Se cumplió la profecía que anunciaba, una vez más, el apoyo irrestricto del gobierno federal a la banca extranjera sin que se beneficiara a los contribuyentes ni a las miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que necesitan créditos para crecer.

Ahora que la crisis de financiamientos hipotecarios con alto nivel de riesgo en Estados Unidos sorprende a la banca internacional, instituciones como Banamex, Bancomer, HSBC o Scotiabank tendrán un pretexto más para no otorgar crédito al sector productivo y seguir incrementando sus ganancias en el mercado de tarjetas.

Y aunque el presidente Felipe Calderón asegura que el crédito bancario se convertirá en un motor para la economía nacional, es casi un hecho que la banca repetirá el patrón de negocios que ha seguido hasta ahora, sobre todo en un año en el que busca mejorar sus indicadores de riesgos. En otras palabras, como ha perdido en otros mercados buscará dar financiamiento en los mercados en donde obtiene grandes ganancias y menores riesgos.

Sin embargo, en México este modelo de negocios debe estar sujeto al menos a un escrutinio moral. La banca extranjera no sólo puede estar aquí para hacer negocios después de que se ha visto beneficiada por programas de rescate de activos y ahora por esquemas de exención de impuestos. El hecho de que la información sobre este fideicomiso se encuentre reservada por 12 años, de acuerdo con solicitudes hechas a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, no debe sorprender aunque sí debería ser materia de preocupación de los legisladores.

En marzo de 2005, en esta columna se describió a detalle el llamado Fondo de Terminalización que inició en enero de ese año con una vigencia de tres. El objetivo era incrementar la penetración de la banca en la economía y con ello mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Por eso, la Secretaría de Hacienda encontró un buen pretexto para condonar impuestos a los bancos que invertirían en las terminales punto de venta a instalarse en al menos 300 mil negocios, sobre todo pequeños y medianos, que no tenían acceso a este tipo de tecnología. La banca, se dijo, “subsidiaria” a estas empresas a cambio de que incrementaran su relación con la banca, iniciaran la formalización de sus finanzas, estados de cuenta y, por supuesto, situación fiscal. Se trataba de un negocio redondo para la banca que incrementaría su flujo de operaciones y para la Secretaría de Hacienda que aumentaría la recaudación en sectores como el restaurantero, en donde las autoridades tributarias presumían un alto nivel de evasión.

Hace tres años advertimos que el manejo del Fondo de Terminalización a través de un fideicomiso privado complicaría la rendición de cuentas. Sin embargo, algunos datos confirman que la banca es el único jugador que resultó ganador en esta apuesta a cargo de los contribuyentes. Fue un decreto firmado por el expresidente Vicente Fox, a instancias del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el que tendió el escenario supuestamente “legal” para que la banca ampliara su cobertura, su flujo de operaciones e hiciera deducible un monto significativo de impuestos.

En fin, transcurrieron los tres años y las cuentas alegres favorecen a la banca. El nombre popular que se dio a ese acuerdo firmado entre la Asociación de Bancos de México y la SHCP fue Boletazo, el programa que estuvo a cargo de Roberto Isaac, uno de los hombres de confianza de Carlos Slim en el Grupo Financiero Inbursa.

En 2005 se estimó que durante el primer año del esquema el beneficio fiscal ascendería a mil 500 millones de pesos. Este monto era precisamente el mismo que se había calculado para instalar al menos 250 mil terminales punto de venta, la tecnología que necesita la banca para aumentar el flujo de operaciones en línea a través de tarjetas de débito.

El seguimiento sobre este asunto, que debería ocupar la atención de los legisladores en su nuevo periodo de actividades en el Congreso, se presenta en la más reciente edición de la revista Fortuna, en donde una investigación de la reportera Nancy Flores revela que el gobierno de Vicente Fox permitió que a 15 bancos comerciales se les condonara más de 4 mil 275 millones de pesos. El esquema también incluyó la deducibilidad de impuestos sobre la inversión realizada en espacios publicitarios así como en promociones.

Sólo en el primer año del programa Boletazo, Televisa se benefició de esta derrama de recursos debido a que el todavía secretario de Hacienda se enfrentaba con Televisión Azteca.

En sus tres años de vigencia, el programa “Estímulos fiscales para el uso de medios de pago electrónicos en empresas que no cuenten con estos dispositivos” eximió a la banca privada de pagos impositivos por 3 mil 100 millones de pesos, más 1 mil 175 millones por incentivos adicionales a este proyecto.

El millonario monto afectó los impuestos al activo, sobre la renta y al valor agregado (IVA), así como las retenciones respectivas efectuadas a terceros, que los bancos Afirme, American Express, Azteca, Banamex, BBVA Bancomer, Banorte, Bansi, Banregio, del Bajío, Inbursa, HSBC, Mifel, Ixe, Santander y Scotiabank dejaron de enterar a las arcas públicas.

Aunque Vicente Fox creó el programa, en el primer ejercicio de la administración de Felipe Calderón los incentivos ascendieron a 575 millones de pesos; mientras que en 2005 sumaron 2 mil 400 millones y en el año electoral de 2006, 1 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con el decreto presidencial y los informes del Presupuesto de gastos fiscales para esos ejercicios, elaborados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las 15 entidades financieras que participan en este proyecto obtuvieron un “estímulo fiscal (adicional) por las inversiones efectuadas para instalar y modernizar las terminales punto de venta, para procesar pagos a través de medios electrónicos en otras empresas”

Para omitir sus contribuciones, los bancos se comprometieron a hacer una inversión de sólo 3 mil 100 millones de pesos, destinada a instalar sin costo alguno terminales punto de venta –para procesar pagos a través de medios electrónicos: tarjetas de débito, crédito y monedero– en pequeñas y medianas empresas (Pymes) que hasta antes del 14 de noviembre de 2004, fecha en que se publicó el decreto presidencial, no contaban con éstas.

Para ello, las instituciones bancarias también debieron signar un contrato fiduciario de carácter privado, para administrar las inversiones y solventar los gastos. En junio de 2005 los 15 bancos constituyeron el Fideicomiso para Extender a la Sociedad los Beneficios del Acceso a la Infraestructura de los Medios de Pago Electrónicos (Fimpe), dice su Informe Anual. Al frente de éste, del que depende el programa Boletazo, los banqueros colocaron a Roberto Isaac Rodríguez.

Los retrasos provocaron que en ese mismo mes, el día 22, el titular del SAT, José María Zubiría Maqueo, publicara en el Diario Oficial nuevas reglas para acceder a los millonarios beneficios fiscales. Así, se extendió la vigencia de los tres años establecidos por Vicente Fox y el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a cinco.

De acuerdo con el artículo tercero del decreto presidencial y sus reglas, el nuevo plazo se aplica a todas las inversiones relacionadas con el fideicomiso, que generan estímulos adicionales “por un monto equivalente al ciento por ciento de la aportación de cada fideicomitente (banco) al referido fideicomiso”

Entre las inversiones beneficiadas de manera adicional destaca la propia compra de las terminales punto de venta, equipo y programas que requieren, así como las adquisiciones de software y hardware para la actualización y estandarización tecnológica, según dio a conocer el SAT el 25 de marzo de 2005, en el Diario Oficial de la Federación.

En el punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que intensifique la supervisión de la política crediticia de la banca –turnado para su análisis a la Comisión de Hacienda del Senado el 13 de diciembre pasado– el senador priista Raúl Mejía González confirma que el gobierno federal ha canalizado más de 4 mil 200 millones de pesos al Fimpe.

El legislador señala que en el comité técnico del fideicomiso privado participan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT, “dependencias que han buscado incrementar la bancarización a través de la puesta en marcha de 300 mil terminales punto de venta, adicionales a las 20 mil que existían en 2005. Este objetivo ha ido acompañado del programa Boletazo, con el pretexto de generar una nueva cultura en el uso de tarjetas bancarias”.

Con la iniciativa presidencial de Vicente Fox, los bancos crearon un redituable mercado: contrario a las exenciones otorgadas por el gobierno federal, las entidades financieras sí cobran comisiones y aplican impuestos a las empresas y comercios, además de imponer como criterio que las únicas Pymes con derecho a la terminal punto de venta sin costo son las que facturan menos de 40 mil pesos al año a través de tarjetas.
Cada una de las 400 mil empresas y comercios que han obtenido una terminal de manera gratuita paga al Fimpe una cuota mensual de 90 pesos –que desde el 1 de febrero próximo aumentará a 124 pesos– más IVA, indica la página en internet de Boletazo. Las ganancias del fideicomiso por este concepto ascienden a 36 millones de pesos al mes, es decir, 432 millones anuales

Además, para acceder a los favores del programa Fimpe-Boletazo, las Pymes deben tener o abrir una cuenta bancaria, “para que ahí les sea depositado el importe de sus ventas con tarjeta”. Por cada transacción efectuada, los bancos pueden aplicarles un cargo automático, también nombrado comisión, del 1, 2 o hasta 5 por ciento sobre el valor de la venta.

De acuerdo con la información de Fimpe-Boletazo, los pagos con tarjeta American Express son las únicas operaciones en las que se impone una comisión extra del 2.9 por ciento por transacción.

Recursos públicos

El apoyo de la administración federal a los banqueros fue más allá: la Secretaría de Hacienda y el SAT contrataron espacios publicitarios en medios electrónicos y urbanos para promocionar el programa Boletazo. Además, adquirieron los automóviles que fueron sorteados por los bancos, para supuestamente incentivar los pagos con tarjetas de crédito y débito.

El 22 de noviembre de 2005, Reforma dio a conocer que los automóviles sorteados en el programa Boletazo y las inversiones millonarias en publicidad en medios electrónicos y estadios de futbol eran sufragados con recursos públicos, sin especificar este último capítulo. Según el diario, el esquema de promoción creado entre la Secretaría de Hacienda y la banca costó, entre 2003 y 2005, 367 millones de pesos.

De acuerdo con lo documentado por el reportero Armando Talamantes, el SAT gastó 52 millones de pesos para comprar 400 autos Neón, rifados en el programa Vas o no vas con Boletazo. No obstante, información obtenida por Fortuna revela que la adquisición ascendió a 600 unidades por las que se pagaron 89 millones 400 mil pesos.

Según Reforma, en 2004 el SAT erogó más de 84 millones de pesos en publicidad. Tan sólo a Televisa le pagó 37.2 millones de pesos y a TV Azteca, 19.9 millones de pesos.