¿Quién protege y beneficia a la empresa Oceanografía y a su presidente Amado Yáñez Osuna?

En los últimos dos años hemos documentado las irregularidades cometidas por Oceanografía en la obtención de contratos petroleros millonarios, sin que hasta ahora alguna autoridad haga algo para frenar el abuso y el despilfarro que ello significa para la principal empresa del Estado: Petróleos Mexicanos.

Ese enriquecimiento ilícito de Amado Yánez tenía una explicación en el sexenio pasado, cuando los hijos de Marta Sahagún de Fox, los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca, presionaban desde Los Pinos a directivos de Pemex para que le otorgaran contratos a Oceanografía, sin importar que esta empresa incumpliera con los mismos y que por eso fuera inhabilitada por los órganos de control. Pero parece que las influencias y amistades de Yáñez Osuna son más fuertes que las leyes, pues en el nuevo gobierno de Felipe Calderón la paraestatal petrolera sigue otorgándole jugosos contratos.

Un lector de Oficio de papel comenta que en la licitación para las campanas geofísicas y geotécnicas del 2007–08, las compañías Subtec y Oceanografía obtuvieron nuevos contratos de Pemex por 20 millones de dólares.

Otro lector, Marco A. Guerrero Aguilar, relata otra queja en contra de Amado Yáñez, de quien dice que “no solo está cometiendo irregularidades en Pemex, sino también en el municipio de Ciudad del Carmen, en donde se siente poderoso y prepotente porque es apoyado por las mismas autoridades, las cuales le permiten construir un garage en planta baja y una bodega en planta alta exactamente en la calle. Se ha contactado a personal del municipio desde el mes de noviembre del 2006 y a la fecha este señor sigue con la construcción. Ya se ha entablado una demanda legal, esperamos que el magistrado se base en lo correcto y permita demoler la construcción”. La prepotencia y el abuso, pues.

Pero esa relación perversa entre Oceanografía y Pemex ha estado bien documentada en esta columna en voz del mismo Manuel Bribiesca, quien para deslindarse de cualquier responsabilidad de tráfico de influencias señaló a su hermano Jorge y a uno de sus tíos de cabildear a favor de Amado Yáñez ante funcionarios de Pemex para que le otorgaran contratos petroleros, y en gratitud la empresa contratista le pagaba un elevado porcentaje como comisión.

También es el mismo Amado quien presume a quien lo quiera escuchar y entre sus empleados de la estrecha relación que tiene con los hombres más cercanos del presidente de la República: Juan Camilo Mouriño y César Nava, el primero jefe de la Oficina de la Presidencia y el segundo secretario particular de Calderón. Es más, el joven empresario asegura que también mantiene una buena relación con el mismo presidente Calderón, a quien apoyó en su campaña a la Presidencia (o al menos eso dice él) y éste le inauguró unas amplias oficinas en Campeche. Sólo así se explicaría que Pemex siga otorgándole millonarios contratos a pesar de que su empresa ha sido inhabilitada por los órganos de control.

Fraude de Oceanografía por 30m/d

Sin embargo, para documentar aún más la corrupción de Amado Yáñez y su empresa Oceanografía, tenemos pruebas de los créditos que ese empresario obtuvo mediante engaños y simulaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) por más de 30 millones de dólares, al utilizar cinco facturas apócrifas de Pemex que sirvieron de garantía para obtener financiamiento ilegal de dicha institución financiera.

Las evidencias son un par de oficios enviados por el coordinador de Recursos Financieros de PEP, Pedro Martínez Alonso, al gerente de Auditoría B del Órgano Interno de Control de Bancomext, Raúl Muñuzuri Becerra, le solicita su intervención para esclarecer el caso relativo al contrato PEP–0–IE–504/05 de la empresa Oceanografía.

En uno de los oficios señala que “con la finalidad de atender el requerimiento de información hecho mediante su comunicación número GAB–182/05, de fecha 29 de agosto del 2005, recibido en esta Subdirección el día 2 de septiembre del presente, referente a la operación realizada por la empresa citada en el asunto con la factura 15172 de fecha 16 de agosto de 2005, por un monto de 30 millones 363 mil 416 dólares; informo a ustedes que después de revisar la información financiera correspondiente al contrato PEP–=–IE–504/05, celebrado por PEP–SIDOE con la empresa Oceanografía, se encontró que al corte del 6 de septiembre de 2005, no se ha realizado ningún pago con cargo a este contrato, ni existen estimaciones o facturas en proceso de autorización”.

En el otro oficio señala que “continuando con nuestro oficio citado en antecedentes, reiteramos que la factura 15172 no se encuentra en proceso de trámite de pago o autorización en nuestra área financiera ni en la residencia de obra correspondiente, no omitimos señalar que el contrato en cuestión a la presente fecha no ha devengado ningún avance financiero”.

Es decir, que Amado Yáñez falsificó documentos de Pemex para obtener financiamientos por más de 30 millones de dólares de Bancomext, institución que al descubrir el fraude exigió el pago inmediato del crédito. Por su parte Pemex presentó una denuncia penal por fraude en contra de Oceanografía ante la Procuraduría General de la República, en donde se abrieron los expedientes AP/PGR/DDF/SPE–XXII/788/06–03 y A.P.606/2005–1, mesa XXII de la Subprocuraduría de Procedimientos Especiales, con la agente del Ministerio Público Clara Lilia Abitia García.

Sin embargo aunque el fraude se cometió a finales de 2005, hasta ahora la PGR mantiene archivado el caso y se resiste a turnarlo a un juzgado federal. También la Secretaria de Hacienda ha realizado auditorías a Oceanografía y le ha perdonado créditos fiscales sin motivo aparente. Todo lo anterior no se explica sin el apoyo de políticos y funcionarios del gobierno calderonista.

Anomalías en la Cuenta Pública 2005

Un análisis sobre las irregularidades descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2005, elaborado por Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, indica que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, están obligados a presentar las denuncias en contra de la Secretaría de Hacienda, el SAT, el SAE y el Fobaproa–IPAB, y de no hacerlo así incurrirían en una grave falta a su responsabilidad como funcionarios públicos, por lo cual se podrían hacer acreedores a un juicio político.

Lo anterior en virtud de que el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior establece textualmente lo siguiente: Si de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios al Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, la Auditoría Superior de la Federación procederá a determinar los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas; promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para Di Costanzo es claro que en muchos casos las observaciones realizadas por el Auditor Superior de la Federación, no podrán ser solventadas por las dependencias fiscalizadas, en virtud de que las conclusiones a las que llegó la ASF son prácticamente “contundentes acusaciones” en las que no existe margen de solventaciòn o aclaración por parte de las dependencias fiscalizadas.

Un ejemplo de lo anterior sólo basta mencionar algunas de las conclusiones de las auditorias realizadas, así por ejemplo en el caso de la devolución del IVA  por más de 12 mil millones de pesos a Transportación Ferroviaria Mexicana (empresa de TMM), el auditor concluyo lo siguiente:

“Ni el SAT, la TESOFE, la PFF, la PGR, la SCT ni tampoco los OIC en estas entidades, actuaron oportunamente en el ámbito de su competencia y después de ocho años, el 26 de enero del 2005, se emitió la resolución definitiva e inatacable del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del DF, en la que se ordenó al Gobierno Federal emitir el certificado de devolución por los 2 mil 111millones de pesos, más actualizaciones e intereses, monto que ascendió a los 12 mil 965 millones de pesos.”

Es evidente que el señalamiento anterior es una acusación formal por no actuar a tiempo en contra del SAT, de la Tesorería de la Federación (Tesofe) de la Procuraduría Fiscal (PFF), contra la PGR y la SCT,  y estas dependencias del Ejecutivo Federal poco podrán hacer para solventar en 45 días tan grave acusación.

Aún más, agrega Di Costanzo, en el caso sobre el asunto de las devoluciones de impuestos la ASF establece que de 2000 a 2005 el monto de las devoluciones de impuestos anuales pagadas por el gobierno federal por saldos a favor de los contribuyentes se incrementó notablemente, ya que pasó de 75 mil 300 millones de pesos a 149 mil 849 millones de pesos, tan sólo en 2005 fueron equivalentes al 15 por ciento de la recaudación tributaria efectiva, por lo que con estos recursos se pudo haber financiado 84.6 por ciento las pensiones y jubilaciones pagadas por el sector público presupuestario en ese año, luego entonces el sistema pensionario no estaría en quiebra si se recaudara bien.

Pero en este sentido lo más grave es que la ASF señala que Hacienda no cuenta con una propuesta de reforma fiscal que concentre los impuestos dispersos para ampliar la base de recaudación y eliminar situaciones de privilegio, lo que repercute en un alto número y monto de devoluciones por saldos a favor de los contribuyentes, en perjuicio del Estado en su Hacienda Pública Federal, de la equidad fiscal y de la eficiencia recaudatoria del país. Y es evidente que esto no lo va a tener en 45 días.

Por lo que respecta al Rescate Bancario (Fobaproa), Di Costanzo señala que el auditor confirma que se observó discrecionalidad y exceso de atribuciones del Fobaproa y de su comité técnico.

De igual manera en el caso del SAE el auditor señala que muchos inmuebles fueron vendidos por debajo de su valor de mercado, causando un daño patrimonial de poco más de 10 mil millones de pesos, además de que desaparecieron misteriosamente más de 400 inmuebles, por lo que no existe forma de que en 45 días se restituyan los 10 mil millones de pesos a los contribuyentes.

Así, el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y el auditor superior de la federación deben de actuar para que esto no nada más se quede en una serie de hallazgos que dañan al país, a su transparencia, a sus finanzas públicas y a su estado de derecho, sin que los responsables sean castigados.