Era agosto de 2006, al gobierno de Vicente Fox le quedaban escasos tres meses de gestión y los integrantes de su gabinete no dejaban de operar y más aún si se trataba de arrancarle las últimas monedas al presupuesto federal. Quien mejor para eso que Francisco Gil Díaz, aquel secretario de Hacienda que como responsable de cuidar y administrar las finanzas del país se había convertido en el principal saqueador de los recursos públicos y buscaba, desde las entrañas de la banca de desarrollo, hacer un último negocito que le permitiera manipular unos 20 miles de millones de pesos, sin importar que para ello pusiera en riesgo las pensiones de los trabajadores de Banobras, Nafin y Bancomext.

A finales de ese mes de agosto se convocó en Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior) a una reunión de consejo presidido por el entonces secretario Francisco Gil Díaz, con la única orden del día de revisar el fideicomiso público que resguardaba los fondos de las pensiones de los trabajadores de dicha institución financiera de segundo piso.

Antes de esa reunión, Gil Díaz ya había presidido otras dos cesiones de consejo en la banca de desarrollo, una en el Banco Nacional de Obras (Banobras) y otra en Nacional Financiera (Nafin), en donde había impuesto su voluntad para privatizar los fondos de las pensiones de los trabajadores que se guardan en sendos fideicomisos públicos, con la falsa promesa de hacer rendir el dinero mediante operaciones de inversión de riesgo.

Pero esta vez en Bancomext las cosas eran distintas. Insistentemente el secretario de Hacienda preguntaba quién era el dueño de los 2 mil 600 millones de pesos que había en el fideicomiso público y también quería saber quiénes eran los fideicomitentes. Pero los directivos del banco repetían una y otra vez que los trabajadores eran los únicos dueños del dinero, razón por la cual era imposible que ese fideicomiso se convirtiera en privado, como era la propuesta del secretario de Hacienda, quien utilizaba a la Procuraduría Fiscal de la Federación como un escudo para lograr su objetivo y amedrentar a quienes se opusieran.

Durante la tensa reunión del consejo Gil Díaz estuvo muy molesto, manoteó, alzo la voz y regañó a los presentes por oponerse a su voluntad y hasta alcanzó a decir que no quería la intromisión de la Secretaría de la Función Pública ni de sus órganos de control interno de la banca de desarrollo, para evitar que metieran las narices en el manejo de los recursos públicos, como era su obligación. Sin embargo, el poderoso secretario de Hacienda a quien el poder se le acababa con la extinción del sexenio, encontró una fuerte resistencia entre algunos funcionarios de Bancomext, pues otros, los más serviles, actuaban como en su momento lo hizo el secretario de Gobernación de triste recuerdo, Satiago Creel, quien repetía con orgullo: “quién le dice que no al secretario Gil Díaz”, en su propuesta privatizadora de los fideicomisos, la cual había sido rechazada por improcedente y violatoria a las leyes, normas y reglamentos que regulan la operación de los bancos de desarrollo.

Es más, Gil Díaz no sólo no pudo disponer a su antojo de dichos fondos guardados en ese fideicomiso público, sino que en la reunión del consejo se le pidió que a los 2 mil 600 millones de pesos que se acumulaban en la cuenta, el gobierno tenía que aportar otros 2 mil 500 millones de pesos para evitar incumplimientos en las pensiones de los trabajadores, a fin de sumar más de 5 mil millones, y la propuesta tuvo que ser aceptada ante las evidencias de posible quiebra en los fondos de los trabajadores.

Así, ante el rechazo para privatizar este fideicomiso constituido en Bancomext propiedad de los trabajadores, el secretario de Hacienda no tuvo más tiempo para privatizar los otros dos fideicomisos de Nafin y de Banobras y se salvaron, en parte, las pensiones de los trabajadores de esas tres instituciones financieras que, en conjunto, reunían cerca de 20 mil millones de pesos a finales del año pasado.

De haber logrado su objetivo, Gil Díaz hubiera podido durante los últimos tres meses de su gestión al frente de la Secretaría de Hacienda disponer de esos 20 mil millones e invertirlos en operaciones de riesgo y, porqué no, retirar y transferir parte de esos recursos a sus cuentas privadas.

Este intento de Gil Díaz por privatizar fideicomisos públicos hace recordar aquellas operaciones que realizó con los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, constituidos como privados en Nacional Financiera para poder disponer de recursos públicos sin la molesta supervisión de los órganos de control y que, sólo por dar un dato revelador, durante el sexenio de Vicente Fox esos fideicomisos manejaron unos 150 mil millones de pesos provenientes del cobro del Derecho de Trámite Aduanal y que hasta ahora nadie sabe en qué los gastó el secretario de Hacienda.

El contrabando de tela

Y ya que hablamos de los abusos en la Secretaría de Hacienda hay otra historia de corrupción que merece la atención del nuevo gobierno de Felipe Calderón y, por supuesto, de su órgano de control, es decir la Secretaría de la Función Pública, aunque hasta ahora su titular Germán Martínez sólo ha servido para exculpar a funcionarios y empresarios corruptos y archivar expedientes.

Se trata del contrabando de miles de toneladas de tela que ingresan al país con la anuencia de todas las autoridades, en perjuicio del mercado interno y de la industria nacional. Resulta que para hacer más rentable este negocio, se ha simulado la incineración de miles de rollos de tela de todo tipo, pero en realidad la mercancía ilegal es introducida al mercado lícito para la confección de prendas de vestir y su distribución en las principales tiendas comerciales, las cuales venden el producto como si se tratara de un negocio lícito y a precios muy elevados, es decir que el consumidor final no ve beneficiado alguno.

Y esto es fácil de verificar, pues de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y del SAT que hablan en sus boletines de la incineración de miles de toneladas de tela, olvidaron que para hacer ese trabajo de destrucción se requiere de una enorme capacidad instalada semejante sólo a la industria cementera, por lo que si las autoridades de vigilancia y control quieren indagar el caso bastaría confrontar las cifras de la supuesta incineración con la capacidad instalada de posible destrucción de las mismas y se darán cuenta que hasta los mismos hornos de industria del cemento tardaría años para destruir las miles de toneladas de tela que en Hacienda dicen ocurre cada mes.

Por ejemplo, el 24 de junio de 2005, en un comunicado conjunto de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informaban que a través de la Administración General de Aduanas se llevaba a cabo la destrucción de 52 mil 377 rollos de tela de contrabando, cuyos propietarios no comprobaron su legal estancia en el país. El valor de esta mercancía es de 13 millones 697 mil 69 pesos, cantidad que se multiplicaría si con ella se confeccionaran prendas de vestir.

Esta mercancía forma parte de los 69 mil 877 rollos que se encontraban almacenados en Casa de Moneda, ¿por qué allí?, y de los cuales supuestamente ya fueron destruidos 17 mil 500 con el propósito de combatir la introducción ilegal de mercancía y contribuir con ello al fortalecimiento de los sectores productivos del país. En el transcurso del presente año, según Hacienda y el SAT, se han decomisado 130 mil 625 rollos de tela y dos millones de prendas de vestir.

Hasta allí el boletín de Hacienda en su combate al contrabando; sin embargo la mayor parte de la tela (en rollo) decomisada ha sido colocada en comercios de la ciudad de México, pues para destruir tantas toneladas de tela sólo es posible hacerlo mediante la incineración y la única industria que tiene los permisos para ello y la capacidad suficiente es la cementera, autorizada legalmente por la Profepa.

Los únicos proveedores cementeros para la zona centro del país son Pro Ambiente, S.A. de C.V. (Cementos Mexicanos), cuyas instalaciones se localizan en Huichapan, Hidalgo, con una capacidad de incineración de 200 toneladas mensuales; Cementos Cruz Azul, en sus instalaciones de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Hidalgo, con una capacidad también de 200 toneladas mensuales; Cementos Apasco, S.A. de C.V., también con instalaciones en el estado de Hidalgo y una capacidad de 200 toneladas mensuales; Cementos Tolteca, con instalaciones en Hidalgo y capacidad mucho menor, al igual que otras pequeñas ubicadas en San Luis Potosí, que no superan las 100 toneladas por mes.

Si bien estas empresas tienen diferentes plantas en todo el país, como en Nuevo León, su capacidad es mucho menor, además de que el costo de traslado para incineración es altísimo, lo que hace más que imposible esa destrucción de tela.

Cabe mencionar que cada rollo varía de los 20 a los 50 kilos, según el tipo de tela de que se trate, si es algodón el peso puede ser menor o si es naylon el peso es superior.

Pero como la tela que ingresa de contrabando al país es permanente, las cámaras de la industria de la tela y el vestido exigen que se destruya, pero en lugar de ello es a través de algunos de sus dirigentes corruptos como esa materia prima se revende internamente después de que se reporta haber sido “incinerada”, ya que incluso la transforman en vestido con un valor multiplicador.

En fin se trata de un negocio redondo de funcionarios de la pasada administración de la Secretaría de Hacienda en complicidad con la Administración General de Aduanas, pero lo que ahora importa saber es si el actual secretario Agustín Carstens continuará con el negocio o rechazará la parte que le toca por los beneficios económicos que el contrabando de tela reporta.

Veto a medios independientes

En estos primeros meses de ajuste administrativo en el gobierno federal hay revuelo en las oficinas de comunicación social de las secretarías de Estado, de las paraestatales, de organismos descentralizados y de todas aquellas instituciones que reciben recursos públicos, por definir las nuevas estrategias de publicidad para el presente año.

Para ello ha habido reuniones en la Presidencia de la República, en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Hacienda, áreas en donde han sido convocados todos los jefes de prensa para escuchar las nuevas disposiciones comerciales del gobierno.

Así, en una reciente reunión en Gobernación, realizada el pasado jueves 22 de marzo, los responsables de la comunicación oficial hicieron múltiples propuestas para el mejor uso y manejo de las campañas publicitarias, y allí nunca se habló de boicotear a algún medio, pues por el contrario se dijo que habría apertura y que los medios constituidos legalmente (certificados) recibirían publicidad oficial, aunque los porcentajes de distribución revelan una concentración en beneficio de quien sólo sirve al gobierno: el 70 por ciento del presupuesto será para medios electrónicos, es decir radio televisión; el 20 por ciento para periódicos grandes, como Reforma y El Universal, y el resto 10 por ciento para la chiquillada o, mejor dicho, para los medios impresos críticos al gobierno panista de Felipe Calderón.

Pero eso no es todo, en otra reunión la semana pasada en la Secretaría de Hacienda, a la que asistieron todas las entidades que tienen como cabeza de sector a esa dependencia, se habló también de la estrategia de propaganda y publicidad gubernamental y allí no hubo duda de la nueva política calderonista: la revista Proceso está vetada y las revistas Contralínea y Fortuna son analizadas porque no dejan de golpear al gobierno.