En la Suprema Corte de Justicia se libra una verdadera batalla para decidir el criterio general sobre el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) que durante la última década alimentó los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II. Los despachos de contadores que asesoran a los cientos de empresas que interpusieron amparos ante el Poder Judicial para eliminar el pago de este derecho por considerarlo inconstitucional realizaron una verdadera labor de cabildeo entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Uno de los documentos entregados a quienes decidirán en la votación del pleno de la Suprema Corte de Justicia establece las inconsistencias e ilegalidades en las que por
años se ha aplicado el DTA a las compañías dedicadas a la importación y exportación de productos.

Pero la controversia no sólo se limita a la impugnación de los importadores al DTA frente a la Secretaría de Hacienda, pues resulta que entre los ministros del Poder Judicial los criterios se encuentran divididos después que la oficina de Francisco Gil Díaz hizo llegar información sobre el DTA que contribuyó a que, en una primera instancia, se otorgara un amparo que se seguía beneficiando a la dependencia y garantizaba la supervivencia
del DTA.

El lobying de la Secretaría de Hacienda funcionó y en el amparo 790/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el artículo 49 fracción I de la Ley Federal de Derechos es inconstitucional y que los efectos de la concesión del amparo en relación con la devolución de las cantidades que, por concepto de derechos hayan cubierto los quejosos, debería de disminuir la cantidad que se cubre por DTA.

En otras palabras, reducir el monto equivalente al pago por la prestación de los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios que se relacionan con el trámite de despacho aduanero y el IVA trasladado que se genera en este servicio. Fue así que la Suprema Corte concluyó que las cantidades se deben devolver a las sumas por concepto de DTA, pero no las cantidades que fueron pagadas en la aduana.

Así que, hasta ahora, se mantienen los privilegios de la Secretaría de Hacienda y, sobretodo, el flujo de efectivo, pues la dependencia podrá autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios que se relacionan con el trámite de despacho aduanero.

Entonces la SHCP fijará las cantidades que deberán cubrir los importadores al recibir los servicios de procesamiento electrónico. Además, el supuesto pago que se hace a quienes prestan los servicios mencionados se integra por las sumas relativas al monto de la contraprestación y al IVA generado, por lo que se debe enterar el DTA de forma conjunta, lo que incrementa el monto de los impuestos y el costo de operación de los importadores.

Un revés para la SHCP fue el hecho de que la Segunda Sala estableciera que los importadores no pueden acreditar estos impuestos, pues están obligados al pago total de este derecho, pues se trata de la prestación de un servicio, a pesar de que la dependencia insiste en argumentar ante la Suprema Corte de Justicia que el DTA está dividido en el pago por la prestación de servicio, el IVA y el propio DTA.

Ahora, en la revisión de este amparo en el pleno de la Suprema Corte se busca impugnar el derecho de la SHCP a autorizar las comisiones que cobrarán los particulares que prestan los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionada, así como cualquier
operación relacionada con el trámite aduanero conforme a dicha disposición.

Pero las irregularidades no terminan aquí, pues otra ilegalidad es cuando los prestadores del servicio jamás entregan al importador un comprobante en donde conste el monto de su contraprestación y del IVA que estarían trasladando.

El oscuro fideicomiso cigarrero

Una vez más, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se deslindó de la responsabilidad de informar sobre la administración del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud que administra la Subsecretaría de Ingresos.

En consulta a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la dependencia se limitó a confirmar que a través de la clave de registro presupuestario 20041251001386, el propósito de este fideicomiso, en el que las cigarreras depositan sus donativos para el Seguro Popular, era crear un mecanismo transparente que permita al gobierno federal la aplicación de recursos para apoyar económicamente los tratamientos y medicamentos asociados a los mismos, que se consideren gastos catastróficos que enfrenten principalmente los beneficiarios del sistema de protección social en salud.

Hasta el 30 de junio de 2005, los ingresos de este fideicomiso sumaban 2 millones 79 mil 859.1 millones de pesos, con lo que se obtuvieron rendimientos financieros por 75.6 millones de pesos, mientras que los egresos sumaron 489.1 millones.

El destino de estos egresos, según un escueto reporte entregado por la Secretaría de Hacienda, fueron aportaciones por 21 millones 964 mil 618 pesos al Hospital Universitario de Nuevo León; al Censida por 74 millones 999 mil 766.2 pesos; sin precisar el rubro, a Zacatecas se destinaron 97 millones de pesos, a San Luis Potosí 26.2 millones.

Los gastos administrativos del fideicomisos que permitió exentar durante dos años a las cigarreras del pago de impuestos sumaron 2 millones 297 mil pesos. Durante el segundo trimestre del año, se realizaron más aportaciones al Censada por 120 millones 845 mil pesos y a San Luis Potosí por 9.2 millones de pesos.

Para adquirir la vacuna Anti-influenza, la Secretaría de Salud utilizó 132.2 millones de pesos de este fondo, así como para el tratamiento de Leucemia Linfoblástica Aguda por 5 millones 898 mil 900 pesos, cifras sujetas a revisión. Así, la disponibilidad de este fideicomiso suma 2 millones 383 mil pesos.

Avanza licitación de sistemas en banca de desarrollo

Será esta semana cuando la Secretaría de Hacienda acelere el proceso para licitar entre empresas privadas un contrato para administrar y operar los sistemas de la banca de desarrollo. Nacional Financiera será la encargada de llevar a cabo el proceso que involucra a los cinco principales bancos del sistema de banca de segundo piso y que, como informamos, enfrentó el cuestionamiento de la Secretaría de la Función Pública.

Hace unas semanas explicamos aquí sobre un nuevo negocio que se planea en la Secretaría de Hacienda y de cómo en una reunión encabezada por el mismo Francisco Gil Díaz y realizada en Valle de Bravo, funcionarios de las áreas de administración y de sistemas de varios bancos de desarrollo se reunieron para analizar la viabilidad de crear una sola empresa privada que se haga cargo de todos los sistemas de trámite aduanero.

La propuesta, por supuesto, se elaboró en el escritorio del titular de la SHCP; sin embargo, en esa misma reunión se manifestó la preocupación en torno a una fórmula que no sólo causaría suspicacia, sino que serviría de poco para cumplir con los objetivos de reducir y racionalizar costos en las áreas de sistemas de la banca de desarrollo.

En aquel cónclave de Valle de Bravo participaron directivos de la firma estadounidense Hewlett Packard, de Accenture, de la firma consultora Deloitte –la misma que trajo a México al ya famoso auditor del Fobaproa, Michael Mackey -, así como funcionarios del organismo descentralizado Infotec.

Entre los directivos de bancos de desarrollo destacó la Financiera Rural, uno de los nuevos bancos de desarrollo creados por Gil Díaz a la par de su obsesión por liquidar el Bancomext o fusionarlo con Nafin. En aquella reunión no sólo se desterró la idea de crear otra ISOSA, sino que algunos de los funcionarios de los bancos de desarrollo involucrados manifestaron a Gil Díaz la necesidad de garantizar que el proyecto hacendario salvaguardara la especialización de cada banco con nichos específicos de mercado.

Como líder del proyecto se nombró a la gente de la Financiera Rural, a cargo de José Antonio Mead, egresado del ITAM, alma máter de Gil Díaz, y quien forjó su carrera en el sector público al amparo de su maestro. Fue secretario adjunto del IPAB y ex director general de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda. Además, Mead, ahora como director de la Financiera Rural, mantiene una excelente relación con una de las empresas proveedoras de sistemas que, desde ahora, se reconoce como una de las favoritas para apuntalar el nuevo proyecto de Gil Díaz.

Se trata de la firma Kio Networks, que preside María Asunción Aramburuzabala, la vicepresidenta del Grupo Modelo, accionista de Televisa y flamante esposa del embajador estadounidense Tony Garza. Todo un negocio redondo. Pues resulta que Aramburuzabala se está consolidando en toda una proveedora del gobierno federal, al acumular varios contratos con la Financiera Rural.

Triara de Carlos Slim es la otra empresa mexicana que buscará adjudicarse el contrato para administrar esta base única de sistemas de la banca de desarrollo y que se licitará en las primeras semanas de diciembre, sin que el Congreso se dé por enterado, pues estará en plena discusión el presupuesto.

Ocho meses después de que Gil Díaz ordenó el arranque de este proyecto, el proceso de licitación se encuentra ahora a cargo de Nacional Financiera, que por instrucciones de la Secretaría de Hacienda ya recibió la autorización de la Secretaría de Economía; sin embargo, de acuerdo con funcionarios involucrados en el proyecto, desde hace una semana se espera la autorización del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, quien hasta ahora sólo ha servido de tapadera de todas las corruptelas del foxismo.

“Se nos dijo que personalmente Francisco Gil Díaz había hablado con Romero Ramos para destrabar el proceso, pero hasta ahora no tenemos el oficio para constituir el Comité de Adquisiciones”, dijo uno de los funcionarios especializados en sistemas de uno de los cinco bancos involucrados cuyas tecnologías de información se integrarán en una base única.
De acuerdo con el cronograma del proceso de licitación, la Secretaría de Hacienda necesita que la autorización de la SHCP se presente en los próximos días para concluir el proceso de licitación durante la primera quincena de diciembre.

Sin embargo, en los últimos días de octubre Hacienda aún esperaba la autorización de la Función Pública para conformar el Comité de Adquisiciones y autorizar el contenido de las bases de la licitación nacional que se llevaría a cabo en diciembre próximo para integrar la base única que controlará los sistemas de cómputo de la banca de desarrollo. Al parecer, esta autorización ya se dio y esta semana arrancará un nuevo proyecto que, una vez más, deja muchas dudas sobre el manejo poco transparente de Hacienda y la complacencia y omisión de Función Pública.