La Procuraduría General de la República recibe el aval de penalistas sobre su actuación en el caso del ciudadano mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon quien involucró a funcionarios del gobierno calderonista en prácticas de corrupción dirigidas a obtener recursos durante y después de la campaña rumbo a la presidencia de Felipe Calderón. Sin embargo, el caso tiene muchas vertientes que ponen en tela de juicio la actuación del gobierno federal, de la banca y de las autoridades aduaneras. Surge además el nombre de Luis Roberto Patrón Arregui, como uno de los funcionarios presuntamente involucrados en la red encabezada por Zhenli Ye Gon. Patrón Arregui funge ahora como Administrador General de Innovación y Calidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pero el año pasado fue propuesto por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para sustituir a José Guzmán Montalvo al frente de la Administración General de Aduanas. El Senado, sin embargo, no ratificó la propuesta al recordar muchos de sus negros antecedentes.

Durante la gestión de Patrón Arregui en la Aduana de Manzanillo, Ye Gon –señala información que se ha hecho llegar a la PGR – logró ingresar a través de este puerto aduanero más de 50 toneladas de derivados de efedrina con pedidos de importación falsos; el 50% del cargamento se logró en diciembre de 2005 y el resto en enero de 2006.

En diciembre de 2006, Oficio de Papel le reportó que este hombre – uno de los funcionarios más cercanos a Francisco Gil Díaz– registraba una historia que se vinculaba directamente con la corrupción en las aduanas del país. Patrón Arregui fue impuesto por el ex secretario de Hacienda para encubrir, e incluso seguir operando, el contrabando de productos, sobre todo los de origen chino. En este rentable e ilegal negocio, que llegó a niveles alarmantes durante la gestión de José Guzmán Montalvo, figuraron los nombres de los hijos de Marta Sahagún, Jorge y Manuel Bribiesca.
La amistad del ex secretario Gil Díaz con Patrón Arregui data de 1951 y tiene que ver con la trágica muerte del padre de Gil Díaz a quien le explotó la caldera de uno de sus barcos pesqueros. Al quedar viuda la señora Ana María Díaz Perches de Gil, fue ayudada por la familia de Patrón Arregui y esos favores nunca se olvidan. En esa época Gil Díaz tenía sólo ocho años de edad y era el mayor de cinco hermanos.
En el sector aduanero se sabe que los beneficios no sólo han sido para Luis Roberto, sino también para otros familiares como el contador público José Alfredo López Arregui, primo hermano del aún no ratificado administrador general de Aduanas, y quien se desempeña como administrador de la aduana de Mazatlán.
A José Alfredo López Arregui se le relaciona con Alfonso Gil Díaz, hermano del ex secretario de Hacienda y actual titular de la Administración Portuaria de Mazatlán, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Patrón Arregui era empresario en Aguascalientes. “Entró sin saber nada de aduanas. No saludaba a nadie, no contaba con algún equipo de trabajo y se quedó con los mismos funcionarios de la aduana de Guadalajara. Al cabo de un tiempo lo mandaron como administrador a la aduana de Manzanillo, a donde llegó con todo el equipo de Guadalajara y empezó hacer grandes negocios”, explican los informantes.

Funcionarios cuentan que ni bien recibió el cargo de administrador general de Aduanas, Patrón Arregui nombró como su secretario particular a otro pariente de Gil Díaz: al licenciado Rodolfo Ponce Díaz, quien durante la administración de Guzmán Montalvo se desempeñó como administrador central de Visitaduría de la AGA y como administrador en la aduana de Aguascalientes. Toda una relación de trabajo, familia y amigos, al fin de cuentas para todos alcanzan los fondos públicos y los negocios privados al amparo del poder público.

Aún más, el 25 de enero de 2007 la AFI lo señaló como miembro de organizaciones criminales junto con Patricia Valdivia Caro, sobrina del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Ahora la vinculación de Patrón Arregui en este caso coloca en una posición muy difícil la gestión del gobierno foxista y sobre todo de Francisco Gil Díaz en el sector aduanero.

La ruta invisible

Los 205 millones de dólares que la PGR encontró en la casa de las Lomas de Chapultepec de la ciudad de México se han convertido, hasta ahora, en la principal evidencia de las actividades ilícitas del hombre a quien se señala como la cabeza de una banda dedicada a la producción e importación de materia prima (pseudoefedrina) para la elaboración de metanfetaminas.

La PGR a cargo de Manuel Medina Mora decidió que el resguardo de los recursos no constituían una prueba acusatoria o pericial contra Ye Gon, quien como es lógico y en línea con la estrategia de sus abogados en Estados Unidos, se ha declarado inocente de todos los cargos, a pesar de las pruebas que arroja su relación con el sector aduanero y regulatorio (la Comisión Federal de Mejora Regulatoria –Cofemer–) y que confirmarían la importación desmedida de fármacos.

Aún más, han sido evidentes las contradicciones en las que ha incurrido la PGR al explicar por qué decidió depositar en el banco Santander y, posteriormente, en el Bank of America de Estados Unidos los recursos incautados en la Operación Ye Gon. Hasta ahora, tampoco se ha dado una explicación sobre el proceso de decisión que siguió el gobierno de Felipe Calderón para decidir que dichos recursos se distribuyeran para los presupuestos de varias dependencias y en sus programas de combate a las drogas. En la primera versión de la PGR, La Reserva Federal de Estados Unidos autentificó la serie de los billetes y verificó el monto.

Sin embargo, esta historia resultó sumamente inconveniente para el gobierno de Felipe Calderón. ¿Por qué se había enviado el dinero a Estados Unidos? ¿Qué participación tenían las autoridades de EU en el caso? Luego vendría la rectificación: los 205 millones de dólares están depositados en el Banco de México y a disposición de la Tesorería de la Federación. Las autoridades mexicanas, se dice, también controlan 18 millones de pesos; 2,000 euros, 113,000 dólares de Hong Kong;11 centenarios y otros bienes. Nada en bancos. Que conveniente después de que las cajas de seguridad y el aseguramiento de cuentas ha revelado nombres de funcionarios públicos involucrados en prácticas de corrupción.

En el primer escenario de la PGR, cabe preguntarse por qué Santander recibió el dinero que le entregó el gobierno mexicano; por qué no se sujetó a las medidas para prevenir el blanqueo de capitales. Ahora, a Ye Gon, entre otros cargos, se le acusa de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo interesante es que, hasta ahora, la banca mexicana y extranjera se encuentra fuera de cualquier conflicto más allá de haber participado en lo que el PRD califica como el “blanqueo” de los recursos incautados a Ye Gon. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Reserva Federal en ese país, responsable de vigilar la actuación de la banca, tendría que pedir cuentas a Bank of America sobre estos depósitos, si es que en realidad se presentaron.

En este caso se infiere el origen ilícito de los recursos pero, bajo ninguna circunstancia, será posible identificar de dónde provino. Al parecer se buscó borrar toda huella financiera porque, como sucedió con el proceso en contra de Raúl Salinas de Gortari, hubiera sido posible identificar los depósitos, montos pero sobre todo nombres de personas involucradas.

El mapa financiero de Raúl Salinas de Gortari publicado en el primer número de la revista Contralínea (Abril de 2002). El hermano del ex presidente Salinas llegó a acumular más de 400 millones de dólares en decenas de cuentas en bancos como Somex, Bancrecer, Comermex, Multibanco Mercantil Probursa, Serfin, Bancomer, Serfin, Inverméxico, Banamex y American Express. En fin, todo el sistema financiero involucrado en las transferencias de recursos. De estos 400 millones de dólares sólo se logró la incautación de 132 millones y se convirtió en un problema internacional entre el gobierno de México y Suiza, pues al final de su ruta los recursos llegaron a bancos de Londres y Zurich. Fue la fiscal Carla Del Ponte la que se encargó de la investigación que la llevó a confirmar los vínculos de ese dinero con el crimen organizado, con el tráfico de estupefacientes, el blanquero de capitales, el pago de favores.

Ahora, sin embargo, en el caso de Ye Gon todas las rutas financieras se borraron. Insisto, convenientemente, los recursos se encontraron en habitaciones y no en cuentas bancarias. Se ha insistido en las fajillas bancarias que contenían los miles de dólares.

La PGR participa ya en los interrogatorios a los inculpados en el caso. Patrón Arregui ya rindió su declaración, un testimonio que obviamente omitirá las historias que sobre él se documentan en el sector aduanero, su “exitosa” trayectoria como empresario en la región y el explosivo incremento en el país del contrabando, proveniente, de China.

La megatorre

A propósito de contrabando, técnico y bronco, la noticia de que el gobierno de la ciudad de México pretende construir junto con el Grupo Dahhos una megatorre alusiva al Bicentenario nos hizo recordar a los accionistas del Grupo Indetex, controlador de la cadena de tiendas Zara, quienes también son socios del grupo inmobiliario que se vería beneficiado de esta obra. En julio de 2005, le dimos cuenta de los informes de la Administración General de Aduanas, a cargo entonces de José Guzmán Montalvo, sobre el robusto contrabando técnico que protagonizó esta compañía y que, según el propio Montalvo, recibió la protección del gobierno español.