Un domingo estando herrando/Se encontraron dos mancebos/haciendo mano a sus fierros/Como queriendo pelear/ Cuando se estaban peleando/Pues llego el padre de cada uno. Hijo de mi corazón/Ya no pelees/Con ninguno/Quítese de aquí mi padre/Que estoy más bravo que un león/No valla a sacar la espada/Y le traspase el corazón

Así comienza la letra del corrido favorito del presidente Felipe Calderón: “El hijo desobediente”, y le gusta tanto que también es el título del libro que contiene las memorias del hasta entonces candidato del PAN a la Presidencia de la República. Con esto, el presidente Calderón quiso hacer del popular corrido un himno en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que inició al asumir el Poder Ejecutivo y para lo cual echó mano de todas las fuerzas armadas del país, en un intento, hasta ahora fallido, por legitimarse.
–Hijo de mi corazón/Por lo que acabas de hablar/Antes de que raye el sol/La vida te han de quitar
Con el Ejército Mexicano al frente, el presidente Calderón ha dado algunas evidencias de haber iniciado una guerra contra el crimen organizado que domina el mapa del narcotráfico en el país.
Sin embargo, a un año de que la declaratoria de guerra contra el narcotráfico se hizo presente, las cifras sobre el tráfico de estupefacientes entre México y Estados Unidos revelan que el parte militar aún favorece a las organizaciones delictivas.
Como preámbulo al anuncio del llamado “Plan Mérida”, el reporte que dio a conocer el máximo órgano fiscalizador del Congreso de Estados Unidos, General Accounting Office (GAO), estima que el monto promedio de cargamentos de cocaína que ingresa a Estados Unidos proveniente de México suma más de 36 toneladas métricas; el monto de heroína y mariguana asciende a 19 toneladas y 9 mil 400 toneladas, respectivamente.
Mientras tanto, el aseguramiento de heroína no suma ni siquiera una tonelada; de mariguana las autoridades apenas han logrado descubrir y destruir 2 mil 900 toneladas métricas por año. En la incautación de metafetamina las cifras no son mejores: en México la manufactura de este químico pasó de 500 kilogramos en 2000 a niveles histórico de 2 mil 800 kilogramos en 2005 y a más de 2 mil 700 kilogramos en 2006.
En el reporte liberado en agosto pasado y presentando con nuevos comentarios al Congreso de Estados Unidos el 25 de octubre pasado, funcionarios fronterizos del gobierno estadounidense reportan un dramático incremento en el abastecimiento de metanfetaminas. Al parecer el aparatoso “golpe” contra la organización del pseudo empresario Zhenli Ye Gon no hizo mella en los canales instituidos por las bandas dedicadas al tráfico de esta droga. Es más, en México se cree que el chino fue entregado por el mismo crimen organizado para saldar deudas con el nuevo gobierno, distraer la atención y hacer parecer que las autoridades hacen su trabajo.
En cuanto a la corrupción en las estructuras oficiales –espetó la GAO al gobierno mexicano en un amplio informe– es considerada por Estados Unidos como la causa de que no se detenga el ingreso de estupefacientes a Estados Unidos, y de que la curva de producción y comercio siga en ascenso. Aún más, aseguran los investigadores de la GAO que las organizaciones de narcotraficantes operan con relativa impunidad entre la frontera de México y Estados Unidos; además han expandido su área de influencia de negocios ilícitos en otras regiones en el centro del país vecino.
Dicen los auditores del gobierno estadounidense que desde 2000 la asistencia económica (más de 397 millones de dólares) a México ha contribuido a incrementar la capacidad para combatir la producción y tráfico de estupefacientes. Estados Unidos se atribuye en gran parte el incremento de extradiciones: “Hemos capacitado al personal”, dice sin empacho. Las extradiciones suman 68 procesos en contra de narcotraficantes.
Pero para EU no es suficiente. La cooperación se tiene que incrementar, asegura. No se cuenta con autorización para que personal de EU sobrevuele el territorio mexicano o recorra las costas mexicanas. Por eso, refiere, ha fallado el programa de helicópteros (de la era de Vietnam) entregados a las fuerzas policiales mexicanas; ha resultado costoso el mantenimiento y poco efectivo. Sólo se han entregado 12 de 28 unidades que se tenían previstas. El Plan Mérida ha sido la respuesta y sin información precisa que informe sobre los alcances de este nuevo acuerdo para la soberanía del país, el gobierno de Calderón amplia la cooperación con EU.
El testimonio de Jess T. Ford, director de Asuntos Comerciales e Internacionales de la GAO ante el Subcomité de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes, asegura que el reporte sobre los resultados de la guerra contra el narcotráfico desde 2000, fue resultado, entre otras actividades, de una visita a México y de reuniones con funcionarios mexicanos, a quienes ha sido encomendada la operación de los programas de colaboración de México y EU para combatir el narcotráfico. El análisis de la GAO incluye las acciones dirigidas por el gobierno de Felipe Calderón, pues se realizó entre mayo de 2006 y julio de 2007.
Para EU las conclusiones son contundentes. La disponibilidad de cocaína para que millones de estadounidenses sigan drogándose es culpa de México. De acuerdo con el Reporte Interagencias sobre el Movimiento de Cocaína (IACM, por sus siglas en inglés), México aportó en 2000 el 66 por ciento de la cocaína que se consumió en EU; el 77 por ciento que se consumió en 2003 y el 90 por ciento en 2006. Entre 2000 y 2002, la cocaína que llegó a México aumentó 23 por ciento –de 220 a 270 toneladas métricas–. En 2003 cayó cerca de 60 toneladas métricas. El reporte de las agencias antinarcóticos no ofrece información sobre los puntos de ingreso ni sobre la corresponsabilidad de las autoridades estadounidenses del otro lado de la frontera.
A pesar de la constitución y operación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada por un decreto del Ejecutivo en 2001, la corrupción –dice la GAO– permanece como un factor que complica los esfuerzos contra el crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico. De hecho, funcionarios estadounidenses reportaron que algunas regiones con alta exposición a estos problemas no tienen contrapartes mexicanas para acelerar el combate. Los miembros de la AFI sólo representan la tercera parte de los 24 mil agentes federales destinados a la lucha contra el narcotráfico. La mayoría –17 mil agentes– pertenece a la Policía Federal Preventiva, personal que no está sujeto al mismo nivel de requerimientos y capacitación que exige la AFI.

La impunidad transfronteriza
La GAO asegura que las bandas de narcotraficantes mexicanos ya extendieron su influencia a Estados Unidos. La “federación”, como llama la GAO a la organización delictiva que opera en Sinaloa, es una alianza entre traficantes que ya extendió su influencia geográfica.
El cartel de Tijuana, organización de los Arellano Félix, registra una creciente influencia en las fuerzas policiales locales de Baja California. La misma situación se presenta con el cartel de Juárez en el estado de Chihuahua. El cartel del Golfo, en tanto, ha infiltrado a algunas autoridades de Tamaulipas, incluyendo la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, considerado el principal punto de tránsito hacia EU. El cartel del Golfo, reconoce la GAO, utiliza a grupos armados y sicarios conocidos como los Zeta.
Ahora, a diferencia de lo que sucedió en las décadas de los ochenta y noventa, las organizaciones mexicanas han tomado el control del transporte desde Colombia y ampliado su presencia a EU para evitar intermediarios. Ahora se mueven en la región del río Mississipi, que hasta hace unos años era dominado por organizaciones colombianas
En EU los narcotraficantes mexicanos no han estructurado células como lo hacen en México, pero cuentan con “administradores regionales” a través de las regiones de influencia y que dependen de mexicanos armados para la distribución de drogas ilícitas. Por ello, su nivel de sofisticación y violencia ha aumentado. Sus métodos para evitar la detección por parte de la marina estadounidense han mejorado al tomar ventaja gracias a los avances en materia de telefonía celular y comunicaciones satelitales, lo que les ha permitido cambiar rutas casi de manera inmediata. La construcción de túneles en la frontera de México y EU también ha aumentado de manera significativa. Entre 2000 y 2005, las autoridades fronterizas de EU encontraron más de 45 túneles, cada vez más largos y profundos.
Así, las muertes asociadas con el narcotráfico suman más de mil 100 hasta junio de 2007. Además, el gobierno de EU asegura estar documentando un número cada vez mayor de casos de funcionarios mexicanos corrompidos por el poder y dinero del narcotráfico. También señala el asesinato de funcionarios designados para luchar contra el avance de organizaciones criminales, así como el de periodistas que investigan este flagelo. México ya se ubica, sólo después de Irak, como el país más peligroso para los informadores.
Por ello, la GAO considera de gran importancia la reforma al sistema judicial mexicano. “Actualmente, el sistema de procedimientos judiciales y criminales en México se basa en un modelo napoleónico inquisitorial con jueces que actúan de manera independiente, utilizando evidencias escritas por los defensores y acusadores. Este sistema se encuentra sujeto a grandes problemas de corrupción y a poderosos intereses, particularmente de las organizaciones criminales.
Reforma Judicial, made in EU
La reforma judicial en México, asegura la GAO, se ha promovido desde EU: “Se han apoyado iniciativas para introducir verdaderos juicios a través de presentaciones de pruebas, disertaciones orales, así como la investigación pericial y argumentos de la defensa antes de juzgar un caso y emitir sentencia. Al estar sujetos al escrutinio público, los procesos judiciales disminuyen su vulnerabilidad a la corrupción. Por ello el gobierno de EU ha aportado asistencia técnica a los 14 estados mexicanos en los que se pondrán en marcha los juicios orales.
Las autoridades de EU también han participado e impulsado las reformas vinculadas con la detección de precursores químicos que se utilizan en la producción de metanfetaminas.
Como sucede con la presencia de embarcaciones estadounidense en las costas mexicanas –que se presenta sin acuerdos formales de cooperación–, la asesoría para la reforma judicial busca, como se observa ya, equiparar el sistema judicial mexicano con el estadounidense, pero el problema son los recursos. Sobre este punto, por supuesto, no se ocupan los auditores de la GAO.
“La armada de México –reporta la GAO– ha permitido a los funcionarios estadounidenses (de la Guardia Costera) participar en actividades de búsqueda en las zonas portuarias y análisis posteriores a las incautaciones”.

Sin embargo, asegura que trabajar de esta forma, sin acuerdos formales, genera retrasos y pérdida de evidencias. En pocas palabras, para los estadounidenses la soberanía territorial y de costas estorba.
Las preguntas hacia Estados Unidos son: ¿Qué hacen en su territorio para reducir el nivel de consumo? ¿Qué hacen para frenar a las bandas criminales enquistadas en sus estructuras sociales, financieras y empresariales? De eso, por supuesto, no se habla nada en el reporte de la GAO ante el Congreso estadounidense.

La SCJN: involuntariamente popular
Enfundados en sus togas, como si nada los pudiera tocar, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desprecian a la prensa que los ha criticado por su resolución en el caso Marín–Cacho. En cambio, invitan y se reúnen con la oligarquía periodística, con dueños de medios que no les resultan incómodos. Su sonrisa ante las cámaras de fotógrafos no tiene razón de ser. Un gesto adusto debería cubrir sus rostros: están aplicando la ley, no la justicia. Es cierto, entonces que no busquen el reconocimiento social ante cualquier decisión que tome su pleno. El Semanario, una publicación especializada en Negocios y Finanzas, asumió el desafío de nombrar El Personaje del Año 2007, y la decisión recayó en los ministros de la Corte. Por lo que se lee en ese atrabajo periodístico, no se trata de un premio o un reconocimiento, por el contrario, El Semanario destaca cómo en 2007 los ministros de la Corte demostraron “de qué estaban hechos” con la Ley de Medios, pero también de qué están hechos sus intereses políticos con el caso de la periodista Lydia Cacho. Este año, así lo establece El Semanario, quedará marcado como el periodo en el que los ministros se autojuzgaron –al pedir que se les evaluara por separado–, pero también su temor mostrado ante su propio fallo.