Contrario a lo que muchos creíamos de que Vicente Fox había sido un gobernante ausente, omiso y hasta ingenuo, dominado por su esposa Marta Sahagún y manipulado por sus hijastros integrantes de la pandilla de los Bribiesca, el expresidente nos vendió esa imagen y engañó así a la población haciéndole creer que había sido un mandatario tonto pero honesto.

Sin embargo, su exsecretario particular Alfonso Durazo aclara que esa imagen fue parte de una estrategia bien trazada desde Los Pinos en el sexenio pasado, en donde todas las decisiones pasaban por la oficina de Fox y éste hacia creer que todo se movía sin su consentimiento, como una forma de eludir su responsabilidad y al final ser inocente de cualquier acto de corrupción cometido durante su gestión.

En ese sentido, ahora que vemos en desgracia a un examigo de Fox, Juan Antonio Fernández, sujeto a investigaciones administrativas y juduciales abiertas en la Secretaría de la Función Pública y en la Procuraduría General de la República, en donde hay expedientes con acusaciones de desvío de recursos públicos de programas destinados a la población más necesitada del país, la pregunta que debemos hacernos es si Vicente Fox estuvo enterado de esas irregularidades cometidas por uno de sus hombres de mayor confianza y cercanía, o si fue el mismo exmandatario fue quien ordenó el desvío de dinero público de programas como el Seguro Popular, destinado a las familias que viven en pobreza extrema.

Lo que si es un hecho es que la PGR tiene evidencias suficientes para consignar ante un juez federal el expediente penal en contra del actuario Juan Antonio Fernández, a quien le han descubierto cuentas bancarias en el extranjero, nutridas con dinero público, y también a nombre de familiares y prestanombres. ¿Pero dichos recursos desviados del erario público fueron sólo a parar a las cuentas de Fernández o parte de ese dinero también llegó a Los Pinos para satisfacer la ambición económica de Fox?

Porque de ser así, una vez más estaríamos frente una regla de oro que se aplica entre la delincuencia de la burocracia y de la política: el hilo se rompe por lo más delgado, y entonces Juan Antonio Fernández tendría que guardar silencio y aguantar todas las acusaciones y sanciones en su contra que lo ubican como ratero y corrupto, razón por la cual la Secretaría de la Función Pública ya lo inhabilitó por 10 años para desempeñar algún cargo o comisión en el servicio público federal.

Pero si Fernández decide guardar silencio y como en las mejores familias mafiosas asume solo el castigo para salvar a sus cómplices, el extitular del Seguro Popular debe saber que el castigo no queda sólo en una inhabilitación, y ahora tendrá que enfrentar lo más duro, como son los tres juicios: el legal, en donde la PGR lo acusa de diversos delitos que sin duda lo llevarán a prisión si es que no huye antes; el social, en donde la población ya lo juzgó y lo encontró culpable de abuso de poder y corrupción, con el consecuente rechazo y señalamiento en medios de comunicación, y el histórico, cuando al paso del tiempo y tal vez desde prisión, reflexione si valió la penal guardar silencio y pagar solo una condena para salvar a su exjefe el expresidente.

El proceso penal

La PGR investiga al ex titular del Seguro Popular, Juan Antonio Fernández Ortiz, y a su equipo cercano de colaboradores, por los supuestos delitos de lavado de dinero, desvío de recursos públicos, asociación delictuosa, peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Las irregularidades cometidas por Fernández en el “programa estrella” de la pasada administración podrían involucrar más de mil millones de pesos, y fueron operadas desde la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) por el también excoordinador de campaña de los Amigos de Fox, al cargo de esta dependencia desde principios del 2003 y hasta el 12 de marzo de este año. Más de cuatro años para sacar recursos del erario público.

De acuerdo con la investigación periodística que ha seguido puntualmente desde hace dos años la reportera Erika Ramírez en la revista Contralínea, investigadores de la PGR aseguran que las anomalías en las que participó Fernández Ortiz no sólo ocurrieron en el proceso de credencialización del Seguro Popular, que costó al erario público 368 millones de pesos  – y por el cual el actuario fue inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier cargo en el gobierno, según determinó la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 31 de mayo pasado -, sino también en el pago de consultorías, enrolamiento de beneficiarios y nómina.

El expediente, integrado desde hace más de un mes en las oficinas del procurador Eduardo Medina Mora, contiene información que involucra a empresarios como Roberto Isaac Rodríguez al frente del Fondo de Infraestructura de Medios de Pago Electrónicos (FIMPE); Enrique y Gabriel Pérez, directivos de Image Technology; Meyer Guerrero, de la empresa E. Siglo, y Alfonso Franco, de Grupo Infra, quienes seguramente serán citados a declarar para explicar su intervención.

De acuerdo con datos de la averiguación previa en poder de la PGR, las cuentas que manejó Fernández Ortiz al frente del Seguro Popular no quedaron claras, pues actualmente se encuentra impugnado por la SFP un contrato por 742 millones de pesos celebrado con Image Tecnology, Cosmocolor, de Jorge Kawashi; Engenico y Gemplus, para que se llevaran a cabo diversas operaciones de avance tecnológico dentro del programa, de los cuales supuestamente ya fueron pagados 153 millones a este grupo de empresas.

En la negociación de este contrato, además, se encuentran involucrados José Antonio González Pérez, director general de Financiamiento; Martha Evelia Dávalos, directora Administrativa del Seguro Popular, y María Eugenia Galván Antillón, del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, quien dio carpetazo a la queja interpuesta por la empresa Técnica Comercial Vilsa luego de que se llevaron a cabo diversas irregularidades en el proceso de licitación 12161001-004-05.

Socios delictivos

Entre los exservidores públicos que estarían implicados en este fraude a la nación y a los más desprotegidos, pues según el programa está diseñado para atender a la gente que no cuenta con recursos ni seguridad social, están: Giovanni de Luna Noyola, exdirector general de Gestión de Servicios de Salud, y Rocío Herrera, coordinadora general del Proceso de Credencialización del Seguro Popular e hijastra de Juan Antonio Fernández.

Como ya ha reportado la revista Contralínea, Giovanni de Luna Loyola es investigado desde el año pasado por la SFP por el presunto delito de lavado de dinero, pues el amigo y colaborador cercano Fernández Ortiz también fungía como tesorero de la asociación civil Somos Amigos de México y como rector del Organismo Mundial de Investigación, sociedad civil cuyos centros de investigación están a punto de abrir en Guanajuato y Tijuana.

Otra de las personas que es investigada en el delito de presunto blanqueo de capitales con fondos públicos es Rocío Herrera Herrera. Se presume que la entonces encargada de vigilar el proceso de elaboración de la credencial con chip “Tu salud”, es también parte de la maquinaria que utilizó Fernández Ortiz para delinquir.

La mujer, que hace poco dejó la administración pública, es también hija de la actual esposa del actuario: Rocio Herrera, con quien apenas el 28 de abril de este año contrajo nupcias y celebró su pacto de amor en Punta Bruja, ubicada en Brisas Marqués, una de las zonas exclusivas de Acapulco (según publicó la reportera Anabel Hernández en la edición del 22 al 28 de junio de Reporte Índigo).

Además de disfrutar de una lujosa fiesta, Rocío Herrera utilizó el homónimo con su hija que era funcionaria del Seguro Popular para realizar viajes al extranjero con cargo al erario público, según documentó Contralínea en su edición de junio de 2006. Las visitas de los enamorados fueron a Alemania, Niza, Barcelona y Estrasburgo, denunció Pedro Márquez García, asesor de la CNPSS, en 2005.

Funcionarios del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud aseguraron que cuando Rocío Herrera iba a ser notificada en su domicilio de la averiguación en su contra, ésta había cambiado de domicilio, por lo que presumen que haya huido ya del país.

Gastos costosos

Los documentos que integran la averiguación de la PGR están basados en auditorías internas que realizó el OIC de la Secretaría de Salud, actualmente encabezada por José Ángel Córdoba Villalobos, y revelan los excesos y gastos injustificados que se realizaron en el Seguro Popular.

El Resumen de pagos realizados durante el ejercicio 2005, que llevó a cabo la Contraloría, especifica en su apartado de “irregularidades” que fueron erogados 389 millones 431 mil 342 pesos por el pago de diversas aplicaciones tecnológicas.

A detalle, la auditoría muestra que fueron erogados 17 millones 703 mil 469 pesos por el pago de un servidor central de la marca IBM a la empresa Qualita, con el registro LPI-1216001-003-05, y que no fue solicitado a la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI).

También fueron asignados un millón 104 mil pesos, con el pedido 029/05, a Impresora Profesional S.A. de C.V. para la impresión de porta tarjetas; 373 mil 351 pesos para el soporte del servidor a Sixsigma Networs México, y 1 millón 790 mil 521 pesos por el pago de asesorías a diversos consultores. Ninguno de estos desembolsos fueron dictaminados ni autorizados debidamente por las autoridades competentes y a ello se suma el derroche por 368 millones 460 mil pesos que significó el contrato CNPSS/S/LP/020/2005, otorgado a la empresa Image Tecnology y sus socias E. Siglo y Oracle de México.

Entre las consultorías pagadas, que en lo que se lleva de gestión el Seguro Popular han demostrado que no sirvieron para nada, se encuentran las de Patricia de la Concepción Noriega Hurtado para el “establecimiento de objetivos y estrategias de organización del manejo de los recursos humanos”, con el contrato CNPSS/S/AD/004/2005 por 190 mil pesos.

También participó Leopoldo Domínguez González con la elaboración del plan de trabajo mediante el cual se establecería la “estrategia organizacional del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, con el contrato CNPSS/S/Ad/007/2005 por 110 mil pesos.

RFID México S. DE R.L. DE C.V. brindó el servicio de consultoría para la definición de alcance y arquitectura de la tarjeta de identificación, basadas en tecnología RFID 13.56 mhz, con el contrato CNPSS/S/AD/011/2005 por 356 milo 500 pesos.

Ernesto Rocha Santoyo, ex colaborador de Juan Antonio Fernández Ortiz, cuando estuvo en la Secretaría de Agricultura, también obtuvo el contrato CNPSS/S/AD/012/2005 por 206 mil 521 pesos, para llevar a cabo el establecimiento del macro modelo de medicamentos dentro de la operación del Seguro Popular, a través de la tarjeta electrónica.

Silvia Franco Figueroa obtuvo el contrato CNPSS/S/AD/016/2005, por 285 mil pesos para la elaboración del libro Política de medicamentos, y Erika León Ledesma redactó otro texto titulado Seguro Popular, por el que recibió 275 mil pesos, bajo el contrato CNPSS/S/AD/016/2005.

SPONTY, S.C. por la elaboración del Manual de comunicación, recibió el contrato CNPSS/S/AD/016/2005 y obtuvo 345 mil pesos; Lourdes Rivera Ugalde por el título Documentación chip, consiguió otros 322 mil pesos.

IAFCI, investigación internacional

La Asociación Internacional de Investigadores de Crímenes Financieros, capítulo México (IAFCI por sus siglas en inglés), también sigue las pistas de Juan Antonio Fernández Ortiz por el presunto delito de lavado de dinero.

La organización que tiene presencia a nivel internacional indaga sobre los fondos con los que el exfuncionario y su colaborador Juan Antonio González Pérez realizaron viajes a Singapur. Integrantes de este grupo de investigadores consideran que los recursos con los que probablemente se opere el blanqueo de capitales, podrían provenir de organismos internacionales que han financiado el programa y por lo tanto el caso podría llegar a tribunales internacionales.