En materia de justicia fiscal las cosas no son siempre parejas o simplemente injustas. Mientras que algunos prominentes empresarios y políticos son tratados con mucha benevolencia por el fisco hasta llegar al perdón, a otros mexicanos, a los de menos recursos y que se niegan a pagar sobornos a los funcionarios y auditores, se les persigue y se les amenaza con aplicarles todo el peso de la ley si Hacienda les descubre algún error fiscal.

Por ejemplo en el sexenio perdido de Vicente Fox, el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, instruyó a la Procuraduría Fiscal para que sobreseyera los expedientes de nueve prominentes empresarios evasores de impuestos, en lo que se conoce popularmente como el “perdón fiscal”, de acuerdo con el controvertido artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, pero en cambio a otros mexicanos que militan en la oposición o simplemente son críticos de las políticas de gobierno, se les acosa mediante auditorías y amenazas de cárcel.

El problema es que sin rendir cuentas a nadie y de manera discrecional, el titular de Hacienda puede ordenar a su subalterno el procurador fiscal sobreseer los procesos penales abiertos contra los contribuyentes. Algo injusto cuando sólo unos cuantos se ven beneficiados con esto “favores” que otorga el secretario de Hacienda a sus amigos, compañeros de partido, políticos o simplemente a empresarios corruptos capaces de llenar las bolsas de dinero de funcionarios fiscales.

Aunque esta facultad del “perdón fiscal” no había sido invocada por ningún secretario en más de 20 años, fue hasta el gobierno anterior cuando Gil Díaz decidió perdonar a nueve personas para que se les cancelaran las órdenes de aprehensión que había en su contra y sus expedientes fueran cerrados en definitiva.

“De enero de 2000 a diciembre de 2006 se hicieron nueve peticiones de sobreseimiento de procesos penales relativos a delitos fiscales”, informó al reportero Zoísmo Camacho la Secretaría de Hacienda en respuesta a una solicitud de información 0000600100707. Sin embargo, amparada en la impunidad de los secretos comercial, bancario, fiscal y fiduciario, Hacienda simplemente niega proporcionar los nombres de esos nueve empresarios privilegiados –de un total de casi 19 millones de contribuyentes activos– y los montos que les fueron “perdonados”.

“La información contenida en los expedientes respectivos está reservada”, advierte Hacienda, y agrega que ni siquiera otorgará una versión pública de los documentos porque “los expedientes relacionados con el presente asunto han sido clasificados como reservados en todas sus partes y por un periodo de 12 años”.

El asidero jurídico del “perdón fiscal” se encuentra en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, donde se señala que “los procesos por los delitos fiscales (…) se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera”.

Así, la ley establece que basta con que Hacienda negocie con el procesado y se declare “satisfecha” con el acuerdo. Aunque el Código dice que los créditos fiscales deben quedar “garantizados” o saldados los adeudos y los montos por las acciones, la SHCP no está obligada a rendir cuentas a nadie ni a informar de qué manera se saldarán las deudas fiscales.

De los nueve perdones otorgados durante el sexenio pasado, sólo trascendió a la prensa el del empresario David Peñaloza, presidente de Triturados Basálticos, S. A. (Tribasa), la cual era la constructora “favorita” durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y en el gobierno de Vicente Fox logró un arreglo con Gil Díaz para evitar la cárcel. Esas versiones periodísticas revelan que las negociaciones con las que Peñaloza pudo eludir la cárcel fue entregar sus acciones en el Grupo Aeroportuario del Sureste por 29 millones de dólares.

Alfredo Miguel y Pedro Solís Cámara

Contrario a los beneficios que recibió David Peñaloza, otro empresario que sí fue perseguido y acosado por el fisco durante el sexenio de Vicente Fox es Alfredo Miguel Afif, presidente del Grupo Miguel y quien tuvo que quebrara y vender sus 80 empresas cuando huyó del país para evitar la prisión.

Durante varios años Alfredo Miguel sido prófugo de la justicia mexicana, pues aunque sí debía al fisco cualquier cantidad de millones, había llegado a un acuerdo con Hacienda para pagar su crédito, pero cuando liquidó la deuda fiscal, ese mismo pago fue utilizado por Hacienda para confirmar ante el juez que sí había eludido el pago de impuestos y, en consecuencia, debería librarse la orden de aprehensión en su contra sin importar que ya la hubiera liquidado.

Durante varios años son muchos los actores que se han ofrecido para solucionarle el problema a este empresario libanés, pero hasta ahora nadie había podido con el paquete fiscal. Pero hay un despacho de un prestigiado abogado fiscalista que tal vez pueda cambiar la suerte de Alfredo Miguel y la de su familia, que al final de cuentas es la que más ha sufrido la persecución de que fue objeto de parte de su enemigo Francisco Gil Díaz.

Ese abogado fiscalista de excelente reputación es Pedro Solís Cámara, quien estaría cerca de lograr un acuerdo definitivo con el fisco y con la Procuraduría Fiscal para lograr el perdón hacendario y permitir que el empresario regrese a México y empiece a reconstruir su imperio económico.

Así las cosas suenan bien, pero un inconveniente en el camino es que las gestiones echas hasta ahora por el abogado fiscalista podrían derrumbarse cuando se descubra que se trata del cuñado del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, lo que de confirmar el otorgamiento del “perdón fiscal” estaríamos ante un claro y evidente tráfico de influencias del titular de Hacienda y su cuñado Pedro Solís Cámara.

Aunque en la opinión pública este espinoso caso no se conocía, al interior de Hacienda es muy comentado porque algunos servidores públicos aseguran que el mismo Carstens ha solicitado a través de uno de asesores al administrador de Auditoría Fiscal Federal, Alberto Real Benítez; al administrador general de Grandes Contribuyentes y actual encargado de la jefatura del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; a la administradora general de Asistencia al Contribuyente, Nora Caballero, y a la administradora general de Recaudación, Rosa María Vega Peón (quien por cierto será removida en los próximos días), que otorguen todas las facilidades al abogado Solís Cámara.

Por ello tal vez en los últimos meses el prestigiado despacho de abogados fiscalistas que dirige Solís Cámara se haya dedicado a arreglar auditorías, destrabar cuentas bancarias embargadas, negociar o defender créditos fiscales, liberar contenedores retenidos en aduanas y hasta arreglar asuntos penales. Entre sus supuestos clientes se mencionan algunos empresarios enproblemados con el fisco como el azucarero Enrique Molina, Samuel Bardo del Grupo Tebo y el mismo Alfredo Miguel Afif.

La conexión: Grupo Miguel y los Bribiesca

La amistad y la relación de negocios entre los hijos de Marta Sahagún de Fox y Alfredo Miguel Afif forman parte de un expediente que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) actualiza constantemente y que fue entregado a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga a los hermanos Bribiesca Sahagún y a la empresa Construcciones Prácticas, mediante la cual hacían negocios al amparo del poder.

En Idaho, Estados Unidos, The New York Times ubicó a Alfredo Miguel Afif, dueño del Grupo Miguel que hasta antes de su evasión integraba a unas 80 empresas, entre los inversionistas de un millonario complejo turístico e inmobiliario. En México, las autoridades lo consideran prófugo de la justicia por enfrentar cargos de defraudación fiscal, mientras que el Cisen reconstruye su relación de negocios y complicidad con los hijos de Marta Sahagún.

Hace algunas semanas, reportan los investigadores del Cisen en ese informe en poder de la Comisión del Congreso, “se ordenó llevar a cabo una actualización del expediente de los hermanos Bribiesca Sahagún, anexando incluso algunos asuntos que no han salido a la luz pública con el propósito aparente de preparar ‘un golpe de mano’ en contra de Vicente Fox y su esposa, simplemente para tratar de frenar su creciente activismo y protagonismo en medios, que está ocasionando dificultades al gobierno federal y al PAN (Patido Acción Nacional)”.

A pesar de que Miguel Afif –prófugo en Estados Unidos para eludir el ejercicio de una orden de aprehensión– ha sido protagonista de varios escándalos y fraudes al gobierno federal desde las década de 1990, la relación con los hermanos Bribiesca renovó el seguimiento de sus actividades y nexos políticos tanto en México como en EU.

Al amparo de las relaciones con el poder, Alfredo Miguel, según consta en la información recabada por los investigadores del Cisen, construyó un emporio con participación en el sector textil, del transporte y turístico. El expediente de Alfredo Miguel Afif (actualizado hasta el 17 de octubre y entregado por un funcionario de la Secretaría de Gobernación a la comisión que investiga en la Cámara de Diputados a los Bribiesca) cubre desde la investigación a cargo de legisladores para demostrar que los hermanos Bribiesca Sahagún se vieron beneficiados por la compra de cartera del IPAB, a través de la empresa Construcciones Prácticas, que incluía los activos rescatados a la banca comercial y que pertenecían al Grupo Miguel.

El expediente de Miguel Afif recupera la información pública que involucra la actuación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en 2004, durante la venta de cartera a Construcciones Prácticas y que representó a los Bibriesca una ganancia desmedida al pagar sólo 1.5 millones de pesos por un fideicomiso con un valor superior a los 600 millones de pesos.

El Cisen ha seguido a través de sus investigaciones la ruta de la información que confirmaría la protección y favores recibidos por Alfredo Miguel Afif y que, al final, benefició a los Bribiesca. “Recientemente –cita el documento del organismo de inteligencia– el diputado Elías Cárdenas Márquez recibió el documento íntegro que la familia Miguel Afif firmó con Bancrecer el 16 de diciembre de 1998, mismo que como se dijo fue a parar al Fobaproa cuando esa institución fue intervenida y posteriormente en el IPAB”.

En ese documento se consigna “la ayuda que los hermanos Miguel Afif recibieron de Eduardo Fernández y Martin Werner, en esa época titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, respectivamente, contra quienes los diputados Elías Cárdenas y Humberto Zazueta pretenden enfocar parte de estas investigaciones”, asegura el reporte.