Los inmigrantes latinos en Estados Unidos, que ya suman más de 12 millones tan sólo en los últimos cinco años, no sólo sufren el acoso de legislaciones que buscan mantener el sistema de Apartheid laboral al que se encuentran sometidos sino que también son perseguidos e investigados en sus actividades de envío de efectivo a sus países de origen.

Las más recientes estimaciones del FBI sobre el lavado de dinero indican que esta actividad podría representar entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto de la economía mundial y que las principales transferencias de recursos se registran en México, Colombia y Suiza. Las redes financieras, algunas de ellas informales, utilizadas por los inmigrantes para enviar recursos desde Estados Unidos se han convertido en un talón de Aquiles, de acuerdo con el FBI, de la seguridad nacional de ese país.  Una posición cómoda que busca dejar al gobierno estadounidense a salvo  de investigar a su sistema bancario y su participación en el blanqueo de capitales.

La posición del FBI también pretende dirigir a toda costa esos recursos a los circuitos bancarios formales y capitalizar el boom de remesas de los migrantes, el gigante dormido que el próximo primero de mayo se hará presente una vez más en las calles de las principales ciudad de Estados Unidos.

En un amplio testimonio ante el Senado de Estados Unidos el pasado 4 de abril, el Jefe de la Unidad de Investigaciones sobre Operaciones Financieras del Terrorismo y Blanqueo de Capitales del FBI, Michael Morehart, aseguró que en Colombia el mercado negro de divisas suma ya más de 5 mil millones de dólares y que se mueven entre los circuitos financieros de ese país y Washington. Las llamadas Hawalas se mantienen como el principal sistema de envío de remesas entre ciudades de Estados Unidos y comunidades de todo el mundo, que también han hecho florecer el blanqueo de recursos provenientes de actividades ilícitas. Las Hawalas son redes financieras informales, sistemas subterráneos de transferencias que el FBI asegura han sido utilizadas para que Al-Queda transfiriera recursos entre Estados Unidos y Asia.

El FBI reconoce tímidamente que el lavado de dinero aún vulnera las estructuras del sistema bancario estadounidense pero también revela que los negocios altamente intensivos en efectivo como estaciones de gasolina, tiendas de conveniencia, actividades bancarias offshore, compañías dedicadas a la venta de lubricantes, operaciones de envío de efectivo y casinos, están captando la atención de grupos terroristas y organizaciones dedicadas al lavado de dinero.

El más reciente reporte de actividades sospechosas entregado al FBI por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) señala que aproximadamente el 73 por ciento de los servicios de transferencia de efectivo está involucrado en el lavado de dinero o al menos forman parte de su estructura.

Así, mientras las transferencias electrónicas aumentan su presencia en el sistema financiero, las medidas para detectar fraudes y lavado de capitales disminuyen su efectividad, pues cada día resulta más complicado ubicar la identidad de los clientes de estas redes que, sin mayores problemas, tienen acceso a los sistemas financieros formales a través de bancos en el exterior.

Un banco en el extranjero puede realizar operaciones denominadas en dólares y mover fondos dentro y fuera de Estados Unidos con el simple pago de comisiones. Este esquema elimina la necesidad de que la banca extranjera busque la autorización del gobierno estadounidense para abrir sucursales en ese país, pues con sólo una cuenta en una corporación financiera norteamericana es posible realizar innumerables operaciones e, incluso, operar con otros bancos en cualquier parte del mundo.

Actualmente, el FBI mantiene más de 1,200 casos pendientes que involucran investigaciones sobre lavado de dinero de recursos que provienen de actividades criminales como el tráfico de drogas, fraudes cibernéticos y de seguros, fraudes en el sistema de salud, hipotecas, así como actividades terroristas nacionales e internacionales.

Por ello, se ha incrementado la cooperación internacional para combatir las amenazas del lavado de dinero. Miembros del Grupo Egmont tienen acceso a un sitio de internet con altos sistemas de seguridad desarrollado por el FinCen dirigido a compatir información de vital importancia para contrarrestar el avance del blanqueo de recursos. Además 150 países, en el marco de este esfuerzo, han adoptado nuevos estándares de vigilancia para evitar el ingreso de estos recursos a sus circuitos financieros.

Junto con el lavado de dinero, las actividades terroristas borran su huella y el propio FBI reconoce los problemas para detectar sus avances, pues no se registran progresos para detectar sus actividades.

El aún limitado acceso a los registros bancarios impide identificar las actividades financieras de las redes del terrorismo que en los últimos años utilizan figuras como los donativos y los fondos procedentes de negocios aparentemente ilícitos. Por ello, el Acta de Secrecía Bancaria ha permitido identificar el tipo de transacciones que se realizan entre Estados Unidos y los sistemas financieros del exterior.

Así, por ejemplo entre 2000 y 2005, el 38.6 por ciento de todas las transferencias monetarias que se reportaron registraron montos entre 10,000 y 14,999 dólares. Durante el mismo periodo, 18.5 por ciento se ubicaron entre 15 mil y 19,999 dólares mientras el 10.8 por ciento fue entre 20 mil y 24 mil 999 dólares; sólo el 6 por ciento fue entre 25,000 y 24,999; el 4.7 entre 30 mil y 34 mil 999 y sólo el 2 por ciento por más de 100 mil dólares. El FBI también identificó los datos personales de los individuos que realizaron más de 13 mil transacciones, con lo que ubicó al 3.1 por ciento en investigaciones vinculadas con posibles delitos.

Para el FBI, el modus operandi en el envío de remesas y transferencias de efectivo busca eludir las medidas de vigilancia sobre operaciones sospechosas y relevantes marcadas por los acuerdos internacionales. Se trata, claramente de actividades vinculadas con el crimen organizado y no con la presencia de inmigrantes que sólo han contribuido con su trabajo la economía de ese país pero que ahora se pretende tratar como criminales.

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El próximo martes, la Cámara de Diputados podría escribir una página negra en su historia de legislaciones aprobadas al vapor y sujetas a negociación política y prebendas si es que al terminar la discusión para aprobar la nueva Ley Federal de Competencia deciden sucumbir a las presiones de Teléfonos de México para reducir la influencia y potestades de esta comisión para vigilar que se respete la competencia en el mercado mexicano. Aunque se trata de una iniciativa impulsada por Fernando Sánchez Ugarte, ex presidente de esta comisión, Eduardo Pérez Mota se impuso la tarea de sacarla adelante. Este lunes, en la ciudad de México, el presidente de la Comisión Federal de Competencia ofrecerá una conferencia que se prevé como un desafío al intenso cabildeo que Telmex realiza entre los diputados para impedir la aprobación de esta legislación que pondría en riesgo el poder dominante de la telefónica en el mercado de telefonía básica y de larga distancia. El mensaje también estará dirigido al grupo regiomontano Femsa, otro de los corporativos que se ha opuesto al fortalecimiento de las atribuciones de la Cofeco entre las que destaca la posibilidad de ordenar la venta de activos de una empresa que viole la ley de manera reincidente; la potestad de conceder amnistías a las compañías que habiendo participado en una colusión de precios o en prácticas que atenten contra la competencia decidan abandonarlas y proporcionar información a la comisión sobre las empresas que participaron en las prácticas irregulares. La Cofeco, sin embargo, tuvo que ceder en pretensiones como la de establecer sanciones penales a empresarios que violaran la Ley de Competencia, tal y como sucede en otros países. En reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Pérez Mota acusó recibo de la demanda de los principales hombres de negocios del país de reducir el impacto de esta ley en una economía que, hasta ahora, está sustentada en esquemas de monopolio y de oligopolios, en el mejor de los casos, a pesar de la apertura de las fronteras. Y para muestra basta un botón: la telefonía, el mercado de la cerveza, el del cemento y vidrio.

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Por quinto año, Roberto Hernández,  fundador de la casa de bolsa Accival, junto con Alfredo Harp, fue ratificado como consejero del gigante financiero Citigroup. En 2003, Harp dejó su asiento en el Consejo de Administración de ese corporativo. Hernández, sin embargo, fue reelecto el pasado18 de abril en la asamblea de accionistas de la firma estadounidense propietaria de Banamex. El inversionista mexicano fue el único de los miembros del consejo de Citigroup que no recibió compensación alguna o pago de dividendo. Casualmente, en el documento público que da cuenta de la reunión anual de consejeros del grupo estadounidense, también se reporta que Hernández junto con sus familiares representaron para Citigroup un gasto de 2.5 millones de dólares en gastos de aviones privados.