Igual que hace cinco años, los desaciertos de Vicente Fox continúan en el reacomodo de su gabinete. Las renuncias y nombramientos de secretarios de Estado al calor de los procesos electorales y los “accidentes” dejan sin capacidad de maniobra al actual gobierno a poco más de un año de que concluya el sexenio, lo que prácticamente aísla al presidente de la República de la sociedad y de los grandes problemas nacionales, los cuales, para desgracia de los mexicanos, van en aumento: pobreza extrema, desempleo, inseguridad, miseria agrícola y salud y alimentación.

En ese marco la seguridad nacional, que involucra el análisis de todos esos problemas, ha sido ignorada por el jefe del Ejecutivo, quien en lugar de castigar la ineptitud premia a sus subordinados, como es el caso de Eduardo Medina Mora, quien acaba de renunciar a la Dirección General del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, sin importar la inexperiencia de este funcionario en tareas que por ahora deberían ser atendidas por expertos en la materia, pues el crimen organizado acumula cada día más poder ante un gobierno débil, quebrado y corrupto.

Una investigación del reportero Jorge Torres revela como durante los cinco años del gobierno foxista Medina Mora ha enfrentado acusaciones internas del personal del Cisen por omisiones, despidos de personal originado por presiones políticas y de haber politizado la conducción del aparato de inteligencia a favor del exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, en sus aspiraciones por la presidencia de la República.

Antes de encabezar el Cisen, Medina Mora era un influyente empresario del Grupo Desc, corporativo relacionado con los negocios de autopartes, químicos, alimentos e inmobiliarios, lo que lo llevó a relacionarse con poderosas empresas extranjeras.

Las pifias del Cisen

El nuevo secretario de Seguridad Pública enfrentó a finales de 2003 los señalamientos de que un funcionario del Cisen había sido el artífice de la elaboración y filtración de un panfleto en contra de la lídereza magisterial Elba Esther Gordillo. El subdirector de Análisis Estratégico del Cisen, Monte Alejandro Rubido García, vinculado al priista Emilio Chuayffet, fue acusado de ser el responsable de las grabaciones ilegales en contra de la profesora y la respuesta del funcionario fue dejar en evidencia la división interna de las elites de la comunidad de inteligencia civil.

En aquel entonces Rubido García declaró a la prensa que las acusaciones se debían a una campaña emprendida en su contra que tenía su origen en la elección del secretario general del Cisen, oficina que estuvo vacante desde el arribo de Medina Mora a la Dirección General.

La lucha interna por ocupar la Secretaría General del Cisen, puesto clave por sus responsabilidades estratégicas, se encarga de “propiciar el desarrollo institucional y fortalecer las actividades de coordinación de la institución, tanto a nivel interno como en los diferentes niveles de la administración pública federal, estatal y municipal”.

La influencia del secretario general es manifiesta por sus relaciones institucionales con los integrantes del gabinete presidencial, además, es el encargado de asesorar al director general en torno a las políticas y estrategias orientadas hacia el “funcionamiento del Cisen”.

Alejandro Rubido es un funcionario que gozó de la influencia de la Secretaría de Gobernación, cuando el titular era Emilio Chuayffet, para apoyarlo en el Cisen. A tal grado que le fue creada en la estructura de inteligencia la Secretaría General Adjunta, que ocupó Rubido García en el periodo de Jorge Tello Peón.

“Tello Peón neutralizó el poder de Rubido y lo hizo su aliado”, comenta un veterano miembro de la comunidad de inteligencia civil. Y es que las labores de la Secretaría General Adjunta, también vacante en el actual sexenio, representaban un área clave para el Cisen. Se encargaba de elaborar y difundir “los productos de inteligencia” en torno a los riesgos externos a la seguridad nacional. Era el enlace con las oficinas del Cisen en el extranjero y con la comunidad de inteligencia internacional.

Pero no solamente el intento de rebelión de Rubido ha provocado desorden y descontento en el Cisen. La información que se ha logrado obtener, es en el sentido de que las críticas hacia Medina Mora están orientadas a cuestionar las vacantes estratégicas y al haber aceptado una considerable reducción de personal.

En julio de 2001, Eduardo Medina Mora informó que el recorte de personal había alcanzado al Cisen y que la nueva administración contaba con 2 mil 700 personas, 300 menos que al inicio del sexenio. El problema es que en contados casos se ha operado con sigilo y se ha reubicado al personal. Los despidos fueron amparados en la figura de “retiro voluntario”.

Desorganización en Seguridad Nacional

Un hecho que no pasó desapercibido en la comunidad de inteligencia del Cisen, y que revela lo que al interior del Centro han calificado como falta de cautela, es el despido de Eduardo Hernández Dighero, ex delegado del Cisen en Chihuahua, por la presión política que provocó el escándalo de espionaje al entonces gobernador Patricio Martínez García.

El ex mandatario estatal denunció en diciembre de 2003 que Eleuterio Martínez Hernández y Félix Vázquez Moreno estaban arraigados en un hotel de la ciudad de Chihuahua por haber instrumentado un operativo de espionaje en su contra. A los espías, originarios de la ciudad de México, se les decomisaron micrófonos, cámaras fotográficas y teléfonos satelitales.

Patricio Martínez reveló que se comunicó con altos funcionarios del gobierno federal y que se alarmaron ante la noticia, y se comprometieron a investigar. Días después, el delegado del Cisen en el estado fue llamado a las oficinas de Magdalena Contreras en la ciudad de México y fue despedido.

Un alto ex funcionario del Cisen, que atestiguó la reacción de los directivos del Centro ante el escándalo de espionaje, revela que el operativo se diseñó desde la Dirección de Investigación y que simplemente falló. El Cisen buscaba la relación de Martínez García y de su procurador de justicia, Jesús “Chito” Solís, con el crimen organizado.

Hacía el interior del Cisen quedó la impresión de que se había abandonado a su suerte a Hernández Dighero, que actualmente labora en un área de investigación de la Gerencia de Seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La lógica con la que actuó el Cisen en el caso Hernández Dighero, no fue la misma con la que se tomaron decisiones en torno al escándalo que se produjo cuando se supo que José Luis Valles López, delegado del Cisen en el Distrito Federal, había participado en una diligencia entre la Procuraduría General de la República y el empresario Carlos Ahumada.

José Luis Valles, quien ya había fungido como director de Contrainteligencia en el Cisen, simplemente fue reubicado en la delegación de Morelos y fue sustituido por Luis Dena Escalera, proveniente de la delegación de Chiapas.

No era la primera vez que Valles López se metía en problemas. Este funcionario fue denunciado en el sexenio de Ernesto Zedillo de haber traicionado a Pedro Aníbal Riera Escalante, un ex miembro de la inteligencia cubana que fue deportado de México a finales de 2000. Alejandro Alegre, entonces director del Cisen, lo desconoció en un principio, pero luego aceptó que era agente del centro de inteligencia. El asunto no pasó de ahí y Valles reapareció en el sexenio de Vicente Fox como subordinado de Eduardo Medina Mora.

En cinco años al frente del servicio de inteligencia civil Medina Mora no pudo cumplir con la consigna de limpiar la imagen del Cisen y sacar adelante las reformas legales que le permitan actuar con libertad en las acciones orientadas a cumplir con la agenda de la seguridad nacional.

Espionaje y presiones a Cambio Sonora

Y ya que hablamos de espionaje ilegal, en Sonora el gobierno estatal ha desatado una feroz persecución en contra del diario Cambio Sonora y su director general Alejandro Capdevielle, por su línea editorial crítica e independiente y por atreverse a denunciar un centro de espionaje montado por las autoridades estatales y que operaba al servicio del gobierno en turno.

Al parecer al gobernador-empresario Eduardo Bours le molesta que los sonorenses se enteren de sus nuevos métodos para controlar el estado, como es el espionaje anticonstitucional a sus opositores políticos, a competidores empresariales y a periodistas, pero seguramente recapacitará y en lugar de convertirse en un cacique más del viejo priismo, dejará de presionar a través del fisco a sus críticos y opositores. En fin estaremos pendientes de lo que ocurra en ese estado norteño y enviamos nuestra solidaridad a todo el personal de Cambio Sonora y principalmente a su director general, quien por cierto publicó un elocuente editorial que aquí reproducimos:

¿De que se trata señor Gobernador?

Luego de un periodo de hostigamiento y amenazas mal disimuladas, ayer, en una demostración de las acciones que puede emprender el aparato gubernamental para tratar de coartar la libertad de expresión, un grupo de ejecutores entrenados ex profeso se presentó a esta casa editorial para notificar una serie de auditorías a las empresas de Cambio Sonora en general y al presidente del Consejo de Administración, Alejandro Capdevielle Flores, en lo personal.

Lo menos que podemos decir del cúmulo de oficios recibidos es que se trata de algo inusual; pero, independientemente de los propósitos intimidatorios, sabremos responder en tiempo y forma a esos requerimientos conforme a Derecho.

Entendemos perfectamente que el propósito de ésta y otras acciones, incluyendo la visita de un grupo de agentes de la Coordinación de Seguridad Pública al hogar de nuestro director editorial y la frecuente presencia de vehículos de la misma dependencia fuera del domicilio particular del licenciado Capdevielle Flores, tienen el propósito de acallar las críticas y desalentar nuestra labor informativa por los recientes reportajes publicados por Cambio Sonora, sobre todo los que se refieren a la inseguridad que se refleja en la ola de ejecuciones, los feminicidios y el asentamiento del narcotráfico y su secuela de narcomenudeo; las licitaciones dirigidas; el descubrimiento del “búnker” para el espionaje en contra de políticos, empresarios y periodistas, y la pretendida venta del internado Cruz Gálvez, entre otros.

La historia universal y la de nuestro pueblo están plagadas de actitudes dictatoriales en contra de las libertades que, en nuestro caso, han sido consagradas por nuestra Constitución y abonadas con la sangre y el sufrimiento de los héroes del pasado. Por eso estamos convencidos de que las acciones caciquiles y dictatoriales no pueden prosperar.

Por el momento, nosotros esperamos que la misma e inusual fiscalización que le aplica ahora a Cambio Sonora se le practique también a las empresas constituidas presumiblemente para desviar recursos del erario público estatal.

Estamos haciendo del conocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la Asociación de Editores de Periódicos Diarios y Revistas de la República Mexicana y de la Asociación Mexicana de Editores, el hostigamiento de que somos víctimas. Presentaremos también una queja ante la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Y mantendremos informada a la opinión pública nacional de los sucesos por venir para evitar que otros medios hermanos vivan situaciones similares a la nuestra.

Finalmente, le reiteramos que en el ejercicio responsable de la libertad de expresión siempre daremos a usted y a sus funcionarios el derecho de réplica. Le reiteramos, también, nuestra disposición al diálogo respetuoso en torno a las diferencias de criterio o de opinión.