Un expediente abierto en la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de lavado de dinero de 2.6 millones de dólares, producto de un fraude financiero en perjuicio del patrimonio de Scotiabank Inverlat, ha motivado que las autoridades federales revisen acuciosamente todos los movimientos financieros del candidato perredista a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien el gobierno foxista trata de vincular en operaciones de blanqueo de capitales.

En la edición de octubre de la revista Contralínea se publica un amplio reportaje de Nancy Flores que documenta este caso en donde el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR, Agustín González Guerrero, reconoce que todos los movimientos financieros de López Obrador son escudriñados en busca de algún indicio que lo involucre en el delito grave de lavado de dinero.

La línea de investigación que busca acusar al puntero en las encuestas rumbo a los comicios presidenciales de 2006 por el supuesto blanqueo de capitales se desprende de la averiguación previa número PGR/023/LD/2002, abierta durante la administración del general Rafael Macedo de la Concha en contra del operador financiero Jaime Eduardo Ross Castillo, ex vicepresidente del Banco Nacional de París en México y ex empleado de Scotiabank Inverlat, quien supuestamente aportaba dinero para las campañas electorales a favor de candidatos del PRD.

Pero el expediente también menciona al precandidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado, quien mantenía una relación contractual con una de las empresas de Ross Castillo denominada Servicios Integrales de Aviación (SIASA), la cual prestaba el servicio de taxis aéreos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

PGR contra AMLO

Aunque el fiscal contra el lavado de dinero acepta que en plena contienda por la Presidencia de la República la PGR mantiene un puntual seguimiento sobre las cuentas bancarias de Andrés Manuel y de sus hermanos Pío y Ramiro López Obrador, el funcionario aclara que la nueva indagatoria por lavado de dinero en contra del ex jefe de gobierno del Distrito Federal no tiene tintes políticos, pues aunque algunas averiguaciones realizadas por la unidad contra el lavado de dinero involucran a actores políticos, la PGR sólo le da un seguimiento jurídico.

González Guerrero trata de justificar así la investigación en contra de López Obrador: “en este caso se han indagado los hechos relacionados con esa denuncia y lo que ve nuestra competencia. Los ministerios públicos no nos dejamos guiar por las personas o los apellidos, tenemos que investigar porque alguna omisión implica responsabilidad para el ministerio público y para nosotros como coordinadores de ellos. Entonces el ministerio público, que tiene el monopolio de la averiguación, tiene que investigar a quien deba ser sin importar la filiación partidista o la posición que pueda ocupar en algún cargo de elección popular, porque la justicia es ciega. No debemos fijarnos en apellidos; hay que cumplir la formalidad”.

La averiguación previa PGR/023/LD/2002 en contra del empresario Jaime Eduardo Ross Castillo consta de 18 tomos y da cuenta de un fraude financiero en detrimento del patrimonio de la institución canadiense Scotiabank Inverlat.

Según la PGR, Ross Castillo, ex gerente de la sucursal Polanco de dicho banco, es “responsable de haber planeado y ejecutado transferencias por 2.6 millones de dólares a cuentas bancarias radicadas en Suiza para, posteriormente, derivarlas a ‘cuentas puente’ abiertas en bancos de Estados Unidos”. Sin embargo, para el empresario, preso en el Reclusorio Sur, este es un asunto político y no financiero que pretende llevar a tribunales a militantes del PRD y del PRI por supuesto lavado de dinero.

Este caso, que involucra a actores políticos mexicanos, también es sumo interés para el gobierno de Estados Unidos, pues la embajada de ese país en México lo califica de “especial importancia”, revela una carta clasificada como “personal y confidencial” que envió el embajador de ese país en México, Tony Garza, al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, el 8 de julio pasado, tras la destitución de Luz María Núñez Camacho como titular de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR.

Según se desprende del documento confidencial, pblicado en esta columna hace varias semanas, el embajador Tony Garza precisa al procurador mexicano el interés generado por esta “investigación conjunta” y que es atendida en Estados Unidos por el Departamento del Tesoro. Dicha averiguación se da en el marco de la relación bilateral encaminada a la lucha contra el blanqueo de capitales, afirma Tony Garza, quien agrega que el caso Ross es un asunto “sensible”.

Las presiones del expediente

Durante la primera diligencia oficial celebrada el 18 de abril del año pasado en el Reclusorio Preventivo Sur, el ministerio público Juan Dillarza Benítez le dijo a Jaime Ross: “conocemos tus relaciones. Tenemos las grabaciones de las llamadas telefónicas que has sostenido con los hermanos de López Obrador (Pío y Ramiro). Sabemos que has aportado dinero al PRD porque ya documentamos todas las transferencias: tenemos las fichas de depósito”.

Entrevistado en el penal, el empresario de 34 años recuerda la presión que sintió en aquel interrogatorio: “no dimensioné el asunto. El ministerio público me enseñó el boletín de prensa que aún no daban a conocer a los medios, hablaba del ‘escándalo que se iba a armar’, realmente estaba muy confundido”.

A Ross Castillo lo aprehendieron afuera de su casa ubicada en Cancún, Quintana Roo, el 15 de abril de 2004 bajo la causa penal 12/2004. Su captura aconteció en medio del escándalo de los videos divulgados por la empresa Televisa y sólo 15 días después de la detención –con fines de extradición– de Carlos Ahumada, ocurrida el 30 de marzo del año pasado en Varadero, Cuba.

A pesar de que el expediente de Ross Castillo involucra a políticos del PRI por la relación contractual, y del PAN como beneficiarios de fondos para campañas políticas, durante el primer interrogatorio el ministerio público Dillarza Benítez, quien coincidentemente también estuvo encargado de los casos Bejarano y Ahumada, sólo se refirió a miembros del PRD que habían recibido transferencias de recursos a sus cuentas bancarias para supuestamente apoyar campañas políticas.

Ese 18 de abril de 2004, después de las amenazas el fiscal trató de negociar con Ross Castillo para que aceptara que “repartía dinero” al partido del sol azteca y, sobre todo, que los perredistas conocían que los recursos recibidos tenían procedencia ilícita, pues con ello estaría claro su involucramiento en el delito grave de lavado de capitales. De lo contrario, volvía a amenazar Dillarza, “jalaremos” a tu esposa, quien aparecía como beneficiaria de las cuentas bancarias que supuestamente se emplearon para el blanqueo de capitales.

En medio de la confusión, el ex empleado bancario se declaró inocente del delito de lavado de dinero y, en consecuencia, negó que los fondos aportados a las campañas electorales del PRD, por aproximadamente un millón de pesos, fueran de procedencia ilícita.

Cuestionado sobre si el caso Ross es un asunto político, el titular de la unidad contra el lavado de dinero de la PGR, Agustín González Guerrero, dijo que “no”, pues “el seguimiento que damos a todas las investigaciones es jurídico, aunque algunas surgen de actores políticos”.

El funcionario responsable de combatir este ilícito, quien depende directamente del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, señala que los tiempos políticos tampoco influyen en las investigaciones de la PGR. “La unidad –contra el lavado de dinero– tiene sus diligencias ya programadas. Conforme se va desempeñando la investigación las va realizando y una vez que concluyen, el ministerio público está obligado a determinar la averiguación previa; si se esperara a los momentos políticos o cuestiones sociales habría un retraso injustificado que daría lugar a la comisión de alguna falta o delito. Además, nosotros nos dejamos guiar por el Código Procesal Penal y por la Ley contra la Delincuencia Organizada, principalmente, y estas normas nos marcan las diligencias que debemos hacer y los tiempos en que debemos de terminar las indagatorias”.

Pero aunque el titular de la unidad contra el blanqueo de capitales niegue el móvil político, coincidentemente las líneas de investigación abiertas en este expediente tocan a los dos precandidatos de oposición con mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de 2006: Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo Pintado.

Scotiabank a salvo

El supuesto fraude que le costó la libertad a Jaime Ross Castillo ocurrió en abril de 2001, cuatro años después de que el empresario renunciara a su cargo como gerente del Scotiabank Inverlat. Ahora Ross acepta que recibió 2.6 millones de dólares, recursos que destinó a su empresa SIASA, pero explica que la transferencia fue realizada por un empleado del banco llamado Gastón Gamba y se operó como una inversión. “No es fraude”, afirma.

De acuerdo con el expediente abierto en la PGR, el empresario trasladó del saldo de un cuentahabiente –Alejandro Romero García, dueño de la empresa de adhesivos Austromex– 4 millones 995 mil dólares a diversas cuentas radicadas en bancos suizos, como el Credit Suisse Geneve, en complicidad con María Eugenia Oropeza Téllez, entonces gerente de la sucursal Polanco de ese banco y quien fue encontrada muerta el 29 de septiembre de 2001.

La Procuraduría sostiene que de esos casi 5 millones de dólares, Ross Castillo restituyó 2.4 millones a la cuenta original y defraudó el resto. Jorge Di Sciullo, director jurídico de Scotiabank Inverlat dice que en este caso “se detecta un desvío de recursos a un cliente y el banco formula su denuncia; la PGR hace su investigación y luego determina que hay elementos para presumir la posible existencia de un delito previsto en el artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, imputable a quien de forma indebida transfiera o disponga de recursos o valores de un cliente de una institución de crédito, y dado que hay un desvío de dinero es connatural que haya el delito de lavado de dinero, por eso el proceso investiga ambos ilícitos”.