Decíamos hace algunas semanas que el secretario de Hacienda trabaja en una iniciativa de ley que enviará al Congreso para modificar la Ley Aduanera y con ello tratar de reducir los graves problemas de corrupción, contrabando y conflictos de interés enquistados desde las pasadas administraciones. Pero esta acción no es una decisión propia del secretario Agustín Carstens, como suele suceder en la aplicación de la política económica del país, sino que responde, otra vez, a una estrategia de Washington para fortalecer el sector aduanero ahora que George Bush decidió supervisar más las fronteras ante el miedo de nuevos ataques terroristas.

Mientras Estados Unidos invertirá más de 302 millones de dólares en reforzar los controles electrónicos y aduaneros, el gobierno mexicano, para evitar mayores asimetrías, también tendrá que aplicar estrategias de reconversión de los sistemas informáticos de las aduanas. De hecho, la compañía EDS podría ser la responsable de los contratos de outsourcing, y tal vez esto explique la incorporación del expresidente Ernesto Zedillo a esa empresa transnacional, pues no es un secreto que el exmandatario mexicano se ha dedicado a utilizar y vender la información que sacó de México a empresas extranjeras cuando ocupó la Presidencia de la República.

Otra de las medidas exigidas por el gobierno de Bush y que su homólogo mexicano Felipe Calderón acata eficientemente, es la creación de una CIA mexicana, Central de Inteligencia Aduanal, la cual contará con el apoyo y coordinación de Washington para descubrir “acciones de riesgo” en las aduanas que puedan afectar la seguridad de los Estados Unidos. Esta nueva Central de Inteligencia que copia las siglas de la nefasta y terrorista agencia de espionaje estadunidense, que lo mismo derroca gobiernos legítimos y democráticos en todo el mundo o asesina a líderes políticos y luchadores sociales o acusa y captura a presidentes, es parte de la estructura renovada con que operará la Administración General de Aduanas en un programa sexenal que se sustentará en actividades de inteligencia y espionaje.

De esto sabe mucho el anterior secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, maestro y exjefe de Carstens, quien durante el gobierno de Vicente Fox creo una Unidad de Inteligencia Financiera que operaba como un centro de espionaje con los más sofisticados aparatos que hay en el mercado y desde donde grababa cualquier conversación telefónica que se le antojara o utilizaba datos privados sacados del INEGI o del IFE para actuar en contra de aquellos que eran considerados como un peligro para el gobierno panista.

En la presentación de la nueva CIA mexicana, Agustín Carstens explicó que uno de los pilares del nuevo plan es una Central de Inteligencia “exclusivamente” para la revisión aduanal. Igual que en Estados Unidos, en donde la CIA se ha convertido en una agencia incontrolable para el mismo presidente y con capacidad de ejecutar acciones que afectan directamente a la población de ese país, como es el caso del terrorismo promovido por la misma CIA en todo el mundo.

“Queremos desarrollar esta central de inteligencia, no tiene nada que ver con la CIA”, aclaró el mismo Carstens, sin pregunta de por medio, ante la Comisión de Hacienda del Senado para evitar cualquier similitud con su contraparte estadunidense.

El secretario de Hacienda argumentó que hace un lustro el objetivo era facilitar las operaciones de comercio exterior, pero ahora es más importante simplificar el tránsito legítimo de mercancías, fiscalizar de manera adecuada el cobro de los impuestos al comercio y combinarlo con la seguridad. Más claro, se trata de atender las necesidades de seguridad que a Washington se le ha salido de las manos y ahora otros países como México, que comparte una enorme frontera, tendrá que hacer su trabajo que dé seguridad a los millones de estadunidenses.

Este Plan Sexenal de Aduanas 2007–2012, que en breve entrará en vigor, presenta un diagnóstico y las líneas de acción para enfrentar el comercio ilegal y apuntalar la seguridad de Estados Unidos, sin importar tanto la corrupción que han estado envueltas históricamente las aduanas mexicanas y que le cuestan miles de millones a los contribuyentes.

El nuevo diseño en las aduanas, que podría ser presentado esta semana, se basa en dos puntos para explotar información. En el primero Hacienda cruzará datos que las empresas reporten en las 49 aduanas, contra los impuestos que recauda el fisco. “Esa es una veta de información muy importante que nos ayudará a mejorar la recaudación e identificar los riesgos”, aseguró Carstens.

En segundo lugar, el gobierno de México intercambiará información con el de Estados Unidos para asegurar que lo que exporten desde este país, de verdad se corrobore con los informes de importación en el vecino país. En su opinión, ese cruce de datos es una veta importante. El titular de Hacienda añadió que el programa de inteligencia en las aduanas no se sustenta solamente en tecnología, sino en un plan integral de largo alcance, en el que se tomen en cuenta diferentes elementos que intervienen en estos sitios. Es decir, la intromisión del gobierno estadunidense se amplía y ahora nos supervisará no sólo las mercancías que cruzan hacia su territorio, sino que tendrá ingerencia en las acciones, planes y propuestas de Hacienda.

La herencia corrupta de Gil Díaz y Guzmán Montalvo

Un lector que dice ser Roberto Ramos (robert.ramos30@yahoo.com.mx), envió una amplia carta vía Internet al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y al presidente del SAT, José María Zubiría, en donde hace un pormenorizado análisis de la corrupción gubernamental en las aduanas y que titula “La misma mafia” que, dicho sea de paso, podría servir a la nueva CIA mexicana. Aquí un resumen de lo que califica como “consideraciones que pueden servir de utilidad para la investigación de posibles responsabilidad y para la toma de decisiones”:

Desde que Francisco Gil Díaz se desempeñó como subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda, en tiempos del salinismo, acogió como su niño protegido a José Guzmán Montalvo, quien durante esa época se despeñó como administrador de varias aduanas, pasando por la de su tierra natal Tampico, después Nuevo Laredo, Tijuana y otras, logrando en ese tiempo conformar un numeroso equipo de incondicionales que buscaban los mismos intereses para permanecer en áreas que les permitiera acumular grandes fortunas mediante la corrupción. Al asumir la titularidad de Hacienda, Gil Díaz nombró a su incondicional Guzmán Montalvo como administrador general de Aduanas, desde donde se integró una mafia bien organizada que permitía el tráfico ilegal de mercancías a cambio de jugosos donativos y hasta el cruce de cualquier droga o químicos utilizados para su producción.

Rodolfo Ponce Díaz: con estudios de vista aduanal de los de “antes”, con la formación y las mañas que les caracteriza, por su perfil de inmediato se integró al equipo de corrupción y entre sus antecedentes sustituyó a Guzmán Montalvo como administrador de la Aduana de Tijuana, en donde para cubrirle la espalda a su amigo provocó un incendio en los almacenes aduanales y evitar que se descubriera un cuantioso faltante de expedientes, documentos y bienes que habían desaparecido. Ponce Díaz estuvo sujeto a un procedimiento administrativo de responsabilidades por la Contraloría Interna del SAT y fue inhabilitado para ocupar cargos públicos; sin embargo, su amigo Guzmán Montalvo lo contrató a través del fideicomiso privado Aduanas I (del cual hemos dado amplia información en este espacio) para operar en el Grupo de Auditoría Operaciones (GAO) de las aduanas.

Al cumplir la pena de su inhabilitación, Ponce Díaz fue nombrado administrador central de Visitaduría en la Administración General de Aduanas, posición desde la cual se encargó de manejar entre otras cosas el programa Movisat, mediante el cual realizaba operativos y visitas domiciliarías para extorsionar a importadores y contrabandistas que no eran parte del grupo protegido por Guzmán Montalvo.

Ponce Díaz siguió su paso ascendente y fue nombrado administrador de la Aduana de Aguascalientes, en donde vive su familia, y allí estableció retenes y operativos para extorsionar a todos los importadores y contrabandistas que circulan por la red carretera que confluye en esta región, pues es donde se forma un embudo de las carreteras que provienen de la frontera norte hacia el centro de la Republica. Al inicio del gobierno de Felipe Calderón, y con el apoyo de su amigo Guzmán Montalvo, Ponce Díaz fue ubicado como auxiliar o asesor del Administrador General de Aduanas y después enviado como administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, la mas grande del país y con el mayor número de operaciones, y desde luego donde mayores ingresos ilícitos se pueden obtener.

Otros de los amigos y cómplices de Guzmán Montalvo son Juan Carlos López Rodríguez, quien también fue inhabilitado después de ocupar el cargo de administrador en varias aduanas del país, para finalmente ser designado como administrador central de Investigación Aduanera, de donde salió y hasta la fecha no ha podido regresar al sector público. Sin embargo aprovechó muy bien su relación con Guzmán Montalvo y le concedieron importantes contratos de la Administración General de Aduanas (AGA) a través de de los fideicomisos ADUANAS I y II, y el Fidemica, creando así una empresa llamada “Valunet”, que realiza funciones de análisis y valoración de mercancías de importación, pero esto no representa tanta importancia como las empresas trasnacionales que maneja y representa López Rodríguez, que acapararon todos los contratos correspondiente al “segundo reconocimiento” en todas las aduanas.      

Con Juan Carlos López Rodríguez arribaron a la AGA un grupo de improvisados “muchachitos” que poco a poco se fueron apropiando de posiciones dentro de la estructura del SAT, entre ellos Héctor Landeros Almaraz, Roberto Negrete y Rodolfo Torres Herrera.

Landeros fue ubicado como secretario particular del Jefe del SAT, José María Zubiría Maqueo, hasta el mes de junio de 2007, que fue designado administrador de la Aduana de Pantano; Roberto Negrete continúa como secretario técnico de José María Zubiría Maqueo, en la jefatura del SAT, y Torres Herrera fue nombrado administrador de la Aduana de Nogales, para posteriormente hacerse cargo de la Aduana de Ciudad Juárez por más de 3 años, hasta que en febrero de 2007 fue designado administrador central de Contabilidad y Glosa en la AGA.

Desde al inicio del actual sexenio, Torres Herrera se encargó de presumir su cercanía con José María Zubiría Maqueo, de quien decía que con toda seguridad lo nombraría administrador general de Aduanas, pero después de un año no ha sucedido, así que ahora afirma que desde su cargo de administrador central de Contabilidad y Glosa “lo están cuidando”.

La prepotencia de estos nuevos funcionarios aduanales los ha llevado a quitar y poner administradores a su antojo, sin importar que desconozcan la materia; para muestra un botón: la administradora de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Leonor Pérez Saldaña, quien se desempeñó como Subadministradora de la Aduana de Ciudad Juárez bajo las órdenes de Torres Herrera, tiene hecho un desorden la Aduana del Aeropuerto, por donde cruzan cualquier cantidad de mercancías ilegales, pero nadie la toca ni se atreve a decir nada, pues está bien protegida.

Así también en las aduanas de Tamaulipas, en donde el mismo Torres Herrera ha decidido a quien poner y a quien quitar, y también ha mencionado a ultimas fechas que los días están contados para Héctor Landeros Almaraz en la Aduana de Pantaco, porque al parecer Torres Herrera ya decidió que en esa posición nombrará a su colaboradora Heidy González Ibarra, a quien ya designó como subadministradora de Operación Aduanera. Por todo esto, en Hacienda se considera que las aduanas son un negocio “familiar”.

Por falta de espacio, la segunda parte de esta lista de funcionarios del SAT y de Aduanas continuará la próxima semana.