Durante dos sexenios el llamado fiscal de hierro, Francisco Gil Díaz, ha tejido una amplia red de complicidades al más alto nivel que le han permitido manejar al margen de la ley miles de millones de pesos a través de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II. Como se ha informado en esta columna, ambas figuras jurídicas protegidas por el derecho fiduciario concentran indebidamente el producto del cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), lo que ha implicado daños patrimoniales de por lo menos 9 mil millones de pesos durante la administración de Vicente Fox.

En las filas de “encubridores” destaca el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, quien al igual que su antecesor Francisco Barrio Terrazas ha solapado el saqueo al erario público. Pero no sólo eso, sino que ahora el responsable de sancionar los abusos y la corrupción en el Poder Ejecutivo se dedica a idear la forma de legalizar las irregularidades, a pesar de que en el Órgano Interno de Control (OIC) de Nacional Financiera (Nafin) –fiduciaria del Aduanas I y II– obran sendos expedientes que detallan las anomalías en las que ha incurrido el secretario de Hacienda desde 1993, e incluso involucran al precandidato presidencial panista Santiago Creel Miranda, quien asesoró en la constitución privada de los fideicomisos.

El pasado lunes 12 de septiembre, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Cámara de Diputados por la glosa del V Informe de Gobierno del presidente Fox, Romero Ramos alardeaba sobre el penoso papel de cómplice que ha ejercido en este caso. Sin ningún pudor, el funcionario dijo a los reporteros de la fuente que las investigaciones en proceso sobre supuestas irregularidades en los fideicomisos y empresas, no necesariamente implicarían sanciones y responsabilidades contra servidores públicos. Con este espaldarazo, el secretario de Hacienda se asegura un lugar en la impunidad.

Al abordar el tema ante los legisladores, Romero Ramos señaló como uno de los pendientes de su administración la legalización de las innumerables irregularidades: “nos queda el debate del fideicomiso Aduanas I. Éste sigue siendo motivo de discusión. Ya se constituyó un fideicomiso público (Fidemica) a donde se están yendo todos los recursos, de agosto del año pasado a la fecha, y venimos discutiendo la liquidación del Aduanas I y de (la empresa) ISOSA (Integradora de Servicios Operativos S.A.) con el SAT (Servicio de Administración Tributaria.”

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso señalan que, hasta ahora, el Fidemica no ha recibido ni un solo centavo del producto del DTA y que los recursos del Aduanas I, superiores a los 10 mi millones de pesos, fueron transferidos al Aduanas II, fideicomiso que se mantiene como privado y del que ni siquiera se discute su naturaleza.

Así, Romero Ramos ha abandonado su papel fiscalizador por el de simple asesor y “guardaespaldas” de Gil Díaz. El mismo lunes se le escuchaba decir que “en una última contrapropuesta el SAT nos ha planteado la posibilidad de simplemente transformar su fideicomiso Aduanas I y la empresa ISOSA en entidades públicas. Estamos trabajando en esto y tenemos un ofrecimiento de sacar este proyecto a fin de año.”

Pero en su afán por encubrir las irregularidades y por tratar de justificar la tibieza de su actuación, el secretario de la Función Pública tropezó con su propio discurso y explicó que “tenemos ahí una auditoría realizada conforme a reglas ordinarias de negocios, porque ISOSA nunca fue una paraestatal o una entidad pública funcionando conforme a las reglas, que ésta era una de las resistencias muy fuertes de hacer público el manejo de este fideicomiso y de esta sociedad ISOSA.”

Además detalló que el SAT ha pagado 5.8 millones de pesos al despacho Price Water House por concepto de honorarios de auditorías practicadas al fideicomiso Aduanas I y a la empresa ISOSA que están por revelar sus conclusiones.

IFAI: omisión con “dolo”

Pero las complicidades en la Secretaría de la Función Pública a favor de Gil Díaz van más allá, pues según ha analizado el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), a partir del recurso de revisión 1059/05, la dependencia encabezada por Romero Ramos ha ocultado “dolosamente” los expedientes de investigación relacionados con los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II.

En su repuesta a la solicitud de información 414, presentada el 10 de mayo de este año, la SFP señaló que la información relativa al Fideicomiso Aduanas I está protegida por el secreto fiduciario previsto por el Artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito y por la Controversia Constitucional que se ventila sobre la naturaleza de dicho fideicomiso. En cuanto a la información del Aduanas II, determinó que es inexistente.

Pero por segunda ocasión en este mes, la maquinaria de la impunidad sufrió un duro revés el pasado miércoles 14 de septiembre, cuando el pleno del IFAI resolvió por unanimidad que la información solicitada es de carácter público e instruyó a las autoridades de la SFP a investigar y sancionar a los responsables de haber declarado inexistente la información que obra en sus archivos.

Entrevistado al finalizar la sesión del pleno, el comisionado ponente del recurso de revisión, Juan Pablo Guerrero Amaprán, explicó que “con relación al llamado fideicomiso Aduanas II, la SFP declaró la inexistencia, (señalaron) que no hay auditorías, pero este Instituto por el trabajo que ha hecho, sobre todo con las ponencias de María (Marván) y de (Alonso) Lujambio, sabe que es muy posible y de hecho en la resolución mostramos la evidencia de que existe una auditoría al Aduanas II, por lo que no aceptamos la declaración de inexistencia e insistimos a que se haga una búsqueda exhaustiva, les damos la evidencia para que se encuentre la información que también tiene carácter público.”

El comisionado del IFAI agregó que “el pleno se pronunció en forma unánime por revocar la decisión de no dar acceso a la información. Se trata de la actuación de servidores públicos adscritos al OIC de Nafin sobre documentos que son documentos públicos. En lo que se refiere a lo que conocemos como el fideicomiso Aduanas I se hace una revocación para que se dé el expediente con la auditoría. Nosotros tuvimos audiencia con la SFP y tuvimos acceso a la información solicitada a lo largo del proceso de sustanciación y sobre ese tema hemos resuelto que la información es pública.”

Guerrero Amparán estimó que “Esta resolución completa la declaración de publicidad que establecimos hace 8 días, ahora es el lado del vigilante, con esta resolución tendremos la película completa.” Como se informó en esta columna, el miércoles 7 de septiembre el pleno del IFAI ordenó, por unanimidad, al SAT hacer públicos todos los contratos firmados con éstas figuras, así como los estados financieros y balances generales del Aduanas I.

El comisionado agregó que “la trascendencia de la resolución consiste en abrir, ahora por el lado del OIC, el ejercicio de esos recursos en el que hubo muchos actores, también la Función Pública, pues actuó como auditor. Entonces es importante conocer qué tiene que decir la SFP, qué dijo en su momento, es un elemento que aporta al pleno conocimiento público de la administración de esos dos fideicomisos, que por la falta de transparencia se han generado muchas suspicacias.”

La resolución

Doce días antes de que el pleno del IFAI instruyera a la SFP a entregar la información solicitada e investigara y sancionara a los servidores públicos que declararon inexistente los expedientes que sí obran en sus archivos, la dependencia dirigida por Romero Ramos intentó frenar el proceso jurídico.

Según consta en la resolución del recurso de revisión con número de folio 1059/05, el 2 de septiembre el IFAI recibió el oficio número CI-SFP-1157/2005 de misma fecha, en el que se solicitó al instituto encabezado por María Marván Laborde que sobreseyera el caso. En dicho documento la SFP señaló que en los términos que marca la Ley de Transparencia se dio cumplimiento al facilitar al peticionario una versión pública de una auditoría practicada en 2003 al fideicomiso Aduanas I.

Pese a estas presiones, el pleno del IFAI se pronunció a favor de la transparencia y la rendición de cuentas y revocó la clasificación de la información de la auditoría del fideicomiso conocido como Aduanas I, bajo el argumento de que la Ley de Instituciones de Crédito, en la que se fundamentó la reserva, no aplica a dependencias y entidades.

Además, determinó que los expedientes son de naturaleza pública “porque se revelan aspectos importantes sobre las actividades y facultades de servidores públicos y porque este Instituto determinó al resolver el recurso 685/05, que es de naturaleza pública la información referente a los estados y balances financieros del fideicomiso Aduanas I, y falló que es posible que sí exista una auditoría del fideicomiso conocido como Aduanas II.”