Cuando los políticos deciden que llegó el momento de escribir libros, como ocurre con quien fuera secretario particular del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), Liébano Sáenz, quien acaba de publicar La Presidencia Moderna. Análisis de una institución que es urgente comprender, lo que más vale la pena de esas “obras” es precisamente lo que no está escrito en ellas, lo que censuran sus propios autores y lo que nunca desean que la población entere.
Y este es precisamente el caso de Liébano Sáenz, quien en su análisis sobre la Presidencia de la República omite narrar aquella negra historia que lo vinculó con la delincuencia organizada en su modalidad del narcotráfico. Ese caso que obligó a la Procuraduría General de la República a abrir una investigación silenciosa conocida con la clave “LEO” en contra del entonces poderoso secretario de la Presidencia, quien era señalado por varios delincuentes convertidos en testigos protegidos como enlace y protector de bandas de narcotraficantes, pero su privilegiada posición de secretario particular de Zedillo le dio la protección de Los Pinos y la Procuraduría simplemente tuvo que cerrar el expediente y exonerarlo después de que Liébano declaró como indiciado ante el Ministerio Público Federal por delitos contra la salud.
En aquellos años un subprocurador de la PGR que consideraba que desde la Presidencia de la República se protegía al crimen organizado, proporcionó una copia del expediente que había sido abierto contra Liébano Sáenz en la entonces llamada Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), lo que motivó una exhaustiva investigación periodística que nunca se publicó en El Universal porque el entonces presidente Ernesto Zedillo censuró la información por tratarse de “un asunto de seguridad nacional” y advertía que de hacerse público afectaría las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
Para los que quieran conocer parte de esa historia del expediente “LEO”, recordamos ahora algunos datos que han sido borrados de los archivos judiciales:
Con las manos esposadas a la espalda y tres balazos en la cabeza, el 22 de junio de 1999 apareció en un lote baldío de Hermosillo, Sonora, el cuerpo acribillado del agente especial Héctor Rodríguez Armendáriz, adscrito a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO).
Para la Procuraduría General de la República este crimen fue un ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico; es decir, nada nuevo, pero en este caso hay elementos que lo hacen distinto, como el hecho de que ese policía fue el responsable de la investigación ordenada por la UEDO y que dio como resultado la integración del expediente clasificado confidencialmente en la PGR con el nombre de “LEO” y que corresponde al otrora poderoso secretario particular del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, José Liébano Sáenz, cuyos antecedentes fueron prácticamente «borrados» de los archivos de la Procuraduría por instrucciones presidenciales.
Después de concluir sus indagaciones, en donde encontró evidencias de relaciones de Liébano con narcotraficantes y «lavadores» de dinero, el agente de la UEDO se vio bajo presiones y amenazas de muerte, por lo que intentó salvarse renunciando a la PGR, pero no se lo permitieron su jefe José Trinidad Larrieta Carrasco ni el propio procurador Jorge Madrazo Cuellar.
El agente Rodríguez Armendáriz temía por su vida. En varias ocasiones solicitó a sus superiores, incluido el propio Madrazo, que lo transfirieran a algún consulado fuera del país, como ocurrió con Samuel González, ex titular de la UEDO, quien fue enviado a Sevilla después de haber sido el responsable del intenso interrogatorio a Liébano Sáenz, a quien le preguntó hasta de una supuesta relación íntima que mantuvo su hermana con uno de los principales jefes del cártel de Juárez. Pero en la PGR nunca atendieron las peticiones que hizo por escrito el agente especial, cartas cuya copia tiene Oficio de papel, y en su desesperación Rodríguez Armendáriz solicitó su baja de la UEDO para intentar huir del país y ocultarse en el extranjero.
La última carta que escribió antes de su muerte, el agente la entregó en la secretaría particular de la oficina del procurador Jorge Madrazo, en donde decía que temía por su vida y le pedía auxilio al abogado de la nación. La respuesta nunca llegó y la PGR fue incapaz de proteger a uno de sus mejores agentes que, su único error, fue investigar a fondo al secretario particular de un presidente de la República.
Un militar desertor

El 4 de diciembre de 1995, el secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, recibió un reporte militar con el número 39872 de la comandancia de la Quinta Región Militar del Ejército Mexicano, en donde se relatan declaraciones de un subteniente desertor de la Fuerza Aérea, Francisco Corona García, apodado «El Negro», y aprehendido por el Grupo de Información Militar el 3 de diciembre del mismo año.
En sus declaraciones, el subteniente reconoce haberse incorporado a la banda de Amado Carrillo Fuentes, «El Señor de los Cielos», y asegura haber presenciado una conversación en donde Amado le dice a su lugarteniente Eduardo González Quirarte: «Compadre, ya mandé pedir el dinero para hacerle un regalito de Navidad al licenciado Liébano Sáenz, para que nos vaya bien con Santa Claus». El regalo, según el reporte militar, era una residencia.
En la reunión, el subteniente Corona le preguntó a González Quirarte que quién era el licenciado Liébano Sáenz, porque no lo conocía. «Es el secretario particular del señor presidente de la República», respondió su interlocutor.
En el interrogatorio al que fue sometido el militar desertor, recordó cómo en otra reunión González Quirarte le dijo que Amado Carrillo llevaba una buena amistad con el licenciado Liébano Sáenz, pues a través de él se había financiado parte de la campaña del candidato a la Presidencia de la República, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Incluso, declaró el subteniente Corona, González Quirarte entregó personalmente unas camionetas para la citada campaña.
El único problema de este reporte militar entregado al secretario de la Defensa Nacional y en poder de Oficio de papel, es que lo firma el general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, comandante de la quinta región militar, quien después en su calidad de comisionado del Instituto Nacional de Combate Contra las Drogas (INCD) sería encarcelado por sus nexos con el mismo Amado Carrillo Fuentes. Pero las dudas persisten, porque la información fue entregada al general Cervantes Aguirre 14 meses antes de que Gutiérrez Rebollo fuera deshonrado y encarcelado por delitos de narcotráfico y «lavado» de dinero, es decir, cuando todavía era considerado como uno de los militares más cercanos a Cervantes Aguirre y quien le tenía toda la confianza, pero a pesar de ello, el Ejército nunca investigó al secretario particular del presidente de la República.
Operación encubierta de EU

Una amplia investigación sobre el tráfico de narcóticos de México a Estados Unidos llevó a un grupo de agentes especiales asignados a la Fuerza de Misiones Financieras de San Diego a realizar una operación encubierta en México, en donde se hacían pasar por un importante grupo de «lavadores» de capitales.
Según el reporte oficial de ese cuerpo policiaco de Estados Unidos y cuyo documento fue proporcionado a la Procuraduría General de la República, se precisa que la investigación se centró en los mexicanos Arturo Pacho Ruiz, ex accionista de la Casa de Servicios del Desierto, vinculada a la sociedad de ahorro y préstamo de San Luis Río Colorado, Sonora, conocida como El Arbolito, y Francisco Ávila.
La investigación señala que Pacho Ruiz ofreció a los agentes estadounidenses encubiertos arreglar una cita con el secretario particular del presidente de la República, Liébano Sáenz, para discutir el «lavado» de grandes cantidades de dinero.
El 7 de junio de 1997, el agente especial Michael Coleman, del Departamento de Justicia de California, Agencia Antinarcóticos, actuando de manera confidencial se reunió con Francisco Ávila y Arturo Pacho Ruiz en el restaurante Tom Ham`s Lighthouse, ubicado en 2150 Harbor Drive, San Diego, y de allí se trasladaron a una embarcación secreta, en donde se encontraron con otro agente encubierto del Servicio de Aduanas de Estados Unidos.
Durante la reunión, Pacho Ruiz les dijo que había sido compañero de la Universidad con Ernesto Zedillo, el presidente de México, y que vivían a sólo tres casas de distancia. También aseguró que estudió leyes junto con Liébano Sáenz, quien era un buen amigo desde la infancia.
El narcotraficante Pacho Ruiz les explicó a los agentes encubiertos que cuando Liébano Sáenz estuvo a cargo de las aduanas mexicanas, éste le otorgó el puesto de responsable de la Aduana de Reynosa, Tamaulipas, en donde permaneció durante dos años. Según Pacho Ruiz su generación estaba tomando el control del gobierno mexicano, lo que le permitía ofrecer a los simulados «lavadores» de dinero un encuentro con el número dos de Los Pinos.
Francisco Ávila les trató de explicar a los agentes estadounidenses encubiertos cómo operaba la política en México: el presidente mexicano se mantiene en el cargo por seis años y lo conveniente es que en los últimos tres se empiece a sacar el dinero del país, porque seis meses antes de concluir la gestión, ya no se podrá transferir fondos, debido a que un equipo de auditores entran a la Presidencia de la República. Por ello, recomendó el narcotraficante, es el momento de tener una buena conexión en la Presidencia.
La respuesta de los agentes fue inmediata: nosotros podemos realizar ese trabajo del «blanqueo» de capitales. El amplio documento en inglés elaborado por investigadores policiacos estadounidenses y que contiene hasta fotografías de Pacho Ruiz y Francisco Ávila, parece más una historia de película que una serie de hechos reales; sin embargo, ese tipo de documentos han servido para iniciar investigaciones penales en contra de mexicanos que, en este caso particular, fueron ignorados por el entonces procurador Jorge Madrazo.