Para salvar el “honor” de la pareja expresidencial y que los hijos de Marta Sahagún evadan la cárcel, el presidente Felipe Calderón ha ordenado a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República apuntar sus baterías en contra de lo exdirectores generales de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, quienes presionados desde Los Pinos fueron obligados a otorgar millonarios contratos a la empresa petrolera Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna y su hijo Amado Yáñez Correa, quienes otorgaban jugosas comisiones a los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y a su tío Guillermo Sahagún.

 La interrogante es cuánto tiempo resistirán la presión Muñoz Leos y Ramírez Corzo antes de que se decidan a hablar y revelar cómo el expresidente Vicente Fox y su esposa Marta se enriquecieron con el tráfico de influencias que ejercían desde Los Pinos y que para ello utilizaron a la principal empresa del Estado: Pemex. O acaso los dos exfuncionarios resistirán hasta la prisión por la embestida gubernamental que ya preparan los órganos de justicia del gobierno de Felipe Calderón, cuando ambos sólo cumplían órdenes que salían de la casa presidencial.

Para Ramírez Corzo fue muy claro, como lo reveló a esta columna, que Marta Sahagún y sus hijos Manuel y Jorge presionaron desde el 2004 a Raúl Muñoz Leos, en ese entonces director general de Pemex, para obligarlo a entregar contratos petroleros a la empresa privada Oceanografía, a pesar de que no cumpliera con las disposiciones legales en la materia. Pero esta versión la niega el propio Muñoz Leos, quien sostiene que sí recibió presiones desde Los Pinos pero asegura que nunca se apartó de la legalidad y que los contratos otorgados a Oceanografía fueron mediante licitaciones y apegados a lo que marca la ley.

 Esta versión de Ramírez Corzo fue también confirmada a esta columna por el propio Manuel Bribiesca Sahagún, quien en su intento por deslindarse de las acusaciones en su contra, culpó a su hermano Jorge y a su tío Guillermo de ser los únicos responsables de gestionar en Pemex contratos para la naviera Oceanografía, a cambio de lo cual reconoce que recibían importantes comisiones.

 Ahora los hermanos Bribiesca son investigados bajo acusaciones de tráfico de influencias y peculado, lo mismo en la Secretaría de la Función Pública que en la Cámara de Diputados, en donde se ha integrado una comisión especial encargada de revisar las actividades de la empresa Construcciones Prácticas, en donde dicen que los hermanos son responsables de quebrantar al erario por casi 6 mil millones de pesos.

 El presidente de dicha comisión, Elías Cárdenas, declaró al diario La Jornada, que los hijos de Marta Sahagún obtuvieron estos recursos por los fraudes en los contratos signados entre la empresa Oceanografía y Petróleos Mexicanos (Pemex).

 Pero Manuel Bribiesca niega que él haya participado y sí culpa a sus familiares de gestionar esos contratos, por lo que ahora toda la familia, incluida su madre Marta, es investiga por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

 Por si hubiera dudas del tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca a raíz de que su madre llegó a Los Pinos al lado de Vicente Fox, el primogénito Manuel acepta también haber asumido la “defensa” del Grupo Miguel por considerar que el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, organizaba una persecución fiscal “injusta” contra el consorcio.

 En dos entrevistas realizadas a fines de 2004 y principios de 2005, publicadas en Oficio de papel, Manuel Bribiesca revela los pormenores de las relaciones personales y de poder que lo llevaron, junto con su hermano Jorge y su tío Guillermo, a traficar influencias, aunque según él estas negociaciones no fueron irregulares.

 En el caso del Grupo Miguel, el joven empresario guanajuatense admite haber pedido protección al entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, a favor del empresario Alfredo Miguel, actualmente prófugo de la justicia por cargos de evasión fiscal.

 Además, señala que sus familiares solicitaron a la Dirección Corporativa de la paraestatal Pemex que asignara un contrato a Oceanografía por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos), para el alquiler de un barco grúa que le daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche.

 En la primera reunión, Manuel Bribiesca Sahagún reveló: “Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa se dedicada a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.

 –Pero Manuel, hablamos de un contrato de 160 millones de dólares. Y esto significa tráfico de influencias, porque lo hacen a cambio de una comisión. Tu familia puede verse involucrada en acusaciones de corrupción.

 –No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto, que nos busquen.

 –Pero sí solicitaron el favor en la Dirección General de Pemex…

 –Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tienen con los dueños de Oceanografía. Además, se trata de un negocio en el que la operación del buque significa sólo 60 millones de pesos, así que hay utilidades por 100 millones (de dólares).

 –Es mucho dinero.

 –Sí, y no hay nada ilícito.

 –A ti te acusan de introducir mercancías de contrabando al país.

 –No, no, de eso no hay nada, yo no tengo nada que ver con Aduanas ni con Gil Díaz. No es mi amigo. Eso no es cierto, son difamaciones. Que nos busquen y no van a encontrar nada.

 –¿Dices que no tienen dinero, que tu familia no tiene recursos?

 –No tenemos nada. El hecho de que mi mamá y el presidente vivan en Los Pinos no ha significado para nosotros tener dinero.

 –No tendría por qué.

 –Bueno, hasta nos quitaron la “Partida Secreta”, ya no les dan recursos.

 –Esa partida desapareció desde el quinto año de gobierno de Ernesto Zedillo. No fue por honestidad, sino para impedir que fueran investigados por el desvío de fondos públicos, como le sucedió a Carlos Salinas, pues a esa partida secreta se le asignaba una buena parte del presupuesto federal y, aunque no fuera auditada, no significaba que podía usarse ilícitamente.

 –Pero por eso no tenemos dinero. Hasta el presidente Fox se ha opuesto a que nosotros nos acerquemos a Los Pinos. Tenemos prohibido hacer cualquier negocio que relacione a la Presidencia de la República, pero tenemos que ganarnos la vida, y no porque mi mamá viva con el presidente nosotros vamos a dejar de trabajar.

 –¿Tú hiciste negocios en Pemex?

 –No, nada tengo que ver ahí, los que llamaron fueron mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo). También a mí se me acusaban de tener negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es cierto. Un día él me invitó a ver un partido de su equipo León y yo asistí al palco, y allí platicamos brevemente y nos tomaron fotos, pero nunca tuve una relación con él ni hice negocios.

 –¿Entonces las acusaciones de corrupción en tu contra son falsas?

 –Sí, totalmente. Y si quieres saber de corrupción, de verdadera corrupción, debes investigar a Ramón Muñoz, lo que hace en Los Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…

 –¿Qué han hecho?

 –Después hablamos de eso. Por ahora te digo que no tengo nada que ver con las acusaciones que me hacen. Sobre todo, no tengo negocio alguno de qué avergonzarme.

 –¿Y Gil Díaz?

 –Investiga los depósitos multimillonarios que se han hecho en China.

 En el segundo encuentro, ocurrido el 27 de enero de 2005, el primogénito de Marta Sahagún habla de una “persecución fiscal injusta” contra 80 empresas del Grupo Miguel y de un cuantioso fraude contra la empresa Servicios Aéreos del Centro, S.A. (SACSA), fraguado, señala, desde las oficinas del entonces secretario de Hacienda.

 Según Manuel Bribiesca, Gil Díaz se coludió con su sobrino Alfonso Díaz Percher, representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, S.A. de C.V. (OAG), para apoderarse de 75 mil metros cuadrados de modernas instalaciones aeroportuarias construidas en el estado de México, con un costo de 75 millones de dólares, rentadas en 12 millones de dólares a la Policía Federal de Preventiva.

 El intrincado conflicto de intereses lo enfrentó con funcionarios del primer equipo del gobierno de Vicente Fox, al hacer una recia defensa de “sus amigos” del Grupo Miguel. “Es injusto lo que hace Gil Díaz contra ellos: primero los persiguió fiscalmente hasta sacar a Alfredo Miguel del país y ahora pretende apoderarse de sus empresas, como ocurre con SACSA. Eso sí es corrupción”, dice.

 –¿Qué relación tienes con ese Grupo?

 –Son mis amigos, solamente.

 –¿Se dice que eres socio del Grupo Miguel y que hasta tienes el 50 por ciento de las acciones?

 –No. Sólo somos amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder y les ha fabricado delitos para quitarles sus propiedades y desaparecer sus empresas.

 –Pero hay investigaciones fiscales y judiciales que confirman que esos empresarios sí son responsables de varios delitos.

 –Yo sé que el gobierno ha abusado en contra de ellos y lo que les hacen es injusto.

 –¿Has hecho algo al respecto? ¿Has hablado con tu madre de ello? ¿Has intentado hablar con el presidente para frenar ese “abuso”?

–Con el presidente Fox no puedo hablar de esas cosas: tenemos prohibido, mis hermanos y yo, acercarnos a Los Pinos y mucho menos tratar con él estos asuntos.

–Entonces, ¿has buscado a Gil Díaz?

–No, con él no. No hablo con él.

–¿Alguien más?

–Sí. Hablé con Ramón Martín Huerta (secretario de Seguridad Pública).

–¿Y qué pasó?

–Lo alerté del fraude que se estaba cometiendo al rentar a la PFP (Policía Federal Preventiva) las instalaciones de SACSA.

–¿Qué ocurrió allí?

–Gil Díaz ha perseguido por varios años a los dueños del Grupo Miguel, hasta que logró que le fincaran responsabilidades penales a Alfredo Miguel, presidente del Grupo, quien tuvo que huir del país para evitar ser detenido.

–Pero Hacienda sí comprobó que cometió evasión fiscal, ¿o no? Me parece que por 7 millones de dólares.

–Fue mucho más, pero Hacienda había hecho un acuerdo con él y pagó el crédito, y después ese pago fue utilizado por el fisco para argumentar que con eso se comprobaba el delito. Fue una trampa. Y entonces está prófugo sin deberle nada a Hacienda. Es una injusticia de Gil Díaz, porque hay funcionarios a quienes les ha otorgado el “perdón fiscal”, como al presidente de Tribasa, Alfredo Peñaloza, con quien su sobrino Alfonso Díaz hace negocios.

–¿Qué le pediste al secretario de Seguridad Pública?

–Le dije a Ramón (Martín Huerta) que estaba metido en un grave problema y que podía estallarle en las manos. Que se había cometido un ilícito y que estaba involucrada la Policía Federal Preventiva para beneficiar al sobrino de Gil Díaz con 12 millones de dólares.

–¿Y qué hizo el secretario?

–Está muy preocupado, no sabe qué hacer, porque este caso lo enfrentaría con Gil Díaz y no quiere molestarlo. Pero pidió tiempo para resolverlo.

–¿Y cuál es la participación de Gil Díaz en esto?

–Gil Díaz ordenó una partida extraordinaria, fuera del presupuesto, y esto es fácilmente comprobable, porque ahí están los documentos, para destinar 12 millones de dólares a la renta de las instalaciones de SACSA, para que fueran ocupadas por la Policía Federal Preventiva, y la Secretaría de Seguridad Pública aceptó sin protestar.

–¿Y cuál es el problema de la renta de esas instalaciones?

–Primero, que están en litigio, por tanto no pueden ser rentadas por el mismo gobierno; segundo, el dinero (los 12 millones de dólares) fue triangulado para beneficiar al pariente de Gil Díaz, pues es el representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de Toluca, de tal manera que ese dinero fue triangulado hasta los bolsillos de Gil Díaz y de su sobrino, Alfonso Díaz. Fue un robo.