Candidato elegido por Vicente Fox para sucederlo en la Presidencia de la República, Santiago Creel Miranda ha sido un simulador y un constante perdedor: primero en su relación con Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, se vio involucrado en corruptelas para constituir fideicomisos aduaneros y empresas privadas para desviar recursos públicos (cómo olvidar ISOSA en este espacio); después como secretario de Gobernación jamás fue un interlocutor confiable para las distintas fuerzas políticas ni tampoco logró tener control de la política interna, y al buscar la Presidencia de la República con el apoyo de Los Pinos no pudo vencer a Felipe Calderón en el proceso interno del PAN para definir a su candidato.
Con esos antecedentes, Creel Miranda busca reconvertirse a destiempo y con ello cambiar la imagen de perdedor y sumiso que lo acompaña desde que empezó a militar en el PAN. Es este neodemócrata quien impugna ahora la llamada “Ley Televisa” y hace un lado su pasado fraudulento para dejar al descubierto las negociaciones que precedieron la aprobación de esta legislación cuyo principal pecado –a juicio de sus detractores– es amurallar los intereses de los poderosos concesionarios de la radio y la televisión abierta.
Hoy, protegido con el fuero que le otorga ser integrante de la LX Legislatura y lejos, muy lejos, de la silla presidencial, Santiago Creel revela los entretelones de la negociación mediática que habría permitido a Felipe Calderón contrarrestar la fuerza política real de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, hay quien considera que más vale tarde que nunca y aprueba estas declaraciones a destiempo de quien busca los reflectores y traiciona aquel pacto foxista con los medios de beneficiarlos a cambio de evitar a cualquier precio la llegada de López a la Presidencia de la República. Pero la información dada a conocer por Creel, sin duda, abona el terreno para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome la mejor decisión para rechazar o aceptar el recurso de inconstitucionalidad en contra de las reformas a las leyes de Radio, Televisión y Telecomunicaciones.
Otros se preguntan si el ex secretario de Gobernación tiene la autoridad moral para criticar las “oscuras” prácticas del partido gobernante que, a toda costa y como en los mejores años de corrupción del PRI buscó allanarle el camino a su candidato. Parece que no, pues acaso no fue Creel quien como secretario de Gobernación impulsó y negoció el famoso “decretazo” del 10 de octubre de 2002 que no sólo eliminaba el pago del l2.5 por ciento de tiempo–aire por parte de las televisoras, sino que refrendó con impunidad un gran paquete de concesiones en beneficio de los empresarios que controlan los medios electrónicos.
¿De qué se queja ahora Santiago Creel si él junto con Vicente Fox planearon mediante decretos una estrategia de avanzada sobre lo que sería la “Ley Televisa”, que sólo se ocupó de poner en una legislación las prácticas frecuentes del poder político con los medios?
De hecho, el considerando séptimo del predictamen del ministro Salvador Aguirre Anguiano critica esas prácticas y lo aprobado en la Ley Federal de Radio y Televisión. Considera que sí, en efecto, “existe un régimen discriminatorio para el otorgamiento de permisos y concesiones en materia de radiodifusión, si es que los requisitos para obtener los primeros suponen una discriminación para los sujetos que quieren obtener uno frente a aquellos que desean obtener una concesión”.
Este, precisamente, es el caso de los medios e inversionistas extranjeros interesados en obtener la concesión de una tercera cadena de televisión. Por eso, el mayor pecado de esta reforma no sólo es la negociación política que la precedió sino que dejó a un lado los intereses de los consumidores, además de olvidarse de ofrecerles nuevas opciones capaces de competir frente a los grandes poderes fácticos de los medios electrónicos.
Es decir, se manipuló y se negocio el derecho de terceros. No hay más.
El Diccionario de Política de Norberto Bobbio y otros autores más establecen que la manipulación se refiere a las relaciones sociales o políticas que vinculan individuos o grupos; a la intervención del hombre sobre la naturaleza de las cosas; acciones siempre dirigidas a transformar la conducta del manipulado y el carácter pasivo o inconsciente. Así, de todas las formas de poder es la que merece una condenación moral más fuerte. Constituye, dice el politólogo, “el rostro más torpe del poder”.
Como si Bobbio conociera los entretelones y la puesta en escena de la “Ley Televisa”, el filósofo agrega al referirse a la manipulación de la información que al suprimirla a través de prácticas de control secreto y censura política de los medios masivos de comunicación, e incluso de las comunicaciones privadas, su principal objetivo tiene que ver con inhibir la oposición potencial.
Esos precisamente son los pecados del gobierno de Vicente Fox al que perteneció y sirvió Santiago Creel, sin objeciones ni miramientos para oponerse a la enorme corrupción y abuso de poder que marcó la llegada del PAN al poder presidencial.
Pero los medios también tienen sus pecados. Más allá del caso de las televisoras, que ya comienzan a preparar las campañas de descrédito en contra de Santiago Creel, están los grandes periódicos cuyos propietarios ya se frotaban las manos para cobrar la factura por el apoyo político que dieron al gobierno panista de Calderón. No se trata de cualquier cosa, sino de la entrega de una treintena de concesiones para operar estaciones de radio y, ¿por qué no?, hasta para controlar las operaciones de lo que se llama la Tercera Cadena o la Tercera Opción.
Impensable en países verdaderamente democráticos que propietarios de periódicos o de estaciones de radio deambulen, sin restricción alguna, entre un medio y otro. Por ejemplo en Estados Unidos las leyes registren las propiedades cruzadas para evitar, precisamente, concentración de poder y conflictos de interés que afecten a los consumidores.
Pero en las reflexiones del ministro Aguirre Anguiano, con excepción de las referencias hecha al acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los medios de comunicación, no se menciona a los otros mexicanos, a los que viven en las grandes ciudades o en los pequeños pueblos y cuyo principal vínculo con los medios de comunicación son las ofertas que presentan los grandes corporativos. Para ellos por decreto no hay otra opción.
El ministro sí se pronuncia en cambio porque el derecho a la información no entre en conflicto con otro tipo de derechos. Cualquier limitación al acceso a la información, reconoce, puede generar daños al interés público que no tendrá garantizado la libertad de recepción.
El Estado, por lo tanto, debe garantizar que los servicios de radiodifusión respeten la función pública que les está encomendada como medios de comunicación de gran influencia social, garantizando el acceso a diversas corrientes de opinión, capaces de fomentar la cultura nacional, la integración de los grupos indígenas al desarrollo nacional, la imparcialidad, generalidad y veracidad de la información que es transmitida en señal abierta a prácticamente toda la población, dice la Suprema Corte de Justicia.
Pero la “Ley Televisa” no dice nada al respeto. Por ello, se declare o no inconstitucional tras un año de estar impugnada pero en vigor, el Poder Legislativo tiene un nuevo reto: pensar en el usuario y legislar para el. Es decir una nueva generación de reformas que vigilen el papel social de los medios de comunicación, sus propiedades cruzadas y los conflictos de interés, lo cual contribuiría, sin duda, al ejercicio democrático del poder de los medios. Los legisladores, sin embargo, temen el peso y la furia de los medios de comunicación en su contra porque, hasta ahora, dependen de su “popularidad” frente al electorado y no de sus resultados.
Por lo anterior algunos analistas aseguran acertadamente que con el debate a la “Ley Televisa” apenas comienza un problema cuya solución ya no se limita a la regulación de los grandes poderes mediáticos, sino a la responsabilidad social de legisladores y autoridades, un tema que sólo cabe en una verdadera Reforma del Estado.
Empresas en paraísos fiscales
Y ya que hablamos de la llamada “Ley Televisa” sería interesante que las unidades de investigación contra el “lavado” de dinero y de inteligencia financiera de México, Estados Unidos y Europa hiciera alguna revisión a algunas empresas constituidas en paraísos fiscales por familiares de directivos del Grupo Televisa para triangular importantes recursos económicos, pues tal vez encuentren allí elementos que puedan ser constitutivos de algún delito. Pero de esas empresas hablaremos con más amplitud en las próximas columnas.
El gobierno federal no paga el agua
Mientras los mexicanos vemos cómo se incrementan los cobros en nuestros recibos por el consumo de agua potable, bajo el discurso de que el vital líquido se está acabando y hay que evitar su despilfarro y el abuso, en contrasentido el gobierno federal, varias secretarías de Estado, algunas paraestatales y organismos descentralizados, así como un selecto grupo de empresas en manos de personas estrechamente relacionadas con Los Pinos, omiten el pago de consumo de agua.
Por ejemplo la Secretaría de la Defensa Nacional no paga el consumo en sus instalaciones del vital líquido. Lo mismo sucede con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Hacienda, por lo que en el caso del Distrito Federal el gobierno que encabeza el priísta–perredista Marcelo Ebrad debería poner mayor atención a estas anomalías que le cuestan a los mexicanos millones de pesos.
La semana pasada la titular de la Secretaría del Medio Ambiente en el DF, Martha Delgado Peralta, informó que ya se revisa la estructura tarifaria para el cobro del consumo de agua en la ciudad, a fin de garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan, según reportó Angel Bolaños en el diario La Jornada, pero la funcionaria debería considerar antes de aumentarles las tarifas a quienes ya pagan, que investigue a esos empresarios vinculados con funcionarios de Los Pinos y con el PAN, así como obligar a las secretarías de Estado y paraestatales como Pemex a pagar las cuotas obligatorias por el enorme consumo que allí se hace y que por lo mismo es en donde el despilfarro del líquido es constante. Sin lugar a dudas que con esta medida se incrementará considerablemente la generación de recursos por este servicio para el gobierno capitalino.
