Cada año, la Asociación de Bancos de México realiza un seminario dizque para prevenir el blanqueo de capitales a través de los circuitos financieros de la banca. Sin embargo, en la práctica los resultados siempre han sido negativos y, al mismo tiempo, preocupantes, pues México prácticamente se ha convertido en un paraíso fiscal en donde el crimen organizado y los llamados “hombres de cuello blanco”, que en muchas ocasiones son los mismos, lavan el dinero proveniente de actividades ilícitas como narcotráfico, pederastia, trato de blancas, secuestro y fraudes financieros, entre otros delitos.

Hace más de una década el gobierno mexicano y sus instituciones iniciaron la aplicación de medidas en contra del blanqueo de capitales, pero hasta ahora los resultados son prácticamente nulos, pues las áreas financieras encargadas de vigilar y sancionar estas prácticas ilegales se han vuelto cómplices para evitar escándalos internacionales que pongan en entredicho la autoridad del gobierno en turno, como claramente sucede a Vicente Fox.

Un clásico ejemplo de lavado de dinero es la entramada red de operaciones financieras realizada por Raúl Salinas de Gortari a través de los circuitos bancarios de México y de otros países, lo cual puso en evidencia la ausencia total de controles por parte de las instituciones de crédito para detectar recursos de procedencia ilícita. Aquel caso se convirtió en una verdadera llamada de atención no sólo para el sistema bancario mexicano, sino también para el estadounidense, pues aquel llamado hermano incómodo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari recibió todo el apoyo de la banca de ese país para abrir una millonaria cuenta en Citibank.

En aquel momento, de acuerdo con un histórico reporte generado por la Auditoria General del Congreso de Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés), Citibank no se preguntó el origen de los recursos de Raúl Salinas, y sin mayor problema entre 1992 y 1994 este hombre transfirió más de 100 millones de dólares de México a Estados Unidos, Suiza, Francia e Inglaterra, no sin antes pasar por paraísos fiscales del Caribe. Lo importante era captar la cuenta. En una de las pocas entrevistas que concedió sobre este caso, la ex fiscal suiza Carla Del Ponte aseguró que para el gobierno de ese país el caso era tan importante como el de los judíos y su oro depositado en bancos suizos por los nazis. Dinero sucio, dinero manchado de sangre o corrupción que no debía aceptarse.

Ante tal grado de corrupción bancaria y gubernamental por permitir cuantiosas operaciones financieras ilegales, el gobierno de estados Unidos respondió en aquellos días con una operación de investigación llamada Casablanca, en donde demostró cómo funcionarios bancarios mexicanos se dejaban extorsionar a cambio de permitir lavar dinero sucio en los bancos. Se trató de una operación encubierta que, aunque violatoria de las leyes mexicanas, logró poner en jaque a las autoridades financieras y de procuración de justicia.

Hoy en manos del capital extranjero –estadounidense, español y canadiense–, la abusiva banca que opera en el país incumple con su obligación de acotar el paso a capitales de procedencia ilícita; generar los expedientes que mandan los acuerdos multilaterales (FATF y GAFI) y, sobretodo, rechazar cuentas abultadas cuyo origen no puede conocerse. Es decir, con la banca extranjera se incentivó e incrementó el negocio del lavado de dinero sucio en México, mientras que el gobierno federal tiene que guardar silencio para no molestar a los “inversionistas” extranjeros.

En ese sentido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores segura que sólo se han aplicado 40 sanciones a bancos por conductas irregulares vinculadas con la prevención y combate contra el lavado de dinero, por un monto total de sólo 7 millones de pesos, por incumplir la integración de expedientes. Es decir, prácticamente no hay prevención alguna para combatir esa práctica ilegal del manejo de dinero sucio, y si no se persigue este delito el crimen organizado y los grandes defraudadores siguen impunes.

Pero más allá de las mínimas sanciones económicas que aplica el gobierno federal, lo que  preocupa es la protección que les da a los bancos la CNBV, organismo público que  insiste en otorgar impunidad y protección a instituciones crediticias que no cumplen con las mínimas prevenciones para combatir el blanqueo de capitales y, por el contrario, mantiene como información reservada el nombre de los bancos sancionados y el monto del castigo, con lo cual evita que la población conozca la corrupción interna de la banca.

Para las emisoras del mercado de valores la CNBV libró una batalla de casi dos años para dar a conocer las investigaciones por violaciones a la Ley del Mercado de Valores. En el caso de los bancos parece no regir la misma lógica, a pesar de que se trata de instituciones que custodian los recursos de miles de cuenta habientes e inversionistas.

Las más recientes estimaciones del FBI (organismo policial de los Estados Unidos) sobre el lavado de dinero indican que esta actividad podría representar entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto de la economía mundial y que las principales transferencias de recursos se registran en México, Colombia y Suiza. Sin embargo, la CNBV y la ABM siguen como Fox en un mundo irreal y aseguran que los montos para detectar el blanqueo de capitales ha bajado de 10 mil a 3 mil dólares, pero el problema claramente no proviene de pequeños montos sino de las grandes cuentas que con el consentimiento de banqueros y empleados de primer nivel autorizan y reciben dinero ilícito de manera complaciente.

Banca vulnerable al lavado de dinero

En una exhaustiva investigación de la reportera Nancy flores, se da cuenta de cómo en forma discrecional y bajo el criterio de proteger la imagen y el prestigio de los bancos privados, la CNBV se niega a informar sobre el requerimiento hecho a varias instituciones financieras para que paguen multas por apenas 7 millones de pesos, y mantiene procesos abiertos en contra de éstos por violaciones a la legislación que previene el delito de lavado de dinero.

El vicepresidente jurídico de la CNBV, Benjamín Vidargas, asegura que “de 2004 a 2005 se han emitido 40 sanciones y tenemos multas pagadas por alrededor de 7 millones de pesos”.

De acuerdo con datos oficiales de esa Comisión –obtenidos a través de la Ley de Transparencia y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)–, en ese periodo la CNBV cobró 16 millones 169 mil 948 pesos a los bancos por concepto de sanciones fijadas por diversas violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, entre las que destaca la referente a la prevención del blanqueo de capitales con el 43.5 por ciento de estas multas, lo que podría derivar en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Vidargas asegura que “sí, ya hemos aplicado varias sanciones a diferentes intermediarios financieros por no cumplir sobre todo con la integración de expedientes. Para el lavado de dinero hay una cuestión fundamental, que es el conocimiento del cliente. Esto significa no nada más saber que yo me llamo Benjamín Vidargas y que vivo en tal lugar, significa saber cuánto gano y a qué me dedico, para que yo pueda tener un perfil transaccional de la persona. Entonces si un banco, una casa de bolsa, un intermediario financiero, ni siquiera tiene bien integrado el expediente, pues cómo podemos pensar que verdaderamente está conociendo a su cliente”.

El funcionario afirma que las irregularidades detectadas se refieren básicamente a la falta de presentación de reportes, y explica que el proceso para la imposición de sanciones económicas es largo “porque (los intermediarios financieros) pueden defenderse, pueden interponer medios de defensa y hasta que se concluye con ese medio defensa se impone la sanción. Hay muchas sanciones que están en proceso”.

La sanción más alta a Bancomer

De 2001 a 2005 los bancos han saldado 26 millones 441 mil 563 pesos por penas económicas derivadas de las infracciones a la Ley de Instituciones de Crédito: en 2001, por 3 millones 804 mil 259 pesos; en 2002, por 121 mil 882 pesos; en 2003, por 6 millones 345 mil 473 pesos; en 2004, por 14 millones 840 mil 656 pesos, y en 2005, por un millón 329 mil 291 pesos.

Según Benjamín Vidargas es a partir de 2004 cuando las sanciones incluyen faltas en contra de la normatividad preventiva del lavado de dinero. En ese año, las instituciones bancarias que violaron la Ley de Instituciones de Crédito fueron ABN AMRO Bank, Serfin, Banca Mifel, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco del Centro, Banco Inbursa, Banco Interacciones, Banco J.P. Morgan, Banorte, Banamex, Banco Regional de Monterrey, Santander Mexicano, Bank Tokio–Mitsubishi, Bansi, BBVA Bancomer, Comerica Bank México, GE Capital Bank, Ixe Banco, ING Bank y HSBC.

Sin especificar qué sanciones corresponden a las violaciones que podrían derivar en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el informe entregado por la CNBV revela que la sanción más alta correspondió a BBVA Bancomer, que el 19 de agosto de ese año debió pagar 6 millones 966 mil pesos.

En orden de importancia le sigue Santander Mexicano, que pagó un millón 822 mil pesos, mientras que Banco Interacciones debió saldar un millón de pesos.

En 2005, las 14 sanciones impuestas ascendieron en total a un millón 329 mil pesos y fueron aplicadas en contra de Banco Azteca, Banco del Centro, Banamex, Banco J.P. Morgan, Bank of America México, BBVA Bancomer, Bank of Tokyo–Mitsubishi México, Comerica Bank México y Scotiabank Inverlat.

El 7 de abril del año pasado Banamex amortizó la multa más alta de ese ejercicio por 392 mil 850 pesos; mientras que Banco Azteca pagó 327 mil 375 pesos y Bank of Tokyo–Mitsubishi 183 mil 268 pesos.

Para Benjamín Vidargas “toda la materia de lavado de dinero parte de un supuesto: el conocimiento del cliente. Si el banco, el intermediario financiero, no tiene conocimiento de ese cliente, está mal. De ello que muchas de las sanciones que hemos aplicado han sido por la falta de integración de expedientes”.

El vicepresidente jurídico explica que en materia de prevención al lavado de dinero “la Comisión ha ido evolucionando mucho. Cuando llegamos en 2001 la Comisión se dedicaba sólo a ver que los manuales antilavado de dinero de los bancos estuvieran bien hechos, pero esa no era una labor propia que debíamos ejercer, teníamos que ir más allá. Empezamos con la integración de expedientes y con una serie de disposiciones, una supervisión en cuanto a lavado de dinero, porque no se supervisaba eso. En ese tenor hemos ido desarrollando metodologías de supervisión para vigilar el lavado de dinero. Y empezamos a sancionar por ese motivo a partir de 2004 y 2005”.

El servidor público detalla que otro motivo de sanción es la omisión de reportes sobre las operaciones inusuales, relevantes y preocupantes que por ley deben enterar todas las instituciones financieras a la CNBV.

El doctor Ricardo Gluyas, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en lavado de dinero, explica que el sistema de inteligencia financiera para prevenir este ilícito opera por medio de reportes de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes que pasan por tres comisiones nacionales (Bancaria y de Valores; Seguros y Fianzas, y Sistema de Ahorro para el Retiro) y son analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

El académico indica que “estos reportes son objeto de un análisis de inteligencia financiera, se comparan con bases de datos de la propia Secretaría, como puede ser el padrón de importadores o los domicilios fiscales, y si se encuentran inconsistencias entre los niveles de ingreso declarados para efectos fiscales y los niveles de operación se procede penalmente”.

Para Benjamín Vidargas el lavado de dinero por medio del sistema financiero mexicano “es un problema del cual debemos ocuparnos y atenderlo”, aunque aclara que “no se puede aseverar que se lave dinero a través del sistema financiero, y tampoco se puede decir que se lava dinero con la compra venta de coches o de inmuebles o joyas: el problema de México es el manejo de efectivo, esa es una cuestión que se debe reconsiderar”.