Para evitarse problemas y eludir su responsabilidad como administrador público, el gobierno federal mantiene concesionada la base de datos personales de 34 millones de trabajadores, la cual otorgó a través de la Secretaría de Hacienda a la empresa privada Procesar.
En el mayor de los sigilos para evitar cualquier protesta pública de sindicatos independientes de trabajadores, información privada como domicilio, salario, número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) y hasta el monto de los ahorros destinados a las pensiones y a la adquisición de vivienda, se han mantenido concentrados durante más de 9 años en instalaciones de Procesar, en sociedad con la empresa privada estadounidense Sungard.
Procesar es la administradora de la base de datos nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y ha tenido que acudir hasta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para atender reclamos de trabajadores que consideran que sus garantías individuales han sido quebrantadas en el manejo de sus ahorros para el retiro, administrados a través de las Afores.
Y estos quejosos que sienten vulnerados sus derechos humanos no podían estar más acertados, pues la información privada de las personas, es decir sus datos personales, debe ser vista como un asunto de seguridad nacional, pues la vida privada de los mexicanos se encuentra en los mayores niveles de protección por parte de la Constitución y en consecuencia el gobierno federal, que debería de ser un garante de ello, es el único responsable del resguardo y buen uso que se le dé a esta información privilegiada, pues dichos datos personales en manos equivocadas serviría para desestabilizar políticamente al país o simplemente una herramienta criminal para las bandas organizadas, esto sin contar el mal uso comercial que le podrían dar industrias, empresas y consorcios de toda índole.
Así, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo quinto, establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, reputación, vida privada y familiar”; en esta misma declaración, en el artículo octavo, se fundamenta que “toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos”. Por ello, es una violación a las garantías individuales y a los mismos derechos humanos de las personas el mal uso que se haga de esta base de datos que han sido confiados para su custodia al gobierno federal y éste los ha concesionado durante nueve años a empresas privadas.
Procesar realiza a través de sus sistemas de cómputo operaciones por más de 18 mil millones de pesos entre traspasos de saldos de fondos para el retiro y nuevas aportaciones para las pensiones correspondientes a los 34 millones de trabajadores mexicanos, lo cual de acuerdo con las leyes mexicanas debería estar reservado para el manejo exclusivo del gobierno federal.
Sin embargo, la concesión otorgada por 10 años a la empresa Procesar para administrar la base de datos personales más grande del país, concluye en diciembre de 2006, y ahora sus accionistas se preguntan si vale la pena permanecer en una compañía en la que no es posible generar utilidades ni incrementar las comisiones por sus servicios y mucho menos repartir dividendos, entonces ¿cuál es el interés de las empresas para manejar esta importante base de datos?
Tal vez sea porque se trata de una base de datos personales con más de 2 mil millones de registros, que representa un verdadero tesoro para los sectores comercial y financiero, y esto es lo menos riesgoso, pues en ningún país del mundo se centraliza tal cantidad de información sobre pensiones. Esto se podría entender porque los accionistas de Procesar son precisamente los bancos privados y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), lo cual les significa un verdadero, rentable y jugoso negocio privado.
Aún en ciernes, pero con el respaldo de los preceptos constitucionales, las legislaciones que protegen a las personas y sus datos personales de un mal uso, buscan garantizar que se utilice esta información sólo para los fines específicos y con la confidencialidad que el propietario de la información necesita, de tal manera que el usuario no pierda el control de los mismos y, en todo momento, sepa quién tiene sus datos, para qué los utiliza o a quién se los cede o comunica.
Pero para proteger, el gobierno federal obliga a la empresa Procesar, propiedad de bancos y Afores, no sólo a la custodia, operación y gestión de los recursos vinculados con la base de datos personales más grande del país, sino que la empresa privada tiene la obligación, de acuerdo con su título de concesión, de garantizar la total confidencialidad de información que constituye un bien público federal.
Aunque Procesar cuenta con estrictos controles y supervisión por parte de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), hasta ahora ésta no ha impulsado la participación de otras empresas en el manejo de la base de datos con el ánimo de no dispersar los controles y vigilancia; sin embargo, será durante los próximos meses cuando la propia Consar y la Secretaría de Hacienda analicen si se refrenda la concesión de Procesar que en diciembre de 2006 cumplirá los 10 años de vigencia permitida o modificará el esquema de control de esta información que representa, sin duda alguna, un tema de seguridad nacional.
Aún más, a pesar de que el gobierno considera a esta base de datos un bien público federal, cuya administración podría requisarse en caso de algún conflicto, la fiscalización de su operación tampoco está a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como debería de ser por tratarse de información privada, sino del despacho privado de auditores Price Waterhouse and Coppers.
Constituida en 1996 durante el gobierno del priísta Ernesto Zedillo y diseñada por la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro (Consar) y el IMSS, la compañía Procesar, única concesionaria de la administración y custodia de la base de datos del SAR, es la responsable de la seguridad e integridad, pero sobretodo de la confidencialidad de la información de los trabajadores acreditados ante el sistema individualizado para el retiro.
Control de empresas privadas
Los accionistas de esta singular compañía son 15 de las administradoras de fondos para el retiro (Afores) que operan en el mercado mexicano y seis bancos que reciben la recaudación del IMSS. Además, en lista de espera para formar parte de su capital, se encuentran los bancos Inbursa, IXE y Bajío.
Sin embargo, el interés por participar en esta empresa no radica en la rentabilidad que reportan las operaciones de Procesar que, junto con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, es uno de los pocos monopolios que operan en el mercado mexicano, a pesar de que la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro sí contempla la posibilidad de que otras empresas participen en la administración de la base de datos del SAR.
El gran incentivo es que, después de una crisis bancaria y de la mala experiencia a cargo del gobierno federal para individualizar las cuentas del SAR 92, las Afores necesitaban una entidad que centralizara y operara de manera eficiente la información del nuevo sistema de ahorro para el retiro, su principal fuente de negocios.
Su operación, finanzas y resultados son tan secretos como la base de datos que debe custodiar. Las oficinas centrales de Procesar están equipadas con un circuito cerrado de cámaras que vigilan y graba a cada minuto al personal y visitantes que ingresan.
El personal de Procesar cuenta con una tarjeta personalizada que también registra el ingreso a cada área del edificio. Además, las computadoras de escritorio que se comunican a un sistema central de cómputo carecen de unidades para descargar información, con lo que se busca evitar el robo de cualquier tipo de datos. De hecho, por cuestiones de seguridad el site central que controla todo este cúmulo de información no se alberga en el mismo edificio de las oficinas centrales de Procesar, en la colonia Anáhuac de la ciudad de México, sino en el Centro de Cómputo Diveo en Interlomas con respaldos en Metepec y operados por la compañía estadounidense Sungard, especializada en la recuperación de información en momentos de crisis y que destacó por su actuación en Nueva York después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. De manera adicional, en el Centro de Cómputo de Diveo un robot se encarga de almacenar la información.
Para trabajar con Procesar, Sungard tuvo que acelerar sus proyectos de expansión en México y construir su Centro de Cómputo en Metepec, pues la base de datos de Procesar, por tratarse de un bien público federal, no podía salir del territorio nacional.
Procesar también es responsable de la identificación de las cuentas individuales para su ubicación en las distintas Afores, de la certificación de los registros y el control del proceso de traspasos de fondos, así como de instruir al Banco de México sobre la distribución de los fondos de las cuotas recibidas para cada una de las administradoras.
¿Por qué una empresa privada controla esta gran responsabilidad? Esa es la pregunta que también se ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, pues después de los trabajadores que cotizan en el sistema individualizado de pensiones, las principales beneficiarias del manejo eficiente de los saldos de estos fondos, de los traspasos y de la información general son, precisamente, las Afores y los bancos, accionistas de Procesar.
