Apoyado en las fuerzas armadas, el presidente Felipe Calderón sigue necio en decir que el gobierno federal puede ganar la batalla al crimen organizado y al narcotráfico, delito que en ningún lugar del mundo se ha erradicado y en los países más avanzados han optado por regular su consumo, con lo cual se ha disminuido la violencia que genera su producción, transportación y venta. Pero en el caso mexicano es distinto, pues al compartir una enorme frontera con el país más poderoso, obliga a nuestros funcionarios federales y cuerpos policiales a seguir una política dictada desde Washington para que sea en nuestro territorio en donde se dé una lucha encarnizada entre bandas por el control del tráfico de drogas y de esta manera Estados Unidos obtiene los mayores beneficios: la droga siempre llega hasta su territorio, la mayoría de su población la consume sin problema alguno, su joven población anda adormilada y olvida las protestas, genera un importante mercado con jugosas ganancias de dinero, la economía estadounidense se beneficia como principal centro de lavado de dinero del mundo, la violencia y los muertos ocurren del lado mexicano y los estadounidenses quedan a salvo, en paz y contentos porque jamás dejarán de consumir drogas.

Narcotráfico y crimen organizado

La semana pasada vimos con terror y preocupación cómo se desarrollaba en la ciudad de Tijuana, la tierra que vio nacer a la peligrosa y temida banda de los hermanos Arellano Félix, un enfrentamiento entre sicarios, militares y policías (sin precisar quiénes son los buenos), que obligó a acordonar una amplia zona de esa región y que en medio del tiroteo quedó atrapada la población civil. Más angustiante fue cuando vimos las imágenes de soldados cargando a niños de preescolar para alejarlos del peligro y salvarles la vida. Qué pensarán esos pequeños al escuchar y vivir en carne propia los disparos de metralletas que retumbaban en sus oídos, seguramente su vida no será la misma y tendrán que aprender a vivir con miedo, mientras que nuestro presidente, desde la comodidad de la residencia oficial de Los Pinos, sigue recibiendo instrucciones desde Washington para contener en territorio mexicano la batalla que libran cárteles de la droga para abastecer el producto a los estadounidenses.

Ese incremento de la violencia en todo el país, con ajusticiamientos entre bandas del narcotráfico y homicidios de jefes y agentes policiales, además de secuestros, ajustes de cuentas y amenazas en contra de funcionarios de los tres niveles de gobierno, incluido el propio Felipe Calderón, quien según él mismo ha dicho en entrevistas periodísticas ha sido sujeto de amenazas de muerte por el crimen organizado, hace reflexionar si México, como dicen sus funcionarios, va ganando la lucha contra el narcotráfico o simplemente los mexicanos son carne de cañón puesta por Estados Unidos para que sea en nuestro territorio en donde se diriman las disputas entre las bandas internacionales de la droga.

Con apoyo de los órganos de inteligencia policial de Estados Unidos, llámense DEA, CIA, FBI, Aduanas o Departamento del Tesoro, las autoridades mexicanas se afanan y se ufana del combate a las bandas del narcotráfico y a la destrucción de cargamentos de drogas ilícitas provenientes de Centro y Sudamérica. También presumen, todos los días, la detención de narcotraficantes a los que dan el cargo de jefes de las bandas, sin embargo la violencia, los asesinatos, los secuestros y el tránsito de drogas por nuestro país van en aumento, sin contar que nada se hace en contra del blanqueo de capitales producto del tráfico ilícito, el cual sirve para financiar muchas más actividades ilegales.

Las ejecuciones de los últimos días en donde aparecen cuerpos sin cabeza y los enfrentamientos de grupos delincuenciales muy bien armados en contra de efectivos militares y judiciales, hacen parecer que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se está perdiendo, más allá de las declaraciones oficiosas del gobierno, lo cual hace recordar irremediablemente a la Colombia de las décadas de los 70 y 80, cuando ese país era tierra de nadie y nadie estaba a salvo.

Parece que ha llegado la hora de que el Congreso mexicano revise la legislación en la materia y decida, de una vez por todas, regularizar la producción, la transportación y el consumo de drogas llamadas hasta ahora ilícitas.

Como un espejo

Casi como un espejo, lo que sucede ahora en territorio nacional ocurrió hace 30 años en Colombia, en donde dos grandes cárteles, el de Medellín que comandaba Pablo Escobar Gaviria y el de Cali los hermanos Rodríguez Orihuela, se disputaban el control y el mercado de la droga mundial, lo que había convertido al territorio colombiano en una zona de terror y su población, que todos los días vivía en medio del crimen, empezó a sufrir una discriminación mundial que hasta ahora sigue padeciendo.

Igual pasa con México. El crimen organizado se ha apoderado de las calles y pueblos o ciudades enteras trabajan para él, porque de allí obtienen los recursos para sobrevivir. Los métodos y las formas de operación de las bandas han sido modificados para impedir su extinción. Ahora trabajan en pequeñas células de tres o cuatro integrantes que controlan regiones de manera autónoma y que si son capturados desconocen los movimientos de la poderosa estructura, lo que hace imposible a las autoridades saber quiénes son, en dónde y desde qué zonas controlan su producción y comercio. Esto en el mejor de los casos, porque en el peor son los mismos cuerpos policiales, sus jefes, quienes dan protección a los cárteles porque ya son parte de ellos, algunos sobornados y otros han sido infiltrados hasta llegar a mandos superiores para desde allí controlar las operaciones del narcotráfico.

Poco se sabe o al menos no se dice, si el narcotráfico ha penetrado la estructura política del país y hasta qué nivel ha llegado, igual como sucedió en Colombia en donde los cárteles financiaban hasta las campañas presidenciales, pero lo que sí es cierto es que sólo hay voluntad para perseguir a sicarios y a los burros encargados de la transportación de drogas, cuando la esencia del negocio está en el dinero, el cual permite la operación de toda la estructura, así que en donde el gobierno de Felipe Calderón debería atacar es a los responsables de lavar el dinero producto del tráfico de drogas y el único centro de lavado capaz de mezclar dinero sucio con dinero limpio sin dejar huella son los bancos.

Es allí en el sector financiero, entre los barones del dinero y a quienes el gobierno federal nunca quiere molestar, en donde debería darse la batalla, porque por cada peso que se decomisara al narcotráfico es una porción menos de droga que circula. Pero en realidad eso a nadie interesa, por un lado vivimos una simulación verbal de que se combate al crimen organizado y por otra eso permite desviar cuantiosos recursos públicos para esa supuesta lucha contra las drogas, dinero que nadie sabe bien a bien a dónde va a parar porque es una cuestión de seguridad nacional.

Sin ser información veraz, se dan cifras de cuánto dinero mueve el narcotráfico en el mundo. Que si en México se lavan alrededor de 30 mil millones de dólares anuales y en Estados Unidos más de 100 mil millones, quién sabe, lo que si es cierto que en un mundo empobrecido y en países como México y Colombia en donde la miseria va acompañada de la muerte por hambre siempre habrá personas dispuestas a hacer lo que sea para sobrevivir, lo único malo es que siempre son las mismas familias las que sufren, las que tienen menos recursos y las que ponen los muertos.

Exigencias para el Plan Mérida

En la lucha contra el narcotráfico, la corrupción que afecta a las estructuras del gobierno mexicano se ha convertido, según expertos de la DEA, en el gran flagelo que debilita el avance contra los cárteles de la droga que han desarrollado hasta franquicias para extender su control. Por ello, uno de los principales objetivos del gobierno estadounidense, de acuerdo con la embajada de EU en el país, es contribuir al combate de crímenes transnacionales, particularmente el tráfico de drogas.

Pero antes de aprobar nuevos recursos en contra del narcotráfico en México, el gobierno de EU busca mayores privilegios sobre territorio mexicano. La estrategia de George Bush antes de dejar el gobierno consiste en concentrar las líneas de acción en la aprehensión y extradición de narcotraficantes mexicanos; la ubicación y contabilidad de activos vinculados con el lavado de dinero, así como la intercepción de producción y transportes de drogas ilícitas.

Las extradiciones de 2000 a 2006 pasaron de 12 a 63 y en 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón, cerraron en 68. En 2002, la llamada Fuerza de Aduanas e Inmigración (ICE) y la DEA apoyaron a las autoridades mexicanas para la operación de una unidad que depende de la AFI para realizar investigaciones vinculadas con lavado de dinero, y en el que participaron más de 40 investigadores. Esta unidad opera de  hecho con fondos de la Sección de Asuntos sobre Narcóticos, aunque hasta la fecha no ha servido para nada.

ICE ha desarrollado varias iniciativas para incrementar el número de operaciones de incautación de droga que se transporta desde México en vuelos comerciales hacia otros países de América Latina. Entre 2002 y 2006, la colaboración entre ICE y las autoridades mexicanas especializadas en lavado de dinero representó el decomiso de 56 millones de dólares. Estos recursos se detectaron, principalmente, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

El gobierno de EU asegura haber aportado recursos por más de 876 mil dólares para la operación de la nueva unidad para detectar el lavado de dinero. La cooperación con el gobierno estadounidense se amplió de manera especial desde el gobierno de Vicente Fox. La Unidad de Inteligencia Financiera inició la integración de expedientes a partir de la información que da a conocer el gobierno de EU a través del Departamento del Tesoro. La Procuraduría ya se encuentra involucrada con estas investigaciones para tomar acciones penales.

La DEA también ha jugado un papel relevante en este tipo de operaciones. Entre marzo y abril de 2007, funcionarios de este organismo condujeron el fortalecimiento del entrenamiento financiero para la reciente formada unidad contra crímenes financieros. En marzo de 2007, los esfuerzos de las DEA en una investigación en torno a las violaciones sobre el control de productos químicos resultó en la incautación de 207 millones de dólares en una residencia de la ciudad de México. Se trata, por supuesto, del caso del empresario chino que utilizó un negocio supuestamente ilícito de fármacos para abastecer a los cárteles de la droga. La corrupción de muchas entidades del gobierno mexicano quedó confirmada y nada se hace.

En otras investigaciones, la DEA ha apoyado al gobierno mexicano para concretar el aseguramiento de activos por al menos 30 millones de dólares en activos. Aún más, el gobierno de EU no sólo ha dictado línea en los grandes parámetros de la esperada reforma judicial al asesorar a 14 gobiernos estatales en los proyectos de cambios normativos, también impulsó la reforma a las leyes y reglamentos generales de salud para evitar que se sigan importando precursores químicos para la fabricación de metanfetaminas. Este proyecto tuvo origen en 2004, después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) concluyó en un estudio que las importaciones de pseudoefedrina no correspondían al consumo formal de este insumo para la industria farmacéutica.

En 2006, las importaciones de pseudoefredina llegaron a 70 toneladas métricas; en octubre de 2007, se han reducido a 12 toneladas. Pero a pesar de la cooperación que han alcanzado los gobiernos de EU y México, en Washington aún esperan la aprobación de un acuerdo de cooperación bilateral en materia marítima que permita a los agentes estadounidenses ampliar la búsqueda y vigilancia sobre narcotraficantes en aguas mexicanas.  El gobierno estadounidense busca reducir los retrasos durante las investigaciones y persecuciones al actuar directamente sin esperar la notificación de las autoridades mexicanas.

Otro de los aspectos que deplora el gobierno estadounidense es la escasa cooperación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Las operaciones del Ejército mexicano para detectar e interrumpir operaciones de narcotráfico en Acapulco, Nuevo Laredo y Tijuana han estado al margen de las autoridades estadounidenses.

La cooperación, como se lee en los reportes del gobierno estadounidense, tiene sus límites. La llamada Operación Halcón para detectar aviones con cargamentos de drogas ilícitas representó hasta finales de 2006 una de las operaciones más exitosas para el gobierno estadounidense. Las unidades de vuelo fueron aportadas por las autoridades de ese país así como los pilotos capacitados en operaciones de persecución. El gobierno de EU deplora, sin embargo, que cuando se buscó oficializar la Operación Halcón para poner a salvo a los pilotos estadounidenses de cualquier responsabilidad, en caso de algún accidente, el gobierno mexicano decidió suspender el programa.

Gracias a la Operación Halcón se logró que entre el 15 y 25 por ciento de los 294 vuelos inspeccionados resultaran en detección e incautación de droga. Así que en junio próximo, cuando se espera por parte del gobierno estadounidense la aprobación de los recursos para poner en marcha el Plan Mérida,  México tendría que haber cedido en muchos de las exigencias de la DEA y otras entidades que podrían vulnerar la soberanía nacional. Será también en junio cuando un grupo de legisladores estadounidenses observe el buen comportamiento de México para liberar los recursos prometidos a Calderón.