

De acuerdo con el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la ASF que encabeza Arturo González de Aragón, el país dejó de ser autosuficiente en la producción de sus granos básicos; pese a que mantiene la autosuficiencia del maíz, las importaciones del cereal se incrementaron en 157 por ciento durante el sexenio foxista.

La evaluación de desempeño aplicada al Programa de Fomento Agrícola –instrumento a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación que gastó en el último año del gobierno de Vicente Fox 1 mil 827 millones 800 mil pesos–, muestra que hasta 1999 la balanza de productos agrícolas había sido superavitaria. “Para el periodo 2000–2005 se vuelve deficitaria principalmente por las crecientes importaciones de cereales y oleaginosas”.

Esta situación ha incrementado paulatinamente la dependencia alimentaria, según cálculos de la ASF con cifras del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, pues en 2002 importaba el 41.2 por ciento de los alimentos que se consumían en el país, y para 2006 ya compraba al extranjero el 42.5 por ciento.

Así, la autosuficiencia en la producción de alimentos cayó 1 por ciento en el mismo periodo. La capacidad que se tenía en 2002 fue de 61.9 por ciento en la obtención de granos y oleaginosas, alimentos básicos en la canasta de los mexicanos, mientras que al cierre de 2006 las cifras bajaron al 59.4 por ciento.

Entrevistado por Erika Ramírez, Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, lamento que “el gobierno no reconozca que ya hay una crisis alimentaria en México; que, además, la promueve activamente con la iniciativa para traer alimentos de cualquier parte del mundo sin arancel. El presidente refuerza el modelo de depositar en el exterior la seguridad alimentaria de los mexicanos. No entiende que una de las causas de la profundización de la crisis es la dependencia alimentaria tan elevada, y que con sus medidas se va a incrementar del 42 por ciento al 50 por ciento. De seguir con este rumbo, México dependerá al final del sexenio en un 60 por ciento del exterior”.

Para Argelia Salinas Ontiveros, maestra en economía agrícola por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, “los problemas del sector agropecuario son consecuencia del modelo neoliberal, que ha privilegiado al empresariado y ha profundizado las condiciones de desigualdad ya existentes en el campo”. El resultado de tales políticas, considera la experta universitaria, “ha sido la generación de una crisis agrícola y ambiental, que en el corto plazo pone en peligro la producción interna de alimentos básicos y, por tanto, a los sectores de la población con menores ingresos”.

México subsidia organismos internacionales

Y mientras la población padece hambre, falta de vivienda, educación insuficiente y su sistema de salud es verdaderamente pobre, el gobierno calderonista cumple puntualmente con el pago de cuotas millonarias a organismos internacionales. El mismo órgano fiscalizador del Congreso descubrió que el gobierno mexicano entrega más de 222 millones de dólares a 243 entes como la ONU, OMS, OCDE, OIT e IICA. Es decir que México como país subdesarrollado ha dejado de ser país receptor para convertirse en “donante neto”, según revela un documento de Relaciones Exteriores

El gobierno de Felipe Calderón entrega anualmente casi 2 mil 442 millones de pesos (222 millones de dólares) por concepto de “pago de membresías” para pertenecer a 243 organismos internacionales.

Mientras en la Cámara de Diputados se encuentra detenido el análisis para desincorporar a México de algunos de estos órganos, la Auditoría Superior de la Federación ha descubierto irregularidades en las transferencias hechas por, al menos, las secretarías de Relaciones Exteriores, Salud y Economía.

De acuerdo con la Evaluación de las membresías de México en organismos internacionales –elaborada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, México desembolsa 221 millones 991 mil 275 dólares a través de 17 dependencias de Estado y organismos descentralizados para el pago de cuotas.

Según el documento, entregado por SHCP a la reportera Erika Ramírez, la cancillería mexicana, encabezada por Patricia Espinosa Cantellano, es la que más recursos deposita en el exterior: asigna 113 millones 171 mil 745 dólares (1 mil 244 millones 889 mil 195 pesos) a 75 organismos internacionales.

Le siguen las secretarías de Hacienda, con casi 38 millones de dólares; Educación Pública y Salud, con más de 14 millones de dólares cada una; Agricultura, 11 millones de dólares; Medio Ambiente y Recursos Naturales y Energía, más de 7 millones; Trabajo y Previsión Social, más de 6 millones de dólares; Economía, casi 5 millones; Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de la República, más de 1 millón, y Gobernación y Turismo, menos de 1 millón de dólares anuales.

El informe –para cumplir el “Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal”, publicado el 4 de diciembre de 2006– también indica que las aportaciones de México a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se incrementaron “sensiblemente, al pasar de 1.883 por ciento (del total del presupuesto federal anual) a 2.527 por ciento”.

Precisa que el país es el principal depositario de la ONU en América Latina y el Caribe, al contribuir con el 52 por ciento de las aportaciones de la región, y es el décimo contribuyente al “presupuesto regular de la ONU”. Esto, dice la evaluación, hace que México se vea “cada vez menos como un país receptor de cooperación y cada vez más como potencial donante neto”.