Después de las reformas electoral y hacendaria, la siguiente gran transformación que podría aprobar el Poder Legislativo y que sería definitiva para el país es modificar la Ley Aduanera. Agustín Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda, prepara la iniciativa de ley que enviará al Congreso y con la que buscará reducir los graves problemas de corrupción, contrabando y conflictos de interés enquistados desde las pasadas administraciones.

La Declaración de Principios firmada por los gobiernos de México y Estados Unidos el pasado 8 de julio para fortalecer el sector aduanero, ahora que el gobierno estadunidense de George Bush decidió frenar las fronteras, no será suficiente, a juicio del secretario de Hacienda, para solucionar los problemas en los puertos fronterizos del país.

Mientras Estados Unidos invertirá más de 302 millones de dólares en reforzar los controles electrónicos y aduaneros, el gobierno mexicano, para evitar mayores asimetrías, también tendrá que aplicar estrategias de reconversión de los sistemas informáticos de las aduanas. De hecho, la compañía EDS podría ser la responsable de los contratos de outsourcing.

Entre los problemas de corrupción que enfrenta México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó lo que ya habíamos adelantado en este espacio: en las aduanas del país se falsifican permisos sanitarios para la importación de productos químicos. La misma detención de operadores de Zenli Ye Gon es sólo la punta del iceberg que esconde importaciones irregulares no sólo de materias primas, como la pseudoefedrina, sino de todo tipo de insumos para el sector químico, médico y farmacéutico.

Las aduanas, dice Carstens, no sólo deben ser recintos recaudadores, sino deben cumplir su objetivo de proteger a sectores estratégicos del país de la competencia desleal, del contrabando técnico y bronco, pero sobre todo de la delincuencia. El problema es que ni la Policía Fiscal ni los vistas aduanales y mucho menos el personal de las aduanas ubicadas en aeropuertos, puertos e instalaciones ferrocarrileras, están capacitados para detectar cargamentos ilícitos. Peor aún, muchos vistas aduanales prefieren eludir esa responsabilidad para no enfrentarse a las poderosas bandas de contrabandistas. En cuanto al contrabando técnico, la interpretación de las legislaciones en materia de comercio exterior y medidas compensatorias para frenar el ingreso de mercancía subsidiada, se ha convertido en un verdadero problema para el país. Es el criterio de los vistas aduanales y la capacidad de maniobra de muchos agentes la que determina si ingresan o no al país productos que pueden dañar a cadenas enteras de producción.

El escenario se complica a pesar de que la Secretaría de Hacienda otorgó a compañías como Societé Générale la operación del Segundo Reconocimiento Aduanero, pues aún se presentan problemas de regulación y vigilancia. De hecho, Société Générale también opera el contrato de “value net” para certificar el origen de las mercancías, mientras que las dos únicas concesiones de almacenes fiscalizados en este sexenio se han entregado a Tomás Braniff, uno de los grandes beneficiados de la gestión del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. un

Los problemas de Braniff

En Monterrey, como en otras ciudades del sureste del país, las agencias aduanales de los Braniff enfrentan problemas para operar a sus anchas. Frente a los concesionarios de las terminales aeroportuarias, los Braniff no han podido ejercer lo que ellos consideran sus “derechos” en materia aduanera.

En el norte del país, por ejemplo, los operadores del aeropuerto de Monterrey (OMA) obtuvieron la autorización de Aduanas para construir una nueva aduana en la terminal de carga. Y así lo hicieron. Las instalaciones están listas desde hace tres años, con todas las peticiones y requerimientos que, en su momento, les planteó el gobierno federal. Sin embargo, cuando se estaba construyendo la nueva terminal de carga y de aduanas, Braniff interpuso un amparó y desde entonces ha obstaculizado la operación, con el apoyo del mismo SAT y de la Administración General de Aduanas.

OMA se ha defendido jurídicamente, pero los recursos legales de Braniff han impedido que la aduana se traslade a las nuevas instalaciones. El asunto es que el próximo año se vence el contrato que tiene Braniff con el aeropuerto de Monterrey, y es posible que no se refrende ante los problemas para llegar a la aduana. El conflicto afecta no sólo los recursos del Grupo Aeroportuario Centro Norte, sino las operaciones comerciales de la región. Aún más, se impide contar con más opciones para la consolidación de carga y operaciones aduaneras. Con Braniff en Monterrey son famosos, según la prensa local, los casos de narcotráfico e ingreso de mercancía ilegal, circunstancia que debe ser investigada a fondo por las autoridades federales, pero hasta ahora ni Aduanas ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y mucho menos la PGR han querido meter las manos en el asunto.

Si bien se manejó en la prensa que la gente del Grupo Centro–Norte y de Braniff Airfreight, que preside Tomás Braniff, establecieron algunos contactos para encontrar una salida negociada al tema de la aduana en la nueva terminal del aeropuerto de Monterrey, esas reuniones nunca se dieron y la solución no ha llegado. Se buscaba que Braniff tuviera un espacio en el mismo inmueble en donde también opera Fedex. Pero otra empresa que preside Fernando Chico Pardo, ASUR, también enfrenta un conflicto similar con Braniff.

Corrupción foxista

Finalmente el joven abogado Germán Martínez ha tirado la toalla y, sin cumplir con su trabajo, abandonó la titularidad en la Secretaría de la Función Pública para buscar la presidencia del Partido Acción Nacional, una acción concertada con el mismo presidente Felipe Calderón para reestructurar sus cuadros en el gabinete y en el partido con miras a la próxima sucesión presidencial.

Sin hacer prácticamente nada, Martínez hereda una secretaría de Estado inútil que sólo cuesta al erario una fortuna y mantiene a una burocracia ineficaz que, en conjunto, no justifica su existencia en momentos que se requiere una estricta fiscalización y revisión de las cuentas públicas.

Un ejemplo es el caso del expresidente Vicente Fox y su familia, quienes burlonamente retan al gobierno calderonista a que los investigue penal y administrativamente, para según ellos no se enriquecieron ilícitamente. Sin embargo, hay evidencias de muchas irregularidades y, a ojo de todos los mexicanos, Fox abusó del poder presidencial y se adjudicó recursos que no le correspondían.

Me refiero a aquella investigación que hizo la misma Secretaría de la Contraloría del gobierno foxista, en el primer semestre de su gestión, a la administración de la residencia oficial de Los Pinos, en donde hace seis años se practicó una auditoría que arrojó irregularidades que debieron ser sancionadas.

La investigación se hizo a las obras de remodelación de las cabañas 1 y 2, la residencia Miguel Alemán y la casa anexa, así como las obras exteriores de Los Pinos, y según el expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública y que ha sido reservado por 12 años para encubrir al expresidente Vicente Fox, hubo desvío de decenas de millones de pesos por parte de u amigo de Fox, el arquitecto Humberto Artigas, también responsable de las obras en el rancho en Guanajuato. La Comisión de diputados que investiga el enriquecimiento del exmandatario debería verificar ese expediente, en poder de esta columna, para indagar si el dinero que salió de Los Pinos para remodelar las cabañas se utilizó para las obras del rancho del guanajuatense.

La auditoría 2015

El grueso expediente que mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el argumento de “confidencialidad y seguridad nacional”, comprueba actos de corrupción cometidos en Los Pinos para favorecer con contratos de obras, servicios y adquisición de bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el presidente Vicente Fox y su hermano José, según declararon los propios contratistas, quienes cobraron por las obras 66 millones de pesos y de los cuales se estima daños patrimoniales por más de 30 millones.

En sus afirmaciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles los contratos sin licitar y esto ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio de la Presidencia y del erario público.

La Auditoria 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.

Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP, la Auditoría 2015 se realizó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes del director general de Auditoría Gubernamental, Roberto Muñoz Leos, hermano de quien fuera director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y que fue destituido bajo presiones de los hijos de Marta Sahagún, los hermanos Bribiesca, para beneficiar con contratos petroleros a empresas privadas.

Las onerosas “cabañas”

La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que sirvieron como pretexto para iniciar la asignación de contratos directos y que ocasionaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones.

En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones.

La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.

¿El resultado?, se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades. Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos.

El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, quien según Lino Korrodi (ex dirigente de Amigos de Fox) fue recomendado a Vicente Fox por su hermano José, y cuya constructora del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 se gastaron 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.