Por primera vez en la oscura historia de los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II, así como las empresas Integradora de Servicios Operativos S.A. (ISOSA), Integradora de Activos S.A. (IASA), Integradora de Servicios S.A. (ISSA) y Controladora de Servicios Integrales S.A. (COSISA), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó su participación directa en la constitución y operación de estas organizaciones privadas que han servido para saquear las finanzas públicas, al omitir enterar a la Tesorería de la Federación más de 9 mil millones de pesos derivados del cobro del Derecho de Trámite Aduanero (DTA).

La revelación se hizo durante un exhaustivo proceso jurídico atendido por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), que duró cinco meses y concluyó el miércoles pasado con un duro revés para las autoridades de la SHCP, entre ellas el propio secretario Francisco Gil Díaz, quien junto con el precandidato presidencial panista Santiago Creel Miranda, constituyó hace más una década dichos fideicomisos y empresas como privados a pesar de que reciben recursos públicos.

Hasta ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha denunciado que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha cometido daños patrimoniales, a través del fideicomiso Aduanas I, por 9 mil 347.518 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: en 2001 por 4 mil 561.1 millones, en 2002 por 2 mil 200.5 millones y en 2003 por 2 mil 585.9 millones de pesos, y si le sumamos lo desfalcado en 2004 y 2005 estaríamos en cifras cercanas a os 20 mil millones de pesos.

Pero aun con la resistencia del secretario de Hacienda para que se conozca toda la información sobre el manejo y operación de los fondos públicos a través del Fideicomiso Aduanas II y de la empresa ISOSA, el IFAI ordenó por unanimidad el pasado miércoles 7 de septiembre que el SAT tiene que dar a conocer a la opinión pública todos los contratos firmados con los fideicomisos de Aduanas y las empresas privadas que se constituyeron por decisión de Hacienda para recaudar, triangular y ocultar los recursos públicos, así como los estados financieros y los balances generales del Aduanas I.

Como se ha informado en esta columna, hace seis meses el órgano desconcentrado de Hacienda declaró la inexistencia de la información bajo el argumento de que se trata de entidades de carácter privado, lo que motivó la presentación de los recursos de revisión 906/05 y 685/05 para revocar la negativa de la dependencia.

Resulta que en su afán por mantener oculta la información de los fideicomisos y las empresas privadas, los funcionarios del Comité de Transparencia del SAT fueron revelando la participación de la dependencia en el manejo de los millonarios recursos a través de los fideicomisos.

Obligadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las autoridades del SAT comparecieron en varias ocasiones ante los consejeros del IFAI, María Marván Laborde y Alonso Lujambio Irazábal, para determinar la publicidad de los contratos y estados financieros de los fideicomisos y empresas; pero en sus alegatos de defensa los funcionarios descubrieron paulatinamente los complejos mecanismos que ha urdido Hacienda por instrucciones de su titular Francisco Gil Díaz, para operar al margen de la ley durante más de 12 años, lo que motivó que el pleno del IFAI considerar obligatorio que Hacienda entregue la información y deje de mentir y defraudar a la nación ocultando más de 8 mil millones de pesos en el Fideicomiso Aduanas II, abierto en Nacional Financiera y que Gil Díaz se niega a devolver dichos recursos a la Tesorería de la Federación.

De acuerdo con la resolución del IFAI al recurso 685/05, a cargo del consejero Lujambio Irazábal, del que Oficio de Papel tiene copia, el SAT admite a través de un oficio sin fecha, sin número y sin firma que “la SHCP sí tuvo intervención en la creación del fideicomiso de mérito (Aduanas I)”.

El órgano desconcentrado señala además que la participación “no fue en el carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Federal que le atribuye la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sino en términos del artículo 1896 del Código Civil, respecto de las personas que pagan las contraprestaciones aludidas, esto es como gestor (privado) de negocios de importadores y exportadores.”

Hacienda gestora de negocios privados

Al amparar su actuación en el Código Civil y asumirse como gestor de negocios privados, la Secretaría de Hacienda abrió un nuevo debate. Durante su ponencia, el consejero Alonso Lujambio cuestionó: “no es claro para este Instituto (IFAI) cuál es el ‘negocio’ de los importadores y exportadores que la SHCP ‘gestiona’ a través del Fideicomiso Aduanas I.”

Para este consejero del IFAI “si el fideicomitente y fideicomisario de un fideicomiso es una dependencia pública (como lo es el SAT en Aduanas I) que se asume unilateralmente como ‘gestor de negocios’ de entes privados –importadores y exportadores–, es inconcuso que el despliegue de sus actividades debe estar sujeto a escrutinio público.”

Entrevistado durante el receso, Lujambio Irazábal explicó que “la SHCP fundó su actuación en el Código Civil para asumirse como gestor de negocios y poder seguir dando el servicio aduanero. Se entiende que se está asumiendo como gestor de negocios de los importadores y exportadores, y ahí el punto central, dado que no podemos establecer si había o no facultades de la dependencia para asumirse como gestor de negocios de los importadores y exportadores, porque no somos un tribunal de legalidad de los actos de Hacienda, lo cierto es que el despliegue de esa conducta le permitió seguir dando el servicio, en consecuencia, dado que Hacienda es fideicomitente y fideicomisario en Aduanas I la conducta que despliega como gestor de negocios tiene que ser pública.”

El consejero puntualizó que “nosotros no vamos a juzgar si fue legal o no la conducta de Hacienda para asumirse como gestor de negocios, lo que tenemos claro es que para efectos de transparencia, si Hacienda se asumió como gestor de negocios tiene que dar cuenta de sus actos porque el interés de Hacienda es el público y no los privados, en consecuencia ordenamos que se abra la información.”

Al respecto, el consejero Horacio Aguilar Álvarez estimó que el fideicomiso Aduanas I se utiliza “como gestor oficioso para realizar tareas de carácter público y hay una persona que se ostenta la gestión oficiosa de todos los importadores y exportadores de la República Mexicana, estos importadores y exportadores jamás confirmaron la gestión de negocios hecha a su favor, con lo cual ya la gestión de negocios tiene de suyo una marcada irregularidad.”

La discusión del IFAI

A pesar de las múltiples denuncias hechas por la ASF sobre la naturaleza pública de los recursos depositados en los fideicomisos Aduanas I y II, en sus alegatos de defensa el Comité de Transparencia del SAT argumentó que el dinero que allí se maneja es de carácter privado.

Tentados a debatir sobre esta materia, los cinco consejeros del IFAI deslizaron algunas consideraciones que revelan la complejidad del manejo de recursos públicos que se convierten en privados al pasar por las figuras jurídicas que operan bajo el amparo del secreto fiduciario.

Durante la discusión, el consejero Horacio Aguilar explicó que “la historia (de estos fideicomisos y empresas) está plagada de un montón de incidencias y no pocas irregularidades, pues hay una mezcla de figuras del derecho privado para operar cuestiones de carácter público.”

Aguilar Álvarez señaló tajante: “me queda claro que los famosísimos DTA’s son recursos públicos y por lo tanto tienen que estar perfectamente supervisados, registrados, y toda la ruta del dinero perfectamente establecida. Ciertamente que la solicitud y la litis no dan para mucho más, pero históricamente es importante dejar mención, para efectos de registro a la posteridad, de esta circunstancia.” Para el consejero “invocar que no hay recursos públicos en estas figuras es como decir que los Verificentros no cobran derechos que corresponden al Estado.”

Al respecto María Marván, presidenta del IFAI y consejera ponente del recurso 906/05, acotó que “tanto el comisionado Alonso Lujambio (ponente del recurso 685/05) y yo comentamos la pertinencia y no necesidad de que este instituto se pronuncie sobre la naturaleza pública de estos recursos, no porque no estemos convencidos que el Derecho de Trámite Aduanero al convertirse en contraprestación es en esencia público, sino porque, dado que existe la controversia 84/2004 en la Suprema Corte, nuestra preocupación fue centrarnos en la naturaleza de la información más que de los recursos y creemos que hay elementos suficientes para declarar que la gran mayoría de la información es de carácter público, y por tanto tiene que entregarse.”

Durante la ponencia, Marván Laborde precisó que sobre la consideración que hace el SAT sobre si se trata de recursos públicos o privados, este instituto quiere decir que tenemos conocimiento de la controversia constitucional 84/2004 promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la que se solicita la invalidez del documento denominado pliego de observaciones emitido por la ASF en la cual parte fundamental de la litis versa sobre la naturaleza privada de los recursos provenientes de las contraprestaciones a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, dado que existe esta controversia y que no necesita el instituto pronunciarse sobre el origen o la naturaleza de los recursos en disputa, este instituto no se pronunciara sobre la naturaleza pública o privada de los recursos con los que operan los Fideicomisos Aduanas I y II en tanto su resolución corresponde a la esfera jurisdiccional al máximo tribunal de la nación.”

Como observamos, este velo de corrupción y mentiras que Francisco Gil Díaz ha tendido con todo el poder que ostenta sobre los fideicomisos Aduanas I, Aduanas II y varias empresas privadas creadas para desviar fondos públicos, empieza a recorrerse y será el próximo gobierno, del origen que sea, el que tendrá que hacer justicia y llevar a la cárcel a los responsables de este cuantioso desfalco que por ahora todavía gozan de poder e impunidad.