El caso Hildebrando o, como mejor se le conoce, “el cuñado incómodo” fue sólo la puntilla a la campaña del candidato panista a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y la confirmación de que el próximo domingo México dará en las urnas un viraje hacia la izquierda como ha sucedido en otros países de Latinoamérica y de Europa, pues el capitalismo salvaje solamente ha servido para empobrecer aún más a miles de millones de seres humanos y ha concentrado la tierra, el agua y los sistemas de producción en muy pocas manos.
Inflado por los medios electrónicos y uno que otro periódico, Calderón Hinojosa ha soñado con las encuestas que lo colocan, todavía algunas, en el primer lugar de las preferencias electorales, pero en su equipo esos sueños se han ido esfumando lentamente y casi fueron borrados por completo cuando el populista y carismático López Obrador abrió el debate con la denuncia contra “el cuñado incómodo” Diego Zavala, ese joven empresario desconocido hasta hace apenas unas semanas y que recibió múltiples beneficios en el actual gobierno de Vicente Fox al asignarle las secretarías de Estado y entidades paraestatales cuantiosos contratos que le han permitido acumular una millonaria fortuna.
Molesto por el enriquecimiento desmedido de Diego Zavala, Felipe Calderón intentó primero defender al hermano de su esposa Margarita, pero en el recuento de los daños causados por ese escándalo de tráfico de influencias y abuso de poder, el candidato panista ha intentado sin éxito deslindarse tardíamente de la actuación de su cuñado, pues aunque sabía de la operación de la empresa Hildebrando S.A., nunca imaginó el crecimiento desmedido de ésta al amparo del poder público. En fin, el candidato de las “manos limpias” ha sido manchado por la corrupción familiar.
Ante su inminente caída en las encuestas, el equipo de campaña calderonista busca afanosamente revertir esas tendencias y para ello prepara para esta semana incrementar la guerra sucia en contra de López Obrador. Hasta ahora se identifican tres temas que podrían salir a flote en los siguientes días:
1. La investigación que por “lavado” de dinero ha intentado cuadrar la SIEDO (Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada) en contra de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por el PRD, y cuyo expediente se relaciona con el caso de Jaime Eduardo Ross Castillo, un ex vicepresidente del Banco Nacional de París en México, ex empleado de Scotiabank Inverlat y supuesto benefactor del PRD en campañas electorales, quien actualmente está preso en el Reclusorio Sur y sujeto a proceso penal.
Esta línea de investigación judicial en contra de los tres hermanos López Obrador se desprende de la averiguación previa PGR/023/LD/2002, abierta durante la administración del general Rafael Macedo de la Concha, y que consta de 18 tomos, da cuenta de un fraude financiero en detrimento del patrimonio de la institución canadiense Scotiabank Inverlat. Según la PGR, el ex gerente de la sucursal Polanco de dicho banco, Ross Castillo, es “responsable de haber planeado y ejecutado transferencias por 2.6 millones de dólares a cuentas bancarias radicadas en Suiza para, posteriormente, derivarlas a ‘cuentas puente’ abiertas en bancos de Estados Unidos”.
En este expediente la PGR a escudriñado todos los movimientos financieros de López Obrador y de sus familiares, según reconoció el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, Agustín González Guerrero, en una entrevista con la reportera Nancy Flores, de la revista Contralínea, a quien le dijo que esta nueva indagatoria en contra del ex jefe de gobierno del Distrito Federal “no es de índole política, pues aunque algunas averiguaciones realizadas por la unidad contra el lavado de dinero involucran a actores políticos, nosotros sólo damos el seguimiento jurídico”.
Aunque la versión oficial se trata de desmarcar de los señalamientos hechos por el político de Macuspana, quien en varios momentos acusó a la PGR de fabricarle delitos, los expedientes que obran en los archivos de la dependencia, encabezada por Daniel Cabeza de Vaca, descubren que, como en los tiempos del “complot”, las autoridades federales buscan agotar todas las posibilidades para consignarlo por algún delito grave.
Así, la PGR investiga las cuentas bancarias de López Obrador en busca de fondos de procedencia ilícita, confirma el fiscal González Guerrero, quien acepta que tienen un expediente abierto por el delito de blanqueo de capitales por 2.6 millones de dólares, en el que según la Procuraduría están involucrados el propio Andrés Manuel y sus hermanos Pío y Ramiro López Obrador.
«En este caso se han indagado los hechos relacionados con esa denuncia y lo que ve nuestra competencia. Los ministerios públicos no nos dejamos guiar por las personas o los apellidos, tenemos que investigar porque alguna omisión implica responsabilidad para el Ministerio Público y para nosotros como coordinadores de ellos. Entonces el ministerio público, que tiene el monopolio de la averiguación, tiene que investigar a quien deba ser sin importar la filiación partidista o la posición que pueda ocupar en algún cargo de elección popular, porque la justicia es ciega. No debemos fijarnos en apellidos; hay que cumplir la formalidad”, afirmó el titular de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR.
Sin embargo, Jaime Ross desmiente las acusaciones de la PGR y desde el Reclusorio Sur, en donde está preso, afirma que este es un asunto político y no financiero que pretende llevar a tribunales al candidato presidencial del PRD por supuesto lavado de dinero.
Este delicado caso, que involucra a importantes actores políticos mexicanos, también es de interés para el gobierno de Estados Unidos, pues la embajada de ese país en México lo califica de “especial importancia”, según se revela en una carta clasificada como “personal y confidencial” que envió el embajador de ese país en México, Tony Garza, al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, el 8 de julio pasado, tras la destitución de Luz María Núñez Camacho como titular de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR.
Según se desprende del documento confidencial en poder de esta columna, el embajador Tony Garza precisa al procurador mexicano el interés generado por esta “investigación conjunta” y que es atendida en Estados Unidos por el Departamento del Tesoro. Dicha indagatoria se da en el marco de la relación bilateral encaminada a la lucha contra el blanqueo de capitales, afirma Tony Garza, quien agrega que el caso Ross es un asunto “sensible” para ambos países.
Investigan a Ricardo Monreal
2. El segundo tema que prepara el equipo de campaña calderonista con apoyo de algunos sectores de gobierno relacionados con las áreas financieras y diplomáticas, es en contra del exgobernador zacatecano Ricardo Monreal, integrante de las redes ciudadanas en apoyo a López Obrador y persona muy cercana al candidato perredista.
Pues según las investigaciones oficiales foxistas, Monreal habría realizado transferencias millonarias hacia el extranjero, lo que de probarse sería un duro golpe para López Obrador. Hasta ahora las fuentes diplomáticas y financieras señalan que cerca de 90 millones de dólares fueron movidos de bancos instalados en México hacia una cuenta concentradora en un banco de España y de ahí, para borrar las huellas, el dinero se habrían disueltos hacia varias instituciones financieras como casas de bolsa, casas de cambio y otras.
Pero las gestiones que hasta ahora ha hecho el embajador de México en España, Gabriel Jiménez Remus, para que las autoridades financieras españolas proporcionen la información ha sido en vano, pues en ese país el secreto financiero sí funciona de manera oficial y no como sucede en México que sólo opera cuando se trata de encubrir a funcionarios y empresarios corruptos, pero cuando se trata de eliminar a opositores políticos entonces se abren con gran facilidad los archivos financieros y bancarios.
Pero la Procuraduría General de la República hace todo su esfuerzo para integrar un expediente que le permita acusar a Monreal, principalmente en esta semana, de los delitos de enriquecimiento ilícito y “lavado” de dinero.
Todos recordamos cómo el exembajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, narra en su libro “El oso y el puerco espín” como funcionarios del gobierno mexicano trataron de acusar a Ricardo Monreal de vínculos con bandas del narcotráfico, pero el diplomático estadounidense se negó a sostener que había una investigación de la DEA y del Departamento de Justicia en contra del exgobernador de Zacatecas.
Para Monreal este nuevo expediente abierto en su contra es sólo una cortina de humo que trata de golpear al candidato perredista a la Presidencia de la República, pero asegura que la información es tan falsa que ni la PGR ni la embajada de México en España ni la Secretaría de Hacienda tienen pruebas de tal acusación, por lo que si trataran antes del 2 de julio de acusarlo de algún delito inmediatamente procedería a las instancias legales para demandarlos por difamación, pues ni él ni nadie de su familia tiene tal fortuna.
El juicio testamentario
3. Como una medida desesperada para frenar el avance del candidato tabasqueño a la Presidencia, los panistas han hurgado en el pasado de López Obrador y de su familia, y encontraron algunas propiedades a quien fuera esposa del perredista, las cuales se ubican en la zona de la Macuspana, en Tabasco.
Pues a partir de ahí surgió una indagatoria que los llevó a un juicio testamentario que celosa y confidencialmente se guarda en un juzgado y que tiene que ver con esas propiedades que dejó Rocío Beltrán Medina.
En dicho documento confidencial se informa que dichos bienes, algunos de los cuales serían casas y terrenos baldíos, se pondrán a la venta inmediatamente.