Igual que hace 12 años, en 1993, cuando Francisco Gil Díaz era subsecretario de Ingresos a finales del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y fraguó, como gestor de negocios privados, la constitución de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como la empresa privada ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.), para sustraer miles de millones de pesos de recursos públicos y gastarlos sin control alguno en la modernización y ampliación del sistema de cómputo en todas las aduanas del país, ahora como secretario de Hacienda y a un año de que concluya el gobierno de Vicente Fox, Gil Díaz vuelve a afilar las uñas para obtener recursos frescos de la privatización del sistema de cómputo de toda la banca de desarrollo.

Sin la autorización del Congreso y sin la necesidad de pedir decretos presidenciales que le den sustento jurídico a su nuevo proyecto, la Secretaría de Hacienda, por instrucciones de Francisco Gil Díaz, ha iniciado la integración de la banca de desarrollo conformada por las llamadas “instituciones tradicionales”: Nafin, Bancomext y Banobras.

La nueva estrategia de Francisco Gil Díaz para recaudar dinero fresco sin reclamo ni vigilancia de los órganos de control del Estado, es concesionar a una compañía privada la administración de todos los sistemas de cómputo de la banca de desarrollo.

La dependencia de Gil Díaz justifica este proyecto con los mismos argumentos con los que en 2003 buscó impulsar la fusión de Nafin y Bancomext, en donde la institución que apoya a los exportadores del país se integraría al banco que dirige Mario Laborín. Duplicidad de funciones, ahorro en operaciones y, por supuesto, el tema de las jubilaciones, fueron tres de las razones que la Secretaría de Hacienda difundió para impulsar la desaparición de Bancomext.

Sin embargo, tras este proyecto estaba la descapitalización del Banco de Comercio Exterior luego del desencuentro con el gobierno cubano de Fidel Castro y la negativa de su régimen de cumplir con el servicio de una deuda superior a los 300 millones de dólares. La crisis del Bancomext también se precipitó por los descalabros financieros provocados por las operaciones de Tribasa en Chile. Pero, sobretodo, la mala relación entre el titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con el entonces director general de Bancomext, José Luis Romero Hicks.

El más reciente estudio de la SHCP sobre la banca de desarrollo concluye que para sanear los problemas del Bancomext sería necesario aplicar “ajustes estructurales significativos”, pues hasta ahora ha sido necesaria la transferencia de recursos fiscales por más de mil 500 millones de pesos, para mantener el índice de capitalización de este banco en niveles superiores al mínimo regulatorio de 8 por ciento.

Los trabajadores y jubilados de Bancomext y de Nacional Financiera se opusieron a la fusión de estos bancos de desarrollo y esto permitió a los legisladores, quienes tienen bien identificadas las irregularidades que ha cometido Gil Díaz en Hacienda, exigirle que sustentara y justificara su proyecto.

Se advirtió además que de buscar únicamente el ahorro de operaciones y costos, la integración de la banca de desarrollo provocaría un recorte de personal sin un plan racionalmente estudiado. En consecuencia, lo más grave sería que la institución resultado de la fusión acabara por contratar los servicios de empresas que tendrían como directivos a exempleados.

En el peor de los casos, se contrataría a empresas que ofrecieran servicios de outsourcing que utilizarían instalaciones y equipos del propio banco, tal y como lo ha hecho durante 12 años la empresa privada ISOSA, la cual es operada por instrucciones del secretario Gil Díaz.

No se trata de escenarios poco probables. De hecho el titular de la Secretaría de Hacienda conoce los riesgos de privatizar áreas del gobierno federal. Allí está la experiencia de la empresa ISOSA, cuya historia comenzó también con una licitación para administrar, precisamente, los sistemas de cómputo y desarrollo de sistemas dedicados a la administración de los derechos de trámite aduanero, pero el problema se presentó cuando Hacienda decidió traspasar a la empresa ISOSA, con accionistas e intereses privados, más de 432 mil bienes con un valor superior a los 46 mil 430 millones de pesos, sin contar los 8 mil millones de pesos en efectivo que aún se guardan en el Fideicomiso Aduanas II en Nacional Financiera y cuyo dinero una vez que termine el sexenio nadie sabe a donde irá a parar, pero lo que sí es seguro es que sólo Gil Díaz decidirá que hacer con esa fortuna.

Ante tal situación, el Consejo de Trabajadores Activos y Jubilados de la Banca de Desarrollo teme que una historia parecida de corrupción como ISOSA vuelva a presentarse con la nueva iniciativa de Gil Díaz, pues la Secretaría de Hacienda ya realizó varias reuniones con los encargados de sistemas de Banobras, Nafin y Bancomext para establecer las bases de la operación de este centro privado de cómputo único.

Héctor Islas Leal y Siliceo, vocero de este nuevo Consejo de Trabajadores de la Banca de Desarrollo, en donde no participan los trabajadores de los nuevos bancos de segundo piso constituidos por la administración foxista, como Bansefi y la Financiera Rural, informó que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ya está al tanto de este vil proyecto de privatización de las áreas de sistemas de la banca de desarrollo, de donde seguramente funcionarios de Hacienda cobrarán cuantiosas comisiones.

Para el representante del primero Consejo de Trabajadores en retiro y activo esta iniciativa para integrar los sistemas de cómputo de la banca de desarrollo representa un avance en la estrategia planteada por la Secretaría de Hacienda para fusionar o liquidar bancos de este sector que, a juicio de la dependencia, resultan incosteables para el sector público.

Hasta ahora, los directivos de las aéreas de sistemas de los bancos de desarrollo involucrados (además Banobras y la Financiera Rural) han manifestado su preocupación de que las bases de licitación para la empresa que administrará los sistemas de la banca de desarrollo del país convoquen a la contratación de outsourcing y no por producto terminado, pues la empresa que gane el concurso sólo administrará sin desarrollar sistemas propios para cada banco.

Desaparece ISOSA y Aduanas II

Y a propósito del fideicomiso Aduanas II y de la empresa privada ISOSA, a los trabajadores del Segundo Reconocimiento Aduanal que opera la empresa privada OGASA, constituida por 12 empresas denominadas Consorcios de Comercio Exterior y cuyo gestor de negociosos oficioso es Francisco Gil Díaz, a través de los cuales se ha cobrado a exportadores e importadores durante los últimos 12 años el Derecho de Trámite Aduanal, ya les informaron que sólo tendrán empleo hasta finales de diciembre, pues para principios del próximo año, que es final del sexenio, habrán desaparecidos el Fideicomiso Aduanas II y la empresa ISOSA, por lo que en consecuencia también quedará liquidada OGASA y los 12 Consorcios de Comercio Exterior.

Por supuesto entre los trabajadores aduanales y administrativos que realizaban dichos trámites, hay incertidumbre y nerviosismo porque quedarán sin empleo y lo más seguro es que ni sean liquidados de acuerdo como lo establece la ley.

Pero en medio de la preocupación de miles de trabajadores que quedarán sin empleo una vez que sean liquidados el fideicomiso y las empresas creadas para el cobro del DTA, hay que destacar la preparación que hace Francisco Gil Díaz para dejar a salvo su integridad de cualquier investigación posterior que lo pueda involucrar en irregularidades por el manejo de miles de millones de pesos que nunca ingresaron a la Tesorería de la Federación y que fueron manejados in control alguno a pesar de que se trataba de fondos públicos.

Igual como lo hizo en 1994, cuando renunció a la Subsecretaría de Ingresos para que otros funcionarios hicieran el trabajo de limpiar las corruptelas que cometió Gil Díaz en Hacienda, ahora prepara su salida para no dejar huellas en esta dependencia y evitar que un nuevo gobierno de oposición (PRI o PRD) pueda procesarlo por el delito de desviar recursos públicos.

Así, es factible que repita renunciar a su cargo en Hacienda cuando falten escasos 10 meses para concluir el sexenio, como lo hizo en 1994 antes de que terminara Carlos salinas de Gortari su mandato, lo que significaría que para enero de 2006 Gil Díaz podría dejar el cargo una vez que haya desaparecido sus dos principales preocupaciones: el Fideicomiso Aduanas II y la empresa privada ISOSA.