La creciente violencia en todo el país generada por bandas del narcotráfico e incentivada por el descontrol que hay en la Procuraduría General de la República, obligó la semana pasada al procurador Daniel Cabeza de Vaca a rendir un informe detallado ante una comisión del Senado de la República sobre las operaciones de los cárteles de la droga y su reestructuración que llevan a cabo por el control de territorios para cruzar la droga hacia los Estados Unidos.

En esa exposición el procurador presentó un documento con mapas sobre la nueva geografía de operación de los cárteles de la droga, sus nuevas alianzas y las regiones más violentas por el control territorial entre los diversos grupos.

Así, Cabeza de Vaca reconoció que en México hay una delincuencia altamente sofisticada, con capacidad de acción y de reacción que en fechas recientes ha mostrado su rostro más violento, poniendo en riesgo la paz y la tranquilidad de los mexicanos. La violencia desatada por la recomposición de los grupos delictivos, dijo el procurador, es un fenómeno que ha sido continuo desde la década de los 80 y que se asocia al combate del gobierno mexicano en contra del narcotráfico.

Dicha recomposición, añadió, genera movilidad dentro de las bandas y alianzas y disputas por los mercados, lo cual se traduce en una mayor violencia.

En 2001, precisa el documento, surge una alianza entre los hermanos Arellano Félix, de Tijuana, y Osiel Cárdenas Guillén, en Tamaulipas, con lo cual además de fortalecerse amplían su área de influencia. Para contrarrestar esta nueva fuerza de éstos cárteles del Pacífico y del Golfo, se conforma otra importante alianza entre tres grupos: los Carrillo Fuentes, los Valencia Valencia y el temido Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y de manera independiente otros dos bandas aunque se mantienen alejadas, siguen operando: los Amezcua Contreras y los Díaz Parada.

Para 2004, con la muerte de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano del “Señor de los Cielos”, se rompe la alianza establecida en 2001, y en 2005 se identifican siete grupos con mayor poder destructivo, nuevas áreas de influencia y mejores centros de operación.

Las nuevas alianzas

El grupo Arellano Félix-Cárdenas Guillén: éstos interactúan a raíz de la reclusión de sus principales líderes, quienes desde prisión siguen en operación y fortalecen sus estructuras y protegen sus áreas de influencia a través de secuestros, delaciones y ejecuciones. También proporcionan el financiamiento para la creación del grupo de abogados defensores con la finalidad de promover reformas legales y privilegios al interior de los penales. Sin embargo, ha trascendido que hay una supuesta ruptura de esta alianza Arellano-Cárdenas.

El área de influencia de Arellano está asociada al corredor del Pacífico, desde la frontera sur hasta Baja California, que representa su centro de operaciones. Según la PGR, este grupo mafioso tiene actualmente dos líderes que se han ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, y cinco operadores financieros en Tijuana, en Aguascalientes (Héctor Manuel Alvarez Gutiérrez, alias “El Manolo” y/o “El Tijuano”), en el Distrito Federal y en Cozumel, Quintana Roo.

Los Arellano tienen 11 lugartenientes y su grupo de ejecución suma 43 sicarios, concentrados principalmente en Tijuana, Baja California Sur (aquí está Oscar López Rochín, identificado también con otros nombres: José Luis Ríos Santillán, Carlos López Rodríguez, El Oscarillo, El Charly, El Gallo y el R-1), Sinaloa (opera José Manuel Olachez Báez), Distrito Federal (Roel Ariel Yáñez Guerrero, alias “El Michel”) y Veracruz.

Entre las detenciones importantes a esta banda de los Arellano están Benjamín Arellano Félix; Carlos Pablo Bayo, alias “El Monago”; Ivonne Soto Vega, alias “La Pantera”; los hermanos José Manuel y Felipe Ruelas Martínez; Rigoberto Yáñez Guerrero, alias “El Primo”; Herberth Alberto Cruz Ruiz, alias “Gino Brunetti”; Raúl Zataraín Santibáñez, alias “El Indio Mayor”, “El Tolo” o “Pablo Rendón García”; Humberto Rodríguez, alias “La Rana”; Marco Antonio Quiñones, alias “El Pato”; Manuel Herrera Barraza, alias “El Tarzán”; José Alberto Mázqrez, alias “El Bat”, y César Mayo Linch, alias “El Peluche”..

El grupo Carrillo Fuentes-Guzmán Loera-Valencia Valencia: éstos han logrado posicionarse en los principales puntos de trasiego de drogas; han creado un brazo ejecutor superior al de sus adversarios, y han desatado una serie de ejecuciones en contra de los sicarios de sus adversarios.

El área de influencia de los Carrillo Fuentes está fuertemente constituida en el norte de la República, con presencia desde mediados de esta administración en el sur y sureste del país. El principal centro de operaciones es Chihuahua y cuenta con siete líderes, 22 operadores financieros, 25 lugartenientes y 62 sicarios.

Entre los principales detenidos de este grupo de los Carrillo Fuentes están: Luis Fernando Blancas Escobar, alias “El Gordo”; Javier Torres Félix; Arturo Hernández González, alias “El Chaqui”; Jesús Albino Quintero Meraz, alias “El Beto”; Alcides Ramón Magaña, alias “El Metro”, y Adán Segundo Pérez Canales, alias El Gordo”.

El grupo de Osiel Cárdenas tiene su máxima operación en la zona del Golfo de México, principalmente en Tamaulipas, aunque tiene también presencia en las zonas centro, como Morelia, y el sur del país, en Veracruz. Las organizaciones que más disputan el poder en Nuevo león y Tamaulipas son las encabezadas por Joaquín Guzmán Loera y Osiel Cárdenas Guillén.

Este grupo cuenta con tres líderes, siete operadores financieros, 17 lugartenientes y 62 sicarios. Entre las detenciones importantes están la del propio Osiel Cárdenas, alias “El Oso”; Gilberto García MENA, alis “El June”; Rogelio González Pizana, alias “El Kelín”; Adán Javie Medrano Rodríguez, alias “El Licenciado”; Rubén Sauceda Rivera, alias “El Cacahuate”; Víctor Manuel Vázquez Mireles, alias “El Meme Loco”; Carlos Rosales Mendoza, alias “El Chuta”, y María Antonieta Rodríguez Mata, alias “La Comandante”.

El grupo de Guzmán Loera-Palma Salazar tiene su centro de operación en la región Pacífico Norte, principalmente en Sinaloa, y desde su fuga del penal de máxima seguridad amplió su marco de actuación hacia las zonas centro y sur del país, confrontándose con los grupos delictivos que allí operan. Tienen un líder, un operador financiero, siete lugartenientes y 48 sicarios.

El grupo Valencia Valencia no ha tenido crecimiento en sus zonas de influencia en los últimos 10 años, y concentra sus operaciones en Michoacán, Colima, Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León. Su fortaleza se basa en que han mantenido su operación independiente sin grandes disputas por territorio. Tiene un líder, tres operadores financieros, cinco lugartenientes y 15 sicarios.

El grupo Díaz Parada tiene su zona de operación en áreas altamente productoras de estupefacientes, como la frontera sur, el corredor del Golfo y los estados de Chihuahua y Durango, aunque su zona de mayor influencia es Oaxaca y Chiapas. Tiene un lugarteniente, un operador financiero y seis sicarios.

Actualmente está detenido Pedro Díaz Parada, quien es considerado el principal introductor de drogas en el sureste del país, a través de la zona fronteriza de México con Guatemala, utilizando para el traslado la costa de Chiapas e Istmo de Tehuantepec, así como los estados de Tamaulipas y Veracruz.

El grupo Amezcua Contreras se distingue por la fortaleza de su mercado, ya que está orientado a la producción y comercialización de droga sintética, por lo cual sus áreas de influencia no son representativas de su capacidad de mercado. Opera principalmente en Michoacán y cuenta con un líder, un operador financiero, dos lugartenientes y dos sicarios.

Como se puede observar, los siete grupos delictivos cubren la totalidad del territorio nacional; sin embargo, según la PGR las zonas de mayor violencia son Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, que son estados en donde se concentra la mayor presencia de armas y municiones, las cuales están asociadas con los delitos contra la salud y hay una disputa por los territorios y rutas para el tráfico de drogas hacia el norte del país, además de otros factores de grupo y personales.

Unidad contra el lavado de dinero

En la PGR se cocina un nuevo proyecto para crear una Unidad contra el lavado de dinero, con la participación de policías de la Agencia Federal de Investigaciones y un equipo compacto de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales contra la Delincuencia Organizada, además de tener el apoyo de instituciones financieras gubernamentales como Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Esta nueva Unidad contra el lavado de dinero apoyará directamente a la Unidad contra la delincuencia organizada, para lo cual se planea la intervención de líneas telefónicas, la realización de operaciones encubiertas, así como las llamadas operaciones espejo con las autoridades de Estados Unidos, además de trabajar investigaciones con informantes, como actualmente lo hace la SIEDO en México y la DEA en Estados Unidos.

El procurador Daniel Cabeza de Vaca tiene mucha esperanza de que esta reestructuración del área contra el blanqueo de capitales le permita dar buenos resultados a finales del sexenio, pues considera que es más fácil para los grupos de narcotraficantes ocultar la cocaína que el dinero que de ésta obtienen por su tráfico hacia Estados Unidos, de tal manera que pegarles a los cárteles de la droga en sus finanzas es la nueva estrategia de la PGR.

Esta es la razón por la cual el mes pasado el procurador general de la República decidió sustituir a Luz María Núñez Camacho al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, responsabilidad que ahora tiene bajo su control el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, por lo que dicha unidad se convertirá en un área operativa y directamente vinculada con operaciones encubiertas para descubrir las cuantiosas fortunas de la mafia que ingresan por los circuitos financieros del país sin que nadie se entere.

Sin embargo por la amplia experiencia de Núñez Camacho en el combate al lavado de dinero y las relaciones que mantiene con las organizaciones internacionales que luchan contra este delito, la funcionaria se mantendrá en la PGR, en donde actualmente es coordinadora de asesores en una Subprocuraduría.

De hecho fue Núñez Camacho la que convenció y enseñó al procurador Cabeza de Vaca lo que representa el lavado de dinero para la delincuencia organizada, pues cualquier tipo de delitos tiene como fin primordial la obtención de recursos económicos, por lo que si se descubren sus fondos prácticamente quedan aniquiladas las mafias de la droga.

Por ello la PGR hizo caso omiso a la carta secreta que le envió el embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, al procurador Daniel Cabeza de Vaca, en donde le reclama la destitución de Núñez Camacho al frente de la Unidad Contra el lavado de Dinero, como se publicamos aquí la semana pasada.

Esperemos entonces que estos esfuerzos que realiza el nuevo procurador general de la República para combatir en otro frente, el del dinero, a los cárteles de la droga le funcione, pues de lo contrario estamos ante la inminente colombianización, en donde la delincuencia organizada enfrenta abiertamente al Estado mexicano, aunque esto quieran negarlo sistemáticamente en Los Pinos.