A sólo mes y medio de haber concluido su gestión como secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz se ha convertido en el ave de las tempestades del nuevo gobierno de Felipe Calderón, en quien la prensa ha fijado la mirada y, por primera vez en todo un sexenio, critica y revisa su actuación en el gobierno de Vicente Fox como el hombre que ejerció el mayor poder dentro del gabinete e hizo lo que quiso con las cuentas públicas sin rendirle cuentas a nadie.  
Pero antes de dejar su cargo público en noviembre pasado, el ex funcionario de Hacienda tuvo la paciencia para borrar las huellas de sus crímenes y se dio tiempo para limpiar y cerrar expedientes que pudieran involucrarlo en actos de corrupción, sobre todo en el desvío de recursos públicos por miles de millones de pesos. El ejemplo más claro son los polémicos expedientes de la empresa ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) y los fideicomisos privados Aduanas I y Aduanas II, que fueron cerrados antes de ser auditados y de donde se repartió un último botín que guardaban por 7 mil 500 millones de pesos. 
Sin embargo no puede atribuirse a la prensa el valor de haber enfrentado a Gil Díaz en sus momentos de gloria y despojo a la nación, porque hay que recordar que durante el sexenio pasado nadie, o casi nadie de los medios, se atrevía siquiera a mencionar el nombre del fiscal si no era para alabarlo o hablar de su “brillante actuación” al frente de Hacienda.  
Temerosos de recibir alguna auditoría que revelara cómo los medios de comunicación en México han sido protegidos y siguen con deudas al fisco a cambio de estar sujetos a los designios presidenciales, la prensa había guardado silencio de las pillerías de Gil Díaz; pero ahora las cosas han cambiado una vez que ha dejado el poder y aunque su lugar lo ocupa uno de sus subalternos como Agustín Carstens, a quien él mismo nombró  para que le cuide las espaldas, ya no podrán parar las críticas a su gestión que se vio enmarcada por graves actos de corrupción y omisión. 
Sin embargo, el único responsable de los problemas en que se ha visto envuelto en las últimas semanas es el mismo ex secretario de Hacienda, al decidir incorporarse al consejo de administración del banco inglés HSBC, institución beneficiada por Hacienda durante el sexenio pasado. 
Por ello Gil Díaz está metido otra vez en problemas de corrupción, tráfico de influencias, irregularidades administrativas y abuso del poder, sólo que a diferencia del pasado ahora ya no cuenta con el arma fiscal que lo mismo utilizaba para amedrentar, multar, perseguir y encarcelar a servidores públicos, políticos, empresarios, líderes sociales, medios de comunicación y periodistas.  
Así, al ver disminuido su poderío de policía fiscal que ejerció con rabia y rencor en contra de quienes consideraba sus críticos y enemigos, ahora toda la prensa, incluidas la radio y la televisión que antes lo alababan, da a conocer ampliamente las irregularidades cometidas por Gil Díaz. 
Sin conocer aún un análisis profundo de todas sus irregularidades cometidas durante su paso por la Secretaría de Hacienda, desde donde manipuló el presupuesto público a su antojo y desvió recursos para perjudicar a unos y favorecer a otros, según reveló la ex directora jurídica de la Subsecretaría de Ingresos, Lilia Cortés, a quien Gil Díaz persiguió, hostigó, amenazó y finalmente despidió por negarse a avalar irregularidades administrativas y desvíos de fondos presupuestales, el ex secretario de Hacienda empieza a sentir el vacío del poder y la persecución de medios de comunicación y de legisladores, incluidos hasta los del PAN, mientras que el gobierno de Felipe Calderón, por conducto de su secretario de la Función Pública, Germán Martínez, se dispone a blindar y proteger al ex funcionario fiscal. 
Gil Díaz y HSBC 
Ante el nombramiento de Gil Díaz como “consejero independiente” de HSBC, habrá muchas interpretaciones legales a ello y, lo más seguro, jurídicamente nadie lo podrá tocar, sobre todo porque no hay voluntad de Felipe Calderón para ejercer la ley, pero moral y éticamente quien fuera responsable del manejo del presupuesto público durante seis años ha sido enjuiciado por la sociedad y el resultado es culpable.  
Uno de los muchos datos que habrá que seguir la pista es cómo cuando fue titular de Hacienda ordenó a la banca de desarrollo, en su calidad de presidente del Consejo de Administración, beneficiar a HSBC de Nueva York, específicamente a la sucursal Tribeca, como la tesorera de préstamos en dólares que avalan instituciones públicas como Bancomext, Nafin y hasta Banobras. 
También está aquella declaración que hizo a Oficio de papel Manuel Bribiesca Sahagún, hijo de aquella dama de triste figura y poco cerebro que le permitía tener acceso a los informes de seguridad nacional y de donde pudo leer que Gil Díaz había sacado su fortuna de miles de millones de dólares del país y los había guardado en instituciones financiera de China. La pregunta aquí es si parte de esos depósitos millonarios también fueron a parar a HSBC.  
En una investigación de la reportera Nancy Flores y publicado en la revista Fortuna, se explica cómo en su calidad de secretario de Hacienda y Crédito Público y de presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Gil Díaz benefició en al menos dos ocasiones al banco británico Hong Kong Shanghai Banking Corporation Holdings (HSBC), su nuevo empleador desde el 3 de enero pasado. 
En mayo de 2005, el ex funcionario – y ahora consejero independiente del cuarto grupo financiero más importante en México – consigue que la administración de Vicente Fox contratara cuatro créditos para el IPAB, por un total de 27 mil millones de pesos. Dos de ellos fueron con instituciones privadas: HSBC le prestó 5 mil millones de pesos, mientras que Scotiabank Inverlat 2 mil millones de pesos, indica el Informe Anual de ese instituto. 
A fines de ese mismo año Gil Díaz logra que el IPAB realice pagos anticipados de los pagarés Fobaproa a varios bancos, entre los que destaca HSBC, pues las finanzas públicas saldan el total de la deuda por más de 48 mil millones de pesos. 
Según el consultor financiero y secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo, Mario Di Costanzo, “estos prepagos de los pagarés Fobaproa que Gil Díaz aprueba antes del vencimiento, son violatorios de la ley”. Para el asesor financiero el nombramiento de Francisco Gil Díaz como consejero independiente de HSBC “es un pago, le está pagando las gestiones que hizo a favor de este grupo de banqueros, que estuvo protegiendo durante toda su administración al frente de la Secretaria de Hacienda”. 
Di Costanzo dice que “desafortunadamente Francisco Gil Díaz es uno más de los ex funcionarios que protegieron, cubrieron y protagonizaron el rescate bancario que termina trabajando para una institución financiera, como son los casos de Martín Werner (ex subsecretario de hacienda encargado de firmar los pagarés Fobaproa, ahora alto ejecutivo de la correduría Goldman Sachs) y de Javier Arrigunaga (ex director general de Fobaproa, quien avaló la baja supervisión de los bancos, los delitos de autopréstamo y la falsedad de información para obtener créditos y es actualmente directivo de Banamex)”. 
Añade que “Francisco Gil se va, pero lo hace en una clara violación a la ley: la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que Gil Díaz debió esperar cuando menos un año para asumir el cargo en el Consejo de Administración de HSBC, porque él tiene información privilegiada que va a utilizar en beneficio del grupo empresarial para el cual trabaja. Desde ese punto de vista es una clara violación a las leyes mexicanas.” 
Sobre el tráfico de información privilegiada Di Costanzo especifica que “en primer lugar él sabe perfectamente cómo están las reestructuraciones y colocaciones de deuda del gobierno mexicano, los bonos que se han emitido, la situación financiera de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad”. 
El analista financiero no deja lugar a la duda: “evidentemente va a manejar esta información a su favor y de HSBC. Esta información va a ser utilizada en provecho de HSBC, actor importante en el sistema financiero mexicano e internacional”. 
Conocido en su momento como el fiscal de hierro, el ex funcionario no sólo posee información de las finanzas públicas. “Gente como Roberto Hernández debería estar sumamente  preocupada, porque él, como ex funcionario de Banamex y ahora del gobierno, posee mucha información que puede utilizar en contra. Gil Díaz tiene conflictos de intereses por todas partes”, dice Di Costanzo. 
Sinaloa retroceso en transparencia 
En Sinaloa, estado de la República pionero en la creación de un organismo autónomo para la transparencia contemplado en la Ley de Acceso a la Información de esa entidad federativa, ocurre un fenómeno curioso e inadmisible en el ámbito de la rendición de cuentas. Resulta que en el Congreso de ese estado existen cuatro iniciativas de reformas a la Ley de Acceso a la Información y, absurdamente, aquélla que fue enviada precisamente por un grupo de personas de la “sociedad civil”, es la que pretende restarle autonomía al órgano que vigila el cumplimiento de dicha ley y promueve el tema de la rendición de cuentas. 
Esta iniciativa llama la atención por ilógica y absurda, debido a que con cualquier propuesta legislativa se debe buscar mejorar la ley; sin embargo, extraña que a todas luces ésta representa un retroceso, pues propone dar marcha atrás en muchos planteamientos que son una conquista, y que las gentes que abanderan dicha propuesta quieren desaparecerlos o relajarlos. 
¿Cómo es posible entender que en la Ley vigente en la materia sea requisito indispensable sustentar de manera objetiva un alto nivel académico y de especialización en el tema de la transparencia para ser comisionado del órgano autónomo, y en dicha propuesta resulta que cualquier persona, incluso sin título, podría acceder a esa responsabilidad en el órgano garante? ¿A quién quieren promover desde el gobierno del estado? ¿Alguien a modo para que sirva a los intereses del gobernador? 
Otro punto, entre muchas incongruencias contenidas en dicha iniciativa, es que a pesar de que es obligadamente sano establecer una distancia con cualquier institución política, religiosa o gubernamental, en aras de la imparcialidad de quienes integren el organismo autónomo; sin embargo, ésta gente proponen lo contrario de manera absurda y por demás torpe. Sería bueno que expliquen su propuesta que vergonzosamente resulta inaudita e inadmisible.  
Seguramente lo que buscan estas personas, muchas de ellas jefes y ex jefes de prensa de los sujetos obligados a proporcionar información (qué curioso resulta este dato), es que la Ley de Acceso a la Información de Sinaloa quede como un traje a la medida para materializar sus más obscuros y absurdos intereses. Seguramente quieren insertar a algún Caballo de Troya dentro del órgano autónomo. Por ello los diputados deben tener sumo cuidado y no permitir que este organismo pueda ser utilizado como arma política. 
Un análisis serio de esta iniciativa indica que quienes la plantean carecen de bases éticas y  académicas, y tienen simples motivaciones materiales y económicas. Nada les importa la apertura informativa ni mucho menos la transparencia. Si no, cómo se explica que su propuesta contemple puntos tan incongruentes. Tal pareciera que dicha iniciativa viniera de funcionarios del gobierno que se pudieran ver afectados por la aplicación de la Ley de Acceso y no de parte de ese grupo de la “sociedad civil”, integrado en su mayoría por personas que laboran en dependencias públicas y que en el gobierno pasado algunos tuvieron cargos en la estructura gubernamental. En ese tiempo, dicho sea de paso, jamás lucharon por la transparencia. 
¿Quién o quiénes están atrás de esta propuesta? Hay que averiguarlo y se lo comentaremos.