Para nadie son un secreto las historias de corrupción gubernamental que se han tejido desde siempre en las aduanas del país. Nunca ha importado quién es su administrador general, siempre se han hecho negocios ilícitos en complicidad con el sector privado y también con bandas criminales, capaces de cruzar cualquier producto o artículo de contrabando, hasta drogas o químicos que sirven para su producción. En todos los gobiernos priístas, y también en los últimos seis años de la pesadilla foxista, las aduanas han servido para el pago de favores a políticos, funcionarios públicos, empresarios y delincuentes (que a veces estos últimos son los mismos tres anteriores), a quienes se les asigna al frente de alguna aduana por donde ingresan o salen del país millones de productos anuales y si no desean tener problemas tienen que pagar el derecho de cruce. En fin ha sido históricamente muy buen negocio para quienes administran las aduanas del país y, por supuesto, para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, sobre todo para su titular, quien es el responsable de poner y quitar a los administradores.
En ese sentido, el cargo de administrador general de Aduanas es un premio a la impunidad y a la corrupción, y por ello esa responsabilidad es muy peleada por muchos funcionarios que quieren llegar allí para enriquecerse y favorecer a familiares, amigos y cómplices. Ahora en el gobierno de Felipe Calderón las cosas no son distintas, también hay rebatinga por el cargo y los distintos grupos de poder político se lo pelean, saben que es un negocio seguro para enriquecerse impunemente. Las aduanas del país son la corrupción institucionalizada. Así, en el marco de esa lucha, Luis Roberto Patrón Arregui ha sido designado administrador general de Aduanas por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens Carstens, pero su nombramiento ya es severamente cuestionado por los senadores del PRD, quienes afirman que el ingeniero está vinculado con la familia Coppel, una de las principales promotoras de la “guerra sucia” en contra del ex candidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador.
La postergación de su ratificación en el Senado ha despertado ya rumores, cada vez más fuertes, de que ese funcionario no ocupará el cargo y tendrá que ser sustituido a la brevedad por algún otro. Y es que el problema con Patrón Arregui no se reduce a sus lazos de amistad con los Coppel, sino que se extiende a sus vínculos con Francisco Gil Díaz, también oriundo de Mazatlán, Sinaloa, y ex secretario de Hacienda en el gobierno foxista, y quien hasta ahora parece ser el que maneja los hilos de la economía del país y sus tentáculos se extienden para poner funcionarios en el gabinete calderonista.
Como se recordará, en el sexenio que acaba de terminar Gil Díaz mantuvo como administrador general de Aduanas a su amigo e incondicional José Guzmán Montalvo, quien además de contratar a su familia y a la de Gil Díaz (hermanos, primos, tíos, sobrinos y amigos) en cargos de las Aduanas en todo el país, se le señala como uno de los principales operadores de los fideicomisos y empresas privadas (recuérdese ISOSA y los fideicomisos Aduanas I y II) que fueron utilizados para desviar recursos públicos productos del cobro de derechos de trámites aduanales.
En el sector aduanero ya se corre la versión de que Patrón Arregui fue impuesto por el ex secretario de Hacienda para encubrir, e incluso seguir operando, el contrabando de productos, sobre todo los de origen chino. Como se sabe en el rentable e ilegal negocio, que llegó a niveles alarmantes durante la gestión de José Guzmán Montalvo, figuraron los nombres de los hijitos de Marta Sahagún, Jorgito y Manolito Bribiesca.
Pero recobremos parte de la historia de esta relación perversa que sigue dando frutos: la amistad del ex secretario Gil Díaz con Patrón Arregui data de 1951 y tiene que ver con la trágica muerte del padre de Gil Díaz a quien le explotó la caldera de uno de sus barcos pesqueros. Al quedar viuda la señora Ana María Díaz Perches de Gil, fue ayudada por la familia de Patrón Arregui y esos favores nunca se olvidan. En esa época Gil Díaz tenía sólo ocho años de edad y era el mayor de cinco hermanos.
En el sector aduanero se sabe que los beneficios no sólo han sido para Luis Roberto, sino también para otros familiares como el contador público José Alfredo López Arregui, primo hermano del aún no ratificado administrador general de Aduanas, y quien se desempeña como administrador de la aduana de Mazatlán.
A José Alfredo López Arregui se le relaciona con Alfonso Gil Díaz, hermano del ex secretario de Hacienda y actual titular de la Administración Portuaria de Mazatlán, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
El rechazo al nombramiento de Patrón Arregui no sólo se presenta en la fracción parlamentaria del PRD en el Senado. Al interior de la Administración General de Aduanas (AGA) se dice que Luis Roberto desconoce el sector, al que ingresó en 2003 como administrador de la aduana de Guadalajara, Jalisco,  y posteriormente se fue a la de Manzanillo, Colima.
Fuentes del sector detallan que antes de ser funcionario de la AGA, Patrón Arregui era empresario en Aguascalientes. “Entró sin saber nada de aduanas. No saludaba a nadie, no contaba con algún equipo de trabajo y se quedó con los mismos funcionarios de la aduana de Guadalajara. Al cabo de un tiempo lo mandaron como administrador a la aduana de Manzanillo, a donde llegó con todo el equipo de Guadalajara y empezó hacer grandes negocios”, explican los informantes.

Funcionarios cuentan que ni bien recibió el cargo de administrador general de Aduanas, Patrón Arregui nombró como su secretario particular a otro pariente de Gil Díaz: al licenciado Rodolfo Ponce Díaz, quien durante la administración de Guzmán Montalvo se desempeñó como administrador central de Visitaduría de la AGA y como administrador en la aduana de Aguascalientes. Toda una relación de trabajo, familia y amigos, al fin de cuentas para todos alcanzan los fondos públicos y los negocios privados al amparo del poder público. Ya tendremos más información de Aduanas y de cómo se va reacomodando el sector.
Carta de un trabajador de Aduanas
Por lo pronto, un lector que pide el anonimato por temor a represalias, nos informa que en la aduana de Miguel Alemán, Tamaulipas, en la Presa Falcón, construyen departamentos supuestamente para trabajadores de Inspección Fiscal y Aduanera, pero hay dudas de cómo se entregarán esas viviendas. En su carta nos dice: “leí con interés su reportaje sobre ISOSA y Francisco Gil Díaz y me pregunto si quedarán impunes tantos delitos cometidos no solo por Gil Díaz, sino también José Guzmán Montalvo, nuestro flamante administrador general de Aduanas y su banda de administradores que actúan impunemente y a quienes les basta sólo hacer una llamada para lograr que corran a un elemento de nuestra corporación por el simple hecho de no caerle bien. ¿Sabe usted que han ingresado a nuestra corporación personal del Ejercito que se encontraban en retiro para ocupar los puestos vacantes de primeros inspectores e inspectores sin haber concurso de por medio y sin recibir capacitación? No solo eso, sino que reciben un sueldo más alto que el nuestro, a quienes no se nos ha dado la oportunidad de ocupar esos puestos a pesar de que, como en mi caso, tenemos más de 12 años laborando de manera ininterrumpida. Nuestro país no merece esta clase de funcionarios y usted con su trabajo colabora a crear conciencia para no quedarnos callados y denunciar la corrupción”.
Carta de un ex trabajador de Pemex

Trabaje en Pemex Exploración y Producción, Región Sur, en el Activo Cinco Presidentes, ubicado en Agua Dulce, Veracruz, y no cabe duda alguna de que allí hay una mafia perfectamente organizada. Todos sabemos u oímos que en Pemex hay una corrupción espantosa en todos los niveles, particularmente en esa subdirección de PEP Región Sur, pero es diferente constatarlo y ver cotidianamente cómo se solapa la corrupción desde la Dirección General de la empresa petrolera, desde el área de Control Interno de PEP y desde la misma Secretaría de la Función Publica.

Soy el ingeniero Fernando Santos Garnica y conozco perfectamente la zona y la empresa porque trabajé en aquella zona en el año 2000, en el área de atención a la comunidad relacionado a la evaluación de los daños por derrames de hidrocarburos, contaminación de cultivos y pastizales en terrenos agrícolas y ganaderos, bretaduras de casas, etcétera, en los campos petroleros de Tabasco y parte sur de Veracruz, que generan una indemnización a los habitantes de esas zonas rurales.
Tratando de corregir el problema al haber alcanzado la coordinación de mi área en el Activo de Producción Cinco Presidentes, puesto que logré por meritos propios al demostrar capacidad profesional y disposición total al trabajo, presenté a la Subdirección Región Sur un proyecto que pretendía combatir la corrupción en mi área, proyecto que de autorizarse generaría un ahorro para Pemex en el pago de indemnizaciones de poco más de 500 millones de pesos anuales, pero no me hicieron caso. El subdirector en ese tiempo era el actual director de Pemex Exploración y Producción a nivel nacional, este lo turnó al jefe de la Unidad Regional o sea jefe máximo de mi área en la región. Posteriormente me di cuenta de que él era el jefe de esa mafia. Al poco tiempo, menos de un mes, sin motivo alguno me quitaron del puesto de coordinador y esperaron 12 días para que terminara mi contrato que se me había renovado trimestralmente durante cuatro años y jamás me volvieron a contratar.

En el 2001 inicié un peregrinar para denunciar la corrupción que había en Pemex y acudí al entonces presidente Vicente Fox, pero me mandaron a la Dirección General de Pemex, en donde ni siquiera me recibieron. Fui con el contralor interno, un licenciado Alor, quien en lugar de investigar me amenazó al decirme que era muy peligroso lo que decía de que encabezaban una mafia en la Región Sur los licenciados González lastra y Alvarez Priego, quienes por 30 años han manejado esa zona y todavía hay gente que opera para ellos.
Otro caso de corrupción está relacionado con las obras de saneamientos de suelos afectados por derrames de hidrocarburos (crudo), en donde les asignan contratos millonarios a tres compañías que incumplen con el trabajo. Esto sería muy fácil de demostrar en el lugar de los hechos y exponer a luz pública la corrupción que hay en Pemex.