Considerado uno de los hombres más ricos y poderosos al amparo de la función pública, el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, está acusado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por abuso de autoridad y falsedad de declaraciones en perjuicio de Julio Scherer Ibarra (hijo de Julio Scherer García, fundador y presidente de la revista Proceso), quien sufrió una persecución sistemática y terrorismo fiscal de quien fuera el hombre más poderoso en el gobierno que acaba de terminar de Vicente Fox.

La demanda penal, presentada el 9 de noviembre de 2006, detalla la persecución sistemática de la que fue objeto Scherer Ibarra a lo largo del sexenio en que Francisco Gil Díaz estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda. La denuncia también se endereza en contra del ex subprocurador fiscal federal de investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Ambrosio de Jesús Michel Herrera, y contra quien fuera el director general de Delitos Fiscales de la misma Subprocuraduría, Eduardo Javier Tito Sodi.

Y es que, según Scherer Ibarra, la Secretaría que encabezó Gil Díaz buscó desde 2001 involucrarlo dolosamente en una serie de supuestas irregularidades en los ingenios del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze). No conforme con ello, la dependencia “filtró” la información a medios de comunicación, principalmente a los diarios Reforma, El Norte de Monterrey, El Universal y El Heraldo de México, con el objetivo de “exponerme al escarnio público”, asienta el quejoso.

En su denuncia, el abogado que se desempeñó como apoderado y miembro del Consejo de Administración de Caze –propiedad del ex embotellador de Pepsi Cola, Enrique Molina Sobrino–, argumenta que las penas por los delitos de abuso de autoridad y falsedad de declaraciones en un juicio de amparo podrían oscilar entre seis meses y tres años de prisión. Y es que algunos de los delitos que la SHCP buscaba que se le imputaran a Scherer Ibarra fueron supuestamente cometidos cuando ya no trabajaba en el Consorcio Azucarero.

La persecución fue tan clara y evidente en contra de Scherer Ibarra que hace más de cuatro años, cuando publicaba esta columna Oficio de papel en las páginas de El Universal, el director general Roberto Rock me llamó por teléfono un viernes en la mañana para pedirme que me hiciera cargo de una delicada investigación periodística que involucraba al hijo de don Julio Scherer en actos de fraude y evasión fiscal durante su paso por el Consorcio Azucarero Escorpión, para lo cual me pedía acudiera a las oficinas del diario capitalino a recoger un “expediente”.

Ese día mismo día por la noche acudí al diario y ante la ausencia de Roberto Rock el subdirector Oscar Hinojosa habló conmigo para entregarme un par de cuartillas escritas en máquina mecánica en donde se narraba la supuesta complicidad de Scherer Ibarra en diversos delitos, con la petición verbal de que eran instrucciones de Roberto Rock que se elaborara una nota para primera plana.

Dicho escrito que carecía de fuentes de información presentaba errores tan graves como el afirmar que el Ministerio Público Federal había librado órdenes de aprehensión en contra de Julio Scherer Ibarra, cuando es de todos conocido que ese acto de justicia sólo puede hacerlo un juez federal, por lo que le hice ver ese error y otros al entonces subdirector editorial de El Universal y el absurdo de esa información que, por lo menos, tenía que investigarse primero antes de publicarla.

Hinojosa aumentó la presión y dijo que eran órdenes directas de Juan Francisco Ealy Ortiz (dueño de El Universal) que se escribiera la información porque sería la noticia principal del día siguiente. Como argumento de credibilidad Oscar Hinojosa explicó que la información había sido proporcionada por la Presidencia de la República, “la información salió de Los Pinos”, dijo, y agregó que la nota tenía que elaborarse.

Mi rechazo a prestarme a ese acto difamatorio fue contundente, y le comenté a Hinojosa lo peligroso que era elaborar esa noticia a partir de mentiras, difamaciones y “documentos” apócrifos salidos de Los Pinos. Pero el malestar en el subdirector editorial creció al grado de amenazarme con despedirme del diario si no cumplía las órdenes del dueño del periódico. Ante las amenazas, volví a negarme a elaborar la nota y respondí que si había que presentar mi renuncia por ese motivo que diera por echo mi salida del diario.

Esa noche salí del periódico con preocupación y con un gran malestar por lo sucedido. Al día siguiente, la mañana del sábado, el periódico El Heraldo de México publicaba a ocho columnas el mismo documento que me había sido proporcionado un día antes. En El Universal también aparecía la nota en primera plana a una columna y firmada por un joven reportero de guardia al que habían obligado a escribir ese libelo en contra de Julio Scherer Ibarra por instrucciones de Los Pinos y de Francisco Gil Díaz.

La tarde de ese sábado me llamó Oscar Hinojosa para disculparse por lo que me había dicho y para comentarme que había sido un grave error escribir es nota informativa, por lo que nuevamente ofrecía disculpas y que olvidara las amenazas de que tenía que renunciar, pues el dueño Ealy Ortiz y el director Roberto Rock ya sabían que se trataba de una filtración informativa dolosa y de un grave error la publicación de la misma. Un año después mi columna Oficio de papel dejó de publicarse en El Universal bajo presiones del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a quien investigaba por corrupción en el manejo del Fideicomiso Aduanas I y la empresa privada ISOSA, pero esta es otra historia.

La historia de CAZE

Julio Scherer Ibarra fungió como director general del Consorcio Azucarero Escorpión S. A. de C. V. del 14 de octubre de 1997 al 14 de diciembre de 1999. La corporación estaba integrada por ocho ingenios (Atencingo, Casasano La Abeja, Plan de San Luis, La Providencia, Emiliano Zapata, El Potrero, San Miguelito, El Modelo) y la Impulsora de la Cuenca del Papaloapan. Todas las empresas estaban registradas como sociedades anónimas de capital variable, de las cuales Scherer Ibarra fungía también como miembro de sus respectivos consejos de administración.

Cuando Gil Díaz apenas cumplía cuatro meses de estar al frente de la SHCP llegó a la PGR la primera denuncia contra Caze. El 6 de abril de 2001 el subprocurador fiscal de Investigaciones de la PFF, Ambrosio de Jesús Michel Herrera, presentó una denuncia penal contra Julio Scherer Ibarra por, supuestamente, cobrar irregularmente un subsidio para promover las exportaciones de excedentes de azúcar de las nueve empresas. Los excedentes correspondían a ciclos anteriores a la zafra de 1997.

En esa misma denuncia se le imputó responsabilidad penal por el cobro de otro subsidio, éste destinado al manejo de inventarios correspondientes a la zafra de 1998, y por una supuesta tentativa de cobro de un subsidio para la zafra de 1999.

El embate continuó y en menos de medio año el mismo subprocurador presentó una querella penal por defraudación fiscal del ingenio Atencingo, el cual había omitido el pago del Impuesto Sobre la Renta de mayo y diciembre de 1999. Sin embargo, ese 27 de noviembre Michel Herrera presentó nueve querellas penales más, también por defraudación fiscal, en cada una de las empresas de Caze y, sin prueba alguna, también acusó al consorcio de retenciones ilegales de las aportaciones al seguro social de los productores de caña. Estas supuestas irregularidades se habrían cometido del 1 de julio de 1999 al 30 de junio de 2000.

Pero el alud de demandas contra el hijo del presidente del consejo de administración del semanario Proceso que se mantenía crítica al gobierno de Vicente Fox no estaba aún completo.

La SHCP, ahora a través de Eduardo Javier Tito Sodi Carmona –entonces director general de Delitos Fiscales– acusó de nueva cuenta a Scherer de defraudación fiscal: ahora por, supuestamente, omitir enterar a la Secretaría impuestos retenidos del ingenio El Potrero correspondientes 1999. Catorce demandas había interpuesto la dependencia en contra de quien había fungido hasta diciembre de 1999 como apoderado legal y director de Caze.

Para la PGR quedó claro que no existía ningún delito del que Scherer Ibarra fuera responsable y por ello decidió no ejercitar contra el abogado ninguna acción penal. Y es que por el supuesto cobro indebido de subsidios y por la hipotética omisión de entrega de cuotas de los trabajadores, la Procuraduría concluyó que no había delito que perseguir.

Además, donde la PGR sí detectó irregularidades, como en la omisión del pago de impuestos correspondientes a 1999 por los ingenios Atencingo y El Potrero, también determinó que la responsabilidad no podía recaer en Scherer Ibarra, porque las declaraciones de impuestos se presentarían hasta marzo de 2000, meses después de que dejara de laborar para el Consorcio, y los responsables, por ley, eran los gerentes de cada uno de los ingenios.

“Pese a lo anterior y como estrategia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para continuar el acoso, la denuncia por el asunto del ingenio El Potrero S. A. la formuló […] Eduardo Javier Tito Sodi Carmona y ya no […] Ambrosio de Jesús Michel Higuera, quien había presentado la querella que se siguió en relación al ingenio de Atencigo S. A. y quien no podía eludir que tenía conocimiento de que yo no podía ser responsable de falta alguna”, dice, en su denuncia, Scherer Ibarra.

Sin embargo, lo más grave ocurrió después de que la Procuraduría determinara que el ex director general de Caze era inocente de los delitos que se le imputaban, cuando la SHCP presentó demanda de amparo en contra de la determinación de la PGR.

La demanda de amparo fue presentada ante el juzgado segundo de distrito “A” de amparo en materia penal del Distrito Federal en 2003. En ella Michel Higuera omite manifestar que el crédito fiscal al que se refería la averiguación previa ya estaba cubierto.

Para Scherer Ibarra esta omisión deliberada “implica falsedad de declaraciones”. Además, el abogado concluye que “resultó un exceso el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de sus funcionarios, haya enderezado acusación en mi contra a sabiendas de que en realidad ninguna responsabilidad penal podría tener […]. También se abusó de la función pública en mi perjuicio cuando los datos que conforman las respectivas averiguaciones previas fueron filtradas a los medios masivos de comunicación […]”.

En su denuncia, Julio Scherer Ibarra argumenta que fue objeto de persecución, abuso de autoridad y víctima de falsedad de declaraciones. Señala como responsables no sólo a los dos funcionarios públicos subordinados al entonces secretario de Hacienda que presentaron las demandas, sino al propio titular de la dependencia quien, asegura, estuvo al tanto de las dolosas acusaciones.

Agrega que quien demandó e interpuso juicio de amparo fue la SHCP cuyo titular era Francisco Gil Díaz. “El titular de la Secretaría no puede argumentar desconocimiento del actuar de sus funcionarios, por un lado, porque dichos funcionarios son de aquellos que sólo pueden actuar en virtud de nombramiento del Secretario y, por otro lado, porque los asuntos de las querellas fueron del conocimiento público”.

La demanda se integró cuando al entonces temible secretario le restaban 20 días al frente de la SHCP.