Un abultado expediente sobre los litigios que se han iniciado por el control de los mejores terrenos en Baja California Sur forma parte de los documentos reservados por la nueva Dirección General de Fonatur, a cargo de Miguel Gómez Mont, fundador de la Corporación GEO, una de las principales desarrolladoras de vivienda del país, y vinculado a la familia de abogados Gómez Mont.

El motivo del temor de Gómez Mont, es que hay varias solicitudes de información que se han presentado ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sobre este caso que involucra desfalcos por al menos 28 millones de dólares que se han tenido que cubrir con dinero del erario federal, sin que hasta ahora haya responsables.

En la gestión de Alfredo Del Mazo en Fonatur se permitió todo tipo de incumplimientos en torno al desarrollo de Loreto como Centro Integralmente Planeado (CIP), en donde el Grupo Prodipe, conformado por supuestos inversionistas franceses y exfuncionarios de Fonatur, se dio el lujo de demandar al gobierno federal por los derechos sobre terrenos y la bahía que acompaña a este destino turístico, uno de los lugares más bellos del país.

Así pasó prácticamente una década sin que en Puerto Escondido, Baja California Sur, pudiera desarrollarse un centro turístico que satisficiera la demanda de turistas, sobretodo de origen estadounidense ávidos de las playas del Mar de Cortés, de las montañas y del desértico panorama que conformaban un escenario único.

Ahora el presidente Felipe Calderón, frente a la amenaza en la caída de los ingresos petroleros, piensa que en Loreto descubrió una gran mina de oro. Para ello ordenó al director general de Fonatur que liberara de todo tipo de gravámenes a ese destino turístico.

En 2001 Vicente Fox intentó fallidamente la misma estrategia calderonista, en donde el expresidente prometió inversiones por más de 200 millones de dólares, pero el anuncio sólo quedó en palabras. En ese año, funcionarios de Fonatur, a cargo de John MCcarthy, reconocieron que para lograr las inversiones anunciadas por Fox era necesario otorgar avales y garantías adicionales a los inversionistas extranjeros para que aceptaran llevar sus recursos a ese destino.

Así pasaron dos años y en 2003 el fondo canadiense TDS dio a conocer que destinaría mil 500 millones de dólares al desarrollo turístico de Loreto, en donde Prodipe Jean Mary-Sanson y Alfredo Balí, un exfuncionario de la Nacional Hotelera, reclamaban derechos históricos, pero quedó fuera del acuerdo.

El litigio, era un hecho, seguía sin permitir al gobierno federal echar manos de los paradisíacos terrenos. El expediente del acuerdo firmado entre TDS y Fonatur también está reservado, y según las razones de Fonatur de darse a conocer los documentos que avala la entrega de terrenos en Loreto, se violaría el derecho al secreto comercial e industrial de TDS por revelarse sus estrategias de mercadotecnia.

El problema de fondo es que se presume que el gobierno federal no obtuvo nada a cambio y sí se comprometió a realizar inversiones por más de 50 millones de dólares en urbanización y desarrollo municipal que favorecerá a los inversionistas extranjeros y sólo en una pequeña medida a los 15 mil pobladores de la  región.

El mayor problema al que se enfrenta Loreto, ubicado en un lugar casi desértico del Golfo de California, es el acceso al agua potable. De hecho, las estimaciones de grupos ambientalistas indican que la zona necesita urgentemente de medidas de control sobre el acceso al agua potable.

Bajo estas condiciones resulta inexplicable cómo es que el gobierno de Vicente Fox se aventuró a buscar inversión extranjera para explotar de manera indiscriminada los recursos naturales de la región. Aún más resulta mucho menos razonable que el presidente Calderón impulse inversiones por más de 8 mil 500 millones de dólares para la edificación de más de 35 mil cuartos de hotel que representarían un crecimiento poblacional de al menos 125 mil personas.

Las advertencias están sobre la mesa. Las autoridades municipales de la región aseguran que no permitirán inversiones turísticas si los inversionistas extranjeros no se comprometen antes a construir infraestructura para el tratamiento de agua, pero sobre todo para desalinización del agua de mar. Sólo así, advierten, contarán con agua suficiente para abastecer las necesidades de sus complejos turísticos. Hasta ahora, sin embargo, no existe ninguna garantía de que cumplan con los acuerdos previstos para desalinizar agua.

El equilibrio ambiental de Loreto, sin duda, está en riesgo. Pero lo que también está en peligro es la transparencia con la que se está manejando la construcción de ese nuevo CIP de Fonatur. Hasta ahora sólo se dan a conocer las inversiones y los supuestos beneficios que traerán la inversión y el turismo extranjero a la región. Sin embargo, no se informa sobre los términos de los contratos para ceder estos territorios. Aún más, la Secretaría de Turismo ha censurado al llamado turismo all inclusive que se ha caracterizado por ceder la mayor parte de las divisas al país de origen de los inversionistas extranjeros.

A cuenta gotas

Ante la negativa de Fonatur de no dar a conocer información sobre estos proyectos que incluyen a la española Fadesa con una inversión por más de 5 mil millones de dólares, investigaciones periodísticas con autoridades locales de Loreto indican que el presidente Calderón fue informado de que después de décadas de litigios se concluyó con los pasivos jurídicos y gravámenes que arrastraba Loreto.

Ahora, dijo Calderón frente a los loretanos, el Estado recuperó la propiedad de los terrenos de Puerto Escondido. El problema, según Fonatur, se habría solucionado con el pago de 11 millones de dólares a los acreedores que aún reclamaban derechos sobre estas propiedades.

Las preguntas son: ¿A quien se liquidó esta cantidad? ¿A Jean Mary-Sanson? ¿A Alfredo Balí? ¿A los inversionistas que durante décadas  reclamaron derechos sobre Loreto pero también incumplieron las inversiones comprometidas?

En 2003 la Procuraduría General de la República libró una orden de aprehensión en contra de Mary-Sanson, quien dejó el país para eludir cualquier acción judicial en su contra. Su exabogado Everardo Espino confirmó que ya no se encuentra en el caso y que, incluso, el supuesto inversionista francés tampoco cubrió sus honorarios.

En el fondo Mary-Sanson, como lo documentó en su momento esta columna, formó un grupo de inversionistas con participación de exfuncionarios de Fonatur que coludidos buscaron aprovechar el desarrollo turístico que se preveía para la región de Loreto, siempre sin los adecuados impactos ambientales.

Alfredo Balí también parece estar fuera de la liquidación que entregó Fonatur. Así lo confirmó en una llamada telefónica en la que dijo no estar al tanto de la operación que libró a Puerto Escondido de la cadena de juicios. Aparentemente Fonatur habría pagado esos 11 millones de dólares a bancos que habían involucrado recursos en el proyecto que encabezaba Prodipe. Santander habría sido uno de los bancos beneficiados por este acuerdo. Sin transparencia, es un hecho que el proyecto de Loreto-Nopoló-Puerto Escondido generará grandes suspicacias. Por lo pronto hasta ahora no se conoce quiénes participan con inversionistas extranjeros.

El Flat Tax y el FMI

Agustín Carstens, titular de la Secretaría de Hacienda y ex subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), asegura que la llamada Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU) que conforma una gran parte de la reforma fiscal integral presentada por Felipe Calderón, no es una tasa de impuestos plana (Flat Tax) como la que se aplicó en Estonia y Rusia.

No es así, dijo Carstens, porque se seguirá interactuando con la tasa de 28 por ciento del CETU. Sin embargo, esta contribución que algunos consideran draconiana y que sólo se dirige a gravar a los contribuyentes cautivos, se calcula sobre los ingresos brutos con una base fija, tal y como se hace con el Flat Tax.

En septiembre de 2006, los analistas del FMI, Ricardo Varsano, Micheel Keen y Yitaem Kim, dieron a conocer varias conclusiones reveladoras sobre el Flat tax y sus resultados en el largo plazo para las economías de Europa del Este que lo han adoptado. ¿Será por ello que algunos países como Inglaterra y el propio Estados Unidos han tomado sus reservas ante la aplicación del  impuesto de tasa única?

Critica lectora a Juan Antonio Fernández

Desde hace un año hemos documentado las irregularidades que el actuario Juan Antonio Fernández Ortiz, creador del grupo político Amigos de Fox, cometió durante el gobierno anterior al frente del programa denominado Seguro Popular, desde donde desvió recursos públicos en el proceso de credencialización para la población más pobre del país, el cual tuvo un costo para el erario público de 368 millones de pesos, mediante el cual se enriqueció ilícitamente y utilizó recursos públicos en beneficio propio, de su familia y de empresas privadas, por lo que ahora la Secretaría de la Función Pública lo ha inhabilitado por 10 años por el delito de abuso de poder.

Una lectora de esta columna, Tania Salgado, envía sobre ese tema el siguiente mensaje:

“He estado siguiendo muy de cerca la información que escribe acerca de Juan Antonio Fernández, conozco muy de cerca a la actual esposa de este pillo, y sé que todo lo que se dice de él y más es cierto; por ejemplo, las más de seis propiedades que adquirió a nombre de la señora Rocío Josefina Herrera Villagrán, en el año 2006, 2 de ellas en Acapulco, 2 en Bosque Real y 2 más en un edificio a la vuelta del teatro Ofelia, en la ciudad de México.  

“Además de los automóviles y viajes en los que por supuesto iba la señora Rocío y en los que se ufanaba de haber firmado más de 400 mil pesos en un crucero, por ejemplo. 

“Es de las personas cercanas a la señora Rocío Herrera, que desde hace muchos años, más de 20, es amiga cercana del señor Jorge Kawachi, y casualmente la empresa que tuvo la credencialización a su cargo es de uno de los sobrinos de éste señor. ¿Coincidente no?

”Me parece indignante que un pillo de éste calibre sólo reciba una pena tan pequeña y que haya afectado a tantos millones de pobres en este país.