La semana pasada comentamos algunos de los conflictos de interés en los que incurre Francisco Gil Díaz al asesorar y dirigir empresas privadas que fueron beneficiadas cuando él se desempeñó como secretario de Hacienda (circunstancia que volveremos a abordar en otra columna). Tal vez, como él lo asegura, no haya implicaciones penales, porque el conflicto de intereses más que un problema jurídico es un conflicto ético, moral, y por ello ante la dificultad de la ley para sancionarlo es la sociedad la que lo juzga y contra su veredicto no hay amparo ni razones de abogado que lo impidan, por eso la prensa debe ser puntual en informar de estos casos que parecen no tener sentido pero que van directo al corazón del sistema.
Hoy platicaremos sobre otro expediente igual de delicado que el de Gil Díaz, referente al conflicto que atraviesa el auditor superior de la federación, Arturo González de Aragón, a quien el Congreso le ha confiado la fiscalización de las finanzas públicas y que él ha convertido en un verdadero negocio familiar.
Por una extraña razón, el trabajo de auditoría que durante el sexenio pasado realizó Arturo González de Aragón y su equipo de trabajo sobre la administración de la Presidencia de la República, nunca descubrió irregularidad alguna y bajo el poder de su firma avaló la actuación de Vicente Fox y los gastos con dinero público de Marta Sahagún y sus hijitos los hermanos Bribiesca, como si se hubiera tratado de una especie de alianza entre la Auditoría Superior de la Federación y Los Pinos, representantes de dos poderes distintos, El Legislativo y el Ejecutivo, para impedir que la familia Fox resultara involucrada en casos de corrupción.
Pero una vez concluido el sexenio foxista, ahora nos enteramos por una investigación de nuestra compañera reportera Erika Ramírez, que las razones del auditor para avalar las cuentas sobre la gestión de Vicente Fox se cruzan con otros intereses económicos de un despacho privado de contadores públicos denominado González de Aragón y Asociados, el cual fue fundado por el mismo Arturo González de Aragón y que actualmente es propiedad de sus tres hijos, a quienes la Presidencia de la República en la época foxista les dio jugosos contratos para auditar externamente las cuentas de Los Pinos, y que después su padre Arturo avalara los informes que sus hijos habían elaborado y todos resultaran felices y contentos.
Pero parece que este caso de evidente conflicto de intereses no se va a quedar así, y aunque la justicia a veces llega tarde pero a veces llega. En los próximos días, un Tribunal Colegiado determinará si procede el amparo que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, interpuso contra la Cámara de Diputados, la cual lo acusa como probable responsable de incurrir en el delito de conflicto de intereses.
En la administración de Vicente Fox, el despacho de contadores públicos González de Aragón y Asociados, fundado por el auditor superior y ahora operado por sus hijos, auditó a la Presidencia de la República, contrato que ha vuelto a renovar el actual gobierno encabezado por Felipe Calderón, sin importar que hay una investigación en su contra por dicho delito y en espera de que también cuando la Auditoría Superior de la Federación revise las cuentas de Los Pinos del gobierno calderonista todo lo encuentre en perfecto orden.
Y es que según consta en el expediente UEC/DECGA/01/2006, en poder de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es “administrativamente responsable” de la acusación en su contra, promovida en la LIX Legislatura por el diputado panista Ángel Pasta Muñuzuri.
En ese expediente se considera que el encargado de vigilar el buen uso del patrimonio público “omitió” informar a la Cámara de Diputados que entre las dependencias inspeccionadas en 2001, 2002 y 2003, había algunas previamente revisadas por el despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, del que el auditor superior fue socio fundador y ahora dirigen sus hijos Gerardo, Javier y Arturo González de Aragón Rodríguez, junto con el contador Juan Rodríguez Flores.
Pero la Presidencia de la República no es la única beneficiada con las “cuentas claras” de ese despacho privado de contadores públicos, también fueron beneficiados con sus inspecciones la desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación (si alguien duda de esto basta escuchar a los seis ministros, incluido su presidente y las dos mujeres ministras, en la resolución sobre el caso de violaciones a la periodista Lydia Cacho), los gobiernos de los estados de Chiapas, Colima, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz; así como secretarías de Estado, federales y estatales, organismos descentralizados, paraestatales y fideicomisos, todos con manejos de recursos públicos y fiscalizados de manera privada y pública por los González de Aragón, lo cual les garantizaba impunidad en el manejo de financiero y administrativo.
Entre las entidades auditadas por el despacho González de Aragón están Petróleos Mexicanos, Suprema Corte, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Comisión Federal de Electricidad y Servicio Postal Mexicano, de acuerdo con la cartera de clientes entre los años 1985-2003.
Curiosamente, durante el mismo periodo 2001-2003, el auditor superior de la Federación no encontró irregularidades que ocasionaran daño al erario en la revisión de las cuentas de la Presidencia de la República. Sin embargo, el órgano legislativo hizo recomendaciones para que se realizara una fiscalización a fondo en esos años, por presumir malos manejos administrativos.
Para el exlegislador Jesús González Schmal –presidente de la Comisión Especial que investigó las irregularidades en negocios de los hijos de Marta Sahún durante la LIX Legislatura–, un ejemplo de que González de Aragón no actuó con transparencia en el gobierno de Vicente Fox es la omisión de las irregularidades en las cuentas de la Lotería Nacional, de donde se transfirieron recursos a la Fundación Vamos México, que preside Marta Sahagún de Fox.
Ahora el presidente de la comisión en la Cámara de Diputados que investiga a los hermanos Bribiesca Sahagún e integrante de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Elías Cárdenas Márquez, coincide con González Schmal y confirma que Arturo González de Aragón enfrenta otra investigación por presuntas irregularidades.
Protección a los Bribiesca Sahagún
Antes de finalizar 2007, dice el diputado Cárdenas Márquez, la Unidad de Evaluación y Control determinará si González de Aragón incurrió en responsabilidad al declarar “no observable” el cheque firmado por Jorge Alberto Bribiesca Sahagún para la compra de un predio conocido como Los Pirules, en Celaya, Guanajuato.
Aunque se trató de una subasta pública, los legisladores descubrieron que el “depósito en garantía” –hecho con el cheque por 1 millón 303 mil 686 pesos de Alberto Bribiesca– se hizo antes del proceso oficial a favor de Construcciones Prácticas, en contravención de las normas. Según Cárdenas Márquez, diputado del Partido Convergencia, el auditor no analizó las causas de fondo en la compra del terreno.
Entrevistado por la reportera Erika Ramírez, Gerardo González de Aragón Rodríguez, socio administrador del la firma González de Aragón y Asociados e hijo del auditor superior de la Federación, le dijo reconocer el proceso en que se encuentra el juicio de amparo interpuesto por su padre.
“Es evidente que no es benéfico para el país que a la persona que escogieron los 500 diputados, ahora le impongan trabas para cumplir con su labor”, defendió el hijo y añadió que “a nosotros obviamente nos pega. El caso es propaganda mala, y yo tengo que enseñar a cada rato las escrituras de donación (que le hizo su padre Arturo González de Aragón) y el cruce de las declaraciones patrimoniales para deslindar a mi padre de aquí”.
Los hechos
El 22 de junio de 2006, la Unidad de Evaluación y Control, encabezada por Roberto Michel Padilla, determinó que el titular de la ASF no cumplió con la “máxima diligencia” de informar por escrito a la Cámara de Diputados que, entre las dependencias objeto de revisión y fiscalización en los “Programas de auditorías vistas e inspecciones 2001, 2002 y 2003, habían sido seleccionadas aquellas que de manera constante y común eran clientes de la firma González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, S.C.”.
La negligencia, indica el documento UEC/DECGA/01/2006, causó “deficiencia” en el servicio encargado por la Cámara de Diputados y no cumplió con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en el artículo 8 ordena al funcionario informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos en los que tenga interés personal o pueda resultar algún beneficio a sus familiares o a terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o a socios o sociedades de las que el servidor público forme o haya formado parte.
En un primer intento, González de Aragón demandó un juicio de amparo ante el juez décimo de distrito para evitar cualquier tipo de sanción, y argumentó que había inconstitucionalidad en el proceso que promovió el Legislativo.
Sin embargo, el 23 de julio pasado, el juez de distrito José Antonio Montoya García resolvió que la petición era improcedente, y negó la protección de la justicia federal al máximo fiscalizador del país, según el expediente 1073/2006.
El abogado González Schmal concuerda con la resolución emitida por el juez, pues “es evidente que hay un conflicto de intereses, aunque González de Aragón pueda argumentar que ya no pertenece a ese despacho, éste lleva su nombre, y en todo caso es un aprovechamiento, un abuso de su cargo para conseguir contratos y de esto no hay duda.
Urgió a la Comisión de Vigilancia a que llame a cuentas y finque responsabilidades de orden penal y administrativo y, “sin lugar a dudas”, solicitarle la renuncia inmediata. Dice que “en ese puesto debe de estar quien tenga capacidad e independencia de ejercerlo por el beneficio de México y no por sus intereses familiares”.
González de Aragón se defiende
El encargado de controlar el erario argumentó ante el juez Montoya García que las denuncias en su contra no proceden, toda vez que él nunca tramitó o resolvió un asunto relacionado con el despacho privado González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos y, por lo tanto, “no tenía la obligación de informar a su superior jerárquico, que incluso no consta en autos en una sola prueba que demuestre lo contrario”.
En su defensa, Arturo González de Aragón añade que es ilegal la consideración de la Unidad de Evaluación y Control, la cual señala que la intervención en la aprobación de los programas de revisión de la Cuenta Pública implicó conflicto de intereses, pues se tenía conocimiento de las entidades que habían sido revisadas por la firma familiar, y el órgano de control de la Comisión de Vigilancia aceptó su aprobación “con total imparcialidad”.
El auditor se deslinda de la firma familiar y afirma que fue socio hasta el 21 de octubre de 2002, para renunciar a su cargo de comité directivo dos meses después y donar las acciones del despacho a sus tres hijos el 30 de diciembre de ese año.
En espera del fallo de la justicia, Arturo González de Aragón puede estar tranquilo, pues ésta podría favorecerle, pero en el fallo de su conciencia debe haber un grave conflicto de interés por las violaciones éticas y morales de su conducta, y si no lo piensa está sociedad para reclamárselo.
