De llegar el perredista Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, ya advirtió que su administración revisará con lupa el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), lo que ha puesto muy nerviosos a empresarios, exbanqueros, financieros, empleados bancarios (antes dueños de bancos), banqueros extranjeros, empresarios, abogados que participaron como gestores y cómplices y funcionarios que operaron dicho fondo, pues habría probabilidades que más de uno de éstos pise la cárcel por todas las cochinadas financieras y las corruptelas cometidas para apropiarse del dinero de los ahorradores.
Sin duda alguna uno de los principales estudiosos de este tema es el consultor financiero independiente Mario Di Costanzo, quien en su último análisis sostiene que el secretario Francisco Gil Díaz y los funcionarios del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) mienten al señalar que el rescate del rescate bancario, ahora tendenciosamente llamado por la Secretaría de Hacienda “rescate de los ahorradores”, tuvo como principal objetivo proteger a millones de cuentahabientes en el sistema bancario.
Explica que para corroborar lo anterior basta señalar lo siguiente:
De acuerdo con datos recientes publicados por la SHCP en diversos medios de comunicación y en su página de Internet, el “rescate de ahorradores” permitió que 14.7 millones de cuentas no perdieran sus ahorros, y de acuerdo a la misma Hacienda el costo del salvamento de estas cuentas asciende a la fecha a 1.2 billones de pesos, lo que implica que el costo promedio actual de haber salvado cada cuenta es de: 81 mil 632 pesos.
Sin embargo, agrega Di Costanzo, en el Informe Anual del IPAB correspondiente al año 2000, se señala textualmente lo siguiente: “Considerando las cifras de captación de la banca comercial en moneda nacional a junio del 2000, el universo de ahorradores bancarios en México está representado por 29.3 millones de contratos que representan 996 mil 341.8 millones de pesos.
“Cerca de 50 por ciento de los ahorradores bancarios – medidos de acuerdo al número de contratos en el sistema – mantiene un saldo promedio en el total de instrumentos de captación inferior a 500 pesos. En este estrato de depositantes, cuyo saldo fue de 6 mil 119.2 millones de pesos, se encuentran 14.87 millones de contratos.
“El siguiente rubro, que incluye depósitos mayores a mil y hasta 5 mil pesos, mantiene un saldo de 17 mil 940.6 millones de pesos, en un total de 5.6 millones de contratos (19.1%).
“El mismo patrón de captación se mantiene para los siguientes 3 estratos que incluyen saldos hasta por 100 mil pesos. Estos 5 estratos incorporan a cerca de 97 por ciento de los contratos”

De esta manera, dice el consultor financiero, si asumimos que en 1995 la estructura de las cuentas bancarias era la misma que en el 2000, se obtiene que cerca del 50 por ciento de las cuentas, es decir la mitad de los 14.7 millones de cuentas (7.35 millones de cuentas bancarias) eran de cuentahabientes que mantenían un saldo promedio inferior a 500 pesos, el costo para Fobaproa de haber rescatado a la mitad de los cuentabientes que existían en 1995 dado su saldo promedio fue de 3 mil 675 millones de pesos (es decir 7.35 millones multiplicados por 500 pesos).

Más aún, si añadimos el siguiente nivel de cuentabientes rescatados, es decir los que mantenían un saldo promedio de entre 1 mil y 5 mil pesos y que representaban el 19.1 por ciento del total de los cuentabientes en 1995 (2.8 millones de cuentas bancarias), obtenemos que el costo de salvamento de este segmento ascendió como máximo hace ya casi 11 años, a 8 mil 400 millones de pesos (2.8 millones multiplicados por 3 mil pesos, que es un promedio entre mil y 5 mil pesos).

Hasta este punto podemos decir que el salvamento de 15.4 millones de cuentas bancarias, es decir del 70 por ciento de las cuentas que había en 1995, le costo al Fobaproa 12 mil 75 millones de pesos, aproximadamente.

Si consideramos el mismo razonamiento, para el tercer segmento de cuentas que representaba a cuentabientes que mantenían saldos promedio de entre 5 mil y 10 mil pesos y que representaban aproximadamente el 20 por ciento del total de las cuentas de 1995, podemos decir que el costo del salvamento para el Fobaproa de estos cuentabientes fue de 43 mil 950 millones de pesos.

Finalmente se obtiene que el salvamento de 21.3 millones de cuentas bancarias, es decir del 90 por ciento de las cuentas bancarias que existían en 1995, le costo al Fobaproa 56 mil 25 millones de pesos, aproximadamente.
Luego entonces, pregunta Di Costanzo, cómo es que estos 56 mil 25 millones de pesos se convirtieron en 1.2 billones de pesos, es decir que la cifra creció 100 veces más. Esto nos lleva a pensar que el salvamento de las cuentas de los más ricos y que representaban sólo 10 por ciento del total de las cuentas bancarias que había en 1995 fue lo que elevó más de 100 veces el costo del rescate de los ahorradores.

Si lo anterior es cierto, el resultado nos permite afirmar que lo que elevó el costo del rescate de los ahorradores fue paradójicamente el rescate de los hombres más ricos del país, y nos preguntamos entonces porqué los más pobres están pagando el rescate bancario.
Si lo anterior no es cierto, debemos de asumir entonces que lo que verdaderamente elevó el costo del rescate de los ahorradores en más de 100 veces fue el rescate de los banqueros, por lo que la SHCP miente al señalar que fue un rescate de ahorradores, cuando en realidad sólo fue un rescate de los ahorradores ricos y de los banqueros.

Finalmente conviene señalar, dice Di Costanzo, que de acuerdo con el Boletín Estadístico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en junio de 1995 los 14.7 millones de cuentas que había en México representaban 656 mil 700 millones de pesos, cifra que representa la mitad del costo actual del rescate bancario (1.2 billones de pesos), lo que significa que por cada peso que rescato el Fobaproa debió pagar 2 pesos, diferencia que fue a parar directamente al bolsillo de los banqueros y que ahora pagamos todos los mexicanos.

Nueva caja chica del SAT
Y ya que hablamos de asuntos financieros, lo que podría convertirse en un delito de peculado es la operación en donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) etiqueta como “recursos fiscales excedentes” 88 millones 331 mil pesos producto de los aprovechamientos señalados en los artículos 16-A y 16-B de la Ley Aduanera, cuyo destino debió ser el Fideicomiso del Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras (Fidemica), pero contrario a la normatividad el SAT incurrió en irregularidades.

Esos más de 88 millones de pesos fueron entregado por la Tesorería de la Federación (Tesofe) a la dependencia encabezada por José María Zubiría Maqueo para que ésta lo depositara, a su vez, en la cuenta número 264732492-7 del Fidemica, radicada en el Banco de México; sin embargo, en el informe de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2004 se revela que esos recursos nunca se trasladaron al fideicomiso con carácter de público.

En un análisis elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se indica que aunque en el ejercicio fiscal auditado el SAT recibió 954 millones 963 mil pesos por concepto de aprovechamientos, la dependencia sólo traspasó 793 millones 796 mil pesos a las arcas del Fidemica. En enero del año pasado ministró 86 millones 902 mil pesos más, pero a la fecha adeuda un depósito por 87 millones 331 mil pesos, monto que corresponde a los ingresos registrados en diciembre. Esta es una prueba más de cómo el secretario de Hacienda y sus secuaces operan a su antojo los fondos públicos sin que algún órgano fiscalizador tenga la fuerza necesaria para detenerlos.

De acuerdo con el documento, la responsabilidad de esta anomalía recae en la Administración Central de Recursos Financieros de la Administración General de Innovación y Calidad del SAT, encabezada por José Arturo Rodríguez Alaniz, y que ya es investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Ante esta irregularidad la ASF recomendó a la Secretaría de Hacienda establecer la normatividad que permita que se entregue al Fidemica la totalidad de los aprovechamientos recaudados en cada ejercicio provenientes de la prevalidación de pedimentos, y que los ingresos estimados por este concepto se incorporen en el presupuesto del SAT, ello con el fin de evitar que se les dé el carácter de recursos fiscales excedentes.

Además, el máximo órgano de vigilancia promovió el finaciamiento de responsabilidad administrativa sancionadora ante el Órgano Interno de Control en el SAT, en contra de los servidores públicos que hayan intervenido en el asunto. Pero como los órganos internos de control, así como la Secretaría de la Función Pública sólo sirven de tapadera al presidente y a sus subalternos, seguramente no fincarán responsabilidades, al menos en lo que resta del sexenio, después, ya veremos.
Se confirman las anomalías
De acuerdo con una investigación hecha por la Contraloría Interna del Fidemica, el SAT está obligado a entregar los 87 millones de pesos. Esta resolución fue dada a conocer a las autoridades de la Administración Central de Recursos Financieros por el secretario técnico del Fideicomiso mediante un comunicado fechado el 14 de noviembre de 2005.

Para la Contraloría Interna del Fidemica la justificación de que los recursos no pueden ser entregados porque el ejercicio fiscal 2004 ha sido cerrado, dada por la Unidad de Política de Ingresos, es improcedente: el Fideicomiso no se encuentra sujeto al principio de anualidad, ni sus recursos se rigen por autorizaciones presupuestarias, dado que se trata de un fideicomiso que no tiene personalidad jurídica y que no es considerado como una entidad paraestatal.

Por ello, el secretario técnico del Fidemica solicita a la Administración Central del SAT que realice los trámites para recuperar los 87 millones de pesos y organice las medidas necesarias para que la recaudación de diciembre de cada ejercicio se entere como la de los meses que le anteceden, con fundamento en el artículo 40 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004.

La ASF determina en su informe que la metodología empleada por la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda relacionada con la entrega de los aprovechamientos al Fidemica impidió dar cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 16-A y 16-B de la Ley Aduanera, ya que el Fideicomiso dejó de recibir los ingresos por aprovechamientos correspondientes a diciembre de 2004 por 87 millones 331 mil pesos. Es decir, un simple robo más de recursos públicos.