En un intento desesperado por transparentar el manejo irregular de fondos públicos en fideicomisos privados, la Secretaría de Hacienda por conducto del Sistema de Administración Tributario (SAT) se enreda aún más y complica e involucra a nuevos actores en operaciones irregulares que en el próximo gobierno les podría significar pisar la cárcel.
Por ejemplo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió transferencias millonarias que hizo el SAT al controvertido fideicomiso privado Aduanas I, involucrado éste en daños al patrimonio público por más de 10 mil millones de pesos, según ha documentado esta columna desde hace varios años sin jamás haber sido desmentida, y cuyos recursos fueron extraídos del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), creado para “transparentar” las irregularidades cometidas con el manejo de los recursos obtenidos por el cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA).
De acuerdo con el informe de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2004, elaborado por la ASF, para solventar los costos del despacho aduanero: procesamiento electrónico de datos y segundo reconocimiento de mercancías, en enero del año pasado el FACLA destinó 128 millones 674 mil pesos al fideicomiso Aduanas I, constituido “indebidamente” en 1993 por el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
El Fideicomiso Aduanas I está involucrado, junto con el SAT, en quebrantos al patrimonio público por 10 mil 183 millones de pesos, y según el máximo órgano de fiscalización los daños que se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración foxista: el primer año por 4 mil 561 millones en 2001, el segundo por 2 mil 200 millones en 2002, el tercero por 2 mil 585 millones en 2003 y el cuarto por 836 millones 346 mil pesos.
Y es que, según detalla la ASF, en esos ejercicios fiscales el SAT omitió enterar a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos obtenidos por el cobro del DTA, mismos que se depositaron “irregularmente” en el fideicomiso Aduanas I hasta mediados de 2004, cuando por órdenes del presidente Vicente Fox se creó el fideicomiso público FACLA.
La diputada priísta Nora Yu Hernández advierte que, aunque el dinero recaudado por el DTA ya se entera a la Tesofe y se deposita en el fideicomiso público FACLA, aún falta que se transparente la cuestión del destino de éste: “debemos saber en qué se invierte y cómo”.
DTA, sin transparencia
A pesar de los esfuerzos por transparentar el cobro y el manejo de los recursos del DTA, el informe entregado a la Cámara de Diputados el pasado 30 de marzo revela que, de agosto de 2004 a enero de 2005, el FACLA incumplió con dicho objetivo: en lugar de contratar empresas para la prestación de los servicios de procesamiento electrónico de datos y del llamado segundo reconocimiento para las 48 aduanas del país, subcontrató al Aduanas I.
Para la ASF esta operación del FACLA con el Aduanas I es irregular, pues durante más de una década el fideicomiso privado adjudicó estos servicios en forma discrecional a la empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos, S.A.), también constituida por Gil Díaz en 1993, y a 12 consorcios de comercio exterior, los cuales mantuvieron el rentable negocio hasta diciembre del año pasado.
De acuerdo con el análisis, al ser cuestionado sobre los procesos de licitación para contratar empresas y adjudicar los procesos relacionados con el despacho aduanero, el SAT, en su calidad de fideicomitente de ambas figuras fiduciarias (FACLA y Aduanas I), detalló que los servicios de procesamiento electrónico de datos y segundo reconocimiento “fueron prestados por conducto del Fideicomiso Aduanas I, con número 954-8”.
Esto a pesar de que el SAT y el fideicomiso privado Aduanas I han sido identificados como los responsables directos de los quebrantos multimillonarios en contra de la hacienda pública relacionados con el fraude del DTA y al margen de las investigaciones que llevan a cabo la ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El documento detalla que en el ejercicio fiscal 2004, la dependencia encabezada por José María Zubiría Maqueo no autorizó la prestación de servicios ni contrató a empresa alguna, pues “el esquema de adquisiciones que debería ser aplicado por el fideicomiso (FACLA) se encontraba en la SFP para su atención, por ello no desarrolló actividad alguna en ese año”.
El análisis de la ASF indica que en enero de 2005 el FACLA transfirió 128 millones 674 mil pesos al Aduanas I, como supuesto pago por los servicios del segundo reconocimiento, en contravención de la normatividad aplicable y de los propios objetivos del fideicomiso público.
La cifra extraída del FACLA y depositada en el Fideicomiso Aduanas I está integrada de la siguiente manera: 87 millones 536 mil pesos del periodo de agosto a octubre y 41 millones 139 mil pesos del mes de noviembre de 2004.
Con respecto al primer periodo, el informe detalla que “se revisaron las fichas únicas de operación fiduciaria y las solicitudes de pago de las empresas de comercio exterior y se determinó que de los 87 millones 536 mil pesos, el 28 de diciembre del mismo año, el Fideicomiso Aduanas I pagó 81 millones 290 mil pesos por los servicios de apoyo y control del despacho aduanero a los consorcios de comercio exterior de Mexicali, Nogales, Guadalajara, del Aeropuerto de México, Veracruz, Nuevo Laredo, de Ciudad. Juárez, del interior de México (sic), Piedras Negras, de Reynosa y de Matamoros, así como 5 millones 823 mil pesos a SGS Servicios Logísticos Aduaneros (filial de la trasnacional SGS Société Générale de Surveillance), el 11 de enero de 2005”.
A la fecha, el SAT aún no comunica al máximo órgano de vigilancia lo correspondiente al periodo de diciembre de 2004 a diciembre de 2005, fecha en que el SAT cancela los contratos con la empresa ISOSA y con los 12 consorcios de comercio exterior.
A partir de enero de 2006 el servicio de procesamiento electrónico de datos es operado por la compañía de Carlos Slim, Teléfonos de México, mientras que el segundo reconocimiento es adjudicado a cinco trasnacionales: A/S Baltic Control, Limited; Bivac International; Cotecna Inspection, Intertek International, y SGS Société Générale de Surveillance, todas contratadas a través de licitación pública. 
Más irregularidades
El informe elaborado por la ASF revela que la subcontratación del Aduanas I financiada por el SAT con recursos del FACLA fue del conocimiento de la subprocuradora fiscal federal de legislación y consulta, Guadalupe Araceli García Martínez.
El documento dice que dicha funcionaria fue consultada por el SAT para determinar si, de acuerdo con el objeto del FACLA y las disposiciones normativas que lo regulan, los recursos administrados por éste pueden ser utilizados para el pago de los servicios que el SAT contrate, y que sean prestados por particulares autorizados para ello en términos del artículo 16 de la Ley Aduanera.
Al respecto la Subprocuraduría Fiscal opinó que “con base en el numeral II de la cláusula cuarta del Fideicomiso, el SAT debe verificar que los particulares que presten el servicio sean autorizados de conformidad con la Ley Aduanera y que, una vez verificado lo anterior y con el objeto de que los recursos fideicomitidos sean utilizados en términos del artículo 16, es necesario que dicho órgano revise que los servicios que sean prestados por los particulares autorizados, se encuentren contemplados dentro del objeto del fideicomiso”.
El informe de la ASF explica que para verificar que los servicios de apoyo y control del despacho aduanero se prestaron conforme a la normatividad, se aplicó una prueba en la aduana de Guadalajara del 24 al 28 de octubre de 2005 y se determinó que el Consorcio de Comercio Exterior de Guadalajara, S.A. de C.V. presta sus servicios en las propias instalaciones del recinto fiscal, los cuales se orientan a la práctica del segundo reconocimiento aduanero.
“Dichos servicios se prestan de acuerdo con el esquema de su contratación del 20 de enero de 1993, y con los cuatro adendums del 20 de mayo de ese año, 16 de noviembre de 1994, 13 de julio de 1998 y 1 de marzo de 2000. Por consiguiente, los servicios no fueron autorizados ni se contrataron de conformidad con el artículo 16 de la Ley Aduanera, a pesar de que se constató que el fideicomiso pagó en enero de 2005, 128 millones 674 mil pesos por dichos servicios del 23 de agosto al 30 de noviembre de 2004”.
La investigación del auditor superior Arturo González de Aragón concluye que las operaciones no se ajustan a la normatividad “a pesar del contrato suscrito entre la Secretaría de Hacienda y el Consorcio de Comercio Exterior de Guadalajara, y de los cuatro adendums firmados, los dos primeros por la Secretaría y los últimos por el SAT, el cual manifestó no tener relación contractual con las empresas que prestan los servicios del segundo reconocimiento aduanero previsto en el artículo 16 de la Ley Aduanera”.
FACLA, el sustituto del Aduanas I
El 22 de julio de 2004 se constituyó el Fideicomiso (público) para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), destinado a captar la contraprestación aduanera que desde 1993 fue depositada “irregularmente” en el fideicomiso privado 954-8, conocido como Aduanas I.
Su fiduciaria es Nacional Financiera y, según refieren fuentes informativas del Servicio de Administración Tributaria, sustituye al controvertido fideicomiso Aduanas I, involucrado por la ASF en daños por más de 10 mil millones de pesos en contra del erario público.

El FACLA se dio a conocer con la publicación de las modificaciones a la regla 1.3.5 en el Diario Oficial de la Federación, relacionada con el cobro del Derecho de Trámite Aduanero y con las contraprestaciones generadas por el servicio de procesamiento electrónico de datos, ambos pagos previstos en el artículo 16 de la Ley Aduanera.
Al cuarto trimestre de 2005 dicho fideicomiso público compromete recursos por 4 mil 117 millones 373 mil pesos, revela el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, realizado por la Secretaría de Hacienda.
Sin duda alguna el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y su equipo más cercano de colaboradores tendrán mucho que explicar al próximo gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre, pero que será después de las elecciones presidenciales del próximo 2 de julio cuando sepamos el partido y el candidato ganadores y en consecuencia si habrá una investigación exhaustiva, pues es de sobra entender que si Felipe Calderón llega a la Presidencia lo primero que hará su administración será borrar las huellas de corrupción que dejaron sus antecesores y, en consecuencia, olvidarnos de que por primera vez haya justicia en este país para enviar a prisión a esa banda de ladrones.