A más de un año de que concluya su gestión el gobierno de Vicente Fox que comparte con su esposa Marta Sahagún, se han abierto dos expedientes en contra de los hijos de la primera dama por presunto tráfico de influencias. El primero es investigado en la Cámara de Diputados por una comisión especial de legisladores que indaga las gestiones hechas por Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún ante secretarías de Estado y empresas paraestatales como Pemex y CFE a favor de empresas privadas, de lo cual según dicen los diputados involucrados (PRD, PRI, PAN y Convergencia) han encontrado claras evidencias de ese delito por parte de los hijos y de un hermano de la esposa del presidente de la República.

El segundo expediente se abrió en la Secretaría de la Función Pública, pero a diferencia de lo que sucede en el Congreso, en donde avanzan bien las indagaciones, es difícil creer que el secretario Eduardo Romero, cuyo jefe inmediato es el presidente Vicente Fox, culpará a los hijos de Marta por tráfico de influencia, pues por el contrario la indagatoria abierta en Función Pública busca exonerar a Manuel y Jorge Bribiesca para que este sea un caso cerrado en el próximo sexenio y que, por lo que se observa, será un partido distinto al PAN el que llegue a la Presidencia de la República, lo que pone en alto riesgo de enfrenta ante la justicia a miembros de la “familia presidencial”.

Entre las preocupaciones mayores en el seno presidencial, destaca las investigaciones que hace el Congreso sobre las presiones ejercidas hace un año por un hijo y un hermano de Marta Sahagún al entonces director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, para asignar un contrato por 154 millones de dólares (mil 800 millones de pesos) para el alquiler de un barco grúa que le daría servicio a las plataformas en la sonda marina de Campeche, concretamente al Proyecto Cantarell.

Dicha información publicada en Oficio de papel motivó que el hijo mayor de la primera dama, Manuel Bribiesca Sahagún, reconociera a esta columna las gestiones que habían hecho su hermano y su tío a favor de la empresa Oceanografía, la cual sin embargo perdió el contrato porque varios funcionarios petroleros se opusieron a las órdenes de Muñoz Leos, pues dicha oferta pública que había hecho Oceanografía era considerable superior a la mejor oferta y de otorgárselo hubieran sido responsables de un cuantioso fraude en perjuicio del erario público de Pemex.

Investiga Comisión del Congreso

Este trabajo de Cabildeo a favor de Oceanografía es el que realizan los hijos y un hermano de Marta Sahagún, como nos lo confirmó Manuel Bribiesca bajo el argumento de que “de algo tiene que vivir la familia”, y explicó que son muy amigos de los dueños de esa empresa privada, por lo que han realizado gestiones antes Pemex para que le otorguen contratos petroleros. Este es el expediente más importante que investiga una comisión de diputados, la cual ha pedido una relación de todos los contratos otorgados por Pemex a Oceanografía, para determinar si hay más irregularidades.

Como se publicó aquí el año pasado, era el secretario particular del director general de Pemex, Eduardo Rosas Monroy, el que presionaba a nombre de la esposa del presidente de la República que dicho contrato de arrendamiento le fuera asignado a la empresa Oceanografía S.A., compañía naviera fundada en 1968 y dirigida por Amado Yáñez Ozuna y su hijo Amado Yáñez Correa, con capital de la empresa estadounidense Otto Candy.

Las evidencias que hay de las insistentes presiones del secretario particular de Muñoz Leos motivaron preocupación y malestar de algunos funcionarios petroleros, pero la sorpresa mayor fue cuando el propio director general de la paraestatal ordenó directamente que se le asignara el contrato a Oceanografía, a pesar de que en el concurso de licitación pública esta empresa no presentaba la mejor oferta.

Para entonces las versiones de que parientes de la familia presidencial cabildeaban a favor de empresas privadas contratos de obras y servicios en las direcciones de Exploración, Refinación y Petroquímica, eran ya conocidas no sólo en la torre de Pemex, sino también en las secretarías de Energía, de Hacienda, de la Función Pública y hasta de Gobernación, en donde sus titulares se opusieron a que Pemex cediera a las presiones de los parientes de Marta Sahagún para obtener beneficios económicos como intermediarios, al más puro estilo del viejo esquema de Raúl Salinas de Gortari, que al conseguir contratos de obras y servicios públicos recibía el 10 por ciento de comisión.

Pero lo que realmente preocupaba a los miembros del gabinetazo, no era la corrupción por la asignación de contratos en Pemex, sino que la primera dama y sus hijos se vean involucrados, así como que el exdirector general de la paraestatal y su exsecretario particular sean exhibidos como los responsables de abrir las puertas a la corrupción en perjuicio de la principal empresa del Estado y con repercusiones en todo el país.

Gestiones de los Bribiesca a favor de SACSA

Otra de las empresas beneficiadas con las gestiones de los Bribiesca Sahagún es la empresa Servicios Aéreos del Centro S.A. (SACSA), filial del Grupo Miguel y propiedad del empresario prófugo Alfredo Miguel Afif, quien a pesar de enfrentar acusaciones por evasión fiscal, fraude y daño patrimonial millonario en perjuicio de Petróleos Mexicanos, tiene a su favor el apoyo incondicional de un miembro de la “familia presidencial”, Manuel Bribiesca Sahagún, quien reconoció haber utilizado el poder de la Presidencia para abrir puertas de secretarías de Estado y cabildear en beneficio de dicho grupo empresarial.

Pero en esta historia de corrupción hay otro actores de gran peso involucrados, como el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien ha desatado una fuerte persecución por intereses económicos en contra de Alfredo Miguel, a quien mantiene fuera del país bajo las amenazas de encarcelarlo por evasión fiscal.

Exonera SFP a la “familia presidencial”

Sin embargo, ahora que se ha abierto un expediente en la Secretaría de la Función Pública para indagar los negocios que han hecho los hijos de Marta Sahagún como intermediarios de empresas privadas ante dependencias gubernamentales, habrá que dudar de esta investigación, pues hay claros ejemplos de parcialidad por parte de la dependencia que maneja Eduardo Romero.

Una investigación periodística de Nancy Flores y publicada en la revista Contralínea, revela cómo han sido exonerados por Función Pública un hermano de Vicente Fox, José, de un presunto delito de tráfico de influencias o que un hermano de Marta Sahagún también fue liberado de cualquier responsabilidad de supuestos pagos irregulares con recursos públicos.

La reportera describe así ambos casos: “Ellos viven el sueño de un sexenio, se apellidan Fox, se apellidan Sahagún. Son hermanos, son hijos, son familia, y por seis años también son herederos directos de una posición privilegiada generada a partir de sus lazos consanguíneos. Así les llega el poder y así también lo toman.

“Poco o quizá nada se preocupan por la cruzada en contra de la corrupción orquestada desde la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia formalmente encargada de investigar y censurar este ilícito. Sus nombres no figuran en la lista de los llamados ‘peces gordos’, entre otras cosas porque no son funcionarios públicos.

“No obstante, en los archivos de la SFP y de los órganos internos de control (OIC) obran dos expedientes en contra de familiares de la autonombrada ‘pareja presidencial’, actualmente sobreseídos a pesar de las múltiples denuncias sobre sus excesos, e incluso de la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar los contratos públicos asignados a empresas de los hijos de la primera dama.

“Los expedientes que involucran a José Fox Quesada en un presumible tráfico de influencias y a Alberto Sahagún Jiménez en pagos irregulares con recursos del erario público, se basaron en denuncias ciudadanas y fueron resueltos en la gestión del denominado zar anticorrupción del gobierno foxista, Francisco Barrio Terrazas, al frente de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Función Pública.

“Para el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Cuauhtémoc Ochoa, el tráfico de influencias es un asunto de ética profesional y de principios. Una cosa es servir al país y otra es servirte del país. Hay que respetar las instituciones y las investiduras de los cargos públicos de cualquier nivel; además, no entiendo por qué lo hacen si están viendo las carencias que hay en México, el alto porcentaje de pobreza a nivel país y el índice de marginalidad que es muy alto.

“El integrante de la Comisión especial para investigar a los hijos de Marta Sahagún no descarta la posibilidad de que estas prácticas deshonestas también sean ejercidas por los familiares de los servidores públicos, y especifica que en el caso de la familia Bribiesca Sahagún, es claro el objetivo de tratar de exprimir lo más posible este sexenio, en el que su mamá siendo esposa del presidente (ocupa una posición estratégica), y no es justo que trafiquen con esta influencia.

“Cuauhtémoc Ochoa señala que la Comisión busca transparentar y ayudar a combatir la presunta corrupción que hay dentro del gobierno federal, y en especial con los hijos de Marta Sahagún, porque el tráfico de influencias con estas personas es evidente, ellos eran de una familia acomodada del estado de Guanajuato y de repente se les localizan aviones, entre otras irregularidades en su economía familiar”.

El expediente Fox

Durante 12 días José Fox Quesada permaneció bajo el escrutinio del OIC en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señalado por un presunto tráfico de influencias. En este caso la Contraloría Interna se tomó dos semanas para determinar que no había irregularidades que perseguir, entre otras cosas porque el hermano mayor del primer mandatario de México “no es servidor público”.

Salvador Sánchez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados justifica esta situación, pues dice que las tareas de la Secretaría de la Función Pública, de la cual dependen los OIC, son otras. “Debe procurar que el gobierno federal sea más eficiente, que esté en proceso permanente de búsqueda de calidad profesional, que la administración federal esté a la vanguardia de lo electrónico y, lógicamente, que los servidores públicos actúen dentro del marco de la honestidad y la transparencia.”

El legislador priísta agrega que la atención de denuncias contra familiares de servidores públicos acusados por presunto tráfico de influencias es más un asunto que ha estado en la Cámara de Diputados. Por ello, dice, ahora se ha creado una comisión específica para investigar a algunas empresas en las que hay sospecha de que tiene que ver con los hijos de la esposa del presidente.

Sin embargo, Cuauhtémoc Ochoa considera que “el secretario (de la Función Pública) debe demostrar que su labor es transparentar realmente cómo se usa el dinero de todos los mexicanos, y no está haciendo el trabajo como debería”. Añade que la SFP se debe manejar como un órgano autónomo.

“No puede ser juez y parte, ya que recibe recursos del gobierno federal y es el presidente quien designa al secretario que, a su vez, se encarga de enjuiciar o calificar los manejos de los recursos dentro de las paraestatales y secretarías, y no creo que tenga el valor, que lo debería de tener, para enjuiciar a quienes son responsables de corrupción, porque está claro que hay que atacar el Pemexgate, pero esto no es lo único.”