Hace unas semanas comentamos los problemas que enfrenta el presidente de Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, por el costoso retraso en la aplicación de un sistema contratado para modernizar su plataforma tecnológica denominado “Solución Integral” y que representó un gasto de más de 52 millones de dólares, lo cual ha causado disgustos y desconfianza al secretario de Hacienda, Agustín Carstens.Según Zubiría Maqueo los problemas con este contrato no son atribuibles a hechos de corrupción o negligencia en el organismo que preside, y también ha exculpado del atraso a la empresa Oracle o Peoplesoft, que originalmente fue la que ganó el contrato, bajo el argumento de que se trata de un nuevo sistema es una arquitectura tecnológica muy compleja.

Pues en medio de la crisis que vive el presidente del SAT y sus problemas con su jefe Carstens que lo mantienen al borde de la renuncia, hay que agregar las graves acusaciones de supuesto delito de peculado que le hace la Auditoría Superior de la Federación en su último informe sobre la cuenta pública correspondiente a 2005, en donde señala que el SAT extrajo de manera irregular más de mil 200 millones de pesos correspondientes al Derecho de Trámite Aduanero para entregarlos a grandes contribuyentes como son Mexicana de Aviación, Aeroméxico, United International Pictures y Minsa, entre otras empresas privadas nacionales y extranjeras.

Lo grave de esto es que la misma Secretaría de Hacienda es la que se ha empecinado en afirmar que los recursos del DTA son de origen privado, como lo son también los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como ISOSA, entonces la duda es por qué utiliza Hacienda recursos privados para pagar devoluciones de impuestos a grandes contribuyentes. La explicación es que el rentable negocio del DTA ha sido una caja sin fondo para el desvío de recursos públicos y el actual secretario de Hacienda lo sabe, pues hay que recordar que el sexenio pasado fungió como subsecretario de Ingresos.

Aunque la ASF no fiscalizó todas las devoluciones por falta de información, sí revisó los 13 expedientes más importantes a cargo de la Administración General de Grandes Contribuyentes. Éstos involucran 760 millones 676 mil pesos, monto que equivale al 62 por ciento del total registrado como devoluciones en efectivo en el rubro del Derecho de Trámite Aduanero.

Entre las empresas privadas más beneficiadas con estas operaciones destacan las aerolíneas Mexicana –que en el mismo año de 2005 fue vendida al Grupo Posadas– y Aeromexico. Éstas recibieron más de 600 millones de pesos en total por devoluciones de Derechos por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

Y es que con recursos del DTA, los cuales según la Suprema Corte de Justicia son de carácter privado, el SAT reintegró 341 millones 668 mil pesos a Aeromexico y 302 millones 601 mil pesos a Mexicana. Por este mismo derecho, el SAT entregó 13 millones 567 mil pesos a favor de la empresa de correspondencia Estafeta Carga Aérea, S.A. de C.V.

Otras empresas beneficiadas

United International Pictures es otra de las empresas que recibió en forma irregular recursos del DTA. A ésta le devolvieron 46 millones 620 mil pesos correspondientes a Derechos por Servicios de Cinematografía. En este mismo sector, Servicios de Cinépolis S.A. de C.V. se adjudicó 5 millones 897 mil pesos por Impuesto Sustitutivo de Crédito al Salario; mientras que a la distribuidora Gussi, S.A. de C.V. le fueron devueltos 8 millones 744 mil pesos por Derechos por Exhibición de Películas Cinematográficas.

En la lista de empresas beneficiadas con recursos del DTA por la Administración General de Grandes Contribuyentes también se encuentra Minsa, S.A. de C.V., considerada en la industria tortillera mexicana como una de las dos más importantes empresas. De acuerdo con el análisis de la ASF, Minsa recibió 17 millones 784 mil pesos como devolución del Impuesto al Valor Agregado.

También destaca Textiles Morelos, S.A. de C.V., a la cual le fueron reintegrados 7 millones 212 mil pesos por Derechos por Uso o Aprovechamiento de Aguas Nacionales. Por este mismo concepto la refresquera Manantiales Peñafiel, S.A. de C.V. se adjudicó un millón 732 mil pesos.

Otro derecho solventado con recursos del DTA es el de Uso y Explotación de Bandas de Frecuencia, que involucra 6 millones 481 mil 600 pesos a favor de Televisión Inalámbrica, S.A .de C.V.

La trasnacional española Astrazeneca, S.A. de C.V. recibió 2 millones 958 mil 800 pesos por el Impuesto General de Importación. Mientras que por el Impuesto al Activo se devolvieron 2 millones 931 mil 500 pesos a la inmobiliaria G Acción, S.A. de C.V., y 2 millones 476 mil 300 pesos a Operadora de Centros Comerciales Opción, S.A. de C.V.

Opacidad de información en el SAT 

Sobre otros 20 expedientes, la ASF señala que la Administración General de Grandes Contribuyentes y la Administración General de Recaudación del SAT negaron los archivos bajo el argumento inexplicable de guardar la confidencialidad de la información.

Aún así, el máximo órgano de fiscalización en México logró obtener los siguientes datos del contribuyente Aerolitoral, S.A. de C.V., al cual el SAT le entregó dos oficios de fecha 28 de febrero de 2005, con los cuales autoriza devoluciones por 60 millones 641 mil 400 pesos. Al igual que en los casos de Mexicana y Aeroméxico, por el concepto de Servicios de Navegación Aérea.

La ASF también se hizo de dos oficios de la Compañía Cervecera de Zacatecas, S.A. de C.V., del 30 de mayo y 3 de junio de 2005, por medio de los cuales exigía la devolución de 32 millones 77 mil pesos, por concepto de Impuesto Sustitutivo de Crédito al Salario.

El órgano fiscalizador reunió ocho oficios del contribuyente The Brown Corporation de Saltillo, S. de R.L. de C.V., del 14 de junio de 2005, en donde pedía la entrega de 6 millones 219 mil 600 pesos. Y uno más del contribuyente Alcoa CSI de México en Saltillo, S.A de C.V., por 13 millones 295 mil pesos, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

El informe de la Auditoría detalla que el total registrado como “devoluciones de la zona norte” ascendió a 112 millones 233 mil pesos. Sin embargo, advierte que el SAT omitió entregar la información de otros 16 expedientes, entre los que se encuentra el del Club Campestre de Querétaro A.C. Con la escasa información recabada, la Auditoría presume que dicho contribuyente habría recibido un millón 260 mil 300 pesos por devoluciones de DTA, sin comprobar que la aplicación del gasto y concepto fueran correctos.

El SAT admite sus anomalías

El informe de la ASF revela que la Administración Central de Control de la Operación, dependiente de la Administración General de Recaudación, admitió las anomalías en el registro de devoluciones por Derecho de Trámite Aduanero, y que en realidad correspondieron a otros derechos e impuestos.

Según el SAT, esta irregularidad se debe a que “el catálogo del Sistema Integral de Recaudación tiene algunas limitaciones para la clasificación correcta de acuerdo con los conceptos contables respectivos”.

El oficio 327–SAT–VII–3–0388, fechado el 9 de octubre de 2006 y entregado a la ASF, detalla que las devoluciones registradas en el rubro del DTA no necesariamente fueron cubiertos con recursos de ese derecho; “por lo que, a fin de conocer la clave contable en la que deben registrarse, se solicitó a las administraciones locales de recaudación que le indicaran las claves correctas de las devoluciones para su reclasificación”.

Sin embargo, la ASF considera que la Administración General de Grandes Contribuyentes y la Administración General de Recaudación, ambas dependientes del SAT, incurrieron en irregularidades, pues incluso el artículo 16 de la Ley Aduanera impide la devolución del DTA.

Por lo anterior, indica el informe, se comprobó que las devoluciones no correspondieron al DTA, sino a otras contribuciones. Por ello, el órgano fiscalizador advierte que las cifras consignadas en la contabilidad del SAT no son confiables, situación que contraviene el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Para la Auditoría Superior de la Federación “el Servicio de Administración Tributaria no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la Recaudación de Ingresos por Derecho de Trámite Aduanero, pues en dicho rubro se registraron indebidamente devoluciones de impuestos por mil 220 millones 176 mil pesos”.

Otros desvíos de recursos

La Auditoría Superior de la Federación señala que también que se identificaron irregularidades en los cargos y abonos en las cuentas bancarias asignadas para la recaudación de contribuciones al comercio exterior, por 432 millones 64 mil 400 pesos.

Tras descubrir estas anomalías, la ASF emitió una solicitud de aclaración–recuperación, en la que pide al SAT que proporcione la documentación comprobatoria de los más de 432 millones de pesos, que incluyen el DTA, y que fueron recaudadas por BBVA Bancomer, Santander Serfin y HSBC.

Y es que en mayo, noviembre y diciembre de 2005 dichas instituciones financieras realizaron movimientos en las cuentas bancarias sin la correspondiente afectación complementaria, indica el amplio Informe

Por la cantidad involucrada, el caso de BBVA Bancomer es el más importante. Se trata de transferencias por 337 millones 607 mil 200 pesos que este banco reportó como abonos a la cuenta de la Tesorería de la Federación, sin reportar los cargos en mayo, noviembre y diciembre de 2005.

Mientras que en mayo de 2005 Santander Serfin reportó 3 millones 440 mil 100 pesos como cargos y abonos en una sola cuenta, y 91 millones 17 mil 100 pesos que HSBC informó como cargos en una sola cuenta en diciembre de 2005, sin reportar abonos a la cuenta de la Tesorería de la Federación.

Negocios sucios de Pemex y empresas

Derivado de investigaciones periodísticas de la reportera Ana Lilia Pérez de la revista Contralínea, sobre irregularidades en contratos asignados por Pemex a las empresas privadas Saint Martín Construcciones y Oceanografía, la Auditoria Superior de la Federación investigó y comprobó anomalías en contratos asignados por la paraestatal petrolera.

Entre 2004 y 2005, a petición del Congreso, la ASF fiscalizó algunos contratos otorgados por Pemex Exploración y Producción (PEP) a las empresas Saint Martín Construcciones (SMC) y Oceanografía S.A., y comprobó irregularidades en ambas contratistas.

La auditoría confirmó la relación que existe entre ambas empresas con familiares de Marta Sahagún y la complicidad de funcionarios de Pemex al asignarles millonarios convenios por adjudicación directa, a pesar de que ambas empresas carecían de capacidad técnica y económica, en clara violación a las leyes de Obra Pública y de Responsabilidades de los Servidores Públicos. De esta investigación hablaremos la próxima semana.