Como si no fueran pocos los problemas que enfrenta el aún titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para poner en marcha la Plataforma Integral, los legisladores exigen que tome cartas en el asunto y, por lo menos, inicie una investigación sobre Luis Roberto Patrón Arregui, su director Administrador General de Innovación y Calidad.
Los legisladores no han perdido oportunidad para poner en evidencia a José María Zubiría, a quien califican “ingenuo o perverso”. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ya exigió a la Auditoría Superior de la Federación que audite a la Administración General de Aduanas con énfasis, por supuesto, en el caso de Zhenli Ye Gon y en la gestión de Patrón Arregui en la aduana de Manzanillo.
Las frases de Zubiría no tienen parangón. Para él no pasa nada: Oracle no ha incumplido los términos del contrato con el SAT y, simplemente, habrá que esperar a que se decida a terminar con la plataforma; Patrón Arregui no es un sospechoso en ese caso sino una “victima” de las circunstancias.
Tampoco iniciará, asegura, una “cacería de brujas”; no se prestará a ello, ha dicho el funcionario ante legisladores que le exigen una respuesta y que parecen olvidar que él mismo vive un serio conflicto de interés. Su ex jefe, Francisco Gil Díaz, nombró a Patrón Arregui en la aduana de Manzanillo. Zubiría le debe el puesto y la protección al ex secretario de Hacienda. Vaya situación.
El próximo miércoles 15 de agosto en el Club de Banqueros Zubiría se reunirá con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La SHCP busca centrar la agenda de la reunión en la Reforma Hacendaria. Sólo buenas intenciones porque los legisladores ya se preparan para afinar su puntería sobre Patrón Arregui. Más le valdría a la SHCP cambiar de vocero en la campaña de cabildeo que ha iniciado para defender la reforma del sistema tributario de Felipe Calderón. No se descarta que se incluya a Zubiría en la investigación como Jefe del SAT. El Procurador Fiscal, Luis Mancera Arrigunaga, también tendría que informar cuántas investigaciones realizó en torno a los negocios de Zhenli Ye Gon; cuántas auditorias realizadas a sus empresas. Sin embargo, la SHCP ha cerrado filas y asegura que no hablará del tema con los medios. Qué oportuna decisión.
Plataforma Integral ¿“Big–Bang”?
En línea con la decisión de José María Zubiría de lanzar declaraciones espectaculares, aunque poco creíbles, la cabeza del SAT ha dicho que será durante las próximas semanas cuando dé a conocer los resultados de la Plataforma Integral. Así de convencido lo dice.
Aún más, no se trata de declaraciones a los medios. Al interior del SAT el equipo de Zubiría también asegura que “ante el éxito de la Plataforma Integral” se pondrá en marcha la reingeniería del sistema integral de Aduanas SAAI M3 – el cual por cierto acaba de salir de un proceso de reingeniería”. Al parecer será la compañía Electronic Data System (EDS) que fundó el empresario texano Ross Pero –ex candidato a la presidencia de Estados Unidos– la que se vería beneficiada por los contratos en Aduanas.
¿Cómo puede afirmar tal caso Zubiría cuando en diciembre de 2006 reconocía que la Plataforma Integral había fracasado y que por eso tenían que quemar lo barcos?
Vale la pena explicar por qué, hasta ahora, ha fracasado el proyecto de la Plataforma Integral: de acuerdo con fuentes del SAT, el arranque del proyecto de Solución Integral se planeó como un evento “Big–Bang”, sin oportunidad de dar marcha atrás, lo que representó desde el primer día el peligro de interrumpir la operación y perder información en el caso de que la solución informática no cumpliera con los requerimientos necesarios.
En la fase de diseño del proyecto no se precisó la volumetría de transacciones concurrentes, volumetría de información a soportar ni el tiempo de respuesta aceptable. Estos requerimientos, dicen al interior del SAT, son esenciales para determinar la viabilidad arquitectónica. Tampoco se especificó de manera clara la división en capas, ya sea lógica o física, que permitieran de forma metodológica realizar el dimensionamiento de la cantidad soportada de transacciones concurrentes y volumen de información.
En consecuencia la implementación del proyecto de Solución Integral tenía una gran probabilidad de generar inconsistencias en la información y parar la operación.
Aún más, hasta donde se conoce, no se ha implementado un mecanismo por medio del cual se puedan firmar las declaraciones. Además, para el proyecto se compró el producto LDAP pero no se logró su integración y en consecuencia actualmente continúa la incógnita de cómo los contribuyentes van a firmar sus declaraciones bajo el proyecto de Solución Integral.
¿Qué presentará Zubiría a la opinión pública cuando sabe los problemas que enfrenta la Plataforma Integral?
Las rivalidades
En esta columna le hemos hablado de otros sistemas y sistemas de gestión y administración que el SAT había utilizado para mejorar la operación y los servicios a los contribuyentes pero que se hicieron a un lado ante las expectativas que generó la Plataforma Integral. Uno de ellos es el modelo CEMEX Way que se aplicó en el SAT y en toda la SHCP. Este modelo estableció que todas las áreas informáticas del SAT tenían que concentrarse en la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (AGCTI). Sin embargo, Zubiría creó un área paralela que se sólo se encargara de la Plataforma Integral. Como responsable, se nombró a Jorge Luis Ibarra, quien impulsó procesos paralelos de adquisición, a pesar de que el contrato se licitó a través de las reglas del Banco Mundial. A la duplicidad de funciones y de estructuras se debieron, en la etapa de arranque, muchos de los problemas con la nueva plataforma pero sobre todo a que no se integraron con la operación del SAT. Zubiría se equivocó y hoy los mexicanos están pagando las consecuencias.
La revancha
Los representantes legales de Napoleón Gómez Urrutia buscan abrir un nuevo frente. Presentaron una demanda por daño moral en contra del ex presidente Vicente Fox quien, desde la Presidencia de la República, habría encabezado la campaña de “desprestigio” que, según ellos, daño al líder del Sindicato de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia.
El asunto podría ir más allá de los tribunales. Ante la opinión pública, Gómez Urrutia buscará demostrar que al Grupo México no sólo le interesa demostrar el supuesto desvío de 55 millones de dólares sino que quiere atentar y debilitar a la organización sindical para reducir sus costos de operación asociados con los mineros. Un sindicato blanco sería ideal para los fines de la minera y para ello Gómez Urrutia ha sido un claro obstáculo. Los asesores de Gómez Urrutia aseguran que bastaría saber cuánto han invertido los detractores del líder en spots, en horario AAA de la televisión, o conocer el monto de los donativos que habría realizado Grupo México a la fundación “Vamos México” de Martha Sahagún de Fox.
La demanda también buscará demostrar ante las autoridades competentes la responsabilidad en la estrategia para destituir a Gómez Urrutia del ex secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, el ex subsecretario de la misma dependencia, Emilio Gómez Vives, Elías Morales Chávez, quien se ostentó como líder de la organización sindical gracias a la falsificación de documentos para acreditar la toma de nota.
El sustento de la denuncia recupera la falsificación de la firma de Juan Luis Zúñiga Velásquez, primer vocal del Consejo Nacional de Vigilancia del sindicato, cuya firma, según se demostró, fue falsificada, delito por el cual ya se sentenciaron a varios funcionarios del Poder Judicial a pesar de la desaparición del expediente que custodiaba la Procuraduría General de la República.
El delito de falsificación se logró demostrar gracias a que la Secretaría del Trabajo mantenía bajo su poder el expediente original de la controversial toma de nota.
Los cargos que se buscan imputar al ex presidente Vicente Fox y a varios funcionarios de su gobierno están fundamentados en el artículo 19 Bis del Código Civil Federal.
La campaña de desprestigio consistió en aparentar la destitución de Gómez Urrutia, el supuesto rechazo de los agremiados a esta base sindical, gracias a una firma falsa de Juan Luis Zúñiga.
Este proceso civil retomará el enfrentamiento de Gómez Urrutia con Grupo Minera México a raíz de que el sindicato demandó el pago de 55 millones de dólares –tras 10 años de reclamos – correspondientes a la participación de 5% del sindicato en Mexicana de Cobre y Mexicana de Ácido Sulfúrico.
Los abogados civilista de Gómez Urrutia reclaman el pago de “una cuantiosa cantidad, en función de las posibilidades de los demandados”, sin precisar el monto en lo que ellos calculan los daños.
