La lucha contra el narcotráfico tiene consecuencias trianguladas para el país. La economía y las compañías que operan en regiones acorraladas y controladas por organizaciones criminales ofrecen evidencias de que el flagelo del narcotráfico ha desbordado a las autoridades civiles y al Ejército, y todo hace creer que ahora nadie podrá controlarlo.

Además del clima de violencia, las acciones de cuerpos policiales como la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la Procuraduría General de la República, lejos de ayudar a la población civil, se han convertido en serios problemas y obstáculos para la operación de empresas en todo el país. El problema es tan grande y grave que diversos sectores empresariales han dejado atrás diferencias irreconciliables inherentes a sus mercados y esquemas de competencia, para solicitar a las autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República la revisión de sus estrategias en la lucha contra el narcotráfico.

Dos ejemplos: los autotransportistas del país están padeciendo importantes retrasos en sus operaciones debido a la instalación de retenes en las principales carreteras del país. No se trata de una nueva medida de seguridad en esta región; sin embargo sí se ha registrado un incremento en este tipo de operativos caracterizados ahora por su desorden, anarquía y corrupción.

El problema es que debido a la falta de equipo, capacitación y sobre todo coordinación entre las diferentes entidades policiacas federales, estatales y municipales, la revisión de camiones de carga y traileres y de su mercancía se convierte en un verdadero vía crucis. Como sucede en las aduanas del país, ahora los conductores de los camiones sujetos a inspección están dispuestos a ofrecer dinero a cambio de no esperar hasta 11 horas para su revisión, lo que además de retrasarlos en la entrega de las mercancías, les causa problemas en algunos casos cuando algunos productos se echan a peder o simplemente por el tiempo de la demora incumplen para entregar la mercancía y estos retrazos genera quejas cuando se trata de compañías de mensajería.

La propuesta de los representantes de empresas camioneras –quienes ya han hecho llegar su inconformidad hasta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al despacho de Manuel Rodríguez Arregui, subsecretario de Transporte de la dependencia— aseguran que la AFI debería encabezar la certificación de compañías libres de droga en sus operaciones. Aquellas empresas que no accedan a someterse a esta certificación serían las únicas que estarían sujetas a las revisiones sorpresa y a sufrir las consecuencias que esto genera.

El saldo de la falta de coordinación, pero sobre todo de un plan estratégico y resultado de acciones de inteligencia, no sólo exhibe pérdidas millonarias a empresas que trabajan profesionalmente y dentro del marco legal, sino las amenazas directas que reciben los empleados de compañías estratégicas para los narcotraficantes.

Éste último caso es lo que viven las compañías de telecomunicaciones, en donde algunos empleados y directivos han sido amenazados por miembros de organizaciones criminales que les exigen no entregar información a las autoridades federales sobre sus comunicaciones o equipos.

Concretamente hablamos de las empresas telefónicas como Telmex, Nextel y otras que son presionadas por la PGR para que apoyen la lucha contra el narcotráfico. Las peticiones de los agentes policiales es que esas compañías telefónicas se conviertan en informantes anónimos y en interceptoras de llamadas para descubrir a grupos delincuenciales.

Las compañías telefónicas han cooperado muy eficientemente con el gobierno federal, pero el problema ahora es que los grupos del narcotráfico hacen visitas a ciertos empleados y directivos intermedios para amenazarlos y convencerlos de que no cooperen con la autoridad, pues de lo contrario su vida corre peligro. Para los empleados de las telefónicas es sencillo intervenir llamadas y saber los números telefónicos peligrosos vinculados con el crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo a las bandas delincuenciales y ahora éstas tratan de frenar ese vínculo estrecho entre policías y directivos de empresas de telefónicas.

Las investigaciones de la General Accounting Office (GAO), órgano de vigilancia y control del Congreso de Estados Unidos, revelan que las tecnologías de la comunicación se han convertido en las mejores aliadas del crimen organizado. Gracias a la telefonía celular, reportan los auditores estadounidenses, las bandas de narcotraficantes han tenido la oportunidad de cambiar oportunamente la ruta de sus entregas y sus puntos de contacto.

Por ello, la lucha contra el narcotráfico y los efectos que está cobrando sobre la operación de compañías del sector de las telecomunicaciones han unificado a esta industrial que exige un plan bien estructurado para colaborar con las autoridades, previa orden judicial, sin que ello ponga en peligro el rumbo de sus negocios, pero sobre todo la vida de sus empleados.

Volviendo a los autotransportistas, los dueños de compañías de este rubro argumentan que las autoridades podrían tomar en cuenta la experiencia que dejó la negativa del gobierno estadounidense y de organizaciones sindicales como los Teamsters, para que unidades mexicanas ingresaran a ese país.

Esa medida proteccionista obligó a que los camioneros mexicanos cumplieran con una exigente serie de medidas, entre ellas la de que sus operaciones estuvieran libres de la sombra del narcotráfico. Entonces –se preguntan los empresarios – ¿por qué en México no es posible una certificación de este tipo? Se aplicaría y sería efectivo sólo para aquellas compañías establecidas, cuyos conductores se contratan por nómina, registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero sobre todo que realizan periódicamente pruebas de antidumping a su personal.

El asesinato del expresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Manuel Gómez García, quien aún se mantenía como presidente de la Canacar en Reynosa, Tamaulipas, exhibe el clima de violencia y la presión a la que están sujetos los transportistas del país y que podría justificar la desesperación de las autoridades por obstruir las rutas de los narcotraficantes.

Todo ello, sin embargo, sería insuficiente si el gobierno federal se contenta con ejercer presión en el territorio nacional y no exigen al gobierno de Estados Unidos que ofrezca los mismos resultados en su lucha contra las adicciones. Pero éste, seguramente, será un tema que el presidente Felipe Calderón no se atreverá a tocar en la gira por Estados Unidos que realiza en estos días, para no molestar a su homólogo George Bush porque es un tema que confronta a las conciencias estadounidenses.

El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce en su Plan Estratégico Contra el Narcotráfico 2007-2012 que los estadounidenses gastan anualmente más de 65 mil millones de dólares en drogas ilícitas. Sin embargo, la actuación de las autoridades resulta desesperanzadora. A pesar de que se trata, junto con el terrorismo, de uno de los grandes males que aquejan a esa sociedad, sólo una de cada 10 personas que el sistema judicial de Estados Unidos envía a las cárceles está relacionada con delitos contra la salud.

En cambio, el documento que sintetiza las buenas intenciones del gobierno de Estados Unidos revela que el énfasis de la DEA en América Latina será el desmantelamiento de las redes delictivas que venden, distribuyen y producen metanfetaminas.