Esta semana termina la pesadilla que duró seis años. Finalmente Vicente Fox deja la Presidencia de la República y con él un gabinete inútil, omiso y corrupto, aunque ahora el panista Felipe Calderón rescate por lo menos a tres de esos ex foxistas que ocuparon cargos de secretarios de Estado: Josefina Vázquez Mota, Alberto Cárdenas y Florencio Salazar.

Pero lo más importante de este fin de sexenio, es que se abrirán expedientes de funcionarios públicos en donde se revele irregularidades cometidas en sus gestiones, y este es el caso de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como la empresa privada ISOSA, en donde Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, y su pandilla de burócratas, se enriquecieron ilícitamente al desviar miles de millones de pesos del erario público.

Sin embargo, para asegurarse que con la salida de Gil Díaz no habrá investigación alguna que los involucre en hechos de corrupción, los funcionarios involucrados han desaparecido archivos que contienen información de los fideicomisos aduaneros y de las empresas privadas que, como ISOSA, manejaban desde las oficinas de la secretaría de Hacienda.

Y para que no todo quede en la impunidad, a la cual nos tiene acostumbrados el gobierno federal, el jueves pasado se presentó el libro ISOSA, fraude transexenal a la nación (de la autoría de quien escribe esta columna), y allí participaron los periodistas Miguel Angel Granados Chapa, Humberto Mussachio y Alvaro Cepeda Neri, así como el analista financiero Mario Di Costanzo, quienes con precisión señalaron las corruptelas del todavía secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y su pandilla que se enriqueció con dinero público.

Esta investigación periodística está soportada con documentos y entrevistas a los actores que participaron en la creación y operación de dichos fideicomisos y empresas privadas que sirvieron para triangular recursos públicos que nunca fueron depositados en la Tesorería de la Federación y que gran parte de ellos fueron a parar a los bolsillos de los funcionarios. Por eso es un documento que podrá servir para futuras indagaciones o denuncias penales, y este extenso archivo reunido a lo largo de ocho años está a disposición de quien lo solicite para esos fines.

Nueva información sobre esos temas y recabada por esta columna, revela los jugosos negocios que han significado para cientos de funcionarios públicos y empresarios los fideicomisos creados en Aduanas y las empresas privadas utilizadas para desviar el dinero. Pero eso no es todo, también es de destacarse la incapacidad como se manejaron las cuentas millonarias, la falta de control y vigilancia, el compadrazgo y amiguismo para la asignación de contratos y la protección que ejercieron los órganos de control dependientes de la Secretaría de la Función Pública, contrario a su función para la cual fue creada.

Ahora que termina el sexenio, el nuevo gobierno y sobre todo los nuevos funcionarios de la Secretaría de la Función Pública deberán estar alertas sobre las personas que ocuparon puestos claves en la administración de los fideicomisos y las empresas privadas que manejaron el dinero público.

En primer lugar está Lorenzo Hernández, secretario particular de Gil Díaz y quien presidió la empresa privada ISOSA, desde donde se manejaron los primeros recursos millonarios para beneficio de unos cuantos funcionarios.

También Antonio de Cabo, quien manejo el Fideicomiso de Comercio Exterior II, popularmente conocido como Aduanas II y aunque tenía el carácter de privado recibió ingresos de fondos correspondientes al cobro del Derecho de Trámite Aduanero. De Cabo fue secretario técnico de dicho fideicomisos desde el 2000 hasta el 2005 y un buen día desapareció con todo y su equipo, sin rendir cuentas a nadie.

Otro ejemplo es el de Eduardo Biseca, al frente del Fidemica, a través del cual se pagaban cuantiosos bonos  y gastos de administración, así como también servía para el tráfico de influencias.

Francisco Jiménez Rodríguez, quien desde el Servicios de Administración Tributaria operó cuantiosos recursos, habrá que investigarlo por supuestos malos manejos, además verificar la fecha que renuncia al SAT y su salida real de la nómina, pues allí al parecer hay inconsistencias. Este ex burócrata tiene una trayectoria que incluye a la Administración de Planeación Aduanera en un nivel medio, pues aunque no tenía ni voz ni voto en los fideicomisos, sí tenía un enlace directo con ellos y luego dio el gran salto como secretario técnico del Fidemica.

Si el gobierno de Felipe Calderón quiere investigar algunos casos de corrupción, su próximo secretario de la Función Pública, cargo en el cual se menciona a Germán Martínez, podría investigar las irregularidades en la adquisición de algunos bienes para los recintos aduanales, en donde se firmaban algunas actas sin participar en actos de licitación.

Otro caso, por ejemplo, es un proyecto que inició mal y terminó mal, la Casa de Moneda, en donde se invirtieron millones de pesos y cuyo proyecto contemplaba mudar a algunas oficinas del SAT a ese antiguo inmueble, pero jamás sucedió y se gastaron absurdamente muchos recursos públicos, materiales y humanos provenientes de los fideicomisos.

Otro más fue la construcción de alojamientos para la Policía Fiscal, un gran proyecto instrumentado también por Gil Díaz y que terminó en un gran fracaso. También destaca por sus errores la adquisición de esclusas para cruces de vehículos terrestres en la frontera, el cual fracaso, no sin antes gastar cuantiosos recursos.

También se utilizaron recursos de dichos fideicomisos aduaneros en el proyecto paisano, sin la supervisión de algún órgano interno de control, por lo cual se cometieron abusos y se desviaron recursos.

Más de negocios de Gil Díaz

Y ya que hablamos de las corruptelas de Francisco Gil Díaz, hay otra historia que se remonta también a la década de 1990, cuando se desempeñaba como subsecretario de Ingresos y en noviembre de ese mismo año la Secretaría de Hacienda envió para su revisión a la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República un proyecto de reformas a la Ley Aduanera, entre ellas una correspondiente al artículo octavo, en donde propone que Hacienda autorice hasta por 10 años a particulares la prestación de servicios dentro del recinto fiscal, pero siempre mediante licitación pública.

El 15 de noviembre de 1990, el presidente de la República, en ese entonces Carlos Salinas de Gortari, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reformas a la Ley Aduanera antes mencionada, bajo el argumento de modernizar las aduanas. El 17 de diciembre de 1990 la Cámara de Diputados, controlada por priístas, aprobó las reformas a la Ley Aduanera, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1990.

En el Diario Oficial del 11 de febrero de 1991, se publica la “autorización a Branniff Air Freight and Company, para prestar el servicio público de almacenaje y custodia de mercancía de Comercio Exterior en el recinto fiscal de la Aduana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, con la firma del entonces subsecretario de Ingresos, Francisco Gil Díaz, el 20 de diciembre de 1990, es decir 3 días después de que la Cámara de Diputados había aprobado reformas a la Ley que obligaban a otorgar esa clase de autorizaciones sólo mediante licitación pública.

La autorización se dirige al “C. Representante Legal de la empresa Branniff Air Freight and Company”, sin precisar su nombre y comienza así: “En atención a su escrito de noviembre 12 del presente año, mediante el cual solicita a esta Subsecretaría de Ingresos…”. Sin embargo, en el folio mercantil 142489, abierto el 3 de abril de 1991, se hace constar que el 19 de marzo de 1991 se presentó en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio escritura número 29447 de fecha 12 de noviembre de 1990, notario público 75 del Distrito Federal, mediante la cual se constituyó la sociedad denominada Branniff Air Freight and Company, la cual fue autorizada por el Juzgado 37 de lo Civil el 31 de enero de 1991, con oficio número 50.

En esas condiciones, ¿quién podía ostentarse ante la Secretaría de Hacienda como representante legal de una empresa constituida el mismo día para obtener una autorización de tal envergadura?

Según consta en la cédula fiscal de la citada empresa, expedida por la Subsecretaría de Ingresos, Branniff obtuvo su registro federal de contribuyentes hasta el 30 de noviembre de 1990, habiéndosele asignado la clave BAF901130MN6. En la solicitud de registro de la empresa señaló como domicilio fiscal el almacén fiscal número 7, dentro de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo es posible que el subsecretario de Ingresos (Gil Díaz), quien aun no expedía cédula del RFC, diera entrada a una solicitud de una compañía que carecía de existencia fiscal?

Y si la autorización expedida el 20 de diciembre de 1990 señala textualmente en su base segunda que se concede el uso del almacén 7 de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cómo es que la empresa concesionaria ya había manifestado ese domicilio para obtener su RFC casi un mes antes de recibir la autorización?

Es decir, que en otro franco abuso de poder y tráfico de influencias, el subsecretario Gil Díaz otorgó la concesión a particulares de los servicios de competencia de las aduanas, sin importar que eso le correspondía sólo al secretario de Hacienda, pues es éste el único autorizado para otorgar las concesiones a particulares.

¿Cuál fue entonces el interés que movió al subsecretario de Ingresos (Gil Díaz) para otorgar con tan inaudita celeridad una concesión tan importante de 4 mil 300 metros cuadrados dentro de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a una empresa nueva, sin experiencia en el ramo y sin registro federal de contribuyentes?

Entre otras respuestas posibles hay una que corresponde a la segunda acta de asamblea de la empresa beneficiada, que según folio mercantil 142489 con número de entrada 215305 del 13 de septiembre de 1995, se refiere a un aumento de capital y participación accionaria, pero que a petición del interesado no se inscribió. ¿Quién está detrás de este movimiento accionario?

De regreso al poder, ahora como secretario de Hacienda, Gil Díaz se volvió a precipitar al conceder otra autorización sin licitación pública a Branniff para ocupar una superficie aún mayor que la anterior dentro del recinto fiscal de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se construyeron nuevos almacenes fácilmente visibles desde las pistas del aeropuerto con los letreros de Branniff Air Freight y Fedex (Federal Express).

Este caso sin duda que dará para más tinta, pero por falta de espacio hoy terminamos.