La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene razón cuando afirma que las 48 aduanas del país están controladas por empresas privadas desde finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Nadie como su actual titular, Francisco Gil Díaz, conoce la oscura historia de la “venta de garage” de esta actividad considerada como un asunto de “seguridad nacional”, pues fue él, en su calidad de subsecretario de Ingresos, quien operó la privatización en 1993.

En un comunicado de prensa titulado “Legal y transparente la licitación pública de autorizaciones para operaciones de apoyo, control y dictamen del ‘segundo reconocimiento’ de mercancías en las aduanas”, la dependencia acepta que desde enero de ese año, varias empresas están autorizadas para realizar esta actividad, pero habilidosamente omite decir quiénes se quedaron con el negocio.

Pues resulta que las “autorizaciones” fueron a dar a manos de 11 consorcios creados por ex empleados aduanales, coincidentemente muy cercanos al actual secretario de Hacienda, y a una filial de la trasnacional suiza Societé General de Surveillance (SGS). Además estas empresas que durante 12 años controlaron el tráfico de mercancías fueron utilizadas por el entonces subsecretario de Ingresos de Hacienda para constituir, en mayo de 1993, el controvertido fideicomiso Aduanas II.

Como se ha informado en esta columna, la empresa Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA) y los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II han sido investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el desvío de miles de millones de pesos obtenidos por el cobro “indebido” del Derecho de Trámite Aduanero (DTA).

Para el máximo órgano de fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados, al no reportar los ingresos generados por el cobro del DTA a la Tesorería de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha causado quebrantos patrimoniales a la hacienda pública de por lo menos 9 mil 347 millones de pesos.

La escandalosa cifra oficial se refiere tan sólo al primer trienio del gobierno foxista, es decir que hasta ahora ninguna autoridad ha contabilizado los daños al patrimonio federal cometidos durante los siete años anteriores. Según la ASF, en el ejercicio fiscal 2001 el daño ascendió a 4 mil 561 millones; en 2002, a 2 mil 200 millones, y en 2003, a 2 mil 585 millones de pesos.

Entrampado en los severos cuestionamientos sobre su afanosa participación en la constitución y manejo, al margen de la ley, de ISOSA y de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, y a un año del cambio de administración federal, Francisco Gil Díaz no sólo ordena la desaparición de éstos, sino que opera el proceso para simular un estricto apego a derecho y así evitar conflictos legales.

Ahora, la SHCP se erige como paladín de la legalidad en el proceso de licitación de las autorizaciones que permitirá, entre otras cosas, limpiar el nombre de varios implicados, pero sobre todo del secretario de Hacienda que ya ha sido llamado a cuentas por el Congreso de la Unión, órgano que apenas se dará por enterado que las aduanas del país fueron privatizadas desde hace 12 años.

Pero antes de que Gil Díaz rinda cuentas sobre su “legal y transparente” proceso de licitación, la actividad aduanera será concesionada al mejor postor. Según la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre pasado, el 1 de noviembre se dio a conocer la resolución y se entregaron los títulos de autorización.

Según denuncian dictaminadores aduaneros, la empresa ganadora, la trasnacional suiza SGS, es la misma que en últimos 12 años operó, a través de su filial SGC Servicios Logísticos Aduaneros, S.A. de C.V., el segundo reconocimiento en tres aduanas mexicanas y también manejó toda la información de los certificados de origen.

Y es que la propia la propia Secretaría de Hacienda ha señalado que además de tener cinco años de experiencia prestando los servicios que se vayan a autorizar, “las empresas autorizadas, en los términos de la convocatoria, cuenten con una cobertura internacional, una estructura tecnológica actualizada y que coadyuven con la autoridad aduanera”, condiciones que según los dictaminadores sólo reúne la trasnacional.

Hacienda no omite señalar que la licitación “en ningún caso se considera una subrogación a las facultades que tiene la autoridad aduanera para combatir las distintas formas del contrabando y dar las facilidades que nuestro comercio exterior necesita”.

Desaparece OGASA

El proceso que Gil Díaz instrumentó para desaparecer el Fideicomiso Aduanas II también condena a la extinción al resto de los fideicomitentes, y es que sin posibilidades de competir en el proceso de licitación, los 11 consorcios de comercio exterior pierden su razón de ser, razón por la cual éstos han presentado amparo para impedir su extinción y seguir obteniendo jugosos beneficios económicos a costa del erario público.

Los consorcios fueron constituidos a finales de 1992 y estuvieron controlados por otra empresa denominada Operadora de Gestión Aduanal, S.A. (OGASA), que a principios de octubre anunció a sus trabajadores el cierre definitivo programado el 31 de diciembre, fecha en que vencen las autorizaciones que les permitió operar por más de una década el 94 por ciento de las aduanas del país.

Al igual que la trasnacional SGS, en enero de 1993 los consorcios fueron autorizados por la SHCP para realizar operaciones de “apoyo, control y dictamen para el ‘segundo reconocimiento’ de mercancías en las aduanas”.

Cuatro meses después, y según consta en documentos oficiales en poder de esta columna, las 12 empresas constituyeron el fideicomiso Aduanas II. De acuerdo con el contrato de creación, firmado el 20 de mayo de 1993, los 11 consorcios y la empresa SGC Servicios Logísticos Aduaneros, como fideicomitentes, y Nacional Financiera como fiduciaria constituyeron el Fideicomiso Consorcios de Comercio Exterior II, “con intervención de la SHCP (fideicomisaria), representada por Francisco Gil Díaz, subsecretario de Ingresos”.

La cláusula cuarta de dicho contrato señala que el fideicomiso “tiene la finalidad de administrar los recursos líquidos que conforman su patrimonio para que queden destinados a la adquisición, mantenimiento, operación, reparación o ampliación de las instalaciones y equipos de las aduanas de la República Mexicana, incluyendo el segundo reconocimiento, así como en su caso, transmitir en su oportunidad a la ‘fideicomisaria’ (SHCP) o a la persona o personas que ésta indique a la ‘fiduciaria’ las acciones, bajo las condiciones y conforme al procedimiento establecido en las cláusulas de este contrato”.

Historia de indefensión laboral

Durante 12 años, OGASA ha sido responsable del control del personal operativo que practica el segundo reconocimiento en 45 aduanas del país, previsto en el artículo 43 de la Ley Aduanera, a pesar de que el contrato laboral de cada uno de los 107 dictaminadores aduanales empleados en 1993, de lo cuales 20 ya fueron despedidos, se firmó con el respectivo consorcio de comercio exterior al que originalmente fueron designados.

Al frente de OGASA y de los 11 consorcios aún se ubican Miguel Ramírez Barber y Alfonso Perches Treviño, ex colaboradores de Gil Díaz cuando éste era subsecretario de ingresos en la SHCP. Las turbiedades con las que operaron estos personajes han mantenido en la indefensión laboral a sus trabajadores, quienes denuncian haber tenido relación con otras filiales denominadas Servicios Aduanales Integrados, S.A. de C.V., dedicadas únicamente a pagar la nómina.

Las fuentes informativas señalan que por cada consorcio hay una empresa de Servicios Aduanales Integrados que, invariablemente se reporta en números, con lo que evita pagar prestaciones y utilidades. Para los dictaminadores, la recién anunciada desaparición de OGASA además de cancelar su fuente de trabajo puede dejarlos totalmente en la calle, pues hasta ahora ninguna de las tres empresas con las que tratan (Consorcio, OGASA y Servicios) se ha responsabilizado de las liquidaciones que por Ley les corresponde.

Conflictos en Aduanas II

Informantes de la Secretaría de Hacienda confirmaron la desaparición del Fideicomiso Aduanas II porque, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya no tiene dinero. Ese contrato que estableció el SAT con cada uno de los 12 consorcios de Comercio Exterior que integran el segundo reconocimiento, prevé la creación de un fideicomiso, el Aduanas II, y la razón de éste es concentrar las acciones de las 12 empresas como garantía del cumplimiento del contrato, es decir que las acciones quedan afectadas por el fideicomiso.

Así, contrario a lo que muchos creen, el Fideicomiso Aduanas II no se podrá hacer público y Hacienda ni el SAT tienen interés en quedarse con sus acciones porque simplemente ya no tiene recursos.

Un problema que tiene la Secretaría de Hacienda con la fiduciaria Nacional Financiera, en donde se constituyeron los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, es que desde hace un año se le adeudan los honorarios de ese fideicomiso, debido a que hace un año fueron extraídos los últimos recursos que ahí se guardaban y ya no pudo pagar el servicio a Nafin.

Lo anterior, dicen las fuentes consultadas, está registrado en los addemdums al contrato, entonces por consecuencia las aportaciones al fideicomiso también disminuyeron. Pero además los 12 consorcios dejaron de aportar dinero al Aduanas II porque Hacienda les dejó de pagar debido a que las importaciones aumentaron, entonces si en 1993 se les pagaban 10 pesos, ahora se importa mucho más y al SAT no le alcanza para pagar esas importaciones, de tal manera que fueron disminuyendo los ingresos.