Las historias de “lavado” de dinero en México son muchas y constantes, al grado de calcular en más de 30 mil millones de dólares el dinero que se blanquea anualmente en los circuitos financieros mexicanos. A esto hay que agregar la omisión, la negligencia y la complicidad de las autoridades financieras con la banca extranjera para investigar este delito, pues es sabido que ni la Secretaría de Hacienda, ni la Procuraduría Fiscal ni la Procuraduría General de la República desean “molestar” a los bancos con indagatorias, supervisiones y controles que podrían disminuir el flujo de dinero sucio y por el contrario, cada día se incrementan las operaciones de blanqueo de capitales en los bancos extranjeros que operan en México, lo que convierte al país en un paraíso fiscal para el dinero ilícito.

Uno de esos casos es el expediente abierto en la Procuraduría General de la República en contra de Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Pintado por supuesto delito de “lavado” de dinero, en donde se revela también la falta de controles de seguridad que hay en los bancos extranjeros que operan en México para evitar ese delito, como es el caso de Scotiabank Inverlat, en donde la complicidad de sus funcionarios bancarios permitió operaciones de fraude y blanqueo de capitales.

Una investigación periodística bien documentada de la reportera Nancy Flores da cuenta de cómo documentos oficiales integrados en la averiguación previa PGR/023/LD/2002, que incluye indagatorias financieras en contra de los precandidatos presidenciales López Obrador y Madrazo Pintado, informa sobre diversas anomalías en los mecanismos de control instrumentados por Scotiabank Inverlat, referentes a la prevención de blanqueo de capitales y fraudes financieros.

El expediente abierto en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR y en poder de esta columna, busca responsabilizar a los dos políticos de oposición con mayores posibilidades de ganar los comicios presidenciales de 2006, por el delito grave de “lavado” de dinero en la modalidad de defraudación financiera, cometido en perjuicio del patrimonio de un cuentahabiente y del banco de origen canadiense.

Según el fiscal antilavado Agustín González Guerrero esta investigación no tiene algún móvil político, y explica que “nosotros tenemos la encomienda constitucional de investigar el delito y los ojos con los que vemos la averiguación son de procuración de justicia, los nombres que puedan aparecer no nos deben interesar, ni su filiación política, simplemente que se acredite su probable responsabilidad y desde luego el cuerpo del delito”, y advierte que muy pronto la PGR va a concluir dicha averiguación y se sabrá si acusan y consignan expediente en contra de López Obrador.

La indagatoria judicial, iniciada en diciembre de 2001, da cuenta de una presumible defraudación financiera por 2.6 millones de dólares, atribuida al empresario Jaime Eduardo Ross Castillo, ex vicepresidente del Banco Nacional de París en México, ex empleado de Scotiabank Inverlat y benefactor en las campañas políticas de candidatos perredistas.

La historia de este caso se inicia el 19 de marzo de 2001, cuando el empresario Alejandro Romero García, dueño de la compañía de adhesivos Austromex y cuentahabiente de Scotiabank Inverlat, es víctima del despojo de 5 millones de dólares de su cuenta abierta en esa institución financiera. En diciembre de ese mismo año, un mes después de que el propio cliente denuncia el fraude, el banco devuelve el dinero a Romero García y con ello asume el quebranto.

De acuerdo con la indagatoria, Andrés Manuel y sus hermanos Pío y Ramiro López Obrador se relacionaron financieramente con Ross Castillo, pues supuestamente en tiempos electorales el empresario, confinado en el Reclusorio Preventivo Sur, hizo diversas aportaciones a favor de éstos.

En el caso de Roberto Madrazo la relación es de origen contractual: en 2002 el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional firmó un contrato de prestación de servicios de taxis aéreos con Servicios Integrales de Aviación (SIASA), empresa constituida por Jaime Ross y por el ex presidente de TAESA, Alberto Abed.

Sin embargo, aunque hay muchos involucrados en este espinoso caso, hasta ahora sólo el ex vicepresidente del Banco Nacional de París es la única persona que enfrenta proceso penal, a pesar de que el expediente detalla que al momento de la defraudación financiera Ross Castillo no mantenía relación alguna con Scotiabank Inverlat, además de dar cuenta de varias anomalías detectadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), atribuibles a directivos y empleados del banco, según detallan informes oficiales.

Pese a esto, la consignación que llevó al mecenas del PRD a prisión, el 15 de abril de 2004, señala que la única funcionaria de Scotiabank Inverlat a la que se le encontró responsabilidad por este ilícito, María Eugenia Oropeza Téllez, ex gerente de la sucursal Polanco, fue asesinada en septiembre de 2001, con lo cual se borraban las huellas de otros empleados bancarios involucrados.

Irregularidades encubiertas

Información oficial advierte que Scotiabank Inverlat presumiblemente incurrió en irregularidades que van desde la detección tardía del fraude hasta el incumplimiento de los procedimientos que por ley se deben aplicar en operaciones “relevantes” –movimientos financieros superiores a los 10 mil dólares que deben ser reportados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de generar una investigación interna sobre el origen y destino de los recursos–.

En documentos confidenciales de la CNBV, según la “opinión de delito” el dictamen técnico contable hecho por la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones de la Secretaría de Hacienda y la denuncia de hechos presentada por la Procuraduría Fiscal ante la PGR, el supuesto fraude fue denunciado el 4 de diciembre de 2001 por directivos del banco canadiense, David Charles Coterral Moser y Jesús Zamora Pierce. Pero esa denuncia ocurre nueve meses después de la defraudación inicial de 5 millones de dólares, tiempo en el cual nadie sabe qué hizo el banco, ni el motivo para esperar tantos meses a denunciar el ilícito.

Además de la dilación, el análisis de la CNBV, que encabeza Jonathan Davis Arzac, descubre que la presumible defraudación se descubrió por una “carta reclamación” firmada por el cliente en la que manifiesta su “desacuerdo” con el saldo de su cuenta en dólares con número de referencia 312893000, y no por los controles de seguridad que la institución bancaria debe instrumentar por mandato legal. Como si se tratara de una complicidad entre empleados bancarios, quienes esperarían que el cuentahabiente no se enterara del faltante y así poder defraudarlo

Aunque el director jurídico de Scotiabank Inverlat, Jorge Di Sciullo, sostiene que las auditorías internas detectaron la operación irregular, el documento 601-VI-DD/MMC-27211, realizado por el área jurídica de la CNBV y que consta de 13 fojas, explica que el 1 de noviembre de 2001 el banco recibió la reclamación y “por consecuencia” realizó la investigación correspondiente.

En dicho oficio, fechado el 9 de enero de 2003 y dirigido a Jorge Silva Sánchez, director general de delitos financieros y de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la Procuraduría Fiscal, se da cuenta del contenido de la carta de Romero García: “No estoy de acuerdo con el saldo de 4 millones 382 mil 369 dólares que muestran sus registros al 19 de octubre de 2001. Yo no he abierto ni he dado instrucciones para que abran a mi nombre cuentas en: UEB United European Bank, ni en el Banque Natinale de París. Yo no tengo conocimiento de que se hayan abierto cuentas a mi nombre en esos bancos. Yo no he traspasado ni he dado instrucciones de que se traspasen fondos de mi propiedad a Suiza”.

Y es que la indagación, realizada entre el 2 de noviembre y el 1 de diciembre de 2001 por Scotiabank Inverlat, descubre que el 19 de marzo de ese año –fecha en que vencía la inversión de Romero García por 5 millones 163 mil dólares– “se operó indebidamente la orden de pago con folio 7530731, en la sucursal Liverpool Polanco, por un importe de 5 millones de dólares”.

El informe de los auditores citado por la CNBV detalla que el movimiento financiero se realizó “a través del corresponsal Banque Nationale de París, New York, para abono a la cuenta número 417273 del UEB United European Bank, Switzerland Geneve, cliente A417270, apareciendo como ordenante el señor Romero García Alejandro, autorizando la nota de venta de orden de pago internacional folio A-7530731 la gerente de la sucursal, María Eugenia Oropeza Téllez, y la comodín, Celia Zapata Morgado, operada por el cajero con usuario 1007, Luis Carlos Ordóñez Díaz, lo anterior sin existir evidencia de una instrucción expresa del cliente”.

Además de estos empleados, también estuvieron involucrados en la operación el aún ejecutivo de inversiones de Scotiabank Inverlat y Jaime Ross Castillo, aunque este último con carácter de particular, refiere el documento.

La CNBV también tuvo conocimiento de otro alto ejecutivo del banco canadiense supuestamente implicado en el fraude y posterior lavado de dinero: Gastón Gamba Llano, quien hasta febrero de 2002 fungió como director regional de desempeño y quien era el jefe directo de la fallecida María Eugenia Oropeza Téllez, pero que hasta la fecha no se la fincado responsabilidad alguna y, por el contrario, el banco lo ha protegido.

En el oficio UECDL/058/03-D, de fecha 16 de enero de 2003, la entonces titular de la Unidad Contra el Lavado de Dinero de la PGR, Luz Núñez Camacho reitera a Jonathan Davis Arzac la solicitud de información financiera, hecha desde el 31 de octubre de 2002, de los supuestos involucrados en el fraude. Entre estos se menciona al funcionario y a su hermano Luis Gino Gamba Llano, éste último permaneció en prisión de abril a julio del año pasado por el mismo delito, pero fue dejado en libertad a pesar de su probable responsabilidad.

El documento señala que el dinero sustraído indebidamente por Oropeza Téllez, supuestamente en complicidad con Ross Castillo, se transfirió de manera gradual a las casas de cambio Majapara S.A. de C.V., Consultoría Casa de Cambio S.A. de C.V. y Monex, S.A. de C.V. a favor de diversos beneficiarios, entre éstos la sociedad mercantil Grupo Fosta, donde algunos de sus socios son Gino y Gastón Gamba Llano.

Otro hecho relevante, es la referencia de la PGR sobre Mauricio Carlos Ríos Paúl, a quien identifica así: “Esta persona mantuvo una relación sentimental con la gerente María Eugenia Oropeza Téllez, y de su declaración resultan contradicciones circunstanciales entorno a los hechos a investigación, por lo que pudiera tener un vínculo con las operaciones bancarias que se investigan”.

No obstante esta línea de investigación, Scotiabank Inverlat contrató a Mauricio Ríos, quien hasta la fecha ocupa la Dirección de Operaciones Derivadas, según explica Jorge Di Sciullo, y señala que “la PGR no ejercitó ninguna acción en contra de él porque no tiene absolutamente nada que ver en estos hechos”.

El director jurídico del banco manifiesta que no es la institución la que debe determinar si hubo o no relación sentimental entre Ríos Paúl y la única empleada que fue responsabilizada por esta operación, pues eso corresponde a las autoridades, sobre todo la Procuraduría capitalina –dependencia que investiga el asesinato de Oropeza Téllez–.

“Nosotros no sabemos ni siquiera si había una relación sentimental, eso es parte de la vida privada de las personas, además él fue investigado por la PGR y por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ellos son los que están determinando esta situación”.