La semana pasada un juez determinó que el líder sindical Ramón Gámez, sentenciado por el delito de pederastia, tendría que cumplir en prisión una pena de 17 años. En diciembre pasado, Gámez había obtenido su libertad gracias al pago de una fianza y, por supuesto, a la corrupción de algunos funcionarios del Poder Judicial.
Los medios de comunicación dieron amplia cobertura a la orden de aprehensión del “líder sindical”. Televisa destacó esta información sin informar sobre los negros antecedentes de este dirigente de sindicatos blancos que ha hecho de los contratos de protección una verdadera industria.
La omisión informativa del Grupo Televisa pareciera intencional e interesada en cubrir su propia agenda, pues Ramón Gámez es el líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Aérea y Similares (STIAS) que firmó un contrato de protección con la aerolínea Volaris, en la que Emilio Azcárraga Jean y su corporativo de medios es accionista junto con el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe.
A pesar de los oscuros antecedentes de Gámez en el sindicalismo de protección, Volaris decidió firmar los contratos colectivos de trabajo de sus empleados con esta base sindical, pues para mantener la operación de esta nueva aerolínea de bajo costo necesita mantener costos laborales mínimos y replicar el modelo europeo y estadounidense que, por cierto, comienza a colapsarse ante las demandas de trabajadores que buscan planes de pensiones y mejores ingresos.
Las llamadas aerolíneas de bajo costo, según confirma la Asociación de Sindicatos de Pilotos Aviadores (ASPA), decidieron firmar sus contratos colectivos de trabajo con el STIAS, pues se trata de un sindicato blanco que acepta contratos de protección que bajo cualquier circunstancia privilegian los intereses de las empresas.
Los antecedentes de un líder charro
Posterior a la quiebra de Aeroméxico en 1988, el STIAS de Ramón Gámez surge al amparo y protección política de Arsenio Farell, entonces secretario del Trabajo, para agrupar a los trabajadores de la nueva aerolínea Aerovías de México. Aunque el STIAS llegó a representar a los pilotos de Aeromar, los pilotos de esta compañía ahora están afiliados en ASPA; lo mismo sucedió con Aerocaribe cuyos pilotos y sobrecargos abandonaron las filas del sindicato de Gámez.
Sin embargo, el STIAS ha llegado a representar a más de 2 mil 500 empleados de la industria de la aviación bajo contratos de protección, pues cuenta con registros avalados por la Secretaría del Trabajo El enfrentamiento más claro fue el que se presentó en el año 2000, cuando ASPA demandó ante las autoridades de la Secretaría del Trabajo la nulidad del contrato colectivo de trabajo firmado entre la aerolínea Aviacsa y el STIAS, un conflicto que llegó al Poder Judicial. Es previsible que ASPA impugne y demande la nulidad de los contratos de protección firmados por el STIAS y las nuevas aerolíneas.
Bajo el esquema sindical irregular impulsado por Gámez, las nuevas aerolíneas de tarifas bajas están exigiendo a sus pilotos que firmen pagarés que avalen el pago de su capacitación con el propósito de reducir sus costos y estar en posibilidades de ofrecer precios cada vez más bajos, lo que contraviene a la Ley Federal del Trabajo.
Estas circunstancias, que operan en perjuicio de los trabajadores, obviamente no han sido impugnadas por la representación sindical. La situación laboral del sector de la aviación llamó ya la atención de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la cual confirma que las nuevas aerolíneas de bajo costo están firmando contratos colectivos de protección patronal. Incluso, dice la UNT, dichos contratos se firmaron aún antes de haber contratado pilotos, sobrecargos o personal de tierra, como sucedió con el de la empresa Interjet.
Pero no sólo Televisa, la cual por cierto tiene en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (Sitatyr) una de las bases sindicales más activas, buscó el apoyo de Gámez. Mexicana de Aviación, que ahora forma parte del Grupo Posadas, al crear su aerolínea de bajo costo, Click, decidió firmar con el STIAS, a pesar de que la aerolínea que ahora forma parte del Grupo Posadas mantenía sus contratos con sindicatos como ASPA.
Al presentar sus servicios, la aerolínea Volaris, en la que participa el Grupo Inbursa a través de una Sociedad de Inversión de Capital de Riesgo (SINCA); el Grupo Aéreo TACA, el Grupo Protego y el fondo Discovery Americas y el Grupo Televisa, reconoció su relación contractual con el STIAS y aseguró que se trataba de un sindicato que le “ayudaba a medir sus parámetros de productividad”.
Volaris arranca con una inversión de más de 100 millones de dólares y una agresiva campaña en medios de comunicación; sin embargo, decidieron no incrementar los gastos con beneficios para los trabajadores, en un sector en el que más de 6 mil pilotos desempleados aceptarían cualquier condición de empleo.
Al STIAS se no le considera un sindicato sino como un negocio protegido por las autoridades que se apoyan en “grupos de golpeadores, en equipos de gente autoritaria y grupos de choque” que pactan con las empresas la firma de supuestos contractos colectivos de trabajo y que contraviene el artículo 123 de la Constitución. Es obvio que en el expediente de Ramón Gámez la Secretaría del Trabajo encontró en el modelo impulsado por Arsenio Farell Cubillas el instrumento ideal para debilitar al sindicalismo combativo en medio de las frustradas negociaciones para modificar una nueva Ley Federal del Trabajo que apuesta por la disminución de los beneficios laborales del sector obrero.
Sin embargo, el sindicalismo blanco y corrupto impulsado con pseudo líderes como Ramón Gámez resultó tan corrupto como al que se fustiga en la figura de Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, con el cual durante los últimos años se refrendo el pacto con Napoleón Gómez Sada para mantener bajo control a los mineros del país y permitir, sin mayores problemas, el auge de grupos mineros como el de la familia Larrea en el Grupo México, Peñoles del Grupo Bailleres y el Corporativo SanLuis de Antonio Madero Bracho.
Bajo la gestión sindical de Napoleón Gómez Sada se logró la privatización de Altos Hornos de México (AHMSA), con minas de carbón, la venta de la Compañía Minera Autlán, con los más importantes yacimientos de ferroaleacciones y, por supuesto, la privatización de la legendaria mina de Cananea.
Cotecna abre sus cartas
Frente al silencio de la Secretaría de Hacienda sobre las nuevas empresas que se harán cargo del segundo despacho de revisión aduanera, las compañías extranjeras que se vieron beneficiadas por la dependencia a cargo de Francisco Gil Díaz dan a conocer los términos de este contracto que estará vigente hasta febrero de 2010.
Este es el caso de la compañía Cotecna que, con sede en Ginebra, liberó el pasado 9 de marzo un comunicado en el que asegura que su participación en las aduanas mexicanas traerá nuevas tecnologías en 16 aduanas del país. La SHCP ha defendido la participación de empresas extranjeras en los puestos aduanales del país al asegurar que se trata de corporaciones internacionales con amplia experiencia, lo que justifica el pago de más de 110 millones de dólares, pues evitará el contrabando técnico y reducirá los problemas de corrupción.
Sin embargo, entre los antecedentes de Cotecna aparecen datos que contradicen a las autoridades, pues aunque destaca el manejo de las aduanas del programa de la ONU durante la vigencia del programa Petróleo por Alimentos en Irak, también aparecen los problemas de corrupción en los que se vio involucrada.
La otra empresa que participará en estos contratos para la administración del segundo reconocimiento aduanero, como hemos documentado en este espacio, es Societé Generale que, junto con Cotecna, estuvo involucrada en problemas de corrupción por pagar comisión por 11.9 millones de dólares a la ex primer ministra de Paquistán, Benazir Bhutto, para verse favorecidas en contratos de inspección aduanera.
Cotecna pertenecía a Societé Generale cuando se presentó este escándalo; sin embargo, en México decidieron participar de manera independiente; en la práctica no obstante se aplicará el control de una sola empresa en el segundo reconocimiento aduanero.
El contrato para la inspección aduanera firmado con el Servicio de Administración Tributaria, según la propia Cotecna, es por el momento el único de este tipo en el mundo e implica el segundo reconocimiento de las declaraciones de importadores y exportadores para validar el origen, el valor, la partida arancelaria, el valor imponible y los impuestos y aranceles correspondientes a las mercancías.
Además, Cotecna llevará a cabo revisiones selectivas de la existencia de los proveedores y compradores en el extranjero y asistirá al SAT en la creación de una base de datos de precios y una base de datos digital.
Estos controles, conocidos en el país como “segundo reconocimiento” y realizados después del despacho de las mercancías, tienen como objetivo, dice la empresa europea, reducir el fraude y prevenir el uso de documentación falsificada o triangulación, que oculte el verdadero origen de las mercancías.
Aproximadamente 150 colaboradores ofrecerán servicios en 16 aduanas en todo México. Cotecna proveerá un equipo moderno y una infraestructura que permitirá una comunicación en tiempo real con el SAT, al igual que un acceso permanente, a través de Internet, a información almacenada en bases de datos digitales.
Así, Hacienda busca privatizar su servicio aduanal, sobre todo a empresas extranjeras, para evitar que un nuevo gobierno pudiera investigar la enorme corrupción propiciada por Francisco Gil Díaz.
La omisión informativa del Grupo Televisa pareciera intencional e interesada en cubrir su propia agenda, pues Ramón Gámez es el líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Aérea y Similares (STIAS) que firmó un contrato de protección con la aerolínea Volaris, en la que Emilio Azcárraga Jean y su corporativo de medios es accionista junto con el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe.
A pesar de los oscuros antecedentes de Gámez en el sindicalismo de protección, Volaris decidió firmar los contratos colectivos de trabajo de sus empleados con esta base sindical, pues para mantener la operación de esta nueva aerolínea de bajo costo necesita mantener costos laborales mínimos y replicar el modelo europeo y estadounidense que, por cierto, comienza a colapsarse ante las demandas de trabajadores que buscan planes de pensiones y mejores ingresos.
Las llamadas aerolíneas de bajo costo, según confirma la Asociación de Sindicatos de Pilotos Aviadores (ASPA), decidieron firmar sus contratos colectivos de trabajo con el STIAS, pues se trata de un sindicato blanco que acepta contratos de protección que bajo cualquier circunstancia privilegian los intereses de las empresas.
Los antecedentes de un líder charro
Posterior a la quiebra de Aeroméxico en 1988, el STIAS de Ramón Gámez surge al amparo y protección política de Arsenio Farell, entonces secretario del Trabajo, para agrupar a los trabajadores de la nueva aerolínea Aerovías de México. Aunque el STIAS llegó a representar a los pilotos de Aeromar, los pilotos de esta compañía ahora están afiliados en ASPA; lo mismo sucedió con Aerocaribe cuyos pilotos y sobrecargos abandonaron las filas del sindicato de Gámez.
Sin embargo, el STIAS ha llegado a representar a más de 2 mil 500 empleados de la industria de la aviación bajo contratos de protección, pues cuenta con registros avalados por la Secretaría del Trabajo El enfrentamiento más claro fue el que se presentó en el año 2000, cuando ASPA demandó ante las autoridades de la Secretaría del Trabajo la nulidad del contrato colectivo de trabajo firmado entre la aerolínea Aviacsa y el STIAS, un conflicto que llegó al Poder Judicial. Es previsible que ASPA impugne y demande la nulidad de los contratos de protección firmados por el STIAS y las nuevas aerolíneas.
Bajo el esquema sindical irregular impulsado por Gámez, las nuevas aerolíneas de tarifas bajas están exigiendo a sus pilotos que firmen pagarés que avalen el pago de su capacitación con el propósito de reducir sus costos y estar en posibilidades de ofrecer precios cada vez más bajos, lo que contraviene a la Ley Federal del Trabajo.
Estas circunstancias, que operan en perjuicio de los trabajadores, obviamente no han sido impugnadas por la representación sindical. La situación laboral del sector de la aviación llamó ya la atención de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la cual confirma que las nuevas aerolíneas de bajo costo están firmando contratos colectivos de protección patronal. Incluso, dice la UNT, dichos contratos se firmaron aún antes de haber contratado pilotos, sobrecargos o personal de tierra, como sucedió con el de la empresa Interjet.
Pero no sólo Televisa, la cual por cierto tiene en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión (Sitatyr) una de las bases sindicales más activas, buscó el apoyo de Gámez. Mexicana de Aviación, que ahora forma parte del Grupo Posadas, al crear su aerolínea de bajo costo, Click, decidió firmar con el STIAS, a pesar de que la aerolínea que ahora forma parte del Grupo Posadas mantenía sus contratos con sindicatos como ASPA.
Al presentar sus servicios, la aerolínea Volaris, en la que participa el Grupo Inbursa a través de una Sociedad de Inversión de Capital de Riesgo (SINCA); el Grupo Aéreo TACA, el Grupo Protego y el fondo Discovery Americas y el Grupo Televisa, reconoció su relación contractual con el STIAS y aseguró que se trataba de un sindicato que le “ayudaba a medir sus parámetros de productividad”.
Volaris arranca con una inversión de más de 100 millones de dólares y una agresiva campaña en medios de comunicación; sin embargo, decidieron no incrementar los gastos con beneficios para los trabajadores, en un sector en el que más de 6 mil pilotos desempleados aceptarían cualquier condición de empleo.
Al STIAS se no le considera un sindicato sino como un negocio protegido por las autoridades que se apoyan en “grupos de golpeadores, en equipos de gente autoritaria y grupos de choque” que pactan con las empresas la firma de supuestos contractos colectivos de trabajo y que contraviene el artículo 123 de la Constitución. Es obvio que en el expediente de Ramón Gámez la Secretaría del Trabajo encontró en el modelo impulsado por Arsenio Farell Cubillas el instrumento ideal para debilitar al sindicalismo combativo en medio de las frustradas negociaciones para modificar una nueva Ley Federal del Trabajo que apuesta por la disminución de los beneficios laborales del sector obrero.
Sin embargo, el sindicalismo blanco y corrupto impulsado con pseudo líderes como Ramón Gámez resultó tan corrupto como al que se fustiga en la figura de Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, con el cual durante los últimos años se refrendo el pacto con Napoleón Gómez Sada para mantener bajo control a los mineros del país y permitir, sin mayores problemas, el auge de grupos mineros como el de la familia Larrea en el Grupo México, Peñoles del Grupo Bailleres y el Corporativo SanLuis de Antonio Madero Bracho.
Bajo la gestión sindical de Napoleón Gómez Sada se logró la privatización de Altos Hornos de México (AHMSA), con minas de carbón, la venta de la Compañía Minera Autlán, con los más importantes yacimientos de ferroaleacciones y, por supuesto, la privatización de la legendaria mina de Cananea.
Cotecna abre sus cartas
Frente al silencio de la Secretaría de Hacienda sobre las nuevas empresas que se harán cargo del segundo despacho de revisión aduanera, las compañías extranjeras que se vieron beneficiadas por la dependencia a cargo de Francisco Gil Díaz dan a conocer los términos de este contracto que estará vigente hasta febrero de 2010.
Este es el caso de la compañía Cotecna que, con sede en Ginebra, liberó el pasado 9 de marzo un comunicado en el que asegura que su participación en las aduanas mexicanas traerá nuevas tecnologías en 16 aduanas del país. La SHCP ha defendido la participación de empresas extranjeras en los puestos aduanales del país al asegurar que se trata de corporaciones internacionales con amplia experiencia, lo que justifica el pago de más de 110 millones de dólares, pues evitará el contrabando técnico y reducirá los problemas de corrupción.
Sin embargo, entre los antecedentes de Cotecna aparecen datos que contradicen a las autoridades, pues aunque destaca el manejo de las aduanas del programa de la ONU durante la vigencia del programa Petróleo por Alimentos en Irak, también aparecen los problemas de corrupción en los que se vio involucrada.
La otra empresa que participará en estos contratos para la administración del segundo reconocimiento aduanero, como hemos documentado en este espacio, es Societé Generale que, junto con Cotecna, estuvo involucrada en problemas de corrupción por pagar comisión por 11.9 millones de dólares a la ex primer ministra de Paquistán, Benazir Bhutto, para verse favorecidas en contratos de inspección aduanera.
Cotecna pertenecía a Societé Generale cuando se presentó este escándalo; sin embargo, en México decidieron participar de manera independiente; en la práctica no obstante se aplicará el control de una sola empresa en el segundo reconocimiento aduanero.
El contrato para la inspección aduanera firmado con el Servicio de Administración Tributaria, según la propia Cotecna, es por el momento el único de este tipo en el mundo e implica el segundo reconocimiento de las declaraciones de importadores y exportadores para validar el origen, el valor, la partida arancelaria, el valor imponible y los impuestos y aranceles correspondientes a las mercancías.
Además, Cotecna llevará a cabo revisiones selectivas de la existencia de los proveedores y compradores en el extranjero y asistirá al SAT en la creación de una base de datos de precios y una base de datos digital.
Estos controles, conocidos en el país como “segundo reconocimiento” y realizados después del despacho de las mercancías, tienen como objetivo, dice la empresa europea, reducir el fraude y prevenir el uso de documentación falsificada o triangulación, que oculte el verdadero origen de las mercancías.
Aproximadamente 150 colaboradores ofrecerán servicios en 16 aduanas en todo México. Cotecna proveerá un equipo moderno y una infraestructura que permitirá una comunicación en tiempo real con el SAT, al igual que un acceso permanente, a través de Internet, a información almacenada en bases de datos digitales.
Así, Hacienda busca privatizar su servicio aduanal, sobre todo a empresas extranjeras, para evitar que un nuevo gobierno pudiera investigar la enorme corrupción propiciada por Francisco Gil Díaz.
