Al revisar las primeras cuentas públicas del gobierno de Vicente Fox, la Auditoría Superior de la Federación (único órgano de vigilancia perteneciente al Congreso que sirve para contrarrestar la grave corrupción gubernamental) advirtió que el director de Nacional Financiera, Mario Laborín, también ahora director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, tendría responsabilidad sobre la escasa transparencia y gestión de los ingenios azucareros, luego de la constitución de los fideicomisos que administran los activos del endulzante desde 2001, producto de su expropiación.

Pero a la distancia observamos que la rendición de cuentas sobre este caso tendría que ir más allá y alcanzar al ex titular de la Secretaría de Agricultura en el gobierno foxista, Francisco Mayorga, quien tiene mucho que explicar sobre los errores jurídicos cometidos, sobretodo en los últimos meses de la administración de Vicente Fox, como si alguien hubiera pagado para solventar el asunto.

Entonces, ¿quién pagará los platos rotos y las pifias cometidas durante la fallida expropiación de los ingenios azucareros? ¿Cómo explicar a los contribuyentes que después de contener con recursos públicos la crisis del sector y las deudas de los ingenios del Grupo Caze, propiedad del empresario Enrique Molina –por cierto dueño también del lujoso hotel Ritz Carlton de Cancún–, podría recuperarlos como si nada hubiera pasado? 

Si bien fue Javier Usabiaga, el torpe secretario de Agricultura del autista presidente Fox, quien firmó junto con los abusivos secretarios de Hacienda, Francisco Gil Díaz; de Economía, Luis Ernesto Derbez, y de Función Pública, Francisco Barrio Terrezas, además del propio Fox, el decreto que declaró la expropiación de los ingenios en función de la “utilidad pública”, a Mayorga le tocó la peor parte: responder jurídicamente a las demandas de nulidad en contra de dicho decreto, declarado a principios del año pasado improcedente e inconstitucional.

Fue al ex secretario Mayorga a quien le correspondió dirigir la defensa jurídica frente a los costosos equipos de abogados contratados por los empresarios Enrique Molina (Caze), Juan Gallardo Thurlow (GAM) y Teresa Machado (Grupo Machado), quienes demandaron la inconstitucionalidad de la expropiación y la restitución de los activos.

Al Grupo Azucarero México se le reintegraron parcialmente los ingenios y las familias Gallardo Thurlow y Cortina se preparan ahora a participar en el mercado de biocombustibles con la producción de etanol y bagazo de caña; mientras que a Molina, inexplicablemente, la suerte también podría volverle a sonreír gracias a la negligencia con la que actuaron los funcionarios del gobierno foxista y a quienes, por lo menos, se les debe investigar para determinar si no fueron sobornados para simular la defensa de la expropiación a cambio de jugosos portafolios de dinero.

La Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación tendrían que determinar si Mayorga tuvo que haber acelerado la liquidación de los activos de Caze, como parte del proceso de concurso mercantil bajo el cual se colocaron los activos de los ingenios El Potrero, El Modelo, San Miguelito, La Providencia, Casasano, La Abeja, Atencingo, Emiliano Zapata y Plan de San Luis.

El hecho es que al llegar a la Secretaría de Agricultura, el político jalisciense Francisco Mayorga decidió cambiar al equipo jurídico que, hasta ese momento, se había hecho cargo del expediente azucarero. Todo empezó con la coordinadora general Jurídica de la dependencia, Lilia Ochoa; después ordenó varios desistimientos sobre las acciones jurídicas para promover procesos de conciliación, como parte de los concursos mercantiles iniciados para resolver la situación de pagos vencidos de los ingenios. Este, precisamente, fue el caso del Consorcio Caze, que en 2006 registraba activos por mil 200 millones de pesos, mientras que sus deudas sumaban más de 18 mil millones.

Además, Caze tenía una lista de más de 400 acreedores que esperaba solución al pago de sus adeudos. Fue así que el gobierno federal destinó casi 2 mil millones de pesos al pago de pasivos urgentes en los ingenios que expropió, dando prioridad a cañeros y trabajadores. Se trato, por supuesto, de recursos a fondo perdido pagado con el presupuesto público de todos los mexicanos. Es decir que ni gobierno federal ni contribuyentes recuperarían dichos recursos.

Una historia de corrupción y componendas

Hace cinco años se justificó la expropiación al asegurar que se trataba de una bomba de tiempo social. No obstante, también se hizo público el interés de Lino Korrodi, uno de los principales traficantes de influencias y artífices para que Fox asumiera la Presidencia en medio de hechos de corrupción, y de otros “Amigos de Fox” por participar en el sector azucarero, a fin de aprovecharse de aquella expropiación gubernamental que el amigo Fox había ordenado.

Después de todo, aún nostálgicos por su participación en Coca–Cola (en donde se encargaban de las compras de inventarios de azúcar), Korrodi, Fox y sus amigos presumían tener suficiente experiencia para hacer grandes negocios en esta industria.

Así, mientras el decreto expropiatorio incurrió en la equivocación de otorgar derecho de audiencia a los afectados, Mayorga decidió dejar pasar el tiempo antes de resolver los problemas que involucrarían acciones tardías y costosas para el erario. Sabía, por ejemplo, que Caze pignoró caña de azúcar con la Almacenadora México cuando se trataba de operaciones no permitidas por las regulaciones financieras en la materia.

Además, Molina constituyó fideicomisos con HSBC (antes Bital) para renegociar sus adeudos con la extinta Financiera Nacional Azucarera (Finasa) y adeudaba grandes cantidades a los trabajadores, quien siempre son los grandes perdedores. El proceso de concurso mercantil y la eventual quiebra, en el expediente de Caze, estaban más que justificados.

Una verdadera telaraña de intereses y acreedores esperaban recuperar sus capitales. Fue así como el 14 de abril de 2006 se presentó la solicitud de concurso mercantil contra Caze, demanda radicada en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, bajo el número de expediente 73/2006–III.

El 21 de abril, las autoridades de dicho Juzgado admitieron a trámite la solicitud de concurso y ordenaron al Instituto Federal de Concursos Mercantiles (Ifecom) designar a un visitador para el caso. Al Ifecom también se le solicitó un proceso de conciliación con los acreedores, pero en su momento se declaró incompetente para ello.

El 18 de mayo, la Secretaría de Agricultura dio instrucciones de que nuevos apoderados en el caso presentaran un desistimiento del concurso mercantil. Pero la sorpresa para Mayorga fue que se declaró infundado este recurso y, a pesar del amparo directo que interpuso la dependencia, la Procuraduría General de la República actuó de oficio en el caso.

El 13 de junio de 2006 un agente del Ministerio Público Federal presentó una demanda de concurso mercantil en contra de los ingenios azucareros expropiados del Grupo Caze y fue así como este consorcio, contra lo que promovió y apoyó el propio gobierno federal, llegó el 6 de julio del año pasado al concurso mercantil a pesar de las demandas y amparos promovidos por el apoderado del grupo azucarero, Celestino Alonso Barraza.

Este litigante, ampliamente conocido en el medio de los abogados especialistas de procesos de quiebras, perdió tres de los juicios de amparo que interpuso a nombre de los accionistas del grupo, aunque gestionó su revisión. En cambio, los derechos fiduciarios de HSBC permanecieron intactos.

Ahora, a un año de esta historia que levanta suspicacias entre los conocedores del tema por la actuación del ex titular de la Secretaría de Agricultura, sorprende que en la pizarra de concursos mercantiles del Ifecom aparezca el proceso de concurso mercantil –radicado precisamente en el Juzgado Décimo de Distrito en Material Civil del DF, Primer Circuito– y que la etapa en la que se encuentre el caso sea la de conciliación, en donde ya se citó al reconocimiento de los créditos, cuando esa misma etapa no quiso coordinar el propio Ifecom hace apenas un año.

¿Quién ganó y quién perdió?

Los abogados de Enrique Molina sabían que entre más tiempo tardara el proceso los días, meses y años estaban a su favor, pues resulta que de acuerdo con el decreto expropiatorio de los ingenios del sector azucarero, sólo se otorgó cinco años para lograr los objetivos previstos y al concluir ese lapso se revertiría la expropiación, inconstitucional o no, así sólo era cuestión de tiempo y todos en el gobierno y en el sector privado lo sabían.

Por ello, la estrategia de Enrique Molina era a toda costa retrasar el proceso jurídico y Mayorga, sin duda, colaboró en ello. Por eso ahora hay que preguntarle a cambio de qué ayudó a Molina. Se trata de un ex funcionario del gobierno federal que entregó la estafeta al actual titular de la Secretaría de Agricultura, Francisco Cárdenas, con quien, además, sostiene un añeja amistad desde los días en que ambos participaron en el gobierno de Jalisco, lo cual parece garantizarle que le cubrirán las espaldas “pase lo que pase”, salvo que el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, quien hasta ahora no ha servido para nada a los intereses de la nación, disponga de otra cosa y haga bien, por primera vez, su trabajo.

Otras maniobras de Gil Díaz

Y ya que hablamos de corrupción gubernamental al margen de cualquier organismo de fiscalización, el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, generó en la banca de desarrollo su propia reforma para el sistema de pensiones, al impulsar la constitución de fideicomisos privados que administraran no sólo los fondos para el retiro de los burócratas, sino las aportaciones individuales de las futuras generaciones. Es decir, la misma fórmula que empleó en el expediente de ISOSA que ahora investiga una comisión del Congreso.

Sin el escrutinio del Congreso y gracias a los recursos excedentes en la economía que generaron los precios del petróleo, Gil Díaz ocupó sus últimos meses en la administración pública en generar un nuevo esquema para el retiro de los trabajadores de la banca de desarrollo, la cual siempre estuvo bajo su control, en el que después de cubrir las obligaciones con el personal jubilado se individualizaran las cuentas.

Los recursos de esas cuentas –bajo el mismo modelo que las gestionadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores)– serían depositados y manejados por fideicomisos privados. Por ahora no se ha constituido alguna entidad privada; sin embargo, trabajadores pensionados en la banca de desarrollo saben que el riesgo existe.

Ésta fue la propuesta que trató de imponer Gil Díaz en el último consejo directivo de Bancomext, en agosto de 2006, en donde participó el entonces secretario de Hacienda y el tema central fue modificar el sistema de pensiones de la institución para disponer con libertad de los recursos.

Antes de autorizar las partidas presupuestales que permitirían a la banca de desarrollo solventar el déficit actuarial que ponía en riesgo la entrega de recursos para sus pensionados, el ex secretario de Hacienda buscó condicionar la entrega de dichas partidas presupuestales a la constitución de fideicomisos privados para administrar “por fuera” los nuevos fondos con cuentas individualizadas para el retiro.

Al menos los fideicomisos que operan recursos para los fondos de pensiones de Nafin y Bancomext fueron capitalizados al término del gobierno foxista, para terminar con la amenaza de una insuficiencia crónica que pusiera en riesgo no sólo la operación de estos bancos de desarrollo, sino la capacidad financiera del gobierno federal para hacer frente al déficit generado por las pensiones del sector público.