La semana pasada la prensa ha vuelto a publicar la privatización en que está envuelto el sistema aduanal del país desde hace 12 años y una vez más la Secretaría de Hacienda niega que las 48 aduanas estén en proceso de pasar a manos privadas, pero lo que el secretario Francisco Gil Díaz trata de ocultar al sólo cambiar de concesionario para el manejo y control del cobro de derechos aduanales es que fue él precisamente, cuando se desempeñaba como subsecretario de Ingresos en 1993, quien creó todo un mecanismo financiero de corrupción al constituir dos fideicomisos privados: Aduanas I y Aduanas II (éste último conocido como el Segundo Reconocimiento) y varias empresas (ISOSA, ISSA y IASA) para desviar miles de millones de pesos correspondientes al cobro por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) y cuyos fondos gastó sin control alguno y sin autorización del Congreso.

Por eso ahora tiembla la estructura hacendaria ante las investigaciones que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación y cuyo temor va en aumento ante la también creciente posibilidad de que llegue a la Presidencia de la República un gobierno de oposición como el que encabeza el perredista Andrés Manuel López Obrador, quien al igual que Vicente Fox se ha comprometido a cobatir la corrupción y eso representa para Gil Díaz una seria amenaza que lo podría llevar a tribunales penales para ser juzgado por los abusos que cometió al aprovecharse del dinero público.

Pero Gil Díaz no sólo avanza en la privatización de las aduanas y servicios de comercio exterior del país, pues en la recta final del gobierno foxista hay una nueva licitación convocada por la Secretaría de Hacienda para sólo cambiar de empresas privadas la operación de apoyo, control y dictamen del Segundo Reconocimiento de mercancías en las aduanas, con lo que el secretario de Hacienda pretende borrar las huellas de la corrupción que ha mantenido en los últimos cinco años del gobierno panista al disponer de recursos públicos sin supervisión alguna.

Así el titular de la SHCP pretende en diciembre próximo terminar con el proyecto personal que inició en 1993 y que dio paso a la constitución de uno de los fraudes más cuantiosos de que se tengan memoria en contra de los mexicanos y que se consumó con la empresa que Gil Díaz constituyó: ISOSA; esa compañía privada que operaba al interior del SAT y que justificó su constitución con la administración de sistemas de cómputo, pero que terminó administrando los millonarios recursos del DTA, una especie de “caja chica” muy rentable que le permitió gastar miles de millones de pesos y beneficiar a sus amigos con contratos directos de obras y servicios sin la molesta supervisión de la Secretaría de la Función Pública.

Antes, sin embargo, Gil Díaz tuvo mucho cuidado en garantizar un ingreso extra a sus fondos privados, pues su repentina anuencia para apoyar la legalización de los automóviles llamados “chocolate”, también le representa nuevos ingresos, pues por cada vehículo que legalice se exige el pago del 8 por ciento de su valor correspondiente al DTA. Así que en las decisiones del responsable de las finanzas públicas del país nada parece gratuito.

El DTA es un gravamen inconstitucional

En las operaciones aduaneras el cobro del impuesto del DTA a importadores y exportadores del país se justificaba en una economía cerrada al comercio internacional; sin embargo, ahora que México se ha convertido en una de las economías más abiertas del mundo, el pago de este derecho aparece no sólo como un contrasentido, sino como un gravamen inconstitucional, lo cual deberá quedar demostrado en breve cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncié sobre este asunto que involucra directamente los intereses privados de Gil Díaz.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio en América del Norte (NAFT), ISOSA y los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II perdieron su principal fuente de ingresos, pues el texto del acuerdo comercial establecía medidas de reciprocidad entre México, Estados Unidos y Canadá para eliminar el DTA. Así, los gobiernos que también defendieron su derecho a la reciprocidad fueron los de Costa Rica, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras y Bolivia.

Así que para el resto de las naciones con las que comercia nuestro país se mantiene la aplicación del gravamen. Además, en enero del año pasado la Secretaría de Hacienda promovió reformas al artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, con el propósito de incrementar las aportaciones de importadores y exportadores. Sin embargo, los asesores de Gil Díaz cometieron un error al establecer que el DTA cubriría una tarifa de 8 al millar y de 1.76 al millar, la cual se calcula con base en el valor en aduana de un bien importado.

Pero la ambición de los recaudadores privados de ISOSA los llevó a violar la garantía constitucional de proporcionalidad tributaria, pues los derechos que cobra el Estado por la prestación de los servicios en aduanas como es la validación de datos de un pedimento, tienen que ser en función de lo que le cuesta al gobierno esa operación y no en función del valor de los productos.

Así, como en otros casos que involucran al secretario de Hacienda en decisiones de la Suprema Corte de Justicia –hay que recordar el caso Fobaproa y el incumplimiento al artículo 5º Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario-, el Poder Judicial analiza el caso con pinzas.

El pasado 4 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, Mariano Azuela, presidente de la Suprema Corte de Justicia, instruyó a todos los tribunales colegiados de circuito para que se aplacen las sentencias que otorgan amparos a cientos de empresas que desde enero pasado impugnaron el cobro del DTA.

La Primera Sala resolvió sentencias que otorgan los amparos; sin embargo, los magistrados de la Segunda Sala resolvieron que debe ser el pleno el que decida y se enfrente con el poderoso Gil Díaz. Azuela prefirió apegarse sólo a su obligación de aplicar una justicia “pronta y expedita” para no comprometerse con fechas fatales para resolver este espinoso asunto.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ya cuenta con bases jurídicas para sustentar su decisión sobre este derecho que no sólo resulta inconstitucional y que no forma parte de los ingresos del erario público, sino que es para las finanzas privadas de las compañías creadas por el actual titular de la Secretaría de Hacienda. Esto sí que ha sido un buen negocio ilícito de Gil Díaz.

El año pasado, la Suprema Corte de Justicia emitió jurisprudencia sobre las características que deben revestir los derechos para cumplir con el requisito de proporcionalidad tributaria contemplados en el artículo 31 Fracción IV de la Constitución, la cual confirma la ilegalidad del DTA, tal como lo ha venido aplicando la SHCP.

Han sido las empresas afectadas por el pago del DTA las que impugnan ferozmente a Gil Díaz, mientras que la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales (CAAREM), que presidente Alfonso Rojas, decidieron no impugnar y ni interponer amparos contra el titular de la dependencia que les da empleo y negocios.

Entonces si el pleno de la Suprema Corte de Justicia concede los amparos en cuestión, el negocio privado de Gil Díaz con el DTA habrá terminado, mientras que los exportadores e importadores que hayan demandado la suspensión no tendrán que pagar este derecho aduanal y además la sentencia podría incluir la devolución de las cantidades pagadas durante 2005 por los exportadores e importadores con actualización e intereses.

Así que en función de los tiempos de la Suprema Corte de Justicia y de la cuenta regresiva para que termine la vida del DTA, se explica el porque de la repentina y renovada ola de licitaciones de servicios en el sector aduanero y la injerencia directa del titular de Hacienda en otros proyectos privados que siguen la misma línea que dio origen a ISOSA: la licitación de una base única de sistemas de cómputo, pero esto vez para la banca de desarrollo.

Los nuevos negocios de Gil Díaz

Fue el año pasado en Valle de Bravo, en una reunión encabezada por el mismo Francisco Gil Díaz, que funcionarios de administración y sistemas de varios bancos de desarrollo se reunieron para analizar la viabilidad de crear una sola empresa privada que se haga cargo de todos los sistemas de trámite aduanero.

La propuesta, por supuesto, se elaboró en el escritorio del titular de la SHCP; sin embargo, en esa misma reunión se manifestó la preocupación en torno a una fórmula que no sólo causaría suspicacia, sino que serviría de poco para cumplir con los objetivos de reducir y racionalizar costos en las áreas de sistemas de la banca de desarrollo.

En aquel cónclave de Valle de Bravo participaron directivos de la firma estadounidense Hewlett Packard, de Accenture, de la firma consultora Deloitte –la misma que trajo a México al ya famoso auditor del Fobaproa, Michael Mackey -, así como funcionarios del organismo descentralizado Infotec.

Entre los directivos de bancos de desarrollo destacó la Financiera Rural, uno de los nuevos bancos de desarrollo creados por Gil Díaz a la par de su obsesión por liquidar el Bancomext o fusionarlo con Nafin. En aquella reunión no sólo se desterró la idea de crear otra ISOSA, sino que algunos de los funcionarios de los bancos de desarrollo involucrados manifestaron a Gil Díaz la necesidad de garantizar que el proyecto hacendario salvaguardara la especialización de cada banco con nichos específicos de mercado.

Como líder del proyecto se nombró a la gente de la Financiera Rural, a cargo de José Antonio Mead, egresado del ITAM, alma mater de Gil Díaz, y quien forjó su carrera en el sector público al amparo de su maestro. Fue secretario adjunto del IPAB y ex director general de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda. Además, Mead, ahora como director de la Financiera Rural, mantiene una excelente relación con una de las empresas proveedoras de sistemas que, desde ahora, se reconoce como una de las favoritas para apuntalar el nuevo proyecto de Gil Díaz.

Se trata de la firma Kio Networks, que preside María Asunción Aramburuzabala, la vicepresidenta del Grupo Modelo, accionista de Televisa y flamante esposa del embajador estadounidense Tony Garza. Todo un negocio redondo. Pues resulta que Aramburuzabala se está consolidando en toda una proveedora del gobierno federal, al acumular varios contratos con la Financiera Rural.

Triara de Carlos Slim es la otra empresa mexicana que buscará adjudicarse el contrato para administrar esta base única de sistemas de la banca de desarrollo y que se licitará en las primeras semanas de diciembre, sin que el Congreso se dé por enterado, pues estará en plena discusión el presupuesto.

Ocho meses después de que Gil Díaz ordenó el arranque de este proyecto, el proceso de licitación se encuentra ahora a cargo de Nacional Financiera, que por instrucciones de la Secretaría de Hacienda ya recibió la autorización de la Secretaría de Economía; sin embargo, de acuerdo con funcionarios involucrados en el proyecto, desde hace una semana se espera la autorización del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, quien hasta ahora sólo ha servido de tapadera de todas las corruptelas del foxismo.

“Se nos dijo que personalmente Francisco Gil Díaz había hablado con Romero Ramos para destrabar el proceso, pero hasta ahora no tenemos el oficio para constituir el Comité de Adquisiciones”, dijo uno de los funcionarios especializados en sistemas de uno de los cinco bancos involucrados cuyas tecnologías de información se integrarán en una base única.

De acuerdo con el cronograma del proceso de licitación, la Secretaría de Hacienda necesita que la autorización de la SHCP se presente en los próximos días para concluir el proceso de licitación durante la primera quincena de diciembre.

Sin embargo, en los últimos días de octubre Hacienda aún esperaba la autorización de la Función Pública para conformar el Comité de Adquisiciones y autorizar el contenido de las bases de la licitación nacional que se llevaría a cabo en diciembre próximo para integrar la base única que controlará los sistemas de cómputo de la banca de desarrollo.

Entre las empresas extranjeras que, incluso, ya realizaron presentaciones ante Hacienda se encuentran IBM, Hewlett Packard y, por supuesto, EDS, líder es esquemas de outsourcing. En la lista también se encuentra Avantel, empresa en la que Francisco Gil Díaz fue director antes de ser nombrado secretario de Hacienda. A pesar de que la telefónica no cuenta con un área especializada en sistemas, su participación se justifica con un proyecto de integración de soluciones.

Gil Díaz ha manifestado a quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante esta silenciosa licitación, que es urgente concluirla antes de que termine el año, pues la banca de desarrollo ya no tolera más gastos; pero los suspicaces que observan el proceso se preguntan si el empeño de Gil Díaz es hacer más eficiente a las instituciones de segundo piso o, como hace 12 años con ISOSA, nuevamente serán los intereses económicos privados lo que regirán su destino.