En un país con la mitad de su población en pobreza extrema, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, símbolo de la mayor corrupción gubernamental de todos los tiempos, puede pasearse impunemente por algunas zonas marginadas del país y burlonamente ofrecer a los habitantes convertirse en su gestor social, sobre todo ahora que Roberto Madrazo se perfila a la candidatura priista a la Presidencia de la República y que, de ganarla, seguramente Salinas regresará a Los Pinos como el superasesor de la pobreza, y por eso a 10 meses de la elección presidencial el ex mandatario anda en campaña.

Y mientras Carlos Salinas sueña con regresar al poder, en la Procuraduría General de la República y en tribunales federales se han hecho algunos movimientos que ponen nerviosos al clan Salinas de Gortari y que podría romper su acuerdo de no agresión con Vicente Fox. Primero fue la extradición de Estados Unidos (10 de agosto de este año) del ex cuñado de Raúl Salinas, Juan Manuel Pasalagua Branch, máximo operador de la corrupción en Conasupo en el sexenio salinista, bajo acusaciones de evasión fiscal, y segundo, apenas la semana pasada un juez giró orden de aprehensión en contra del ex contador de Raúl Salinas, Juan Manuel Gómez Gutiérrez, nombre que también fue utilizado como seudónimo por el “hermano incómodo” para abrir cuentas bancarias en el extranjero.

Sin embargo, aunque a Pasalagua Branch no se le acusa por ahora de los negocios sucios que hizo en Conasupo bajo las órdenes de Raúl Salinas, en el expediente en contra del contador Gómez Gutiérrez están relacionados directamente los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari por el uso indiscriminado e ilegal que hicieron de la “Partida Secreta” manejada desde Los Pinos y mediante la cual se desviaron miles de millones de pesos del presupuesto público en los seis años del gobierno salinista.

Según informó la semana pasada la Procuraduría General de la República (PGR), el contador Gómez Gutiérrez es presumiblemente responsable de la comisión del delito de peculado; es decir, desvío de fondos públicos de la “Partida Secreta”. Bajo la causa penal número 54/2002 se señala que Gómez Gutiérrez atendió y manejó directamente las operaciones en las cuentas bancarias a nombre de un alias del hermano del ex presidente.

De acuerdo con el expediente, en dichas cuentas fueron depositados “recursos públicos que se distrajeron de su objeto y que debían ser aplicados en bienes y servicios de interés general para el país, correspondientes a la denominada ‘Partida Secreta’, dentro de los ejercicios de 1988 a 1994”, es decir, durante todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Luego de analizar la información proporcionada por la PGR, el juez decimosegundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal le dictó auto de formal prisión al contador el 31 de agosto, tan sólo seis días después de que el propio Gómez Gutiérrez se presentara a declarar de manera voluntaria ante dicho juzgado con sede en el Reclusorio Oriente.

Pero lo más extraño de este caso de la “Partida Secreta”, es que ni el ex presidente Carlos Salinas de Gortari ni su hermano incómodo Raúl han sido acusados penalmente por el delito de peculado, aun cuando ellos son los principal responsables del manejo irregular de dichos fondos públicos.

Las preguntas sin respuesta oficial son ¿por qué la PGR acusó sólo a Gómez Gutiérrez y exoneró a Raúl Salinas, cuando éste era quien le daba instrucciones a su contador del movimiento de las cuentas bancarias? ¿Si hay algún delito de peculado con el manejo de la “Partida Secreta”, por qué no tiene responsabilidad el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando éste era el responsable del uso de ese dinero público?

Desaparece el expediente SE/028/96-06

Así las investigaciones judiciales, Juan Manuel Gómez Gutiérrez será procesado por colaborar en el enriquecimiento ilícito del “hermano incómodo”, lo que entre otras cosas demuestra que la PGR sí cuenta con pruebas suficientes para juzgar a los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, pero en lugar de hacerlo guarda celosamente el expediente en espera de que la próxima administración federal decida qué hacer con éste.

Hasta ahora, nadie ha aclarado a cuánto ascendió la comisión pagada a este ex contador, lo único que se sabe con relativa certeza es que la fortuna descubierta a Raúl en cuentas bancarias aseguradas en el extranjero supera los 100 millones de dólares.

Hay que recordar que las autoridades suizas, francesas y estadounidenses han investigado el origen del dinero, pero hasta ahora se han declarado incompetentes para continuar y resolver el caso de “lavado” de dinero de Salinas y que, al conocer esta resolución, la PGR pidió a ese país que congelara las cuentas millonarias de Raúl hasta que en México se cerrara el caso.

Entre las evidencias condenatorias entregadas por las autoridades suizas a la sabidamente corrompida institución judicial mexicana, destacan varios testimonios y documentos que implican al hermano incómodo en el supuesto delito del tráfico de drogas, del blanqueo de capitales, del enriquecimiento ilícito y del desvío del erario público al recibir fondos de la “Partida Secreta” durante el mandato de su hermano Carlos Salinas.

Esa información está integrada en el expediente SE/028/96-06, abierto en la PGR con el supuesto objetivo de indagar los registros bancarios manejados por Raúl en el extranjero y su presunta vinculación con las cuentas manejadas desde Los Pinos, a través de las cuales se presume que se hicieron importantes aportaciones de la “Partida Secreta” del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos en el sexenio 1988-1994.

Pero todos los esfuerzos fueron en vano porque, como se ha dado a conocer en esta columna, el expediente a cargo de la ex subprocuradora María de la Luz Lima Malvido fue borrado de los archivos de la PGR.

La complicidad de la PGR

Al solicitar a través del Instituto Federal de Acceso a la Información una copia de la averiguación de la “Partida Secreta”, la PGR advirtió que “la unidad administrativa competente para contar con dicha información ha verificado en sus archivos que no cuenta con la información en comento (expediente SE/028/96-06), por haber sido consignada ante un juez federal”, en donde baste decir que se declaró no procedente la acusación penal en contra de Carlos y Raúl Salinas de Gortari y a pesar de ello las autoridades se niegan a proporcionar un expediente que ya fue juzgado.

La respuesta revela también que desde el 12 de julio de 2002 el caso permanece en la indefinición jurídica, en esa fecha el legajo fue consignado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, bajo la misma causa (54/2002) por la que será juzgado Gómez Gutiérrez, pero la diferencia es que ni Raúl ni Carlos Salinas han sido requeridos por la justicia, lo que demuestra una abierta protección del gobierno de Vicente Fox a la familia Salinas bajo acuerdos hasta ahora desconocidos.

Sorprende, pues, que cuando se trata de los hermanos Carlos y Raúl Salinas la PGR niegue contar con esa investigación en sus archivos, pero que utilice la misma información para fincarle responsabilidades a otros implicados que estuvieron siempre bajo el mando del hermano del ex presidente.

Enfrenta Actinver a Santander-Serfin

Una demanda mercantil de Actinver en contra del grupo español Santander Serfin busca que este banco restituya 21.9 millones de pesos retirados indebidamente de sus cuentas. La historia, sin embargo, no termina allí, pues el caso puso bajo el reflector las supuestas irregularidades que rodearon a la fusión de Santander con Serfin.

Hace poco dimos cuenta de este caso que enfrenta por primera vez a una operadora de fondos: Actinver, uno de los principales operadores de fondos de inversión en el mercado nacional, con un banco: Grupo Financiero Santander Serfin, después de que el banco español decidió recibir para su depósito cheques del Instituto Politécnico Nacional (IPN) provenientes de una cuenta de BBVA Bancomer por 21.9 millones de pesos a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), pero que sirvieron para abrir cuentas a nombre de terceras personas responsables de un fraude.

Esta primera operación ilegal por parte de Serfin, el banco que absorbió Santander, se concretó al presentar para su cobro dichos cheques emitidos por BBVA Bancomer ante la Cámara de Compensación Local del Banco de México, para que ese banco los pagara y Serfin depositara su importe en la cuenta concentradora de cheques referenciados que mantiene con Banco Santander Mexicano.

La historia de esta telaraña de operaciones, sancionadas por la Ley de Instituciones de Crédito y las reglas de operación de la banca, forman parte de la demanda mercantil interpuesta por Actinver en contra del Banco Santander, de Serfin, Factorin Santander y Fonlyser.

Así, después del camino recorrido para cobrar dichos recursos, los nuevos clientes de Santander que se beneficiaron de manera indebida con los cheques del IPAN a favor del ISSSTE, decidieron realizar una inversión en un fondo y seleccionaron a la operadora Actinver a través de la cuenta registrada bajo el número 65500077189.

La demanda sostiene que con la recepción, negociación y cobro de los mencionados cheques, Banco Santander Mexicano y Banca Serfin violaron todas las disposiciones aplicables, incluyendo los artículos 6 y 29 del Instructivo de las Instituciones de Crédito para hacer uso del servicio de Cámara de Compensación Local de Banco de México y 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Sin embargo, para evitar problemas de investigaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita, en su demanda Actinver asegura que el beneficiario y titular de los cheques depositados al cliente referenciado de la operadora de fondos es el ISSSTE, pues los documentos se libraron a su favor.

El problema se agudizó cuando Banco Santander y Serfin, “a pesar de no ser beneficiaros de los fondos depositados en la cuenta del cliente referenciado de Actinver, temerariamente demandaron a esta sociedad (operadora de fondos), reclamando la declaración de que pagaron indebidamente los cheques de mérito y la restitución de la cantidad pagada.

“No hace falta aclarar que no existe pago de lo indebido, pues Banco Santander Mexicano pagó a Actinver el importe de los cheques de mérito en virtud del contrato de prestación de servicios bancarios múltiples número 65-50007718. Dicho contrato obliga a Banco Santander Mexicano a entregar a Actinver las cantidades de que sea depositaria”.

Fue el 18 de agosto de 2004, un día antes del emplazamiento a Actinver cuando Santander, de manera indebida, sustrajo de la cuenta concentradora de cheques referenciados número 65500077189 en la que Actinver recibe fondos de sus clientes, la cantidad de 21.9 millones de pesos. Ahora Actinver demanda a Serfin la restitución de esos recursos. La próxima semana conoceremos la versión de Santander.