Las críticas constantes de la población en contra de la actuación de la Procuraduría General de la República van en aumento. Algunas de esas quejas corresponden a la lentitud con que se realizan las investigaciones policiales; otras señalan que algunas denuncias son enviadas al archivo porque apuntan a servidores públicos panistas; unas más critican la ingerencia de agencias estadunidenses en los procesos de investigación; también se cuestionan la entrega de delincuentes peligrosos al gobierno de Estados Unidos, ante la incapacidad de las autoridades para mantenerlos en cárceles mexicanas.

A lo anterior se agrega la inoperancia, lentitud y corrupción que envuelve al Ministerio Público Federal, que lo hace inservible para proteger a los mexicanos en momentos donde la delincuencia organizada ha tomado las calles. Por ejemplo en el combate contra el crimen organizado es sabida la infiltración de narcotraficantes en la estructura policial, razón por la cual desde el inicio del actual gobierno, Felipe Calderón se ha refugiado en el Ejército y ha echado mano de los militares para hacer investigaciones judiciales y enfrentar a las bandas criminales.

A un inexperto procurador general de la República, sin vocación para ser el abogado general de la nación, hay que sumar ahora la práctica de la tortura en la PGR para arrancar confesiones a presuntos delincuentes, al más puro estilo de los gobiernos priístas corruptos. Al menos esto es lo que declara un joven en prisión que fue torturado en oficinas de la Procuraduría y en presencia de agentes policiacos extranjeros pertenecientes a la DEA.

Un testimonio de tortura

—No voy a declarar hasta que venga mi abogado –dijo Pedro Alfonso Alatorre Damy. Frente a él, José Luis Marmolejo García, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), le solicitaba revelar su supuesto nexo con el cártel del Pacífico.

—Estábamos en un pequeño cuarto, tipo bodega, que se localiza en el interior de la oficina de Marmolejo. En medio había una silla, donde me sentaron y amarraron a ella. Además de Marmolejo, estaban tres agentes de la PGR, altos y corpulentos, y dos agentes de la DEA (agencia estadunidense contra las drogas) que formulaban las preguntas que Marmolejo finalmente me hacía. Siempre con amenazas e intimidaciones, aunque a quien verdaderamente le tenía miedo era a los tres agentes corpulentos.

De la exigencia de “confesar”, Marmolejo pasó a los gritos.

—Iba in crescendo: de los gritos vinieron los jalones de cabello, los golpes en el cuerpo, las cachetadas, la asfixia con una bolsa de plástico en la cabeza y la inyección en los testículos que me hacía desmayar del dolor –cuenta Pedro en su celda del Reclusorio Oriente, donde está preso–. Marmolejo no sólo coordinaba las torturas, también me golpeaba y amenazaba.

Era el jueves 8 de noviembre de 2007. Por la mañana, Pedro había sido interceptado a las afueras de su domicilio por elementos de la Policía Judicial Federal: “Al final de la calle, se me cerraron dos autos; bajaron varias personas armadas y vestidas de civil. Inmediatamente pensé que se trataba de un secuestro. A la altura del Auditorio Nacional hicieron el cambio de vehículos. Ahí ya se encontraban las cámaras de televisión y los reporteros daban cuenta del operativo que había llevado a mi captura”.

Pedro fue trasladado a las instalaciones de la SIEDO, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 75, colonia Guerrero, en la capital del país.

—Trajeron la bolsa, el agua. Me desnudaron. No podía confesar porque no había hecho nada. Entonces, Marmolejo solicitó el botiquín. Sacaron una jeringa y una botellita con algo líquido; me lo inyectaron en los testículos. El ardor era insoportable. Aún así, me negué a confesar. Pero me sacaron de la bodega y trajeron a mi esposa. Dijeron que si era tan machito para ver cómo le hacían lo mismo a ella. De inmediato accedí a firmar lo que ellos quisieran.

El proceso de El Piri

Involucrado en la investigación de la Casa de Cambio Puebla, El Piri, como cariñosamente le llama su familia a Pedro Alonso, es señalado por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Según investigaciones de la DEA que ha compartido con la Procuraduría General de la República (PGR), el hombre identificado también como Pedro Barraza Urtusuástegui es operador financiero del cártel del Pacífico. Su esposa, mantenida en arraigo durante 90 días para presionar a Pedro Alonso, fue liberada de todo delito.

Alatorre Damy, quien fuera gerente de la sucursal Aeropuerto de dicha institución cambiaria, habría participado en las transacciones financieras que llevaron a la compra de activos utilizados en el transporte de droga: “Como la aeronave DC9 matrícula N900SA, localizada en Campeche el 10 de abril de 2006, en la que se encontraron 5 mil 658 kilos de cocaína provenientes de Venezuela, y la aeronave matrícula N987SA que se estrelló en Mérida, Yucatán, y que fue asegurada tras descubrir que transportaba aproximadamente 3 mil 300 kilos de cocaína”, indica el boletín de prensa 586/07 de la PGR.

No obstante, el expediente PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/119/2007, al cual se tuvo acceso, da cuenta de que las operaciones no sólo se realizaron en la sucursal Aeropuerto, sino también en otras filiales, entre las que destaca la del World Trade Center.

Alatorre Damy dice que participó en una de las cuatro operaciones que derivaron en la compra de un avión. Señala que de ésta se conoce perfectamente el origen y el destino: fueron operaciones hechas por unos judíos cuya referencia directa la llevaba un intermediario financiero llamado Adrián Licona. Él recibió el dinero, luego lo cambió en la sucursal de Aeropuerto y en otras tres sucursales, “de las que yo no era responsable, no tenía injerencia”. A éste nunca lo mandaron llamar, dice Pedro. Al poco tiempo, Adrián Licona apareció muerto y dijeron que se suicidó.

El Piri fue detenido “en el marco del seguimiento que se realizaba, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, a transacciones bancarias que presumiblemente se efectuaban para lavar dinero producto del narcotráfico”, refiere el boletín de la PGR. Añade que “la investigación se integra tanto con información proporcionada por las autoridades financieras de la Secretaría de Hacienda como del gobierno de Estados Unidos en sus respectivas competencias, y se centra en transferencias de fondos liquidados en efectivo, que fueron enviadas hacia ese país por 74 personas, tanto físicas como morales, a través de diversas sucursales de la Casa de Cambio”.

Sin embargo, el expediente revela que la indagatoria fue hecha en su totalidad por la DEA, institución que solicitó –a través de notas diplomáticas firmadas por David L. Gaddis, director regional para México, Centroamérica y Canadá, de la agencia estadunidense contra las drogas, y dirigidas a Noé Ramírez Mandujano, titular de la SIEDO, y a Marmolejo García– la captura de El Piri.

El doctor en derecho Mauricio Moreno, abogado de Pedro Alatorre, indica que la integración del expediente está llena de irregularidades, pues las autoridades no tienen forma de probar que su cliente fue responsable de todas las operaciones que se le endilgan, pues el era gerente de la sucursal Aeropuerto.

Para la PGR, sin embargo, el Piri adquiría divisas presuntamente provenientes del narcotráfico, que posteriormente eran lavadas a través de diversas casas de cambio en Puebla y el Distrito Federal.

Moreno explica que en su momento, es decir en 2005, ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni Hacienda, ni la PGR se pronunciaron respecto de las operaciones financieras, las cuales fueron reportadas por Casa de Cambio Puebla. Añade que con este proceso, la DEA busca hacer “una cacería de brujas” en el sector financiero, arguyendo que no hay suficientes controles.

Casa de Cambio Puebla

De acuerdo con el boletín de prensa 572/07 de la PGR, la institución financiera Casa de Cambio Puebla también es responsable del blanqueo de capitales. La procuraduría refiere que ésta incumplió el “régimen de prevención, detección y alerta de operaciones con recursos de procedencia ilícita a la que está obligada como toda institución financiera del país”.

Agrega que la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, monitoreó “en forma permanente la situación financiera de Casa de Cambio Puebla”, y practicó “una vista de investigación a la mencionada entidad, en la que se detectaron numerosas infracciones a las disposiciones de carácter general que le son aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo”.

El documento indica que “en virtud de la gravedad de las infracciones en que se presume incurrió dicho intermediario, la SHCP, con opinión de la CNBV, determinó notificar en esta misma fecha (8 de noviembre de 2007) el inicio del procedimiento para revocar su autorización para operar como casa de cambio”.

De acuerdo con el diario poblano Síntesis, Casa de Cambio Puebla tiene entre sus accionistas a Juan Manuero Romero García, presidente del Consejo de Administración; Juan Antonio Gutiérrez de Velasco Hoyos, representante legal; Gilberto Marín Quintero, también dueño de la productora de pañales Mabe, SA de CV y presidente del capítulo México del Consejo Empresarial para América Latina; los dueños de la empresa galletera Italpasta, José Cernicchiaro Maimone y José Antonio Cernicchiaro Farazo; el expresidente municipal de Boca del Río, Veracruz, José Ramón Gutiérrez Velasco de Hoyos e Irma de Hoyos González de Pérez Gil, su esposa; Eusebio San Martín Fuentes, dueño de Beer Factory; Julián Gerardo García Carrera; Ángel Gerardo Barroso Pérez, dueño de la empresa constructora Fomento Inmobiliario de Tehuacán; Francisco Bada Sánchez, director del Crown Plaza Puebla; Willi Werner Steiner Herling, dueño de Victorinox México, SA de CV; los hermanos Santiago y Nicolás Alfredo Suárez Sevilla; Marcelino Noval Garrido; Xavier Noval Suárez; y José Antonio González Fernández, dueño de la Empacadora San Marcos. Alguno de estos accionistas huyeron y otros han buscado el amparo de la justicia federal.

Algunos exsocios de esta institución son Lourdes Marín Quintero, hermana del empresario Gilberto Marín Quintero y esposa de Francisco Fraile; Víctor Mata Lescale; José Luis Sosa Barquín y Carlos Bonilla Bello, director de sucursales Eusebio San Martín

Las cuentas de Casa de Cambio Puebla radicadas en México y Estados Unidos fueron congeladas, según la PGR, por un monto de 2.7 millones dólares; no obstante, el doctor Moreno asegura que se trató de más de 13 millones de dólares.

Operación “pato”

Para el doctor en derecho Mauricio Moreno las autoridades mexicanas no sólo están subordinadas a las estadunidenses, sino que permiten que la DEA viole la soberanía mexicana con operaciones encubiertas no autorizadas.

Ejemplifica con el caso de otro de sus defendidos: Jorge Patricio Asaf–Gómez, acusado de trasegar drogas a Estados Unidos y sometido a un proceso de extradición que en breve será resuelto.

Moreno sostiene que, en este caso, la DEA operó sin autorización del gobierno mexicano al introducir a nuestro país a un testigo protegido de nacionalidad colombiana, José Guzmán Morales, quien estuvo encargado de dar supuesto seguimiento a las actividades de Asaf–Gómez.

El abogado señala que este sólo hecho viola la soberanía mexicana, por lo que el proceso de extradición es irregular y resulta improcedente. No obstante, indica que la presión del gobierno de Estados Unidos podría incidir en la decisión del juez.

Agrega que en el expediente, que muestra durante una entrevista con la reportera Nancy Flores, sobresalen más anomalías que prueban la inocencia de Jorge Patricio: “Las supuestas fechas de reunión entre Patricio y el narcotraficante colombiano Álvaro Ardila se dan, según el testigo protegido, cuando Ardila ya había sido apresado en Colombia”.

Según los reportes del testigo protegido, Ardila y Patricio se habrían reunido en México el 25 de julio de 2005. No obstante, el mismo expediente de averiguación previa revela que, a petición de la DEA, Ardila había sido capturado el 21 de julio de ese año.

De acuerdo con el Informe de la estrategia internacional de fiscalización de estupefacientes 2007, elaborado por la DEA, la lucha contra la delincuencia organizada que México libró en 2006 tuvo entre sus más importantes logros “la fuerte cooperación bilateral en interdicción de drogas y las detenciones de varios de los principales traficantes de drogas, como (…) Jorge Patricio Asaf, quien habría negociado el trasiego y distribución de 1.5 toneladas métricas de cocaína”.