* Desecha Función Pública investigar Seguro Popular
* Hay acusaciones de corrupción por 320.4 millones
* Se oculta la Comisión Nacional de Protección Social
La semana pasada informamos aquí sobre las acusaciones de corrupción que se hicieron ante la Secretaría de la Función Pública y en contra de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que preside Juan Antonio Fernández, por supuestamente realizar una licitación amañada para otorgar un contrato por 320.4 millones de pesos para el servicio de credencialización del programa social más importante del gobierno federal panista y del cual el presidente Vicente Fox se ha encargado de cacarearlo por todo el país: el Seguro Popular.
Sólo para recordar el tema, mediante dicho programa se pretende beneficiar a las 5 millones de familias más pobres del país, pero hasta ahora el Seguro Popular sólo ha servido como un instrumento político para mejorar la imagen de Fox y convencer a ese núcleo social desprotegido de las bondades del panismo con miras a las elecciones presidenciales del 2 de julio. Si alguien duda todavía del uso electorero que se le da a dicho programa baste mencionar que el responsable de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud es la misma persona que coordinó la asociación Amigos de Fox, la cual fue la responsable de la recaudación de fondos que ahora critica el mismo amigo del presidente, Lino korrodi, por los excesos y las violaciones a la ley electoral.
Pues dicho contrato millonario, otorgado a la empresa Image Technology de México, fue impugnado ante la Secretaría de la Función Pública por considerar que la licitación estuvo amañada debido a que de las ocho empresas concursantes solamente una entregó la oferta económica y pudo cumplir con las bases del concurso, a pesar de las inconformidades que presentaron varias de las participantes. Además, según la denuncia dicho contrato por 320.4 millones de pesos rebasa en 400 por ciento el costo de producción de las “tarjetas inteligentes” que se entregarán a las familias pobres, lo que podría significar un desvío de recursos públicos por casi 200 millones de pesos.
Sin embargo, en lugar de iniciar una investigación a fondo que permita esclarecer cualquier duda de transparencia y honestidad en este concurso sobre un servicio para el programa social del Seguro Popular, la Secretaría de la Función Pública se ha rehusado a ello y en ves de ir al fondo determinó que la empresa quejosa Técnica Comercial Vilsa carece de “interés jurídico” en este proceso, por lo que su inconformidad es infundada.
Así, con esta resolución  firmada por Mario Alberto Massé Alemán, encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades, y Martha Cristina Herrera Terrazas, directora de Inconformidades, la Secretaría de la Función Pública una vez más se convierte en cómplice de hechos presuntamente irregulares y elude su responsabilidad de vigilar el buen uso y el control de los recursos públicos.
Image Technology da la cara
Cuestionada por su triunfo en la licitación pública nacional 12161001-004-05, la empresa Image Technology de México da la cara y su presidente Enrique Pérez asegura que el concurso fue legal y que ellos ganaron porque presentaron la mejor tecnología para la elaboración de las credenciales “inteligentes”.
En entrevista telefónica el empresario afirma que “las empresas que se inconformaron ni si quiera presentaron propuesta y sólo asistieron a las juntas para decir que el proyecto estaba orientado a otro grupo y una bola de cosas que estuvieron diciendo cuando se sabe que no fue así. Nosotros ganamos con una propuesta totalmente diferente a la que ellos estuvieron diciendo en las juntas de aclaraciones que se iba a dar, porque propusimos nuestra tecnología, si había otros grupos que tenían otra tecnología y no la propusieron no fue problema nuestro”.
El presidente de Image Technology dice que ganaron con una tecnología distinta al monopolio que se ha conformado en México, “nosotros en materia de la inconformidad hemos contestado preguntas, una respuesta muy tranquila, muy limitada, y una pregunta muy concisa, pero no hemos participado en eso porque nosotros nos presentamos ante un concurso en el que las pre bases salieron con mucho tiempo de anticipación y luego las bases, y como es un medio en el que llevamos muchos años y tenemos los elementos, no solo por haber trabajado con el Seguro Popular, sino que nuestra tecnología está en empresas que representamos en el IFE”.
Enrique Pérez sostiene que su grupo empresarial, aparte del que se inconformó, es el que tiene la experiencia para este proyecto de 320 millones de pesos, pues las otras seis empresas no tienen los productos.
Y confiesa: “a nosotros Función Pública no nos han preguntado nada porque no estamos directamente en la inconformidad”; sin embargo, más adelante rectifica y sostiene que esa Secretaría sí les mando un escrito para el desahogo de pruebas que tuvieron que contestar, pero asegura que “estamos muy tranquilos, y la investigación se haga de acuerdo con la normatividad, que hagan el análisis lo más profundo que puedan y que se den cuenta que se cumplió al menos de nuestro lado, cumplimos con la propuesta de pre bases y luego las bases, presentamos nuestra propuesta en línea con esos requerimientos; hasta ahí es donde nosotros sabemos”
Reuniones privadas en Función Pública
Pero el asunto es tan delicado, que fuentes de la Secretaría de la Función Pública aseguran que el mismo secretario Eduardo Romero se ha reunido en varias ocasiones con el comisionado Juan Antonio Fernández para discutir cómo iban a resolver este grave problema en que han metido a Vicente Fox, quien al parecer desconoce este supuesto caso de corrupción.
Pero cómo fue orquestada en Función Pública esta trama para mandar este expediente al archivo: primero la titular del área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, Guadalupe Enríquez Mendoza, envió el 10 de enero el oficio número 12/1.0.3.0.1/013/2006 al encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública, Mario Alberto Masse Alemán, en donde le remite el expediente número 1-0014/2005, relativo al Seguro Popular, debido a que directamente la Secretaría de la Función Pública se encargará de revisar y resolver este espinoso caso.
En el Órgano Interno de Control de Salud confirmaron que el expediente se turnó a la Dirección General de Inconformidades, en donde se resolvería. En el expediente número 779/2005 abierto en la Secretaría de la Función Pública, el director de Inconformidades firmó el acuerdo número 115.5.3530 con fecha del 26 de diciembre de 2005, en donde da cuenta que “el representante legal de la empresa Técnica Comercial Vilsa, Luis Raúl Vidales Sánchez, se inconformó por actos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, derivados de la licitación pública nacional No. 12161001-004-05, celebrada para la contratación del servicio de credencialización”.
El acuerdo incluye que dicha Comisión tuvo que rendir un informe en los primeros días de enero sobre dicho concurso, así como aportar las pruebas documentales sobre todo el proceso de licitación: monto económico de la licitación; estado actual del concurso y, en su caso, datos generales de terceros interesados; que se pronuncie respecto a la conveniencia de decretar la suspensión de los actos concursales, a fin de determinar si con ello se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.
De acuerdo con fuentes relacionadas con el proceso de investigación, en las dos comparecencias que tuvo el comisionario Juan Antonio Fernández en la Secretaría de la Función Pública, el funcionario habría solicitado que no se suspendiera el proceso licitatorio porque “es un asunto de gran interés para la Presidencia de la República”, en clara referencia a que el Seguro Popular es el programa estrella del foxismo.
Lo anterior se confirmó cuando la Dirección General de Inconformidades reportó que “el 4 de enero de 2006, la empresa Image Techonology de México desahogó derecho de audiencia en su carácter de tercero interesado” y en oficio del 6 de enero la convocante (Comisión Nacional de Protección Social en Salud) informó que “no era conveniente suspender el procedimiento de contratación, en virtud de que el contrato se formalizó y se comenzaron a recibir las bienes licitados”.
Irregularidades en la licitación
El representante de una de las 8 empresas que participaron en el concurso explicó que desde que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud lanzó en noviembre de 2005 la convocatoria para contratar el servicio de credencialización, se observaba que el proceso estaba amañado, pues las bases contenían imprecisiones técnicas, lo cual ocasionó que tuvieran que llevarse a cabo dos sesiones para aclarar las dudas de los concursantes y éstas quedaron inscritas en el acta respectiva.
La empresa Cosmocolor, de Jorge Kawashi, presentó en una de las juntas de aclaraciones 60 páginas con preguntas y dudas sobre la convocatoria lanzada por la Comisión, la cual nunca dio respuesta en clara violación a la Ley de Adquisiciones.
Como lo anterior modificaba sustancialmente las bases, las empresas solicitaron más tiempo para preparar las propuestas técnicas y económicas, pero contrario a ello la  Comisión Nacional de Protección Social en Salud precipitó los tiempos con deliberada intención de que las licitantes no pudieran presentar oportunamente las respectivas propuestas, mientras que sólo una, Image Technology de México, fue la única de ocho que entregó a tiempo, por lo que se presume recibió información privilegiada de la Comisión.
Entre las irregularidades en las bases de licitación destaca una serie de requisitos para obtener información relativa a la credencial de electores que puede ser manipulada con fines distintos al del Seguro Popular y sin que para ello se prevean los controles respectivos.
Además, la tecnología que se solicita limita por una parte la libre participación de empresas competitivas en el ramo y esto ocasionaría la dependencia monopólica en el futuro, con afectación grave para el Estado.
La convocante emitió también un fallo ilegal tendencioso e inequitativo al no declarar desierta la licitación a pesar de haber recibido una sola propuesta y por no dictaminar el fallo en base a precios referenciales que permitan al gobierno obtener las mejores condiciones de precio y calidad, favoreciendo a la empresa ganadora.
Por lo anterior, una de las empresas concursantes se inconformó y su queja de acuerdo con la ley fue admitida en la Secretaría de la Función Pública, la cual requirió el informe respectivo a la Comisión, pero lejos de desvirtuar las irregularidades cometidas, ésta las confirmó al argumentar que la empresa ganadora Image Technology de México había presentado una propuesta conjunta con la empresa E. Siglo y Oracle de México. Además, que la ganadora convino el apoyo de la empresa Gemplus para el cumplimiento del contrato.
Lo anterior además de que contraviene expresamente lo que señala la Ley de Adquisiciones, resulta falso y fraudulento, según los quejosos, toda vez que en el acta del fallo únicamente se señala: “Se emite fallo a favor de la empresa Image Technology de México, S.A. de C.V., en asociación con la empresa E. Siglo S.A. de C.V.”.
Es decir, que en ningún momento se menciona a la empresa Gemplus, y el motivo de ello es que esta empresa es la misma que habría participado también en aquel fallido Registro Nacional de Vehículos (Renave) que tantos dolores de cabeza causó al gobierno federal y en el que hubo hasta muertos.