Formar parte de la generación de los “Chicago Boys” es un seguro de garantía para el gobierno de Felipe Calderón. Entre sus cualidades destacan poseer un pensamiento dirigido al libre mercado, ser miembros distinguidos del neoliberalismo económico y comportarse como soldados rígidos y eficaces en la aplicación de controles monetaristas impulsados por los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). También apoyan y promueven la globalización e ignoran los problemas sociales de países miserables que, como México, cada día se hunden más en la pobreza extrema, el desempleo, la migración, la violencia, la pérdida del poder adquisitivo del salario y enfrentan problemas de alimentación, educación, salud y vivienda.
Esos burócratas mexicanos relacionados con la corriente de pensamiento económico de la Universidad de Chicago, consideran tambié contraproducente el excesivo intervencionismo del Estado en materias social y económica. Los subsidios, por ejemplo, desde la perspectiva de los “Chicago Boys”, sólo se deben aplicar de forma focalizada, de manera sumamente racional en políticas asistencialistas que, al mismo tiempo, permitan ganar votos electorales entre las clases desprotegidas y nunca, pero nunca, sentir pena alguna ante las carencia de los demás.
En el gobierno de Felipe Calderón participan dos economistas a quienes se les considera exponentes claros del pensamiento económico de la Universidad de Chicago: Luis Téllez, secretario de Comunicaciones, y Agustín Carstens, secretario de Hacienda. Entre los analistas hay confusión cuando tratan de explicar la actuación de ambos secretarios de Estado. Se preguntan, por ejemplo, ¿qué opina Agustín Carstens –exsocio director del FMI– sobre la decisión de Felipe Calderón de defender a toda costa la aplicación de subsidios a la gasolina en medio de un ambiente de alza en los precios del petróleo? Aunque los subsidios a este insumo más que beneficiar a los pobres y protegerlos de la inflación, favorece considerablemente a las clases privilegiadas.
¿Por qué entonces varios miembros del gabinete calderonista como Georgina Kessel, secretaría de Energía; el subsecretario de Hacienda, Martín Werner, y hasta el titular de la Secretaría de Economía, Eduardo Sojo, hablan de la necesidad de modificar el esquema de subsidios a la gasolina, cuando Calderón insiste en sostenerlos tal como están?
Un indicio de la confusión y las diferencias que hay en el gabinete sobre lo que se debe hacer en las políticas de gobierno, se encuentra en el discurso del mandatario que dio hace algunos días en Cancún, frente a ministros de Hacienda de varios países de América Latina y el Caribe. Allí trató de dar una respuesta a quienes avizoran rasgos de un peligroso autoritarismo en las acciones del presidente: “el mercado es condición necesaria, pero no suficiente, para evitar que los cambios abruptos en las condiciones económicas golpeen severamente a miles de millones de seres humanos, literalmente, que viven en la miseria y para quienes un aumento en el precio de sus magros alimentos se traduce directamente en un aumento de su miseria.
“Es ahí donde –continuó Calderón– se requiere la acción rectora del Estado, rectificadora del Estado, para evitar que los cambios en la economía mundial sean la diferencia para una familia entre poder comer o no, y darle de comer a los suyos”.
De ser congruente el discurso con los hechos, estaríamos ante un gobierno distinto al de Calderón, preocupado por las necesidades de los más desprotegidos y motivado a destinar los recursos públicos a la educación, la salud, al campo (la alimentación), a las pequeñas y medianas empresas, a las regiones de mayor pobreza, a los indígenas, campesinos y jornaleros, a crear empleos y, sobre todo, a combatir la corrupción que en muy poco tiempo se ha arraigado en este gobierno neoliberal.
En otras palabras, como él mismo calificaría, un populista auténtico que observe en las necesidades de las clases desprotegidas el principal problema a resolver del Poder Ejecutivo. Sin embargo, a Calderón le queda grande esa responsabilidad y no ha logrado demostrar que persigue objetivos legítimos y, sobre todo, políticas económicas adecuadas que ayuden a resolver la crisis de 80 millones de mexicanos en pobreza.
Al contrario, lo que ha quedado claro en estos días es que el presidente de la derecha persigue con los subsidios y ayudas raquíticas objetivos políticos rumbo a las elecciones intermedias de 2009, pues no quiere una Presidencia con minoría en el Congreso, por ello pondrá en el camino todos los “recursos” que tenga a la mano, incluida la política económica de un país en riesgo de estallidos sociales.
Otro ejemplo de las intenciones mezquinas de Calderón es el paquete de 150 productos cuyo precio se congeló hasta diciembre próximo y que forma parte del mensaje (que no de las acciones) “reivindicador” del gobierno federal hacia los más pobres del país. En ese paquete no se encuentran productos de primera necesidad para este segmento de la población y, en cambio, fueron los empresarios representados en la Concamín quienes elaboraron es alista y se aseguraron de que esas marcas no compitan con productos líderes, pues lo que menos les interesa es que los pobres tengan que comer.
Algo parecido sucedió con el subsidio a la gasolina luego de que se desinfló la cifra de 200 mil millones de pesos que pomposamente anunció Calderón cuando se demostró que el subsidio existe pero no en esas cantidades. Un engaño más de la Presidencia.
Dice Calderón que el gobierno federal debe intervenir en estos momentos de crisis; sin embargo, no genera las condiciones para acelerar la creación de empleos; le pide al Banco de México que baje las tasas de interés –a pesar de los riesgos inflacionarios– pero no obliga al oligopolio bancario a que otorgue créditos y reduzca sus comisiones; presenta una lista de productos con precios congelados, pero no aplica acciones de fondo para eliminar la intermediación y el coyotaje que provoca alzas indiscriminadas en precios de arroz, aceite y jitomate, por ejemplo.
Calderón hizo esas declaraciones en un foro incómodo para el titular de Hacienda y frente a representantes del BM y el FMI, excompañeros de Agustín Carstens en ese organismo multilateral. Ahora el secretario de Hacienda se encuentra frente a un grave conflicto, pues tiene la obligación de apoyar al presidente a pesar de que no comulgue con los valores y las políticas que propaga el inquilino de la residencia oficial de Los Pinos. Tal vez por ello en los corredores del poder ya se habla de un cambio en Hacienda y no se refiere precisamente al que ya ocurrió en el Servicio de Administración Tributaria.
¿El secretario de Hacienda realmente cree en esa política económica con rostro humano de la que habla Calderón o en la eliminación de obstáculos que frenan la competitividad de la economía y que sólo así permitirán la creación de empleos?
Por eso en el gobierno de Felipe Calderón no se descartan nuevos movimientos en Hacienda. Ya la reforma energética tuvo como saldo la renuncia de Fernando Sánchez Ugarte; los reacomodos políticos del equipo de Calderón tuvieron como consecuencia la salida de Ernesto Cordero. Ahora el escándalo de los subsidios y la nueva “política económica con rostro humano” podrían dejar un enorme espacio que hasta ahora ocupa Carstens en Hacienda. Además, este funcionario desde hace mucho tiempo busca llegar al Banco de México y ante la inminente salida de Guillermo Ortiz, se ha convertido en un fuerte candidato para ocupar el puesto.
Confirman cambio en el SAT
Hace tres semanas escribimos en este espacio que en el escritorio de Felipe Calderón estaba la renuncia de José María Zubiría Maqueo, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que más tiempo había durado en el cargo, cinco años, tres de los cuales corresponden a la segunda mitad del gobierno foxista y dos más al inicio de la actual administración.
Decíamos también que aunque este funcionario es un experto en asuntos fiscales, digamos un buen técnico y nada político, quizás por eso permaneció en el cargo, su salida obedece más a que los hombres del presidente no lo ubican como alguien confiable y mucho menos como parte del equipo cercano del presidente, Aunado a lo anterior, al cumplirse dos años del actual gobierno, consideran que ha llegado la hora de terminar la limpia del gabinete de todo aquel que haya trabajado en el sexenio foxista.
Apenas el viernes anterior la Secretaría de Hacienda confirmó la renuncia de Zubiría Maqueo, en un comunicado en donde precisa que el nuevo nombramiento de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se desempeñaba como administrador general de grandes contribuyentes del SAT, será sometido a la consideración de la comisión permanente del Congreso para efectos de su ratificación.
Sin embargo para los contribuyentes esta renuncia no es motivo de júbilo ni festejo, pues en materia fiscal todo sigue igual para desgracia de los mexicanos. Los que conocen a Zubiría Maqueo, aseguran que siempre rechazó politizar el trabajo del SAT y que nunca aceptó recomendaciones de nadie, incluido el mismo secretario de Gobernación. Cuentan que en una ocasión un secretario de Estado le solicitó a través de un tercero abrir una investigación fiscal en contra de un empresario, y Zubiría rechazó hacer ese trabajo sucio con el argumento de que “el día que aceptemos auditorías por encargo y politicemos nuestro trabajo, ese día se acaba el SAT”.
