El gobierno de Felipe Calderón inicia sin compromiso alguno para combatir la corrupción gubernamental que tanto daña al país. En su primer día de mandato, el 1 de diciembre, alcanza a decir que luchará contra la pobreza, no dice cómo, y que disminuirá el salario en los niveles superiores del gabinete, cuando de todos es sabido que el verdadero ingreso de los secretarios de Estado, del propio presidente, de los subsecretarios y de los directores generales de paraestatales y de organismos descentralizados no es el salario que devengan por el trabajo realizado, sino el uso de las partidas secretas, las cajas chicas y los cuantiosos ingresos que obtienen ilícitamente por negocios que realizan al amparo de sus cargos públicos, como son la asignación irregular de contratos de obras y servicios al sector privado, la creación de fideicomisos sin control alguno, el desvío de recursos públicos, las nóminas con aviadores, los bonos, las prebendas a empresas privadas, los gastos de representación, las privatizaciones amañadas, los viáticos inflados, las concesiones fiscales, los favores a empresarios a cambio de jugosas comisiones y otros mecanismos más que han desarrollado los hombres de poder público para enriquecerse al margen de sus ingresos formales. Así que esa declaración mediática que busca efectos positivos a su causa por disminuir el salario de la elite gubernamental no tiene razón ni sentido alguno.

Pero lo que si estará a prueba y ante los ojos de todos los mexicanos es la voluntad de Felipe Calderón y de su secretario de la Función Pública, el joven abogado Germán Martínez, para poner un freno en el gobierno federal al despilfarro, el robo, el abuso, el tráfico de influencias, el gasto desmedido y el desvío descarado de dinero a cuentas bancarias de la burocracia, la cual se ha enriquecido ilícitamente en cada sexenio a costa de los mexicanos.

Hay evidencias sobradas de la corrupción gubernamental permitida y hasta operada de quien fuera hasta la semana anterior presidente de la República. Por eso Calderón y Martínez arrancan su gestión con elementos para demostrar que este nuevo gobierno no será sólo de papel, como ocurrió en el sexenio de Vicente Fox, sino que ejercerán su labor y cumplirán con los millones de votantes que aún creen que el PAN es la opción para mejorar este país.

Dicen que el buen juez por su casa empieza y es precisamente en la residencia oficial de Los Pinos en donde hace cinco años se realizó una auditoría, en donde se revela la corrupción ordenada por Vicente Fox y su hermano José, la entonces primera dama Marta Sahagún y la hijastra Ana Cristina Fox, en las obras para remodelar las cabañas 1 y 2, la residencia Miguel Alemán y la casa anexa, así como las obras exteriores de Los Pinos, según demuestra el expediente abierto en la Secretaría de la Función Pública y reservado por 12 años para evitar acusaciones en contra del ahora ex presidente Vicente Fox Quezada. Pero si a alguna autoridad le interesa, incluidos el propio secretario Germán Martínez y la Auditoría Superior de la Federación, esta columna tiene el amplio documento y estamos dispuestos a otorgarle una copia a quien la solicite.

La auditoría 2015

El grueso expediente que mantiene bajo reserva la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el argumento de “confidencialidad y seguridad nacional”, comprueba actos de corrupción cometidos en Los Pinos para favorecer con contratos de obras, servicios y adquisición de bienes a empresas y particulares recomendados directamente por el presidente Vicente Fox y su hermano José, según declararon los propios contratistas, quienes cobraron por las obras 66 millones de pesos y de los cuales se estima daños patrimoniales por más de 30 millones.

En sus afirmaciones ante los auditores responsables de la investigación al manejo financiero de Los Pinos, los representantes de las compañías beneficiadas responsabilizan a Fox de las contrataciones irregulares por 66 millones 540 mil 795.07 pesos, pues según declararon fue directamente el presidente de la República quien ordenó asignarles los contratos sin licitar y esto ocasionó fraudes, daños patrimoniales, subcontrataciones e incumplimientos en perjuicio de la Presidencia y del erario público.

La Auditoria 2015 revela que en el primer semestre del gobierno de Vicente Fox se adjudicaron de manera directa cuatro contratos de obra y dos convenios adicionales para la remodelación de Los Pinos, lo que ocasionó daños patrimoniales, desvío de recursos públicos, subcontrataciones, sobreprecios, pago de anticipos irregulares, omisiones, negligencias y violaciones a normas, reglamentos y leyes de Obras Públicas y de Responsabilidades.

Guardada con gran sigilo en los archivos confidenciales de la SFP, la Auditoría 2015 se realizó a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia por órdenes del director general de Auditoría Gubernamental, Roberto Muñoz Leos, hermano de quien fuera director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y que fue destituido bajo presiones de los hijos de Marta Sahagún, los hermanos Bribiesca, para beneficiar con contratos petroleros a empresas privadas.

Las onerosas “cabañas”

La remodelación de las cabañas 1 y 2, así como la adquisición de mobiliario, equipo y enseres para las mismas, fueron las obras que sirvieron como pretexto para iniciar la asignación de contratos directos y que ocasionaron diversas irregularidades que se detallan en ocho observaciones.

En el informe general de resultados de dicha investigación, con fecha del 28 de junio de 2001, se hacen señalamientos directos y recomendaciones al entonces director general de Administración de la Presidencia de la República, ingeniero Joaquín José Cortina y López Negrete, en los rubros de obra pública y adquisiciones.

La auditoría a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República se llevó a cabo en sólo un semana, entre el 20 y 28 de junio de 2001, y se analizaron selectivamente las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000, cuando arranca el gobierno de Vicente Fox, al 31 de mayo de 2001.

¿El resultado?, se violaron de manera consistente las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como la Ley Federal de Responsabilidades. Los auditores encontraron irregularidades en el procedimiento de adjudicación de contratos y pagos de los mismos.

El principal responsable y beneficiado de todas esas anomalías fue el contratista Humberto Artigas, quien según Lino Korrodi (ex dirigente de Amigos de Fox) fue recomendado a Vicente Fox por su hermano José, y cuya constructora del mismo nombre fue sometida a una minuciosa compulsa luego de descubrir serias anomalías en la asignación de contratos y en el cumplimiento de los mismos, por ejemplo para la remodelación de las cabañas 1 y 2 se gastaron 8 millones 521 mil 487.44 pesos; para la residencia Miguel Alemán se pagaron 30 millones 88 mil 782.99 pesos; las obras exteriores de Los Pinos fueron por 14 millones 667 mil 631.10 pesos, y la remodelación de la casa anexa de la residencia oficial por 8 millones 617 mil 997.34 pesos.

Vulnerada la Seguridad Nacional

El supuesto carácter de confidencial que debían mantener estas obras, razón por la cual se asignaron los contratos de manera directa para beneficiar al amigo de Fox, fue violado, pues la Dirección General de Auditoría Gubernamental concluyó que los contratistas beneficiados por el presidente subcontrataron a sus vez las obras, los bienes y servicios a otras empresas particulares, lo que vulneró la secrecía y la seguridad nacional con la que según la administración de Los Pinos y el Estado Mayor Presidencial debían ejecutar este tipo de obras en la Residencia Oficial de Los Pinos.

Paradójicamente, para adjudicar de manera directa estos contratos Vicente Fox esgrimió la confidencialidad y la seguridad nacional, objetivo que “se desvirtúa por la subcontratación”, pues la remodelación de Los Pinos se asignó a la empresa Humberto Artigas y Asociados, Sociedad Civil, por un monto de 61 millones 895 mil 898.87 pesos, “debiendo realizar licitación pública, de acuerdo con los montos de actuación, sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados”.

El director general adjunto de Auditorías Directas de la entonces llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública), contador Javier Cervantes Martínez, dice de los contratos asignados a Humberto Artigas: “se adjudicaron directamente al contratista sin la debida justificación y fundamentación de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, ya que el argumento esgrimido de confidencialidad y seguridad se desvirtúa por la subcontratación de las obras, por lo que debió efectuarse licitación pública o cuando menos invitación a tres contratistas en los términos del artículo 134 constitucional y 27, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”.

El amplio expediente confidencial de la Contraloría precisa que “el contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia de la República, conforme al resultado de la compulsa que se realizó con dicho contratista, quien declaró que efectuó la subcontratación con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria S.A. de C.V.; Construcciones y Destajos Especiales S.A. de C.V.; Aicon S.A. de C.V.; Arq. Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio S.A. de C.V.; Aurelio Rojas; MYO S.A. de C.V.; BM Arquitectos, y GBI.”

Pero dichas empresas subcontratadas sólo cobraron por las obras 23 millones 833 mil pesos, cuyas facturas que entregó Artigas a los auditores de la Contraloría así lo comprueban, por lo cual según los auditores se contravino el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios, que en el penúltimo y último párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven de los contratos.

Es decir que mientras Humberto Artigas cobró a la Presidencia de la República casi 62 millones de pesos, sólo presentó facturas por obras y servicios por 23.8 millones, lo que podría significar un daño patrimonial y desvíos por otros 39 millones de pesos.

Además, los montos asignados por la Presidencia de la República en las obras a Los Pinos rebasan los rangos de adjudicación para efectuar una licitación pública de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Investiga el fisco a Humberto Artigas

El hilo siempre se rompe por lo más delgado y está vez no es la excepción, pues el arquitecto Humberto Artigas y su socio Jorge Conde Guzmán, quienes fueron los responsables de remodelar Los Pinos y el rancho San Cristóbal de la familia Fox, son investigados por la Procuraduría General de la República.

Pero contrario a lo que se pueda creer, la investigación no es por el delito de corrupción por los daños causados al erario público en la remodelación de Los Pinos, según confirmó la propia Secretaría de la Función Pública, sino por delitos fiscales.

Es decir, de acuerdo con buena una nota del reportero Abel Barajas y publicada en páginas interiores del diario Reforma, se da cuenta de que la Secretaría de Hacienda encontró tres defraudación fiscales por un monto total de 18.9 millones de pesos por adeudos del IVA y del ISR, lo que significa que no sólo se robaron dinero público, sino que además no pagaron los impuestos que les correspondían por esos recursos y tuvo que ser el fisco el que descubrieran transferencia de millones de pesos del arquitecto Artigas a las cuentas bancarias de su cómplice Conde Guzmán, quienes ahora serán juzgados por evasores de impuestos, más no por complicidad de corrupción con el ex presidente Vicente Fox.