Hace unos días la Secretaría de Seguridad Pública Federal decidió capacitar a varios de sus elementos en materia jurídica para, con esa preparación, mejorar la atención ciudadana y el combate a la delincuencia organizada que tanto dice le preocupa a Felipe Calderón. Inteligentemente, el secretario Genaro García Luna eligió a la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, como prestadora de dicho servicio consistente en 16 cursos de capacitación para su personal, por lo que ordenó a sus subordinados hacer las gestiones pertinentes.

Como el tema es jurídico, de inmediato los funcionarios de esa secretaría de Estado entraron en contacto con el director de la Facultad de Derecho, doctor Ruperto Patiño, y con el jefe de la División de Educación Continua, doctor Guillermo Teutli Otero, quienes de principio estuvieron de acuerdo en proporcionar los cursos de capacitación con profesores universitarios. Sin embargo, cuando la propuesta formal llegó a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, extrañamente el documento tenía un membrete de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia A.C. Las dudas urgieron de inmediato por saber ¿quién era este prestador del servicio que tendría un costo para esa dependencia pública por algo así como un millón de pesos?, si el acuerdo verbal al que se había llegado era de que fuera la UNAM, concretamente la Facultad de Derecho, la que impartiría los cursos.

Esta columna se dio a la tarea de investigar a dicha asociación civil y resulta que fue fundada a finales de 1994 en la ciudad de México y en su acta constitutiva aparece como presidente honorario ni más ni menos que el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado y el testigo de honor de la protocolización en ese año fue el entonces rector de la máxima casa de estudios doctor José Sarukhan Kermez. Es decir, ¿se trata de una fundación perteneciente a la UNAM? o ¿es una simple asociación civil formada por universitarios para hacer negocios en nombre de la Universidad Nacional? Como integrantes del Comité Ejecutivo aparecen: presidente Máximo Carvajal Contreras, secretario Andrés Cruz Mejia, tesorero Josué Zavaleta Barragán y vocales Fernando Castellanos Tena e Ignacio Galindo Garfias.

Al buscar más datos en el registro de dicha constitución de esta asociación civil, encontré como un principio de sus objetivos que “no será de carácter preponderantemente económico, ni perseguirá lucro alguno, manteniéndose siempre al margen de cualquier asunto religioso o de política militante”. Otra pregunta que seguramente se responderá la siguiente semana en esta columna es ¿a dónde iría a parar el millón de pesos que la Secretaría de Seguridad Pública está dispuesta a pagar por los 16 cursos de capacitación para su personal, si se firma el contrato con dicha asociación civil?, pues lo más seguro es que a los maestros universitarios que impartan las cátedras apenas ganarán unos cuantos miles de pesos, como siempre sucede, y entonces quién se queda con la mayor parte de esos recursos.

Pero como en esta columna preferimos no especular, seguramente alguien muy diligentemente de la Facultad de Derecho o de la misma Universidad Nacional nos explicará muy pronto si el contrato se cerró entre la SSP y la Asociación Civil o se dio marcha atrás a esos extraños arreglos y de acuerdo con lo acordado la beneficiaria con impartir los cursos académicos será la UNAM, institución que como todos sabemos siempre necesita de mayores recursos económicos para sostener su extraordinaria labor investigativa, académica y de preparación para las generaciones de cientos de miles de jóvenes estudiantes.

Los negocios de Yunes en el ISSSTE

Y ya que andamos en el sospechosismo de posibles actos irregulares o por lo menos dudosos, resulta que en el ISSSTE que dirige Miguel Angel Yunes, el mismo que apoya incondicionalmente cualquier gestión de la maestra Elba Esther Gordillo o de lo contrario nadie explica qué hace este político dirigiendo una institución médica tan relevante para el país en un gobierno panista, parece que tienen arreglos con ciertos proveedores de servicios para comprarles tan caro que, con relación al IMSS, la diferencia es de casi 4 a 1.

Concretamente hablamos de los servicios que contrata Yunes para operaciones de ortopedia y laparoscopía, en donde constantemente resulta ganadora la empresa regiomontana Selecciones Médicas, propiedad de Francisco Pérez Fayad y su hijo José Antonio Pérez Pérez, quienes en su página de Internet presumen que su empresa “se dedica a la venta de material de curación de alta especialidad y equipo médico”, además dicen que son “líderes en el mercado privado como gobierno”.

Pues esta excelente y exitosa empresa que arranca la envidia de muchos, al menos en los negocios que hace con el ISSSTE y el IMSS por ser favorita de los directores generales de ambas instituciones médicas, según algunos doctores que saben de lo que habla sólo en este último centro de salud mueve al año material hasta por 5 mil millones de dólares, pero el problema no es con el monto sino con los precios, pues mientras al IMSS le surte por ejemplo servicios para laparoscopía (estómago) por menos de 3 mil pesos cada uno, al ISSSTE esta misma empresa se lo vende en 9 mil, y aquí nadie protesta.

Sabrá esto el doctor Yunes o se trata de algún jale que funcionarios menores, o no tan menores, tienen como negocio propio. Ya investigaremos más a profundidad, pero por lo pronto la Secretaría de la Función Pública, que nunca ha sirve para nada, debería ponerse a desquitar su partida presupuestal y explicar si las licitaciones que se hacen en el ISSSTE y en el IMSS, y que han favorecido insistentemente a Selecciones Médicas, son lícitas, sólo para no quedarnos con la duda.

Otro caso es la duplicidad en contratación que hizo el ISSSTE, concretamente el subdirector de Infraestructura, doctor Irán Suárez Villa,  para operaciones de ortopedia, con el propósito de beneficiar a la misma empresa en cuestión. Acá aunque sólo se trata de pequeños contratos, uno por 15 millones y otro sólo por 4 millones para un periodo de tres años, hay protestas de algunos doctores porque Selecciones Médicas no cumple a cabalidad con el servicio contratado y por allí circula una carta de inconformidad que ya tiene en su poder el doctor Héctor Hurtado Reyna, jefe de Servicio de Medicina Especializada y Hospitalización, a ver qué hace este facultativo quien por lo menos debería dar parte al órgano Interno de Control del ISSSTE, claro siempre y cuando exista y trabaje todos los días. Por ahora por falta de espacio nos ocuparemos de este tema a profundidad la próxima semana.

Ganan F. Tapias y Blue Marine negocios por 4 mmdp

Al tiempo de que en México el gobierno federal organiza foros de discusión sobre la reforma energética que privatizará Petróleos Mexicanos, en España se ofertan multimillonarios negocios a costa de la paraestatal: en julio de 2007 era personalmente Juan Camilo Mouriño quien invitaba a empresarios gallegos, ahora es el español Antonio Solá (La Jornada, 30 de mayo de 2008), asesor de imagen y también muy cercano a Felipe Calderón.

Una de esas transacciones que en esta columna le hemos dado seguimiento, involucra más de 4 mil millones de pesos y acaba de ser operada por Jesús Reyes Heroles, todavía director general de Pemex, y Antonio Ceballos Soberanis, director de Pemex Refinación. Se trata del arrendamiento a 10 años de cuatro –de los cinco que se licitaron– buquetanques con opción a compra.

El viernes pasado, la subsidiaria dio a conocer a las ganadoras: F. Tapias y Blue Marine Shipping. A la primera, de origen español, Juan Camilo Mouriño le prometió contratos multimillonarios en la paraestatal mexicana. La segunda es investigada por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias y, según dio a conocer el diario Reforma, recientemente exonerada por la Procuraduría General de la República.

La PGR indagaba una denuncia que presentó la ASF por supuesto favoritismo y daños patrimoniales por más de 60 millones de pesos en perjuicio de Pemex Refinación y, casualmente, se pronunció días antes de que se fallara esta convocatoria.

Para Blue Marine –que tiene entre sus accionistas a Juan Antonio Marcos Issa, presidente y excoordinador de asesores de Rogelio Montemayor Seguy y de Raúl Muñoz Leos, y a Juan Reynoso Durand, director corporativo–, el negocio de dos de las tres embarcaciones que ofreció a Pemex Refinación, le significan recursos públicos por 2 mil 26 millones 281 mil 631 pesos.

Vinculada a los hijos de Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca, Blue Marin rentará los barcos African Future, por 943 millones 885 mil 261 pesos, y Wabash, por 1 mil 82 millones 396 mil 370 pesos. La tercer oferta, que le fue rechazada, fue la del buque Thames, por 1 mil 80 millones 997 mil 511 pesos.

De 2003 a 2007, las filiales del grupo Blue Marine se han adjudicado 15 contratos por un total de 2 mil 394 millones 971 mil pesos: Arrendadora Ocean Mexicana ha signado 12 convenios con Refinación, por 1 mil 874 millones 52 mil pesos; Subtec ha obtenido tres contratos en Pemex Exploración y Producción por 520 millones 919 mil pesos.

Sobre la española F. Tapias, cuyos accionistas son la trasnacional Teekay Shipping y el empresario nacido en Vigo, España, Fernando Fernández Tapia, se agenció un negocio por 2 mil 187 millones 495 mil 948 pesos: Hull S–1017 y Hull S–1018, cada uno por 1 mil 93 millones 747 mil 974 pesos.

A inicios de julio de 2007, esta trasnacional fue invitada por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a hacer negocios en Pemex. Entonces, el funcionario se reunió con Fernández Tapia y varios navieros de Vigo –de donde es originario su padre, Carlos Mouriño Atanes–, y les propuso participar en el sector mexicano, según dio a conocer el diario español La Voz de Galicia.

El proceso para adjudicar estos contratos fue ampliamente cuestionado por empresarios que quedaron fuera de la negociación. Y es que, como esta columna lo dio a conocer, la licitación pública internacional 18576018–022–07 presentó varias irregularidades: “errores” en la redacción de las bases sacaron de la competencia a decenas de empresas¬ navieras, aplazamientos en momentos clave del proceso y la renuncia de la Fundación Heberto Castillo como testigo social.

AOM, favorita en nueva licitación de buques

El 18 de marzo pasado, Pemex Refinación publicó una segunda convocatoria (licitación pública internacional 18576018–005–08) para el arrendamiento a casco desnudo sin opción a compra de cinco buquetanques de doble casco, para efectuar el transporte de productos petrolíferos limpios y/o sucios, en ambas costas de los Estados Unidos Mexicanos, a precio fijo, por un periodo de cinco años.

Para este proceso, Pemex Refinación no convocó a juntas de transparencia, aunque forma parte de “la estrategia integral encaminada a optimizar la distribución de productos petrolíferos en el país y a modernizar la flota marina al servicio” de la petrolera.

El fallo de la licitación está previsto para el próximo 10 de junio. Aunque compiten 12 empresas –Naviera de Sotavento; Naviera BS y Asociados; Naviera Tulum; Consultoría y servicios Petroleros; TMM División Marítima; RH Shipping & Chartering; Naviera Mexicana del Sureste; Naviera Mexicana; Coastal Trading de México; NMYA; SEAMASTER–, Arrendadora Ocean Mexicana se perfila, una vez más, entre las favoritas.